Oro cierra sobre US$4.200 y suma segunda jornada de ganancias

El precio del oro registró su segunda jornada consecutiva de ganancias y cerró nuevamente por encima de los US$4.200 por onza en el mercado de futuros de Nueva York. El avance se produjo después de que nuevos datos de inflación en Estados Unidos resultaran más moderados de lo esperado, reduciendo las expectativas de un eventual aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal durante octubre.

En el Commodity Exchange (Comex), el contrato de oro más activo avanzó 0,4% y terminó la sesión en US$4.202,60 por onza. Con este resultado, el metal acumuló una ganancia trimestral de 3,6%, aunque durante septiembre registró una caída de 6,6% debido principalmente al fortalecimiento del dólar y a las expectativas sobre la política monetaria estadounidense.

Los últimos datos de inflación modificaron las expectativas de los operadores respecto de las próximas decisiones de la Reserva Federal. La probabilidad de un aumento de tasas en octubre pasó a 31%, frente al 45% que se estimaba antes de conocerse las cifras y al 69% registrado una semana atrás. Ahora, el mercado mantiene la atención sobre los próximos datos de empleo en Estados Unidos, que podrían aportar nuevas señales sobre la trayectoria de las tasas.

El comportamiento del metal también refleja una elevada volatilidad. Durante las últimas cinco semanas, el precio de la onza de oro se ha movido dentro de un rango cercano a US$500, después de haber superado el umbral de US$4.700 el 24 de agosto por primera vez desde mayo. Posteriormente, el precio retrocedió con fuerza durante septiembre, en medio de un escenario marcado por las expectativas de una política monetaria más restrictiva.

Pese a la recuperación de las últimas sesiones, el oro todavía acumula una caída de alrededor de 4% en lo que va de 2026. En los últimos 12 meses, sin embargo, mantiene una ganancia de aproximadamente 8%. El comportamiento contrasta con los máximos alcanzados a comienzos de año, cuando el metal llegó a superar los US$5.400 por onza en operaciones electrónicas.

En el mercado también continúan las revisiones de las proyecciones. HSBC redujo sus estimaciones para el precio promedio del oro en 2026 y 2027 a US$4.490 y US$4.825 por onza troy, respectivamente, y señaló que el metal podría enfrentar una mayor presión en el corto plazo.

Por su parte, Goldman Sachs estima que el oro podría cerrar 2026 alrededor de los US$4.650 por onza, mientras que Bank of America proyectó en agosto un cierre de US$4.250. Estas previsiones se mantienen condicionadas por la evolución de las tasas de interés, el dólar y las compras de oro por parte de los bancos centrales.

El mercado seguirá atento a los próximos indicadores económicos de Estados Unidos, particularmente los relacionados con empleo e inflación, debido a su influencia sobre las decisiones de la Reserva Federal. Mientras tanto, el oro continúa operando por encima de los US$4.200 por onza, aunque con fuertes fluctuaciones respecto de los máximos registrados durante 2026.

Acapulco albergará la XXXVII Convención Internacional de Minería en 2027

Acapulco, Guerrero, será sede de la XXXVII Convención Internacional de Minería, que se realizará del 17 al 20 de noviembre de 2027, informó la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM). El encuentro bienal reunirá a especialistas, empresas, proveedores y representantes de la industria minera nacional e internacional.

La organización prevé la llegada de más de 10.000 participantes y sus acompañantes, lo que generará actividad para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios de Acapulco. La elección del puerto considera su infraestructura hotelera, recintos para congresos y exposiciones, conectividad y capacidad para recibir eventos de gran escala.

La XXXVII edición tendrá como lema “Minería, origen y futuro de México” y abordará los principales desafíos y transformaciones de la industria. Entre los temas previstos se encuentran el reposicionamiento de la minería en las cadenas globales de suministro, los minerales críticos, la incorporación de tecnología e inteligencia artificial en la exploración y el desarrollo de soluciones para una actividad más sostenible.

El programa también contempla discusiones sobre sostenibilidad ambiental, economía circular y vinculación con las comunidades cercanas a los proyectos mineros. La AIMMGM señaló que la convención buscará facilitar el intercambio técnico y fortalecer los vínculos entre empresas, especialistas y otros actores relacionados con el sector.

La designación representa además el regreso del principal encuentro de la asociación al puerto de Acapulco. De acuerdo con el Gobierno de Guerrero, la ciudad ha sido seleccionada como sede de la Convención Internacional de Minería en 21 ocasiones, mientras que la edición de 2027 permitirá mantener al destino dentro del circuito de congresos y convenciones vinculados con la actividad minera.

Guerrero también cuenta con una participación relevante dentro de la actividad extractiva mexicana. Según la AIMMGM, el estado ocupa el quinto lugar nacional en producción de minerales y el tercero en extracción de oro. La industria contribuye además a la generación de empleo, la actividad de proveedores y la atracción de inversiones en distintas regiones de la entidad.

La organización de la convención se produce mientras Acapulco continúa fortaleciendo su infraestructura y servicios para recuperar su capacidad como destino de grandes eventos. Para la candidatura de Guerrero se presentaron ante la AIMMGM aspectos relacionados con la infraestructura renovada del puerto, capacidad hotelera, conectividad y espacios para congresos y exposiciones.

La AIMMGM, fundada en 1951, cuenta con más de 4.500 asociados distribuidos en 37 distritos. Con la nueva edición, la organización busca reunir nuevamente a la comunidad minera para analizar la evolución de la industria y las tecnologías que marcarán su desarrollo durante los próximos años.

CAINTRA y Banorte facilitan créditos de hasta 8 mdp para Pymes

La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (CAINTRA) y Banorte concretaron una alianza para ampliar las alternativas de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas de la entidad. El acuerdo beneficiará a más de 5.000 empresas afiliadas y contempla esquemas de crédito de hasta 8 millones de pesos mexicanos, además de condiciones preferenciales y procesos de evaluación más ágiles.

Uno de los principales cambios planteados por Banorte consiste en simplificar la evaluación de los créditos de hasta 8 millones de pesos. Para estos financiamientos, la institución indicó que podrá analizar los estados de cuenta bancarios y la información disponible ante el SAT, sin requerir estados financieros, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta para las empresas.

El acuerdo también contempla alternativas para empresas que ya mantienen financiamientos con otras instituciones. En estos casos, Banorte ofrecerá la posibilidad de evaluar el traslado de deuda para buscar condiciones diferentes en tasas y plazos. La oferta incluye además crédito comercial con condiciones preferenciales y sin comisión por apertura, de acuerdo con lo informado durante la presentación del convenio.

La iniciativa responde a uno de los principales obstáculos que enfrenta el sector Pyme para acceder a recursos. CAINTRA señaló que 40,5% de las empresas se encuentra con exigencias adicionales de las instituciones financieras, como garantías, avales o requisitos administrativos, mientras que una quinta parte enfrenta dificultades relacionadas con la documentación y los tiempos de respuesta.

Para CAINTRA, facilitar el acceso al crédito resulta relevante para empresas que requieren capital para mantener sus operaciones, atender pedidos, adquirir equipamiento o ampliar su capacidad productiva. El organismo empresarial destacó que las Pymes cumplen un papel importante en la generación de empleo y en la integración de las cadenas de valor industriales de Nuevo León.

La alianza se suma a otros convenios financieros que CAINTRA ha establecido durante 2026. Según información presentada por la cámara, estas iniciativas han generado alrededor de 172 solicitudes de crédito por cerca de 500 millones de pesos, de las cuales aproximadamente 37 millones ya habían sido aprobados y otros 20 millones se encontraban en proceso de formalización.

Además del financiamiento, el convenio contempla espacios de información, orientación y vinculación empresarial mediante seminarios, foros y otras actividades dirigidas a los afiliados. CAINTRA también informó que más de 600 empresas han recibido capacitación para fortalecer su formalización y mejorar sus condiciones para acceder a financiamiento.

Banorte señaló que su oferta Pyme puede contemplar montos superiores a los 8 millones de pesos, aunque los créditos de mayor cuantía requieren documentación financiera adicional. La institución mantiene productos de financiamiento destinados, entre otros usos, a capital de trabajo, adquisición de maquinaria, herramientas y ampliación o remodelación de instalaciones.

Con este convenio, CAINTRA y Banorte buscan ampliar el acceso de las Pymes de Nuevo León a recursos financieros y reducir las barreras administrativas asociadas con la solicitud de crédito. El objetivo es que las empresas puedan contar con alternativas para financiar sus operaciones, inversiones y proyectos de crecimiento dentro del sector productivo regional.

Minería del cobre reduce 7% extracción de agua continental en Chile

La minería del cobre en Chile avanzó durante 2025 hacia una matriz hídrica con menor dependencia de fuentes continentales. De acuerdo con un informe de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el uso de agua de mar alcanzó los 8,11 m³/s, un aumento de 4,6% respecto de 2024, mientras que la extracción de agua continental disminuyó 7%, hasta los 13,94 m³/s.

El agua de mar representó el 36,8% del abastecimiento proveniente de fuentes externas durante 2025, frente al 34,1% registrado un año antes. Además, su utilización aumentó 231% respecto de 2016, evidenciando el crecimiento sostenido de esta alternativa en las operaciones mineras, especialmente en las regiones del norte de Chile.

La desalinización concentra una parte importante de este avance. Del agua de origen marino utilizada por la minería del cobre durante 2025, el 70,4% correspondió a agua desalinizada, equivalente a 5,71 m³/s. Según Cochilco, esta fuente explicó cerca del 80% del incremento anual registrado en el uso de agua de mar.

El crecimiento se produjo principalmente mediante una mayor utilización de infraestructura desalinizadora ya disponible, debido a que durante 2025 no entraron en operación nuevas plantas desalinizadoras destinadas a la minería del cobre. Esto pone de relieve el papel que cumplen actualmente las instalaciones de tratamiento y los sistemas de impulsión para asegurar el suministro hídrico de las faenas.

El desarrollo de estas soluciones también genera nuevos requerimientos para la infraestructura energética. La desalinización y posterior impulsión del agua hacia las operaciones mineras requieren electricidad, por lo que la expansión de estas instalaciones aumenta la necesidad de contar con sistemas eficientes de tratamiento, transporte y suministro eléctrico. Cochilco identifica estos procesos como uno de los factores que inciden en el crecimiento de la demanda energética de la minería.

En paralelo, la recuperación y recirculación continúan siendo la principal fuente de suministro hídrico de la industria. Durante 2025 alcanzaron 58,17 m³/s, un incremento de 4,4% respecto del año anterior, y representaron el 72,5% del agua demandada por las operaciones consideradas en el estudio. Esto significa que casi tres cuartas partes del recurso utilizado provienen de circuitos internos de recuperación y reutilización.

El cambio en la matriz hídrica también tiene una perspectiva de largo plazo. Cochilco proyecta que la participación del agua de mar seguirá aumentando durante la próxima década y podría representar 67,6% del consumo de agua de la minería del cobre en 2034, impulsada por la incorporación de plantas desalinizadoras y sistemas de impulsión asociados a proyectos mineros.

El estudio de consumo de agua de 2025 considera información de 52 operaciones de la gran y mediana minería del cobre, cuya producción representa el 100% del cobre fino producido en Chile. Los resultados muestran que la gestión hídrica del sector avanza mediante una combinación de mayor uso de agua de mar, infraestructura de desalación y una creciente recuperación interna del recurso.

Complejo Nehuenco reducirá 43% su consumo autorizado de agua

El Complejo Nehuenco, principal central térmica de Colbún y ubicado en la Región de Valparaíso, reducirá en 43% su consumo autorizado de agua cruda, luego de que en 2025 fuera aprobada una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que permite implementar esta reducción. La medida se enmarca en la estrategia de gestión hídrica de la compañía frente al escenario de déficit de agua que enfrenta Chile.

Nehuenco cuenta con una planta de ósmosis inversa que permite disminuir hasta en 40% la extracción de agua en escenarios de estrés hídrico. A esto se suma un acuerdo con una planta desaladora para disponer de agua durante períodos de escasez, reduciendo la dependencia de fuentes de agua cruda para la operación de la central.

Las medidas forman parte de una estrategia más amplia de Colbún para reducir el uso del recurso en sus instalaciones. De acuerdo con el Reporte de Impacto Sostenible 2025, la compañía disminuyó en 70% el uso de agua no operacional de sus centrales respecto de 2018, mediante acciones como la reutilización de aguas servidas tratadas para riego y la incorporación de especies vegetales de menor requerimiento hídrico.

En paralelo, Colbún reportó una reducción de 13% en la intensidad de extracción de agua dulce para la operación desde 2018. Este indicador considera el volumen de agua requerido por cada unidad de energía generada y alcanzó 0,261 metros cúbicos por MWh según los datos del reporte de la compañía.

La gestión hídrica también contempla medidas orientadas al uso compartido del recurso. Desde 2008, Colbún mantiene un convenio con regantes del Maule que permite acopiar agua en el Embalse Colbún para ponerla a disposición de agricultores durante temporadas de menor disponibilidad. En sus centrales hidroeléctricas, la empresa también utiliza los caudales mediante series hídricas y posteriormente restituye el recurso a las cuencas.

La reducción del consumo de agua adquiere relevancia dentro de la transformación del sistema energético chileno, en el que las centrales térmicas continúan aportando capacidad firme mientras aumenta la participación de fuentes renovables. En 2025, el gas natural representó el 27,4% de la generación de Colbún en Chile, de acuerdo con el reporte de impacto de la compañía.

El Complejo Nehuenco también forma parte de iniciativas de innovación energética de Colbún. En sus instalaciones opera una planta de hidrógeno verde asociada a una central eléctrica, mientras que la compañía desarrolla proyectos vinculados con almacenamiento y nuevas tecnologías para complementar su generación.

Con estas medidas, la infraestructura de Nehuenco avanza hacia una operación con menor dependencia del agua cruda y mayor capacidad para enfrentar períodos de estrés hídrico. La reducción autorizada del 43% se suma así a otras acciones de eficiencia implementadas por Colbún en sus instalaciones energéticas en Chile.

Sierra Gorda inicia proyecto de US$725 millones para ampliar molienda

Sierra Gorda SCM dio inicio simbólico a la construcción de su proyecto Cuarta Línea de Molienda, iniciativa que contempla una inversión de US$725 millones y que permitirá ampliar la capacidad de procesamiento de la operación ubicada en la Región de Antofagasta. El hito de primera roca fue encabezado por el presidente de Chile, José Antonio Kast, junto con autoridades nacionales, representantes de los accionistas y trabajadores de la compañía.

La nueva infraestructura permitirá incrementar el procesamiento de mineral desde las actuales 130.000 toneladas diarias hasta 165.000 toneladas, lo que representa un aumento de 26%. Las obras tienen previsto comenzar en enero de 2027, mientras que la entrada en operación de la nueva línea está proyectada para 2030.

El proyecto es desarrollado por Sierra Gorda SCM, cuyos accionistas son la polaca KGHM, con una participación de 55%, y la australiana South32, con 45%. La inversión busca ampliar la capacidad productiva de una operación que produce principalmente cobre y molibdeno y que se ha consolidado como uno de los activos relevantes de la minería chilena.

Durante la etapa de construcción, la iniciativa contempla un peak de aproximadamente 900 empleos directos. Estos puestos se sumarán a los más de 1.700 trabajadores propios y cerca de 3.000 contratistas que participan habitualmente en las operaciones de Sierra Gorda SCM. La compañía también proyecta que la inversión genere actividad para proveedores y servicios asociados a la construcción minera.

La Cuarta Línea de Molienda forma parte de una estrategia de continuidad y crecimiento de largo plazo. Sierra Gorda contempla además un programa de exploración por US$100 millones entre 2028 y 2032, orientado a ampliar el conocimiento y potencial del distrito minero en torno a la operación.

A estas inversiones se suma un plan para extender la vida útil del yacimiento hasta 2049, con recursos cercanos a US$950 millones. De concretarse, la estrategia permitiría prolongar la actividad productiva de la faena y sostener nuevas inversiones en infraestructura y desarrollo minero durante las próximas décadas.

Según cifras de Cochilco citadas por el Ministerio de Minería, Sierra Gorda produjo más de 165.000 toneladas de cobre durante 2025, equivalentes al 3,1% de la producción nacional. En molibdeno, la compañía representa el 9,7% de la producción del país y ocupa el tercer lugar entre los productores nacionales de este mineral.

Con la primera roca, Sierra Gorda SCM inicia una nueva etapa de expansión de su infraestructura de procesamiento, mientras sus accionistas avanzan en un plan que combina aumento de capacidad, exploración y extensión de la vida operacional. La Cuarta Línea de Molienda se proyecta así como una de las principales inversiones de continuidad operacional que se ejecutarán en la Región de Antofagasta hacia 2030.

Daniel Mas prevé recuperación de la producción minera en 2027

El biministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas, señaló que existen perspectivas favorables para la recuperación de la producción minera durante 2027, pese a las disminuciones registradas en el último mes por distintas operaciones. Sus declaraciones fueron realizadas durante la ceremonia de primera piedra de la Cuarta Línea de Molienda de Sierra Gorda SCM, en la Región de Antofagasta.

La autoridad explicó que las recientes caídas productivas responden a situaciones puntuales y manifestó su expectativa de que estas puedan ser superadas en el corto plazo. En este contexto, sostuvo que existen buenos augurios para la producción del próximo año y vinculó estas perspectivas con el avance de nuevas inversiones mineras en el país.

Sierra Gorda invertirá US$725 millones

Uno de los proyectos que sustenta esta expectativa es la Cuarta Línea de Molienda de Sierra Gorda SCM, iniciativa que contempla una inversión de US$725 millones y cuyo inicio de obras está previsto para comienzos de 2027. Durante su construcción se proyecta un peak de aproximadamente 900 empleos directos.

La nueva infraestructura permitirá incrementar en 26% la capacidad productiva de la operación. El proyecto forma parte de un plan de continuidad operacional que se extenderá hacia 2030 y representa una de las principales inversiones mineras actualmente proyectadas para la Región de Antofagasta.

La iniciativa también está acompañada por un programa de exploración de US$100 millones entre 2028 y 2032 y por planes destinados a extender la vida útil de la faena hasta 2049, con recursos estimados en aproximadamente US$950 millones. De esta manera, Sierra Gorda busca mantener y ampliar su capacidad productiva en el largo plazo.

Chile busca impulsar nuevas inversiones mineras

Durante la ceremonia, Mas destacó el papel de la inversión minera como uno de los mecanismos para impulsar el empleo y la reactivación económica. El Gobierno chileno busca generar condiciones para acelerar nuevos proyectos y atraer capital internacional hacia el sector, especialmente en iniciativas relacionadas con minerales relevantes para la transición energética.

Sierra Gorda SCM opera desde 2014 un yacimiento de baja ley orientado a la producción de cobre y molibdeno. Según cifras de Cochilco citadas por Portal Minero, durante 2025 la compañía produjo más de 165.000 toneladas de cobre, equivalentes al 3,1% de la producción nacional, además de aportar el 9,7% de la producción chilena de molibdeno.

El proyecto de ampliación se suma a otras inversiones que buscan sostener la producción minera chilena en los próximos años. Para el Gobierno, iniciativas de continuidad operacional como la de Sierra Gorda permitirían conectar el nivel actual de actividad con un nuevo ciclo de expansión que se proyecta desde 2027.

Durante el acto también se realizó un minuto de silencio en memoria de Waldo Castillo Barraza, trabajador de 49 años que falleció durante labores de mantenimiento en instalaciones de la División Radomiro Tomic de Codelco. El hecho ocurrió mientras la industria minera continúa reforzando sus medidas de seguridad operacional.

Cerro Verde transfirió US$9.045 millones al Estado en 20 años

La operación minera Cerro Verde, ubicada en Arequipa, transfirió aproximadamente US$9.045 millones al Estado peruano entre 2005 y 2025, según cifras presentadas por Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y vicepresidenta de Asuntos Corporativos de la compañía. El dato fue expuesto durante el Jueves Minero Descentralizado organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Durante el encuentro, denominado “El futuro de la minería y el cobre en el Perú: potencial de la macrorregión sur”, Torreblanca puso el foco en la capacidad de los gobiernos regionales y locales para transformar los recursos provenientes de la actividad minera en infraestructura y servicios públicos. Entre las áreas mencionadas se encuentran agua, saneamiento, educación, salud, carreteras y actividades productivas.

La ejecutiva también señaló que Arequipa recibió S/1.488 millones en transferencias mineras durante 2026, cifra que utilizó para plantear la necesidad de fortalecer la planificación y priorización de proyectos públicos. El planteamiento apunta a que los recursos transferidos por la minería puedan traducirse en obras con impacto directo en el desarrollo territorial.

El reto de convertir recursos en infraestructura

Uno de los puntos centrales expuestos durante el encuentro fue la necesidad de contar con planes de desarrollo de largo plazo que permitan definir las obras prioritarias y dar continuidad a los proyectos independientemente de los cambios de autoridades. En ese sentido, Torreblanca sostuvo que los gobiernos subnacionales deben establecer prioridades para sectores como infraestructura vial, servicios básicos, salud y educación.

La discusión cobra relevancia por el volumen de recursos que genera la actividad minera en las regiones productoras. En el caso de Cerro Verde, los US$9.045 millones transferidos al Estado durante dos décadas representan aportes acumulados que forman parte de los recursos públicos destinados a los distintos niveles de gobierno conforme a los mecanismos establecidos por la legislación peruana.

Torreblanca cuestionó, en ese contexto, la visibilidad de las obras financiadas con estos recursos y planteó revisar qué proyectos se han ejecutado y cuál ha sido su impacto. El planteamiento coloca nuevamente en el debate la relación entre recaudación minera, inversión pública y desarrollo territorial en las regiones donde se concentra la producción de minerales.

Más exploración para sostener la actividad minera

Durante su participación, la presidenta de la SNMPE también destacó la importancia de incrementar la exploración minera para garantizar nuevas oportunidades de producción. Señaló que el desarrollo de nuevos proyectos requiere ampliar el conocimiento geológico y facilitar las condiciones para que las empresas puedan avanzar desde la exploración hacia nuevas operaciones.

En esa línea, planteó la necesidad de hacer más dinámicos los procesos de autorización para la exploración, manteniendo los estándares ambientales y de seguridad. La discusión ocurre mientras el sector busca incrementar la inversión y desarrollar nuevos proyectos que permitan sostener la producción minera peruana en los próximos años.

El debate sobre el uso de los recursos mineros también se produce en un contexto de incremento de la inversión del sector. Entre enero y julio de 2026, la inversión minera en Perú alcanzó US$4.116,7 millones, según cifras reportadas por el Ministerio de Energía y Minas, con infraestructura como uno de los principales componentes de los desembolsos.

Así, los aportes generados por operaciones como Cerro Verde vuelven a poner sobre la mesa la importancia de articular producción minera, transferencia de recursos y ejecución de infraestructura pública. La discusión planteada por la SNMPE apunta a fortalecer la planificación regional para que los ingresos asociados a la actividad extractiva se vinculen con proyectos de largo plazo en las zonas donde se generan.

MINEM propone autorizar exploraciones mineras en cinco días

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) planteó agilizar los permisos ambientales para determinados proyectos de exploración minera, con la posibilidad de obtener una constancia de aprobación en un plazo máximo de cinco días hábiles. La propuesta forma parte de un proyecto de decreto supremo publicado para consulta pública y busca reducir los tiempos de tramitación para iniciativas con impactos ambientales no significativos.

La iniciativa fue puesta en consulta mediante la Resolución Ministerial N.° 416-2026-MINEM/DM, publicada el 29 de septiembre de 2026. El proyecto plantea modificar el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, aprobado por el Decreto Supremo N.° 042-2017-EM. La ciudadanía, empresas y organizaciones interesadas cuentan con 15 días calendario para presentar comentarios y aportes.

Declaración Jurada Ambiental

Uno de los principales cambios propuestos consiste en incorporar la Declaración Jurada Ambiental (DJA) como un instrumento complementario al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Su tramitación estaría a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM).

De acuerdo con la propuesta, una vez recibida la DJA y verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos, la autoridad podría emitir una Constancia de Aprobación Automática en un máximo de cinco días hábiles. El mecanismo estaría dirigido exclusivamente a proyectos que, por sus características, sean considerados de impacto ambiental no significativo.

Entre las condiciones planteadas se encuentra que los proyectos tengan hasta 10 plataformas de perforación y una superficie total intervenida inferior a cinco hectáreas. De esta manera, el mecanismo estaría orientado a actividades de exploración de menor escala y no a proyectos mineros de gran magnitud.

Participación ciudadana y fiscalización

La propuesta del MINEM mantiene mecanismos de participación ciudadana para los proyectos que accedan a este procedimiento. Según el proyecto difundido, las empresas deberán realizar talleres informativos y otros mecanismos destinados a informar a las poblaciones ubicadas dentro del área de influencia de las actividades de exploración.

Asimismo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) conservaría sus funciones de supervisión y fiscalización sobre las actividades mineras. Por tanto, la reducción del plazo para obtener la constancia no elimina las obligaciones ambientales ni las competencias de fiscalización posteriores.

La propuesta se presenta en un contexto en el que el Gobierno busca reducir los tiempos asociados al desarrollo de nuevos proyectos mineros. Entre enero y agosto de 2026, el MINEM informó la autorización de inversiones mineras por más de US$3.067 millones, correspondientes a 150 proyectos, incluyendo iniciativas de exploración.

De aprobarse la modificación, el nuevo procedimiento permitiría acelerar una etapa inicial de los proyectos de exploración que cumplan los parámetros establecidos. Sin embargo, la medida todavía no está vigente y deberá completar el proceso de consulta y evaluación normativa antes de determinarse su aprobación definitiva.

Senace pide confianza en proceso ambiental de Tía María

La presidenta del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), Silvia Cuba, exhortó a la población de Islay, en Arequipa, a confiar en el proceso que desarrolla el Estado respecto al proyecto minero Tía María. La funcionaria señaló que la entidad exigirá al titular del proyecto el cumplimiento de los estándares ambientales establecidos en la normativa peruana.

Cuba explicó que el Senace ya aprobó el Plan de Participación Ciudadana de Tía María, instrumento que permite iniciar una nueva etapa de participación de la población vinculada al proyecto. Precisó que esta aprobación no representa la aprobación de un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), sino el inicio de un proceso en el que los ciudadanos podrán presentar aportes, observaciones y preocupaciones.

La presidenta del Senace destacó que la participación ciudadana será un componente central del proceso en Islay. Según explicó, equipos de la institución ya se encuentran en la zona realizando reuniones y actividades informativas con la población, con el objetivo de mantener presencia directa durante la evaluación del proyecto.

Senace fortalecerá presencia en Islay

La entidad busca que la población tenga acceso a información relacionada con el proceso ambiental y pueda participar en las diferentes etapas previstas. Cuba señaló que el acompañamiento en campo, las reuniones previas y la participación ciudadana forman parte de las acciones que el Senace viene fortaleciendo para mejorar la relación entre la autoridad ambiental, los titulares de proyectos y las comunidades.

Tía María se desarrolla en los distritos de Cocachacra, Mejía y Deán Valdivia, en la provincia de Islay. El proyecto cuenta con antecedentes de evaluación ambiental por parte del Senace y, en 2024, la entidad otorgó conformidad a un segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS), relacionado con modificaciones menores en componentes como campamentos, caminos de acceso y depósitos de ripios.

La iniciativa también ha continuado incorporando modificaciones a sus componentes. En 2025, Southern Perú presentó un tercer ITS ante el Senace para plantear nuevos cambios en el proyecto, dentro del marco de los instrumentos de gestión ambiental establecidos para este tipo de operaciones.

Senace proyecta US$20.000 millones en certificaciones

Durante la entrevista, Silvia Cuba informó además que el Senace ha certificado en lo que va de 2026 más de US$15.000 millones mediante más de 140 estudios. La entidad tiene como meta cerrar el año con aproximadamente US$20.000 millones en certificaciones ambientales.

La funcionaria señaló que el objetivo institucional es continuar fortaleciendo la asistencia técnica, el acompañamiento en campo y los mecanismos de participación ciudadana, además de consolidar el papel del Senace como autoridad encargada de evaluar ambientalmente los grandes proyectos de inversión del país.

En el caso de Tía María, el proceso continuará con las etapas correspondientes de participación y evaluación ambiental. El inicio de producción del proyecto está previsto para principios de 2028, según lo señalado por la presidenta del Senace, por lo que las próximas fases serán determinantes para el desarrollo de la iniciativa en la provincia de Islay.