Si bien la frase “too big to fail” (demasiado grande para fallar) tiene su origen en 1984 con el rescate del Gobierno de los Estados Unidos al Continental Illinois National Bank and Trust Company, el séptimo banco más grande del país, la expresión se popularizó durante la crisis financiera del 2008.
En ese momento hubo grandes instituciones financieras que enfrentaron problemas graves. El Gobierno de Estados Unidos intervino para rescatar a varias, argumentando que su colapso podría llevar a una depresión económica global. Este periodo consolidó la frase en el vocabulario financiero y económico.
Pero, ¿qué tiene que ver esta historia con Petroperú? La petrolera estatal está en quiebra, como lo reconoce su propio directorio transitorio y su junta de accionistas (Ministerios de Economía y el de Energía y Minas). Hoy su deuda es 50 veces su flujo de ingresos y para este año se proyectan pérdidas por más de US$700 millones. Es decir, no tiene plata para pagar sus deudas.
La crisis de insolvencia en la que está inmersa Petroperú ha llevado a que en la última semana calificadoras de riesgo como Standard & Poors, Fitch Ratings y Apoyo & Asociados degraden aún más su calificación crediticia. Para estas agencias, la posibilidad del no pago de deuda por parte de la petrolera estatal ha aumentado, sobre todo, porque no es claro si el Estado peruano aprobará otro rescate financiero.
El Ministro de Economía, José Arista, solo ha dicho que “en las próximas semanas lanzarán un plan para viabiizar Petroperú”. Mientras que el directorio transitorio de la empresa estatal ha sido enfático en señalar que aprobar otro rescate sería “inmoral” de cara a la ciudadanía y que lo que se necesita es el ingreso de una gestión privada, alejada de la influencia política.
La situación es compleja y se ajusta perfectamente a la expresión “too big to fail”. Si el Gobierno permite que Petroperú caiga en “default” (no pago de deuda) es bastante probable que el mercado nos castigue y el país pierda el grado de inversión que tanto trabajo costó obtener, producto de una nueva rebaja en la calificación de riesgo.
Al menos así coincidieron todos los expertos en mercado de capitales que participaron en nuestra reciente mesa: Diálogos sobre “Alternativas de inversión” (ver páginas 4-5). En concreto, permitir la caída de Petroperú impactaría en un encarecimiento del crédito para el país, mayor pérdida de atractivo para inversiones y, por consecuencia, se limitaría el crecimiento a mediano y largo plazo.
¿Qué hacer ante tan compleja situación? Cualquier plan de rescate gubernamental con el dinero de nuestros impuestos debe estar sujeto al ingreso de una gestión privada a Petroperú, como bien plantea su directorio trasitorio. La nueva administración necesita independencia absoluta del poder político para poder realizar cambios profundos en la gobernanza de la petrolera.
La pregunta es si esto es posible bajo el marco legal vigente o si se necesitaría un cambio en la leyes que permitan que un actor privado compre el 51% de las acciones de Petroperú para lograr esa verdadera indenpendencia y capacidad de ejecución que se necesita. La otra gran pregunta es si nuestro populista Congreso lo permitirá y si el débil Gobierno de Dina Boluarte se comprará el pleito.
Por lo pronto lo que tenemos es una empresa pública quebrada con riesgo de no pagar sus deudas y afectar así a toda la economía del país. Las miradas estarán puestas sobre la decisión que finalmente tomen los ministros de Economía, José Arista y el de Energía y Minas, Rómulo Mucho. Pero el tiempo se agota.
