Megaobra de la Calle 13 en Bogotá alcanza 50% de avance y proyecta entregas hasta 2028

La construcción de la megaobra vial de la Calle 13, en Bogotá, avanza con una ejecución cercana al 50%, un año después del inicio de la demolición controlada de los antiguos puentes conocidos como ‘El Pulpo’. El proyecto, que contempla una inversión superior a los $506.600 millones de pesos colombianos, busca reorganizar la circulación vehicular y mejorar la conexión entre la avenida Las Américas, la Calle 13 y los corredores del sistema de transporte público. La intervención está a cargo de Conconcreto y comprende la construcción de estructuras a diferentes niveles para distribuir el tránsito de vehículos particulares y buses de TransMilenio, además de obras complementarias para peatones y ciclistas.

De acuerdo con Carlos Mauricio Arango, gerente de Infraestructura de Conconcreto, la obra cuenta con siete frentes de trabajo activos y las pilas que soportarán los puentes ya se encuentran levantadas. Para mantener el ritmo de ejecución, cerca de 1.000 trabajadores participan en las labores, que se desarrollan durante las 24 horas en las zonas intervenidas. Uno de los principales desafíos consiste en ejecutar las obras sin interrumpir completamente la circulación en este sector de la capital, por lo que el tránsito se traslada progresivamente entre diferentes áreas mientras avanzan las actividades constructivas.

Tres niveles para reorganizar la movilidad

El proyecto contempla una infraestructura de tres niveles, diseñada para separar los movimientos vehiculares y mejorar la conexión entre los distintos corredores viales.

El tercer nivel incluye dos puentes principales para tráfico mixto, cada uno con tres carriles y una longitud aproximada de 700 metros. Estas estructuras permitirán conectar la avenida Las Américas en ambos sentidos y registran un avance del 67%. Según el cronograma informado por la constructora, se espera que estén terminadas durante el primer trimestre de 2027.

En el segundo nivel se construye una glorieta exclusiva para los buses de TransMilenio, con accesos y salidas destinados a organizar los desplazamientos del sistema de transporte masivo. Esta estructura supera el 50% de avance y su entrada en servicio está prevista para el segundo semestre de 2027.

Por su parte, el primer nivel contará con una glorieta destinada a distribuir el tráfico mixto hacia las diferentes vías del sector. Su finalización está programada para el primer semestre de 2028, de acuerdo con las fechas presentadas por Conconcreto.

La puesta en funcionamiento progresiva de estos niveles permitirá habilitar nuevas conexiones y facilitar la ejecución de las etapas restantes, al tiempo que contribuirá a reorganizar los flujos de tránsito en uno de los corredores estratégicos de Bogotá.

Cimentaciones y obras subterráneas marcan el avance

Antes de que las estructuras principales comenzaran a ser visibles desde la superficie, los equipos ejecutaron trabajos de cimentación para garantizar el soporte de los futuros puentes. Estas labores se desarrollaron entre noviembre y marzo e incluyeron la instalación de aproximadamente 1.080 micropilotes, algunos con profundidades de hasta 30 metros.

La cimentación constituye una etapa fundamental en este tipo de infraestructura, debido a que permite transferir las cargas de las estructuras hacia el terreno y proporcionar estabilidad a los puentes que soportarán el tránsito vehicular. Una vez completada buena parte de estos trabajos, la construcción avanzó hacia el levantamiento de las pilas y el desarrollo de las estructuras elevadas.

La programación requiere coordinar las actividades de ingeniería, construcción y manejo del tráfico para habilitar espacios de trabajo de manera progresiva. Esta metodología permite mantener la circulación en el sector mientras se ejecutan las diferentes fases de la intervención.

Inversión incluye infraestructura para peatones y ciclistas

Además de los puentes y las glorietas, el proyecto contempla pasos semideprimidos, infraestructura peatonal, ciclorrutas y otras obras complementarias destinadas a mejorar la conectividad y las condiciones de circulación. La intervención busca integrar los desplazamientos de vehículos particulares con el transporte público y ofrecer espacios para otros usuarios de la vía.

La magnitud de la obra exige mantener una coordinación constante entre los equipos técnicos y las autoridades responsables de la movilidad, especialmente durante los cambios temporales en los recorridos y la habilitación de nuevas áreas de construcción.

Con la inversión prevista y el avance reportado, la megaobra de la Calle 13 se perfila como una intervención relevante para la infraestructura vial de Bogotá. Los próximos hitos estarán relacionados con la culminación de los puentes del tercer nivel en el primer trimestre de 2027, la puesta en servicio de la glorieta de TransMilenio durante el segundo semestre de ese año y la finalización del primer nivel en el primer semestre de 2028.

Hitachi Energy invierte US$80 millones para ampliar su planta en Risaralda y proyecta ingresos de US$300 millones en 2026

Hitachi Energy avanza en la expansión de sus operaciones en Colombia con una inversión de US$80 millones destinada a modernizar y ampliar su fábrica de transformadores ubicada en Dosquebradas, departamento de Risaralda. El proyecto busca responder al crecimiento de la demanda de infraestructura eléctrica, fortalecer la capacidad industrial del país e incrementar las exportaciones hacia mercados internacionales. Según Javier Ricardo Ruiz, gerente de la compañía en Colombia, la empresa proyecta alcanzar ingresos cercanos a los US$300 millones durante 2026, considerando sus ventas nacionales y las operaciones de exportación.

La inversión contempla la ampliación de las instalaciones, la modernización de maquinaria y la incorporación de nuevos espacios para mejorar los procesos de fabricación de transformadores de potencia y distribución. De acuerdo con las previsiones de la empresa, las obras permitirán incrementar la capacidad productiva de la planta en aproximadamente un 50 % y generar más de 150 nuevos puestos de trabajo. La finalización integral del proyecto está prevista para 2028, con lo que se espera fortalecer la posición de Dosquebradas como un punto estratégico para la producción y exportación de equipos destinados a redes eléctricas.

Exportaciones y demanda internacional impulsan el crecimiento

Uno de los principales objetivos de Hitachi Energy es consolidar su presencia en los mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos y Europa, donde exporta transformadores fabricados en Colombia. Para 2026, la compañía espera superar los US$250 millones en exportaciones y alcanzar alrededor de US$100 millones en ventas dentro del mercado nacional. Estas proyecciones reflejan la importancia de la infraestructura eléctrica en los planes de expansión de la empresa, en un contexto de creciente demanda de equipos para transmisión y distribución de energía.

La ampliación de la planta también busca mejorar la capacidad de respuesta ante los requerimientos de las empresas de servicios públicos, los generadores eléctricos y los grandes consumidores industriales. Entre sus principales clientes en Colombia se encuentran ISA, Grupo Energía Bogotá, Celsia, el Grupo EPM, Isagen y Ecopetrol. La compañía también suministra soluciones para sectores como la minería, el cemento, las telecomunicaciones y la industria pesada.

Tecnología para fortalecer las redes eléctricas

Además de la fabricación de transformadores, Hitachi Energy desarrolla soluciones de alta tensión, equipos para subestaciones, sistemas de control y protección, automatización, telecomunicaciones y almacenamiento de energía. Estas tecnologías están orientadas a mejorar la estabilidad y flexibilidad de las redes eléctricas, así como a facilitar la incorporación de fuentes renovables y la digitalización de los sistemas energéticos.

En Bogotá, la empresa dispone de otra planta dedicada al ensamblaje de tableros de control y protección y al desarrollo de soluciones de automatización. Esta instalación fue objeto de una ampliación en 2024 para fortalecer la atención de proyectos en Colombia y otros mercados latinoamericanos.

En el caso de Ecopetrol, Hitachi Energy suministra transformadores personalizados, subestaciones y soluciones destinadas a reforzar la infraestructura eléctrica y facilitar la integración de energías renovables en sus operaciones. Esta línea de negocio amplía el alcance de la compañía más allá de la fabricación de equipos y la posiciona también como proveedora de tecnología y servicios para la modernización de redes.

Risaralda fortalece su capacidad industrial

La inversión de US$80 millones representa una apuesta por el desarrollo industrial de Risaralda y por el fortalecimiento de la cadena de suministro eléctrica colombiana. El incremento de la capacidad de fabricación permitirá atender una mayor demanda de transformadores y ampliar las posibilidades de exportación, mientras que la creación de nuevos empleos contribuirá a la demanda de personal técnico especializado en la región.

Con la culminación prevista para 2028, Hitachi Energy busca consolidar una plataforma productiva capaz de atender tanto el mercado nacional como proyectos internacionales. La evolución de la demanda eléctrica, la expansión de las redes de transmisión y la incorporación de energías renovables serán factores relevantes para el desarrollo de sus operaciones y el cumplimiento de sus objetivos comerciales.

NADBank destinará US$300 millones a infraestructura ambiental fronteriza

El Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank) anunció una asignación de hasta US$300 millones para ampliar el financiamiento de proyectos de infraestructura ambiental en la región fronteriza entre México y Estados Unidos. Los recursos se canalizarán mediante instituciones financieras públicas y privadas, con el objetivo de facilitar el acceso al crédito para iniciativas que requieren financiamiento de largo plazo y que, por su escala, suelen enfrentar dificultades para obtener recursos.

La iniciativa se implementará mediante el Programa de Acceso a Financiamiento (PAFi), una herramienta que permitirá al banco ampliar el alcance de sus inversiones y movilizar capital a través de intermediarios financieros calificados. El esquema está dirigido tanto al sector público como al privado y prioriza proyectos que contribuyan a mejorar los servicios esenciales, proteger los recursos naturales y fortalecer la competitividad económica de las comunidades fronterizas.

Agua, saneamiento y energía entre los sectores prioritarios

El programa contempla financiar proyectos de abastecimiento de agua potable, saneamiento, conservación de recursos hídricos, manejo de residuos sólidos y mejora de la calidad del aire. También incluye infraestructura y equipamiento hidráulico, plantas de tratamiento de aguas residuales, tecnologías de bajas emisiones, sistemas de generación y almacenamiento de energía, eficiencia energética y edificaciones sostenibles.

La diversificación de los sectores elegibles busca responder a las necesidades de infraestructura ambiental de la frontera, donde el crecimiento urbano e industrial aumenta la demanda de agua, energía y servicios de gestión de residuos. Las inversiones podrán contribuir a mejorar la capacidad de los sistemas existentes y facilitar la incorporación de tecnologías que reduzcan el impacto ambiental de las actividades productivas.

John Beckham, director general de NADBank, explicó que el programa permitirá movilizar mayores inversiones mediante intermediarios financieros y ampliar el impacto de la institución en sectores estratégicos para el desarrollo sostenible. Según el directivo, el mecanismo también contribuirá a mejorar el acceso de las comunidades a servicios fundamentales, como el agua potable, el saneamiento y la electricidad.

Financiamiento para proyectos de menor escala

Uno de los objetivos centrales del PAFi es atender iniciativas de menor escala que no siempre reúnen las condiciones necesarias para acceder directamente a las fuentes tradicionales de financiamiento de largo plazo. Mediante la participación de instituciones financieras calificadas, NADBank busca distribuir los recursos entre un mayor número de proyectos públicos y privados en la región.

Los financiamientos podrán estructurarse mediante créditos corporativos con garantía o sin garantía específica, emisiones de bonos y esquemas de financiamiento respaldados por vehículos de propósito específico o activos financieros. Estas alternativas permitirán adaptar las condiciones del crédito a las características de cada iniciativa y a las necesidades de sus promotores.

El modelo también abre oportunidades para empresas que desarrollan soluciones de infraestructura ambiental, proveedores de tecnología, operadores de servicios públicos y entidades responsables de proyectos hidráulicos y energéticos. Sin embargo, el acceso efectivo a los recursos dependerá de los criterios de elegibilidad y de las condiciones de evaluación aplicables a cada financiamiento.

Cooperación binacional para la infraestructura sostenible

NADBank es una institución financiera establecida y capitalizada en partes iguales por los gobiernos de México y Estados Unidos. Su mandato consiste en financiar proyectos de infraestructura ambiental a lo largo de la frontera común, mediante iniciativas que combinen sostenibilidad ambiental, viabilidad financiera y beneficios para las comunidades.

El nuevo programa se suma a los mecanismos con los que la institución busca responder a las necesidades de infraestructura de la región. Al utilizar intermediarios financieros, el banco pretende ampliar la cobertura de sus recursos y facilitar la participación de proyectos que requieren inversiones para mejorar servicios básicos o incorporar tecnologías más eficientes.

La disponibilidad de hasta US$300 millones representa una oportunidad de financiamiento para proyectos ambientales en ambos lados de la frontera. El siguiente paso será la distribución de los recursos entre las instituciones participantes y su posterior colocación en iniciativas elegibles, de acuerdo con las condiciones del programa.

Con el PAFi, NADBank busca fortalecer la inversión en agua, saneamiento, energía y gestión ambiental, sectores que resultan fundamentales para el crecimiento urbano e industrial de la región fronteriza. La ejecución de los proyectos permitirá evaluar el alcance del mecanismo y su contribución a la ampliación de los servicios y al desarrollo sostenible de las comunidades.

Nuevo León firma tres alianzas para fortalecer infraestructura energética

El Clúster Energético de Nuevo León firmó tres convenios de colaboración para impulsar el desarrollo de la infraestructura energética y fortalecer las capacidades técnicas de la industria en el estado mexicano. Los acuerdos se concretaron durante la novena edición del Encuentro Energético, realizada en el marco del décimo aniversario de la organización, que reúne a representantes de la industria, la academia y el sector público.

Durante dos jornadas, especialistas analizaron los principales desafíos relacionados con el suministro energético, la descarbonización industrial y la transición hacia modelos de operación más sostenibles. Las discusiones también abordaron las necesidades de electricidad y gas natural de las empresas manufactureras, las alternativas de generación propia y cogeneración, y la incorporación de tecnologías para mejorar la eficiencia energética.

Tres acuerdos para ampliar la colaboración industrial

El primer convenio fue suscrito con la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León (CAPROBI), con el objetivo de coordinar acciones frente a las necesidades energéticas derivadas del crecimiento inmobiliario vertical y la expansión de los polos industriales. La alianza busca vincular el desarrollo de nuevos espacios urbanos y productivos con los requerimientos de suministro e infraestructura.

El segundo acuerdo se estableció con la Asociación de Contratistas Electricistas del Noreste, para fortalecer la colaboración técnica y operativa entre las organizaciones. Esta relación permitirá promover el intercambio de conocimientos y la coordinación entre profesionales que participan en instalaciones y proyectos eléctricos, aspectos relevantes para acompañar el crecimiento industrial de la entidad.

El tercer convenio corresponde a la renovación de la colaboración con ASHRAE Capítulo Monterrey, orientada a impulsar soluciones de climatización y eficiencia energética en edificios e instalaciones industriales. Este ámbito adquiere relevancia ante el crecimiento de los centros de datos, las instalaciones manufactureras y los desarrollos inmobiliarios, que requieren sistemas de refrigeración y acondicionamiento térmico con un consumo energético optimizado.

Descarbonización y seguridad energética

Durante el encuentro también se analizaron alternativas para reducir las emisiones industriales más allá de la electrificación tradicional. Entre los temas abordados estuvieron los esquemas de energía propia y cogeneración para el sector manufacturero, la gestión energética mediante ingeniería especializada y las oportunidades de mejora en sistemas de refrigeración.

Las sesiones incluyeron además aspectos regulatorios relacionados con la comercialización de electricidad, gas natural y petrolíferos, así como el papel de la infraestructura logística en la integración económica de América del Norte. Estos factores inciden en la competitividad de las empresas y en su capacidad para responder a los cambios de la demanda energética.

Eleazar Rivera, director general del Clúster Energético de Nuevo León, destacó que los retos actuales requieren una cooperación estrecha y decisiones coordinadas entre los sectores productivo, académico y gubernamental. La organización considera que la articulación entre estos actores es necesaria para desarrollar soluciones de largo plazo que acompañen el crecimiento de la industria.

La firma de los convenios se produce en un contexto de mayores necesidades de energía para las actividades manufactureras y los nuevos desarrollos inmobiliarios de Nuevo León. La expansión de la demanda exige avanzar en infraestructura, mejorar la eficiencia de las instalaciones y diversificar las alternativas de suministro para reducir vulnerabilidades operativas.

Con estas alianzas, el Clúster Energético busca consolidar una red de colaboración que conecte las necesidades de las empresas con las capacidades técnicas de proveedores y especialistas. La efectividad de los acuerdos dependerá de las iniciativas que se desarrollen a partir de ellos y de su contribución concreta a la eficiencia, la seguridad del suministro y la descarbonización de la actividad industrial en el estado.

Cerro Verde invertirá US$363 millones en agua en Arequipa

Sociedad Minera Cerro Verde destinará US$363 millones a proyectos de infraestructura hídrica y saneamiento en Arequipa, como parte de los compromisos asumidos con el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar). La inversión busca fortalecer el abastecimiento de agua para la población, mejorar la infraestructura de saneamiento y contribuir a la continuidad de las actividades agrícolas y mineras en la región.

El compromiso forma parte de un paquete que supera los US$1.200 millones e incluye proyectos de inversión directa, obras mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) y la posibilidad de desarrollar una nueva infraestructura de tratamiento de aguas residuales si el crecimiento de la ciudad requiere mayor capacidad. Los acuerdos se enmarcan en el denominado Círculo Virtuoso del Agua, iniciativa que vincula la infraestructura hídrica con la recuperación ambiental y el desarrollo regional.

Inversión en tratamiento y abastecimiento de agua

De acuerdo con lo expuesto por Julia Torreblanca, vicepresidenta sénior de Asuntos Corporativos de Cerro Verde, los US$363 millones corresponden a inversión directa de la compañía. A ello se suman hasta US$510 millones mediante Obras por Impuestos para proyectos de agua y saneamiento identificados por Sedapar, además de una inversión potencial de US$419 millones para un futuro sistema de tratamiento de aguas residuales, condicionado a las necesidades de capacidad de la ciudad.

Uno de los componentes centrales es la continuidad de la operación y el mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales La Enlozada, cuyo funcionamiento está comprometido hasta 2060 o hasta el cierre de las operaciones de Cerro Verde, según lo establecido en el convenio. La infraestructura permite tratar aproximadamente el 95% de las aguas residuales de Arequipa Metropolitana y posibilita la reutilización de parte del agua tratada en las operaciones mineras.

El acuerdo también contempla avanzar en la ampliación de La Enlozada. La segunda etapa permitirá incrementar progresivamente la capacidad de tratamiento de 1.800 a 2.800 litros por segundo, de acuerdo con los antecedentes del convenio. Esta ampliación busca responder a las necesidades futuras de saneamiento y fortalecer la gestión de las aguas residuales urbanas.

Infraestructura para la agricultura y la población

Los compromisos de Cerro Verde se suman a otras obras desarrolladas en la región para mejorar el almacenamiento, la conducción y el aprovechamiento del agua. Entre ellas destacan las represas Pillones, Bamputañe y San José de Uzuña, que desde 2006 han permitido almacenar más de 1.600 millones de metros cúbicos de agua, según las cifras presentadas por la compañía.

La empresa también ha construido o mejorado más de 90 kilómetros de canales de riego, infraestructura que contribuye a la disponibilidad de agua para la actividad agrícola. Estas obras forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la seguridad hídrica de Arequipa, donde el recurso es fundamental para el consumo urbano, la producción agropecuaria y las operaciones industriales.

En el marco del convenio con Sedapar, también se consideran proyectos para reforzar instalaciones de captación y conducción de agua potable. Entre las intervenciones identificadas se encuentran obras vinculadas a la línea de conducción desde Charcani V hacia la captación de la planta Miguel de la Cuba Ibarra, así como medidas de protección para infraestructura expuesta a riesgos asociados a las lluvias y los huaicos.

Agua como factor estratégico para la minería

La inversión en infraestructura hídrica tiene relevancia para el desarrollo de la actividad minera en el sur del Perú, donde la disponibilidad de agua constituye un factor clave para la continuidad operacional y la relación con las comunidades. La reutilización de aguas residuales tratadas permite reducir la presión sobre fuentes de agua dulce y vincular las necesidades de saneamiento urbano con los requerimientos de la industria.

Para Cerro Verde, la continuidad de La Enlozada y el desarrollo de nuevas obras forman parte de una estrategia de largo plazo que busca combinar el tratamiento de aguas residuales, la reutilización del recurso y la mejora de los sistemas de abastecimiento. La empresa ha señalado que el modelo también contribuye a recuperar la calidad del río Chili y a generar beneficios para la agricultura regional.

La ejecución de los proyectos dependerá de la planificación técnica, la coordinación con Sedapar y las entidades correspondientes, y el avance de las obras contempladas en los convenios. Con estos compromisos, Cerro Verde busca fortalecer la infraestructura hídrica de Arequipa y ampliar la capacidad de respuesta frente a las necesidades futuras de agua y saneamiento de la región.

ANIN necesita S/ 8.000 millones para obras en 2027

La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) requiere S/ 8.000 millones para ejecutar su cartera de inversiones durante 2027; sin embargo, el presupuesto previsto para el próximo año asciende a solo S/ 1.700 millones. Así lo advirtió el jefe de la entidad, Hernán Yaipén, durante su participación en INFRACON 2026, donde señaló que será necesario gestionar recursos adicionales para atender los proyectos programados y cumplir los compromisos de infraestructura.

La diferencia entre los recursos requeridos y el presupuesto previsto alcanza los S/ 6.300 millones, una brecha que condiciona la programación de las obras. Según Yaipén, la ANIN mantiene coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para sustentar sus necesidades presupuestales, evaluar alternativas de financiamiento y establecer prioridades de ejecución de cara al próximo año.

Uno de los principales factores que inciden en esta planificación es la necesidad de fortalecer la infraestructura de prevención y protección frente a los efectos del fenómeno de El Niño. Entre las intervenciones prioritarias se encuentran las defensas ribereñas, las soluciones integrales para reducir el riesgo de inundaciones y las obras en quebradas, destinadas a proteger a las poblaciones expuestas a lluvias intensas y desbordes.

La situación presupuestal también afecta la continuidad de proyectos heredados de la extinta Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). De los 194 proyectos e intervenciones transferidos a la ANIN, todavía quedan 84 pendientes de entrega, según el balance presentado por su titular. Parte de esta cartera comprende infraestructura educativa, establecimientos de salud y obras de protección frente a inundaciones.

En julio de 2026, la ANIN informó que entre 2024 y 2026 se había generado una brecha acumulada de S/ 9.301 millones en el financiamiento de los proyectos transferidos. La entidad sostuvo que las asignaciones presupuestales aprobadas fueron inferiores a los requerimientos técnicos y contractuales, lo que obligó a reprogramar parte de las inversiones. También indicó que, pese a las restricciones, había culminado nuevas obras en educación, salud y protección contra inundaciones.

La planificación para 2027 se desarrolla, por tanto, en un escenario en el que la entidad debe atender tanto los compromisos pendientes como nuevas necesidades de infraestructura. La disponibilidad de recursos será determinante para definir los cronogramas, mantener los contratos en ejecución y priorizar las intervenciones con mayor impacto en la reducción de riesgos y la protección de la población.

El proceso de coordinación con el MEF deberá establecer qué proyectos recibirán financiamiento y bajo qué condiciones se distribuirán los recursos adicionales. Para ello, la ANIN tendrá que conciliar las obligaciones contractuales existentes con las prioridades de prevención y respuesta ante eventos climáticos, evitando comprometer gastos sin respaldo presupuestal.

La brecha anunciada evidencia uno de los principales desafíos para la ejecución de infraestructura pública en Perú durante 2027: asegurar que la programación de inversiones esté acompañada por recursos suficientes. La capacidad de cerrar esa diferencia será clave para avanzar en las obras de protección, completar proyectos heredados y reducir la exposición de las comunidades a inundaciones y otros riesgos asociados a El Niño.

ProInversión compromete US$27.000 millones en cuatro años

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó que ha acumulado US$27.000 millones en financiamiento comprometido entre 2023 y 2026 mediante mecanismos de inversión público-privada. El balance fue presentado durante INFRACON 2026, donde la entidad también expuso su nueva etapa institucional, que incorpora la ejecución de determinados proyectos estratégicos, además de sus funciones tradicionales de promoción y estructuración de inversiones.

El director ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, señaló que el cambio busca facilitar el desarrollo de obras prioritarias, superar obstáculos administrativos y acelerar proyectos que contribuyan a cerrar brechas de infraestructura y mejorar los servicios públicos. La entidad busca fortalecer su capacidad de intervención para que las iniciativas avancen desde su planificación hasta las etapas necesarias para su ejecución.

Como parte de esta estrategia, ProInversión estableció la meta de movilizar US$10.000 millones anuales durante los próximos cinco años. Para alcanzar ese objetivo, dispone de una cartera de 87 proyectos y ocho adendas que representan aproximadamente US$40.000 millones para el periodo 2026-2030. Las iniciativas se canalizarán mediante modalidades como las Asociaciones Público-Privadas (APP) y los Proyectos en Activos, que permiten incorporar capital y capacidades privadas al desarrollo de infraestructura.

La cartera contempla proyectos que pueden contribuir al cierre de brechas en sectores como transporte, saneamiento, energía y otros servicios públicos. La participación privada permite distribuir responsabilidades entre el Estado y los inversionistas, de acuerdo con las condiciones de cada contrato. Sin embargo, el avance de las iniciativas dependerá de su estructuración, la disponibilidad de financiamiento, la obtención de permisos y el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

Otro mecanismo destacado durante INFRACON 2026 fue Obras por Impuestos (OxI), que permite a las empresas financiar y ejecutar proyectos públicos mediante un esquema de reconocimiento tributario. ProInversión indicó que las adjudicaciones bajo esta modalidad se aproximan a los S/10.000 millones en 2026, reflejando el crecimiento de este instrumento como alternativa para acelerar inversiones en infraestructura y servicios.

La entidad también destacó el respaldo de representantes del sector privado, autoridades regionales y organismos internacionales. Roque Benavides, presidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, reconoció el trabajo de ProInversión, mientras que la embajadora del Reino Unido en Perú, Su-Lin Garbett-Shiels, resaltó las oportunidades de cooperación bilateral. Por su parte, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, destacó el acompañamiento técnico de la agencia para impulsar proyectos en el ámbito regional.

La ampliación de las funciones de ProInversión representa un cambio en la gestión de la infraestructura pública peruana. Además de promover la participación privada, la entidad podrá asumir la ejecución de determinados proyectos, con el propósito de reducir demoras y mejorar la coordinación entre las etapas de desarrollo. La efectividad de este nuevo rol dependerá de la definición de responsabilidades, la asignación de recursos y la capacidad de convertir las carteras anunciadas en obras y servicios operativos.

El reto para el periodo 2026-2030 será materializar los compromisos financieros y avanzar en la ejecución de los proyectos previstos. La magnitud de la cartera ofrece una referencia del volumen de inversión que se busca movilizar, pero sus resultados se medirán por el avance físico de las obras, la calidad de los servicios entregados y su contribución a la conectividad, la productividad y el bienestar de la población.

Con los resultados presentados en INFRACON 2026, ProInversión busca consolidar su papel como articulador entre el Estado y el sector privado. La meta de movilizar US$10.000 millones anuales y desarrollar una cartera cercana a US$40.000 millones sitúa a la agencia ante el desafío de fortalecer la estructuración, el financiamiento y la ejecución de proyectos que respondan a las necesidades de infraestructura del país.

Fondo Milagro inicia reuniones para reconstruir zonas afectadas por terremoto

El Consejo Directivo del Fondo Milagro realizará su primera sesión de trabajo para definir las prioridades de atención y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia. El encuentro marca el inicio de la fase operativa del mecanismo financiero creado por el Gobierno para canalizar recursos hacia la recuperación de viviendas, infraestructura pública y servicios esenciales en los territorios damnificados.

Durante una intervención ante la Comisión Accidental Bicameral del Congreso, el viceministro de Hacienda, Andrés Quevedo, informó que el patrimonio autónomo ya está constituido y cuenta con una asignación inicial de $624.000 millones. Los recursos servirán para respaldar las primeras acciones de recuperación, mientras las autoridades avanzan en la definición de los proyectos y las condiciones para su ejecución.

Una de las principales tareas del Consejo Directivo será establecer las intervenciones prioritarias y aprobar los instrumentos administrativos que permitirán poner en marcha las contrataciones. Entre ellos se encuentran el manual operativo, el manual de contratación y las directrices para organizar la ejecución de las obras, con el propósito de garantizar una gestión transparente y una asignación de recursos acorde con las necesidades de las comunidades afectadas.

El gerente del fondo, Jaime Uribe, explicó que el inicio de las operaciones dependía de la entrega y aprobación del Plan de Acción Específico por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Este documento define la hoja de ruta para coordinar las medidas de asistencia, recuperación y reconstrucción. Una vez aprobado, permitirá al fondo avanzar en la priorización de proyectos y en la definición de sus primeras intervenciones.

Entre las actuaciones iniciales previstas se encuentran las demoliciones de edificaciones que presentan riesgo de colapso, además de otras medidas destinadas a reducir los peligros para la población y facilitar la recuperación de las zonas urbanas afectadas. Las intervenciones deberán coordinarse con las autoridades locales y las entidades responsables de la gestión del riesgo, de acuerdo con los diagnósticos técnicos y los censos de damnificados.

El Fondo Milagro fue creado mediante el Decreto 1379 del 9 de septiembre de 2026 como un patrimonio autónomo para administrar recursos destinados a la asistencia humanitaria, la rehabilitación, la reconstrucción, la reactivación económica y la reducción del riesgo. Su alcance incluye proyectos de vivienda y hábitat, hospitales, centros educativos, carreteras, sistemas de agua potable, saneamiento, energía y telecomunicaciones.

El Gobierno también estableció mecanismos de seguimiento y control para vigilar el uso de los recursos. El esquema contempla la selección de una firma internacional de auditoría independiente, además de la supervisión fiscal de la Contraloría General de la República. Asimismo, el Consejo Directivo tendrá a su cargo la aprobación de los proyectos financiados, los criterios de priorización y las metas e indicadores para evaluar los resultados.

La puesta en marcha del fondo ocurre más de dos meses después del terremoto, por lo que el desafío inmediato será traducir la disponibilidad presupuestal en acciones concretas sobre el territorio. Para ello, será necesario coordinar los recursos nacionales con las necesidades identificadas por las autoridades locales y establecer cronogramas verificables para las obras y los programas de recuperación.

Con la primera sesión del Consejo Directivo, el Fondo Milagro inicia una etapa decisiva para la reconstrucción. La aprobación de sus procedimientos y la selección de las intervenciones iniciales determinarán el ritmo con el que se ejecutarán los recursos y se atenderán las necesidades de las familias y comunidades que aún esperan soluciones tras la emergencia.

Colombia define hoja de ruta para Aerocafé y vías de Caldas

El Gobierno de Colombia anunció una hoja de ruta para avanzar en varios proyectos estratégicos de infraestructura en el departamento de Caldas, entre ellos el Aeropuerto del Café (Aerocafé), la concesión Autopistas del Café y nuevas conexiones viales con el corredor Pacífico 3. Los compromisos fueron presentados durante una reunión encabezada por la ministra de Transporte, Elsa Noguera, junto con el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, y representantes de entidades regionales.

Uno de los principales puntos de la agenda es Aerocafé, proyecto aeroportuario ubicado en Palestina que busca mejorar la conectividad aérea de Caldas y del Eje Cafetero. El Gobierno anunció la designación de la ingeniera Claudia Pilar Calderón como representante presidencial ante el Comité Fiduciario del patrimonio autónomo del proyecto. Además, se prevé avanzar en la selección de un nuevo gerente para coordinar las siguientes etapas de ejecución.

La ministra señaló que la prioridad es reactivar los frentes de obra que ya cuentan con contratos vigentes y gestionar los recursos necesarios para construir la terminal de pasajeros, correspondiente al lado tierra del aeropuerto. Los contratos actuales se concentran en el lado aire, que comprende la pista y las calles de rodaje. También se buscará establecer las bases técnicas para una futura ampliación de la pista que permita recibir vuelos internacionales.

En paralelo, el Ejecutivo confirmó que la concesión Autopistas del Café continuará operando hasta septiembre de 2027, mientras la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) estructura una alternativa para el futuro del corredor. La extensión busca mantener los estándares de operación, mantenimiento y atención a los usuarios mientras se define el modelo de desarrollo de esta infraestructura vial.

Entre las posibilidades que podrían volver a evaluarse figura el proyecto IP Conexión Centro, que había perdido impulso durante el Gobierno anterior. Su eventual reactivación dependerá de las decisiones de estructuración de la ANI y de la evaluación de los mecanismos que permitan garantizar la continuidad de las obras y la financiación requerida.

La agenda también contempla destrabar tres proyectos viales que presentan dificultades administrativas ante el Ministerio de Transporte y la ANI. Entre ellos se encuentra el puente La María, en Aguadas, cuya conexión requiere una definición sobre las alternativas de retorno hacia la Troncal de Occidente; el puente La Manuela, en Palestina, y la vía Supía-Caramanta, que necesita ajustes técnicos y recursos adicionales para ejecutar trabajos de contención, estabilización y manejo de aguas.

En el caso de la vía Supía-Caramanta, la Gobernación de Caldas ha solicitado $14.000 millones adicionales para atender las necesidades de intervención del tramo correspondiente al departamento. La resolución de estos trámites permitiría avanzar en nuevas contrataciones y mejorar las conexiones entre municipios y corredores regionales.

La estrategia incluye además el desarrollo de conexiones que se integrarán a la concesión Pacífico 3. Entre las iniciativas mencionadas están un puente sobre el río Cauca para conectar a Pácora y el ramal La Manuela-Palestina, que facilitaría el acceso hacia Aerocafé. Estas obras buscan mejorar la movilidad regional y fortalecer la articulación entre la infraestructura aeroportuaria y la red vial del Eje Cafetero.

Las autoridades departamentales también presentaron otras necesidades de inversión para su eventual inclusión en el presupuesto de 2027 y en la planificación nacional. Entre ellas figuran el mejoramiento de la vía Arma-La María, en Aguadas, y la segunda etapa de las Vías del Hermanamiento Caldas-Antioquia, en Supía. Asimismo, se planteó gestionar recursos para intervenir nueve kilómetros de la vía Petaqueros-Río Guarinó, corredor que facilita el acceso a varios municipios del oriente de Caldas.

El avance de estos proyectos dependerá de la solución de los trámites pendientes, la disponibilidad presupuestal y la coordinación entre el Gobierno nacional, las autoridades territoriales y las entidades responsables. En Aerocafé, el reto central será financiar las obras complementarias para que la pista pueda operar con una terminal de pasajeros; en materia vial, la prioridad será asegurar la continuidad de la concesión y convertir los compromisos anunciados en obras contratadas y ejecutadas.

Con esta hoja de ruta, el Gobierno busca impulsar la conectividad de Caldas y fortalecer la infraestructura necesaria para el transporte de pasajeros, el movimiento de mercancías y la competitividad regional. La ejecución efectiva de las iniciativas será determinante para reducir las brechas de movilidad y mejorar la integración del departamento con otros corredores estratégicos del país.

Colombia liquidará Caminos Comunitarios y lanzará nuevo plan vial

El Gobierno de Colombia anunció la liquidación del programa Caminos Comunitarios para la Paz, iniciativa impulsada durante la administración de Gustavo Petro para mejorar la infraestructura vial rural mediante la participación de las comunidades. La decisión fue confirmada por el director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Juan Camilo Ostos, durante un debate ante la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, en el que expuso los rezagos de ejecución y los planes para reorganizar las intervenciones en las carreteras del país.

Según las cifras presentadas por Ostos, el programa contemplaba inicialmente la intervención de 33.000 kilómetros de vías terciarias, pero solo se habrían intervenido alrededor de 4.000 kilómetros bajo el balance expuesto por el funcionario. Esto representa una brecha de aproximadamente 29.000 kilómetros frente a la meta anunciada. Invías avanza ahora en el proceso administrativo de liquidación para cerrar compromisos pendientes y redirigir sus capacidades técnicas y presupuestales hacia un nuevo esquema de infraestructura.

La decisión se produce en medio de cuestionamientos sobre la disponibilidad de recursos para ejecutar las obras. Durante el debate, el representante a la Cámara Víctor Salcedo afirmó que cerca de medio billón de pesos habría quedado congelado al cierre de 2025 por dificultades en los giros del Ministerio de Hacienda. El congresista sostuvo que esta situación afectó la continuidad de proyectos estratégicos. Sin embargo, el Gobierno también señaló la necesidad de revisar el avance físico y financiero del programa antes de dar paso a la nueva estrategia.

Como reemplazo, la administración del presidente Abelardo de la Espriella prepara el programa Los Caminos del Tigre, que ampliaría el alcance de las intervenciones más allá de las vías terciarias. La propuesta contempla actuar también sobre carreteras secundarias y corredores regionales, mediante trabajos de rehabilitación, mantenimiento periódico y construcción de nueva infraestructura.

La meta global anunciada para Los Caminos del Tigre es intervenir 30.000 kilómetros de carreteras. El nuevo esquema busca priorizar la conectividad regional y mejorar las condiciones de circulación en zonas rurales, donde el deterioro de las vías puede elevar los costos de transporte, dificultar el acceso a servicios básicos y limitar la movilización de productos agrícolas y otros bienes.

Invías también anticipó que el sector transporte trabaja en un nuevo mecanismo de financiación para la vigencia 2027. El instrumento buscaría acelerar las obras en ejecución y respaldar proyectos adicionales agrupados en la iniciativa denominada Vías de la Patria Milagro. Su estructuración deberá avanzar junto con la definición del presupuesto y la discusión del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso durante el primer semestre de 2027.

El cambio de programa representa una modificación en la estrategia de inversión vial del Gobierno colombiano. Mientras Caminos Comunitarios para la Paz priorizaba las intervenciones en vías rurales con participación de organizaciones comunitarias, Los Caminos del Tigre plantea una cobertura más amplia, con obras de mantenimiento, rehabilitación y construcción en diferentes niveles de la red regional.

La liquidación del programa anterior y la puesta en marcha del nuevo esquema estarán condicionadas por la capacidad de cerrar compromisos pendientes, asegurar fuentes de financiación y establecer mecanismos de seguimiento que permitan medir el avance real de las obras. El reto será convertir las metas anunciadas en intervenciones efectivas y mejorar la conectividad de las comunidades que dependen de las carreteras rurales y regionales para sus actividades económicas y su acceso a servicios.