La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) advirtió sobre el avance de la minería ilegal en Cajamarca y pidió reforzar la presencia del Estado para enfrentar los riesgos que esta actividad representa para la seguridad ciudadana y el desarrollo de inversiones mineras formales. Julia Torreblanca, presidenta del gremio, señaló que la expansión de estas operaciones también dificulta el avance de proyectos que permanecen a la espera de autorizaciones corporativas y permisos ambientales y operativos.
La representante del sector minero energético sostuvo que la respuesta debe incluir una intervención permanente y coordinada de las instituciones públicas. Asimismo, planteó medidas firmes contra quienes realizan actividades extractivas al margen de la ley y no cuentan con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Control de las plantas de beneficio para frenar el oro ilegal
Uno de los principales planteamientos de la SNMPE es fortalecer la fiscalización de las plantas de beneficio, instalaciones que procesan el mineral antes de su comercialización. Para el gremio, estos establecimientos son un punto clave para identificar el origen de los recursos extraídos y evitar que el oro procedente de operaciones ilegales ingrese a los circuitos comerciales formales.
Torreblanca advirtió que algunas plantas reciben mineral de procedencias diversas, incluidas zonas prohibidas o áreas que albergan patrimonio arqueológico. La falta de controles suficientes sobre el origen del material puede facilitar que el oro extraído ilegalmente sea procesado y posteriormente comercializado como si tuviera procedencia legítima.
Según las estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE) citadas por la presidenta de la SNMPE, el volumen de las exportaciones peruanas de oro ilegal se aproxima al de las exportaciones provenientes de la minería formal. Esta situación refuerza, según el gremio, la necesidad de establecer mecanismos de trazabilidad que permitan verificar el recorrido del mineral desde su extracción hasta su venta.
La futura Ley MAPE debe reforzar la fiscalización
La SNMPE también pidió que la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) incorpore procedimientos transparentes y obligatorios para auditar el origen del mineral y controlar los insumos utilizados durante su procesamiento.
Entre los elementos que deberían someterse a una fiscalización rigurosa figuran los explosivos y las sustancias químicas, debido a su importancia en las operaciones mineras y a los riesgos asociados con su uso sin autorización o supervisión adecuada.
Como referencia, Torreblanca planteó aplicar controles similares a los que ejerce la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) sobre las operaciones formales reguladas. Estos mecanismos exigen justificar las cantidades de insumos empleados, por lo que el gremio considera necesario definir responsabilidades institucionales, plazos y procedimientos de verificación para mejorar el control de la actividad minera.
Seguridad y continuidad de las inversiones mineras
La advertencia de la SNMPE se produce en un contexto de preocupación por la expansión de las actividades ilegales en Cajamarca. Además de sus consecuencias para la seguridad de la población, esta problemática puede incrementar los riesgos operativos y dificultar las condiciones necesarias para desarrollar proyectos mineros que requieren permisos y decisiones de inversión.
Para el gremio, combatir la minería ilegal no significa oponerse a la pequeña minería ni a la minería artesanal. Torreblanca sostuvo que la actividad puede desarrollarse en distintas escalas, siempre que cumpla la legislación, respete los estándares de seguridad y proteja la vida de los trabajadores.
La organización considera que una mayor presencia estatal, acompañada de controles efectivos sobre la extracción, el procesamiento y la comercialización del oro, es fundamental para reducir los espacios de operación ilegal y fortalecer la minería formal.
En ese sentido, la discusión sobre la Ley MAPE será relevante para definir cómo se fiscalizará el sector y qué mecanismos permitirán verificar la procedencia de los minerales. Para Cajamarca, el desafío consiste en contener el avance de las operaciones ilegales, proteger a la población y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo responsable de las inversiones mineras.
