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Transelec celebra adjudicación de infraestructura que aporta a la transición energética

La empresa Transelec se adjudicó recientemente la construcción de dos condensadores síncronos, en el marco de la Licitación para la Adjudicación de la Construcción y Explotación del Servicio Complementario de Control de Tensión por Aportes de Potencia de Cortocircuito organizada por el Coordinador Eléctrico Nacional. Fueron 16 oferentes los que se presentaron en esta licitación, en la que Transelec se adjudicó sus dos propuestas.

Según informó el ente regulador, los condensadores sincrónicos contribuyen a la estabilidad de tensión en la red y garantizan que el Sistema Eléctrico Nacional opere de manera segura ante el retiro de centrales térmicas a carbón. En concreto, estas infraestructuras regulan las bajas y subidas de energía que se producen tanto por la desconexión de termoeléctricas como por la inyección de energías renovables, evitando que se produzcan grandes cortes de energía (“black out”).

Los equipos adjudicados por Transelec se conectarán a las subestaciones eléctricas Monte Mina y Ana María, en la Región de Antofagasta. La prestación del servicio comenzará durante el año 2027 y se remunerará con una anualidad de casi US$ 24 millones por 25 años.

Arturo Le Blanc, gerente general de la compañía, destacó que “esta adjudicación es una excelente noticia, por un lado, porque demuestra que somos competitivos, que vamos por el camino correcto y que estamos leyendo bien el mercado. Adicionalmente, se trata de la construcción y operación de los primeros condensadores síncronos en Chile, los cuales serán clave para el proceso de descarbonización del país. Así seguimos contribuyendo a conectar las energías del futuro”.

El ejecutivo de Transelec agregó que esta adjudicación es “parte de nuestro plan de negocios de seguir avanzando en la descarbonización, aportando a un proyecto que robustece el sistema de transmisión eléctrica nacional”.

En efecto, el Coordinador Eléctrico sostuvo en su comunicado que la instalación de estos equipos permite “reducir la necesidad de operación de centrales térmicas a carbón en el día por motivos de seguridad, lo que implicará una mayor integración de energías renovables y una reducción de los pagos por mínimo técnico que hoy se realizan”.

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ProChile inicia su participación en Exponor 2024 con Rueda de Negocios Internacional

Con una Rueda de Negocios internacional, se dio inicio a la participación de ProChile y sus usuarios en Exponor 2024, la feria minera y energética más grande de nuestro país.

En la actividad, que contó con la participación de diversos ministros de estado y la directora nacional de ProChile, Lorena Sepúlveda, se realizó el lanzamiento de la rueda de negocios internacional donde se une la oferta exportable de todo el país con la demanda internacional.

La directora regional de ProChile Antofagasta y coordinadora de la Macrozona norte, Marcia Rojas Ponce, destacó que “la coordinación que hemos desarrollado para preparar esta instancia ha sido destacable, por la organización, pero también por la cantidad de empresarios que tenemos en nuestro stand haciendo negocios. Son 16 empresas de cuatro regiones que han llegado para ofrecer lo más tecnológico e innovador en cuanto a soluciones mineras, algo que nos caracteriza y donde además hemos adquirido un prestigio a nivel mundial”.

De igual manera, en la línea de fomentar las negociaciones y conversaciones en torno a la minería y la energía del norte para el mundo, Rojas Ponce, señaló que “se está organizando una actividad de networking, que básicamente es una instancia de relacionamiento entre empresas chilenas y compradores internacionales con un ambiente más distendido donde cada uno pueda interactuar y conocer a las diversas contrapartes sin tener un protocolo instaurado para estar al tanto de las distintas ofertas y demandas”.

La diversificación de la canasta exportadora, es uno de los objetivos con los que ProChile trabaja en la internacionalización de las empresas regionales y en Exponor 2024, se proyecta generar nuevas relaciones comerciales y más oportunidades para los productores y productoras de la Macrozona Norte.

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Ministra Williams en Exponor 2024: “El desarrollo de esta industria debe ir aparejado de una minería más sostenible”

Este lunes se dio el puntapié inicial a la vigésima edición de Exponor, el evento más importante del sector minero en Chile, organizado por la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA). En la ceremonia inaugural estuvieron presentes la ministra de Minería, Aurora Williams; y los ministros de Economía, Nicolás Grau; y Energía, Diego Pardow; las subsecretarias de Minería, Suina Chahuán; y de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza; del gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz; y el embajador de Brasil, país invitado de honor este año, Paulo Pacheco; y el presidente de la AIA, Marko Razmilic, entre otras autoridades.

Bajo el lema “Soluciones para una industria sostenible”, Exponor 2024 reúne a 1.146 expositores, de 32 países, y cuenta con 16 pabellones internacionales, consolidándose como la tercera exhibición minera más grande del mundo. Este encuentro encadena los últimos avances de la industria, lo que lo convierte en una fuente estratégica de información para inversiones en la industria minera.

«La minería se está transformando, eso es evidente. Todos y todas sabemos que este sector tiene un gran desafío: y que es proveer los minerales críticos para el mundo como el cobre, como el litio, para hacer frente a la crisis temática. Sin embargo, el desarrollo de esta industria debe ir aparejado de una minería más sostenible, más inclusiva, más diversa, con un mejor relacionamiento con los territorios en donde esta se desarrolle”, afirmó la ministra Aurora Williams en su discurso inaugural.

La secretaria de Estado enfatizó que es necesario “crear valor compartido, contratar a los proveedores del territorio, al empleo local. Pero no pensemos solo en las pymes, también pensemos en aquellos proveedores que son capaces de desarrollarse bajo el alero de la industria minera y también de la industria energética. Y esto permitirá algo muy importante que es disminuir la fricción social. Y un ejemplo de que cuando todos nos ponemos de acuerdo, logramos buenos resultados es la Ley de Royalty aprobada en el Congreso de la República, con la disposición de la industria, con la disposición de nuestro Gobierno y con la disposición de los parlamentarios en las comisiones respectivas”.

«Entre otras cosas, Exponor permite conectar todos los proveedores de la gran minería con empresas del extranjero que pueden necesitar esos proveedores, utilizar todo ese aprendizaje, toda esa innovación que ocurre a partir de la gran inversión de la minería para tener más oportunidades, y para que ese crecimiento y ese impulso se encadenen productivamente con la región», comentó el titular de Economía, Nicolás Grau.

El jefe de la cartera de Energía, Diego Pardow, destacó que “la minería representa cerca de un tercio de la demanda eléctrica en nuestro país. Y esto solo va a crecer. Crecerá con la electrificación de la movilidad, con los camiones eléctricos en la minería, con los nuevos trenes a hidrógeno que está impulsando AMSA. Y en este proceso de transición energética, donde obviamente la minería es uno de los motores de demanda, la energía está respondiendo”.

El presidente de la AIA, Marko Razmilic, destacó a Exponor como un encuentro «importantísimo» que generará instancias para lograr crear una minería más sostenible e impulsar el crecimiento económico del país. «La minería es la única que puede mover la aguja del crecimiento en Chile, al menos como iniciador. Esperamos que se cumpla ese rol: que esta sea una fiesta de la minería, en la que se sienten las bases para un período de crecimiento», indicó.

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Avanza reforma a la SMA: Comisión de Medio Ambiente de la Cámara aprueba en general el proyecto

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que reforma la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LOSMA), el cual comenzó su primer trámite legislativo en marzo de 2024. De esta manera, el proyecto comenzará su discusión en particular.

El proyecto tiene como objetivo fortalecer la fiscalización y sanción ambiental, además de avanzar en un modelo que permita agilizar la toma de decisiones, fijar reglas claras a todos los interesados y dar respuestas más eficientes. Para ese objetivo, considera ocho modificaciones que buscan robustecer el marco institucional de la SMA, para dar un mayor y mejor cumplimiento a la normativa ambiental.

Durante las sesiones en que se revisó el proyecto de ley la comisión recibió a 32 expositores de distintos sectores, entre ellos académicos, exautoridades, organizaciones sociales y gremios productivos.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, valoró este avance. «Este es un paso importante para el objetivo de fortalecer la Superintendencia del Medio Ambiente con más herramientas y, de esta manera, asegurar el cumplimiento ambiental. Es importante reiterar que el cumplimiento ambiental es el ‘desde’ de cualquier actividad económica y que sin una institucionalidad ambiental fuerte es imposible alcanzar un desarrollo sostenible».

Por otra parte, la Superintendenta Marie Claude Plumer señaló que “este avance es un primer hito para el cambio de diseño regulatorio que necesita la Superintendencia en el objetivo de enfrentar de mejor forma todos los desafíos que recaen en la institución actualmente”.

Además, agregó que “estas modificaciones son de una urgencia indiscutida, ya que se hacen cargo de la gran demanda que hay sobre la SMA, en materia de fiscalización, sanción y denuncias, y de otros aspectos que no contempla la normativa actual. Así fue considerado también por gran parte de los actores transversales que fueron invitados a la comisión y de las diputadas y diputados que hoy votaron favorablemente el proyecto de reforma”.

Proyecto de reforma

Entre otras materias, el proyecto propone una mejora en la gestión de las denuncias, estableciendo plazos más acotados para informar sobre la admisibilidad (10 días como máximo) y la entrega de resultados (90 días
como máximo).

Además, se contempla la posibilidad de que el denunciante mantenga la reserva de identidad durante la etapa de investigación y que, en los casos de ruidos molestos -de establecimientos que no cuenten con RCA- sean las municipalidades quienes estén a cargo de la fiscalización y los Juzgados de Policía Local de las sanciones.

También se propone la creación de un procedimiento sancionatorio simplificado para las infracciones que sean clasificadas como leves; se introducen vías alternativas de cumplimiento para los casos en que no exista afectación al medioambiente o salud de las personas -ni riesgo significativo de afectarlos- y se trate de desviaciones normativas de menor entidad (la SMA podrá aplicar mecanismos como cartas de advertencia y planes de corrección, entre otros); y se amplía la potestad cautelar de la SMA para dictar medidas en casos de elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y cuando una actividad industrial genere riesgo grave e inminente al medioambiente o la salud de las personas.

Otro punto clave es que se aumenta el catálogo de infracciones, mejora la clasificación de las gravedades en una infracción y aumenta el tope de multas. De esta forma, se propone aumentar el monto para las infracciones leves de 1.000 a 5.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), las graves de 5.000 a 10.000 UTA, y las gravísimas de 10.000 a 20.000 UTA.

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Comisión arbitral falla a favor de Nuevo Pudahuel y exige al MOP negociar modificación a contrato de concesión del aeropuerto

El Consejo de Defensa del Estado, por su parte, interpuso un recurso de queja en la Corte de Apelaciones contra los jueces que dictaron el fallo, debido a «faltas y abusos graves» en su sentencia.

Duro revés para el Ministerio de Obras Públicas (MOP). En el marco de la disputa entre Nuevo Pudahuel-encargado de operar el aeropuerto de Santiago- y el MOP por los impactos de la pandemia y el estallido social, la Comisión Arbitral falló a favor de la sociedad el pasado 15 de mayo, según publicó el Diario Financiero (DF).

El conflicto se remonta a principios de 2021, cuando Nuevo Pudahuel solicitó al Panel Técnico de Concesiones reconocer la pandemia como un hecho sobreviniente, cuyos efectos sobre el tráfico aéreo «alteraron sustancialmente y en forma duradera» el equilibrio económico del contrato.

Para compensar estos efectos, la sociedad propuso la revisión del contrato y el ajuste del plazo del contrato y el porcentaje de ingresos totales. Sin embargo el panel rechazó las propuestas.

Tras ello, en 2022, la concesionaria decidió interponer una demanda de cumplimiento de contrato contra el MOP en la Comisión Arbitral, donde argumentaron que la conmutatividad del contrato fue quebrada por la pandemia, cuyas consecuencias constituyeron un riesgo no asumido por esta.

Así, el demandante solicitó en su acción la adaptación del contrato por parte del MOP para obtener un mayor plazo para que las consecuencias económicas producto de la pandemia sean distribuidas equilibradamente entre las partes. En caso de que esa petición no fuese aceptada, la concesionaria solicitó una indemnización por los perjuicios acusados.

Finalmente, si ninguna de las demandas era acogida, Nuevo Pudahuel pidió a la comisión que se obligue al fisco a modificar el contrato de concesión, pero permitir la recuperación de la inversión mediante una negociación de buena fe dentro de un periodo máximo de seis meses desde que fuese notificada la sentencia.

Según el DF, la comisión rechazó las principales demandas. Sin embargo, aceptaron la última, reconociendo la pandemia como un hecho sobreviniente que afectó la conmutatividad del contrato, obligando al MOP a negociar la modificación de contrato.

Consultados al respecto por el DF, Nuevo Pudahuel aseguró que la resolución de la comisión es consistente con la posición de la empresa, asegurando que «enfatiza que existe una necesidad justa y crítica de restablecer la conmutatividad y el equilibrio de su contrato con el Estado chileno».

El fallo no dejó contento al MOP. Por eso el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -en representación del MOP) interpuso hace algunos días un recurso de queja ante la Corte de Apelaciones contra los jueces que dictaron el fallo, debido a que cometieron «faltas y abusos graves» en su sentencia.

Fuente: Emol.com

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Ministra MOP en Chile Day de Toronto: “Existe un amplio consenso en que las perspectivas económicas para los próximos años han mejorado enormemente”

En el marco de su presentación sobre la cartera de concesiones ante empresarios y autoridades en el Chile Day de Toronto, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, destacó cómo el país pudo superar las dificultades económicas de la pandemia y repasó la cartera de Concesiones que en los últimos 30 años ha significado inversiones por más de 28 mil millones de dólares.

En el marco del Chile Day en Toronto, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, expuso ante autoridades y empresarios canadienses la cartera de concesiones para los próximos cuatro años y destacó el actual ciclo económico que vive el país.

En la oportunidad, la ministra López explicó que “aunque el año pasado vimos un crecimiento modesto del 0,2%, el punto clave es que evitamos una recesión. Esto nos permite mirar hacia 2024 y 2025 con mucho optimismo. Existe un amplio consenso entre todas las instituciones económicas, tanto públicas como privadas, en que las perspectivas económicas para los años siguientes han mejorado enormemente”.

En ese contexto, indicó que “nuestro país se encuentra en una situación económica favorable, con un crecimiento proyectado del PIB del 2,7%, nivel alto para Chile en los últimos años. La inflación está relativamente bajo control y estará dentro de su objetivo del 3% para finales de 2025. Estas cifras reflejan una gestión macroeconómica muy responsable y un ajuste encomiable que se implementó cuidadosamente para evitar una recesión”.

Oportunidades para la Asociación Público-Privada

Durante su exposición, la ministra destacó que están en proceso de licitación 10 proyectos de Concesiones por 6.300 millones de dólares y que en los próximos cuatro años se licitarán 43 proyectos por casi 18 mil millones de dólares.

“El programa de concesiones ha reducido drásticamente el déficit de infraestructura desde 1990, lo que nos ha permitido acelerar la inversión en todos los ámbitos, lo que ha llevado a mejoras significativas en todas las áreas de infraestructura”, dijo la ministra en Toronto.

En este sentido, la ministra López explicó que actualmente hay empresas de 16 países en el sistema de concesiones y que esto es fruto de que Chile cuenta con regulaciones específicas para la inversión extranjera directa. “En términos de principios, defendemos el libre comercio y un tipo de cambio flotante. No existe discriminación entre empresas extranjeras y chilenas, lo que garantiza un importante nivel de seguridad. Nuestro sistema incluye mecanismos efectivos para la resolución de disputas y tiene un fuerte respeto por los derechos de propiedad”.

La ministra Jessica López anunció, además, que actualmente se están discutiendo en el Congreso varios proyectos de ley que facilitarán aún más la inversión en Chile. Entre ellos, destacó el proyecto de modernización del Sistema Integrado de Permisos y Evaluación Ambiental; el proyecto de concesiones marítimas que es clave para los proyectos de desalinización; la ley de Desalación, y la creación del Consejo Consultivo de Infraestructura Pública de Chile.

Por su parte, el director de Concesiones, Juan Manuel Sánchez, destacó que “hace un año vinimos a presentar una cartera de proyectos por 7.5 millones de dólares para los años 2023-2024 y hoy pudimos dar cuenta, ante la misma audiencia, que pasado un año hemos cumplido, dado que llevamos 3.6 millones de dólares en proyectos licitados en esta administración y tenemos un desafío aún mayor que supera esa cifra para el presente año”.

Oportunidades para la desalinización

Tras su exposición, la ministra López participó en el Panel: “Avanzando la Infraestructura de Chile:

Explorando oportunidades de inversión en desalinización”, donde se refirió a los impactos que está teniendo en Chile el cambio climático y las dificultades que generan los permisos para materializar algunas obras críticas para enfrentar este fenómeno.

En este sentido, repasó el impacto económico y social que han tenido eventos extremos y de escasez hídrica en el país y puso especial preocupación en la escasez hídrica que enfrenta la Región de Coquimbo. “Gracias a una ley que el MOP aprobó el año pasado en el Congreso, hoy podemos construir infraestructura multipropósito y no solo para riego. En este contexto, el Presidente Boric anunció en enero de este año una planta desalinizadora multipropósito de 1.200 l/s para la conurbación Coquimbo-La Serena que será licitada este año como concesión de obra pública”.

La ministra destacó, además, que se construirán tres desaladoras más en la Región de Coquimbo para abastecer sistemas de agua potable rural; otra desaladora en Petorca en la Región de Valparaíso y otra en la provincia de Arauco, ampliando así la cartera de proyectos que el MOP desarrollará para hacer frente al cambio climático.

Fuente: MOP

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Nueva ley de puertos zanjaría controversia con Cosco

El Pleno del Congreso de la República podría haber puesto fin a la controversia iniciada por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) contra la empresa Cosco Shipping por la exclusividad de servicios en el Megapuerto de Chancay, luego de que esta semana se aprobaran cambios en la Ley del Sistema Portuario que le permiten al Estado peruano emitir este tipo de licencias.

Aunque inicialmente se especulaba con que la emisión de la norma no favorecería la posición del inversionista privado por un tema de no retroactividad, fuentes cercanas que ven el caso informaron a La República que “cubre el vacío que alguna vez dijo la APN que existía”.

El proyecto que integra los planteamientos de los congresistas José Cueto y María Acuña tiene dos aspectos fundamentales: la exclusividad de servicios, que apunta a que el Ejecutivo tenga una herramienta para interpretar el “vacío legal” que la APN atribuyó durante la firma del contrato con Cosco en 2021, y la extensión de las concesiones portuarias de 30 a 60 años.

“Esto abre el camino para una solución sobre la exclusividad de servicios una vez que salga promulgada y reglamentada”, manifestó la fuente.

Pese a que la demanda interpuesta por la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha sido ya aceptada formalmente por el Poder Judicial, la empresa aún no ha sido notificada del caso. Todo lo que sabe Cosco sobre la controversia ha llegado a través de los medios de prensa.

“Para la empresa, la exclusividad está siempre dada. Pero suponemos que, cuando la nueva ley se promulgue, habrá una sustracción de la materia”, dijo otra fuente cercana a Cosco.

No obstante, esto no termina con las conversaciones entre la empresa de capitales chinos y el Estado peruano. Por un lado, está el proceso judicial que lleva el MTC por la exclusividad de servicios y por el otro, las tratativas en el marco del TLC con China respecto a la supervisión que ejercería Ositrán al puerto.

Recientemente, Cosco le dio seis meses al Estado peruano para resolver la controversia con sus reguladores portuarios. El fin de este periodo coincide con la inauguración de la cumbre de APEC 2024, organizada en nuestro país, y donde se espera que el presidente chino, Xi Jinping, corte la cinta del Megapuerto de Chancay.

La segunda parte de la nueva ley, aprobada en el Parlamento con 68 votos a favor, 24 en contra y 4 abstenciones, no atañe a Cosco. El contrato de su terminal, ubicado al norte de Lima, no tiene periodo de caducidad, al ser privado. Por ejemplo, existen otros puertos alrededor del mundo cuyas concesiones van más allá de los 90 años.

Chancay inicia operaciones en noviembre

Las obras en el Megapuerto de Chancay se encuentran al 85%. El primer barco con las grúas para el patio de contenedores llega el 14 de junio, y diez días después llegará el segundo embarque con las grúas STS, de 80 metros de altura. Son un total de cinco naves que zarparán cada 15 días para equipar el terminal.

La renovación de 30 a 60 años podrá darse mediante contratos de asociación en participación, arrendamiento, concesión, contratos de riesgo compartido, contratos de gerencia, contratos societarios y otras modalidades establecidas en la legislación.

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ProInversión evaluará construcción de puertos en la región sur del Perú

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), suscribió un convenio con la Autoridad Portuaria Nacional (APN) para colaborar en la realización de proyectos portuarios en el país, siendo el primer encargo, un estudio de demanda de carga y naves en la región sur del Perú que permita determinar la construcción o modernización de terminales.

El convenio de colaboración interinstitucional se orienta al cierre de brechas en infraestructura portuaria, fortalecer los servicios logísticos e impulsar el crecimiento y desarrollo económico del país.

Luego de los estudios, de acuerdo con lo manifestado por la APN, se evaluaría la conveniencia de desarrollar proyectos portuarios a nivel nacional, mediante el mecanismo de promoción de la inversión privada.

Entre estos proyectos, se analizarán las potencialidades para el desarrollo del Terminal Portuario de Corío (Arequipa) a través de un Plan Maestro que definirá la oferta de servicios portuarios e inversiones que se requieren para poder iniciar un proceso de promoción.

Participaron en la suscripción del convenio, el director ejecutivo de ProInversión, José Salardi; el presidente del directorio de la APN, Juan Carlos Paz; y el presidente del Gobierno Regional de Arequipa, Rohel Sánchez.

Mediante el mismo, la APN brinda a ProInversión el apoyo técnico, información y facilidades materiales necesarias para desarrollar los estudios y asegurar el cabal y oportuno cumplimiento del objeto del convenio.

Perspectiva favorable

Se debe considerar que ProInversión tiene en cartera para el periodo 2024 – 2026, la adjudicación de cuatro proyectos portuarios por más de 800 millones de dólares, entre ellos, el Nuevo Terminal Portuario San Juan de Marcona (405 millones de dólares) – otorgado en marzo al Terminal Portuario Jinzhao Perú – el Terminal Portuario Internacional de Chimbote (288 millones de dólares), Nuevo Terminal Portuario de Pucallpa (41 millones de dólares); y los Nuevos Terminales Portuarios de Loreto (Saramiza e Iquitos) (68 millones de dólares).

La adjudicación y desarrollo de estos proyectos contribuirán a dinamizar las actividades económicas en su zona de influencia y posicionarían al país como un hub logístico en el pacífico sudamericano.

Avances

A la fecha, Perú tiene concesionados ocho puertos mediante Asociación Público – Privada (APP) con una inversión ejecutada de 2,138 millones de dólares y un compromiso de inversión de 3,447 millones de dólares, según reporte estadístico a mayo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).

Destacan, entre ellos, Muelle Sur y Terminal Norte del Callao (operado por DP World y APM Terminals), Matarani, Multipropósito de Salaverry y Paita.

Al compromiso de inversión de 3,447 millones de dólares mediante Asociación Público-Privada se suma la inversión en el Puerto de Chancay, ejecutada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú, que prevé invertir más de 3,000 millones de dólares, para reforzar la conexión directa de Sudamérica con China y Asia.

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¡Seguimos cerrando brechas! Más de 15 mil vecinos en Jicamarca ya cuentan con agua potable en sus hogares tras 20 años de espera

La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Hania Pérez de Cuéllar, inauguró una obra que lleva agua potable y alcantarillado a los hogares de más de 15 mil vecinos del sector de Pampas de Jicamarca, en el distrito de San Antonio de Huarochirí, tras 20 años de espera.

“Hoy es un gran día, se hace realidad un sueño. Hoy cumplimos nuestra promesa, muchos de ustedes nos han dado las gracias, hermanos, hermanas, no hay nada que agradecer, estamos cumpliendo con nuestro trabajo, estamos haciendo respetar lo que la Constitución dice, que el agua es un derecho”, afirmó la titular del sector.

La primera parte de las obras de sectorización y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado del Esquema Anexo 22 de Jicamarca, estuvieron a cargo del Programa Agua Segura Para Lima y Callao (PASLC) del MVCS, y beneficiará a 15 mil personas de 15 sectores.

De esta manera, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) cumple con su compromiso de trabajar para llevar agua potable y saneamiento a los peruanos más vulnerables del país, con el fin de cerrar brechas sociales; y de esta manera contribuir a reducir los casos de anemia y desnutrición infantil.

Se tiene previsto que la segunda etapa de esta obra sea entregada en el segundo semestre de este año, y beneficie a 18 mil vecinos de 22 habilitaciones urbanas más. Es decir, el proyecto integral atenderá a más de 33 mil personas.

“Festejamos la apertura del caño de la primera etapa, 15 mil personas tendrán agua potable en sus casas, pero nos quedan 18 mil más, y ese es un compromiso que también vamos a cumplir. Ya han esperado mucho, estamos avanzando en cerrar brechas”, sostuvo.

Cabe destacar que el proyecto pasará a ser administrado por Sedapal, que se encargará de la operación y mantenimiento del sistema.

En la ceremonia de entrega, también participaron el viceministro de Construcción y Saneamiento, Christian Barrantes; el director del Programa Agua Segura para Lima y Callao, Max Sáenz, el presidente del directorio de Sedapal, Jorge Gómez, y el alcalde distrital de San Antonio, Nick Aponte.

Más proyectos en ejecución

Este año, en Lima, más de 382 mil vecinos se beneficiarán con 20 proyectos de agua potable y saneamiento, por obras que se vienen ejecutando en diferentes zonas de la región, como Huarochirí, Canta, Yauyos, Cañete y Huaral.

Además, en Lima Metropolitana se vienen ejecutando proyectos en los distritos de San Martín de Porres, Cieneguilla, Puente Piedra, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Isidro y La Victoria.

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Petroperú: ¿demasiado grande para permitir que falle?

Si bien la frase “too big to fail” (demasiado grande para fallar) tiene su origen en 1984 con el rescate del Gobierno de los Estados Unidos al Continental Illinois National Bank and Trust Company, el séptimo banco más grande del país, la expresión se popularizó durante la crisis financiera del 2008.

En ese momento hubo grandes instituciones financieras que enfrentaron problemas graves. El Gobierno de Estados Unidos intervino para rescatar a varias, argumentando que su colapso podría llevar a una depresión económica global. Este periodo consolidó la frase en el vocabulario financiero y económico.

Pero, ¿qué tiene que ver esta historia con Petroperú? La petrolera estatal está en quiebra, como lo reconoce su propio directorio transitorio y su junta de accionistas (Ministerios de Economía y el de Energía y Minas). Hoy su deuda es 50 veces su flujo de ingresos y para este año se proyectan pérdidas por más de US$700 millones. Es decir, no tiene plata para pagar sus deudas.

La crisis de insolvencia en la que está inmersa Petroperú ha llevado a que en la última semana calificadoras de riesgo como Standard & Poors, Fitch Ratings y Apoyo & Asociados degraden aún más su calificación crediticia. Para estas agencias, la posibilidad del no pago de deuda por parte de la petrolera estatal ha aumentado, sobre todo, porque no es claro si el Estado peruano aprobará otro rescate financiero.

El Ministro de Economía, José Arista, solo ha dicho que “en las próximas semanas lanzarán un plan para viabiizar Petroperú”. Mientras que el directorio transitorio de la empresa estatal ha sido enfático en señalar que aprobar otro rescate sería “inmoral” de cara a la ciudadanía y que lo que se necesita es el ingreso de una gestión privada, alejada de la influencia política.

La situación es compleja y se ajusta perfectamente a la expresión “too big to fail”. Si el Gobierno permite que Petroperú caiga en “default” (no pago de deuda) es bastante probable que el mercado nos castigue y el país pierda el grado de inversión que tanto trabajo costó obtener, producto de una nueva rebaja en la calificación de riesgo.

Al menos así coincidieron todos los expertos en mercado de capitales que participaron en nuestra reciente mesa: Diálogos sobre “Alternativas de inversión” (ver páginas 4-5). En concreto, permitir la caída de Petroperú impactaría en un encarecimiento del crédito para el país, mayor pérdida de atractivo para inversiones y, por consecuencia, se limitaría el crecimiento a mediano y largo plazo.

¿Qué hacer ante tan compleja situación? Cualquier plan de rescate gubernamental con el dinero de nuestros impuestos debe estar sujeto al ingreso de una gestión privada a Petroperú, como bien plantea su directorio trasitorio. La nueva administración necesita independencia absoluta del poder político para poder realizar cambios profundos en la gobernanza de la petrolera.

La pregunta es si esto es posible bajo el marco legal vigente o si se necesitaría un cambio en la leyes que permitan que un actor privado compre el 51% de las acciones de Petroperú para lograr esa verdadera indenpendencia y capacidad de ejecución que se necesita. La otra gran pregunta es si nuestro populista Congreso lo permitirá y si el débil Gobierno de Dina Boluarte se comprará el pleito.

Por lo pronto lo que tenemos es una empresa pública quebrada con riesgo de no pagar sus deudas y afectar así a toda la economía del país. Las miradas estarán puestas sobre la decisión que finalmente tomen los ministros de Economía, José Arista y el de Energía y Minas, Rómulo Mucho. Pero el tiempo se agota.