Día: 4 de abril de 2024

Desde semanas atrás, Colombia está en vilo ante el fantasma de un nuevo apagón como consecuencia del Fenómeno de El Niño que, aunque el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha insistido en que no habrá un racionamiento de energía, sigue preocupando a expertos, actores del sector e, incluso, la ciudadanía.

Entre las opciones que tiene el país para hacerle frente a la crisis están, no solo el cuidado de los recursos por parte de la demanda (como el consumo empresarial y residencial), sino otros elementos que ayuden a marcar la diferencia en la coyuntura: por ejemplo, el operador del Sistema Interconectado Nacional XM recomendó dejar de exportar energía a Ecuador -por lo menos mientras pasa El Niño-.

Ante tales sugerencias, el Ministerio de Minas y Energía reaccionó con una nueva resolución -que deroga la publicada en noviembre de 2023- en la que toma más medidas para las exportaciones de energía eléctrica durante la temporada de sequía, pero no decidió dejar de venderle al país vecino.

Así las cosas, a partir de la entrada en vigor de la normativa -que fue el dos de abril de 2024-, las exportaciones se realizarán únicamente haciendo uso de alguna de las siguientes alternativas de generación térmica:

1. De la generación de plantas térmicas que operen con combustibles líquidos
2. De la generación de plantas térmicas despachadas centralmente

Vale decir que esto se podrá llevar a cabo siempre que la alternativa elegida no se requiera en el despacho económico para cubrir demanda total doméstica o nacional.

La resolución asegura que, para iniciar con esta medida, las exportaciones de energía se realizarán únicamente haciendo uso de la generación de plantas térmicas que operen con combustibles líquidos.

En este caso, el Ministerio de Minas, con seguimiento y análisis de las variables energéticas y eléctricas desarrollado por el Centro Nacional de Despacho, podrá modificar -mediante circular- la alternativa de generación térmica a utilizar, buscando en todo caso, garantizar la confiabilidad y seguridad del Sistema Interconectado Nacional.

Ahora bien, para dar cumplimiento a lo establecido en este artículo, el Centro Nacional de Despacho usará las reglas establecidas en los numerales 1 y 2 del Anexo 4 de la Resolución CREG 155 de 2014.

Y aplicará a todas las plantas térmicas -según la alternativa seleccionada- que tengan excedentes después de haberse atendido la demanda nacional.

Para plantas con múltiples configuraciones se considerará aquella configuración que haya sido requerida para abastecer la demanda nacional o la de máxima disponibilidad declarada, según los requerimientos de la exportación.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) impuso una sanción por $870 millones al grupo seis de la obra de la troncal Avenida 68 – tramo entre las calles 46 y 66 debido a retrasos en el proyecto.

El director del IDU, Orlando Molano, explicó las razones por las cuales se sancionó al contratista: “El corredor de la Av. 68 que consta de nueve grupos. Particularmente en el grupo seis se presentan unos retrasos importantes. Hemos dado todas las garantías, incluso hicimos un nuevo de plan de trabajo que se viene incumpliendo. La multa impuesta al contratista es de $870 millones”, afirmó.

Es fundamental destacar que la sanción puede ser impugnada mediante un recurso de reposición, el cual ha sido presentado por el contratista y el asegurador, y será necesario justificarlo.

Una vez que el IDU evalúe los argumentos expuestos, emitirá una resolución administrativa mediante la cual podrá mantener o revocar la decisión inicial.

“Lo más importante es que el contratista del grupo seis se ponga al día y tengamos la posibilidad de entregar esta obra en los tiempos previstos”, agregó el director Molano.

Grupo seis de la Avenida 68 con retrasos

El contratista sancionado es el Consorcio LHS, conformado mayoritariamente con Sonacol S.A.S. (90 %) y Constructora LHS S.A.S. (10 %).

La razón de la multa se debe al incumplimiento en relación con el Plan Detallado de Trabajo (PDT) aprobado, es decir, el cronograma de trabajo de obras.

De acuerdo con el informe del presunto incumplimiento elaborado por la interventoría, dicho atraso del PDT se presentó durante 50 días (del 27 de octubre el 2023 al 15 de diciembre) y la cláusula de multa pactada en el contrato establece 15 salarios mínimos por cada día de retraso, por lo que ascendió a $870 millones.

El objeto del contrato en ejecución es la “Construcción para la adecuación al Sistema TransMilenio de la avenida Congreso Eucarístico (Cra. 68) desde la Carrera 9 hasta la Autopista Sur y obras complementarias en Bogotá D.C. – grupo 6”.

Así mismo, el valor actualizado del contrato, incluyendo interventoría, es de $216.363 millones; el inicio de la etapa de construcción fue en febrero de 2021, entre tanto que la entrega está prevista para febrero de 2025.

Este grupo de obra contempla un total de 2,08 km de longitud, 7,47 km de ciclorruta, 55.769 metros cuadrados de espacio público, una rampa peatonal, ciclopuente y tres estaciones de TransMilenio (Calle 53, Simón Bolívar y calle 66).

El Ministerio de Transporte anunció que se amplía por 12 meses el convenio que permite la operación del transporte intermunicipal Soacha – Bogotá, el cual estaba previsto a finalizar en este mes de abril.

Además del Ministerio de Transporte y la Alcaldía de Soacha, el nuevo acuerdo también cuenta con la firma de la Agencia Regional de Movilidad (ARM).

¿Qué pasará con el transporte de Soacha – Bogotá?

La Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca (RMBC), ya sea de manera directa o a través de la ARM, llevará a cabo el proceso de estudio técnico para definir el modelo de operación.

Esto incluirá un análisis exhaustivo de las condiciones de oferta y demanda entre Bogotá y Soacha, así como en sentido inverso.

Para ello, se establece la creación de un comité integrado por el Ministerio de Transporte, el municipio, la ARM y las demás entidades que se consideren necesarias, de acuerdo con sus funciones, donde se presentarán periódicamente los avances del estudio.

Así mismo, los términos y condiciones de dicha contratación deberán contar con el visto bueno de ese comité.

Al respecto, el ministro de Transporte, William Camargo, detalló que, “desde noviembre hemos venido adelantando reuniones en las que analizamos la hoja de ruta y se estableció la necesidad de realizar un estudio técnico que permita conocer la situación actual de este corredor, con el fin de que podamos definir las condiciones definitivas de prestación del servicio. Fruto de estos encuentros coincidimos en prorrogar el actual convenio por un año”.

Entretanto, el alcalde de Soacha, Víctor Julián Sánchez Acosta, explicó que, “no vamos a dejar a ningún conductor o conductora sin trabajo, este convenio se va a extender mientras se logre adelantar el Plan Integral de Movilidad y el estudio de la Agencia Regional de Movilidad, para la Autopista Sur. Con estos estudios terminados podremos tomar decisiones junto con Bogotá y la región, pero sin dejar de lado a nuestros transportadores y transportadoras”.

Es así como para finales de este año se prevé tener definido el esquema institucional definitivo para la operación del corredor, es decir, quien ejercerá funciones de autoridad de transporte de forma definitiva.