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Gobierno chileno propone simplificar régimen de patentes mineras

El Gobierno de Chile ingresó nuevas indicaciones al proyecto de ley que busca simplificar el régimen de patentes mineras, con modificaciones orientadas principalmente a fortalecer a la pequeña y minería artesanal, ajustar aspectos regulatorios y modernizar el sistema de remates de concesiones morosas. La iniciativa continúa ahora su discusión parlamentaria en el Senado.

Las indicaciones fueron presentadas ante la Comisión de Minería y Energía del Senado luego de un proceso de revisión técnica entre los equipos asesores del Congreso y del Ministerio de Minería. El proyecto había sido aprobado en general por la Sala del Senado el 9 de septiembre, con 29 votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

Uno de los principales cambios busca ampliar la cobertura del régimen especial para la pequeña minería y la minería artesanal. La propuesta plantea eliminar la exigencia de acreditar servidumbres y aumentar de 100 a 150 hectáreas la superficie beneficiada para la pequeña minería. Para la minería artesanal, el límite pasaría de 50 a 100 hectáreas.

El Ejecutivo también propone establecer reglas más claras para que los pequeños productores puedan acceder a los beneficios de las patentes mineras sin enfrentar una carga administrativa permanente. La iniciativa busca adaptar el régimen a las características productivas de la minería metálica y no metálica y trasladar determinadas reglas de pago fuera del nivel legal, con el propósito de otorgar mayor flexibilidad regulatoria.

Otro componente corresponde a la modernización del sistema de remates de concesiones mineras morosas. Esta modificación forma parte de las cuatro áreas principales sobre las que se concentran las indicaciones, junto con el fortalecimiento de la pequeña minería, los ajustes regulatorios y la incorporación de disposiciones transitorias para implementar los cambios de manera gradual.

El proyecto busca modificar el actual esquema de patentes, que contempla mecanismos de cobro y requisitos que han sido considerados una barrera para determinados pequeños y medianos productores. La propuesta original ya planteaba eliminar el aumento progresivo de las patentes y simplificar los requisitos vinculados con superficie, parentesco y tipos societarios para acceder a una patente rebajada.

La discusión legislativa ocurre mientras el Gobierno busca entregar mayor certeza regulatoria al sector minero, especialmente a productores de menor escala. El Ministerio de Minería ha señalado que la simplificación pretende facilitar la exploración y explotación y reducir obstáculos administrativos que pueden afectar el desarrollo de proyectos.

Las indicaciones serán revisadas por la Comisión de Minería y Energía del Senado antes de continuar con la discusión en particular y su eventual votación en la Sala. Si el proyecto avanza, Chile contaría con un régimen de patentes con reglas diferenciadas para la pequeña minería, nuevos criterios para las concesiones y un sistema actualizado para abordar las patentes morosas.

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ENAMI impulsa agenda para fortalecer la minería en Arica y Parinacota

La Empresa Nacional de Minería (ENAMI) desplegó una agenda territorial en la Región de Arica y Parinacota para fortalecer la actividad minera, generar nuevas oportunidades productivas y apoyar a los pequeños productores. La visita incluyó reuniones con autoridades regionales, productores y representantes del sector, además de recorridos por operaciones mineras.

La delegación estuvo encabezada por el vicepresidente ejecutivo de ENAMI, Juan Carlos Sáez, acompañado por el gerente de Fomento, Yerko González, y el jefe de la Oficina Minera de Antofagasta, Patricio Iriarte. El objetivo fue conocer directamente las condiciones de operación de los productores locales, identificar necesidades y evaluar alternativas para impulsar el desarrollo de la actividad minera regional.

Durante la jornada, Sáez destacó que la región cuenta con activos que pueden servir como base para ampliar la actividad minera, entre ellos propiedad minera, recursos geológicos y experiencia de los productores locales. En este escenario, ENAMI busca reforzar su función de fomento y generar mejores condiciones para que la pequeña minería pueda desarrollar sus proyectos y aumentar su aporte productivo.

La estrategia también se relaciona con el fortalecimiento de la capacidad de procesamiento y comercialización de minerales. ENAMI ha planteado a nivel nacional la necesidad de modernizar sus plantas, optimizar sus activos y agilizar los procesos de recepción, certificación y procesamiento para evitar acumulaciones de mineral y mejorar los tiempos de respuesta a los productores.

En paralelo, la estatal trabaja en iniciativas destinadas a ampliar y modernizar su infraestructura productiva. Entre sus proyectos se encuentran inversiones para mejorar plantas, aumentar la recuperación de cobre, incorporar sistemas de relaves filtrados y elevar la eficiencia en el uso del agua, elementos que forman parte de la estrategia de modernización de ENAMI.

Para Arica y Parinacota, el impulso de la actividad minera también representa una oportunidad para fortalecer el empleo y la economía regional, especialmente mediante el desarrollo de pequeños productores y proveedores vinculados a las operaciones. La coordinación con las autoridades locales busca además integrar la actividad minera con otras iniciativas de conectividad y desarrollo productivo que se proyectan para el extremo norte de Chile.

La agenda territorial se desarrolla en un contexto en el que ENAMI busca modernizar su operación y recuperar capacidad de procesamiento. Entre las medidas planteadas por la compañía y el Gobierno se encuentran la optimización de activos no estratégicos, la simplificación de trámites y el fortalecimiento de la pequeña y mediana minería, sectores que generan empleo directo e indirecto y aportan producción de cobre y oro.

Con esta agenda, ENAMI apunta a consolidar una mayor presencia en Arica y Parinacota y a identificar proyectos que puedan avanzar desde la exploración y producción hasta etapas de procesamiento y comercialización. El desafío será articular los recursos mineros disponibles, la infraestructura productiva y el acompañamiento técnico para convertir ese potencial en nuevas oportunidades de inversión y empleo regional.

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Hannan Metals amplía mineralización en proyecto Previsto

La canadiense Hannan Metals amplió de 305 a 410 metros la longitud conocida de una zona de roca mineralizada en Previsto Central, uno de los principales prospectos de su proyecto Previsto, ubicado en Huánuco. La extensión corresponde a un nuevo tramo de 105 metros hacia el sureste, identificado mediante una reciente campaña de muestreo en superficie.

Durante esta campaña, la compañía recolectó 325 nuevas muestras de canal a lo largo de 580,5 metros. Todas presentaron mineralización de oro, plata o cobre por encima de los niveles de fondo, con lo que el acumulado en Previsto Central llegó a 648 muestras mineralizadas de un total de 648 analizadas.

Entre los resultados más destacados figura una muestra selectiva de panel con 32,8 gramos de oro por tonelada (g/t) y 130 g/t de plata. La empresa precisó que este tipo de muestra es selectiva y, por tanto, no necesariamente representa las leyes promedio que podrían encontrarse en el proyecto.

Los resultados de canal también identificaron intervalos de mineralización de mayor continuidad. Uno de ellos alcanzó 19,8 metros con 0,6 g/t de oro y 6 g/t de plata, incluyendo un tramo de 2 metros con 3,1 g/t de oro. Otro canal registró 77,3 metros con 0,1 g/t de oro y 2 g/t de plata, con un intervalo de 1,5 metros a 2,3 g/t de oro.

La zona mineralizada permanece abierta en todas las direcciones, por lo que Hannan considera necesario avanzar hacia trabajos de perforación para determinar la continuidad del sistema en profundidad y establecer sus dimensiones reales. La compañía prevé iniciar su primera campaña de perforación en Previsto durante 2027, una vez que obtenga las autorizaciones ambientales y demás permisos requeridos.

El programa propuesto contempla 18 plataformas y 7.650 metros de perforación diamantina en los prospectos Previsto Central e Inca Garcilaso. En julio de 2026, Hannan presentó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para esta campaña ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas.

Previsto forma parte del área de exploración Valiente, donde Hannan posee el 100% de los derechos y ha identificado un conjunto de objetivos de tipo pórfido y epitermal. La compañía señala que Previsto corresponde a un sistema epitermal alcalino de oro y cobre y que el distrito presenta un conjunto de objetivos mineralizados dentro de un área aproximada de 25 por 10 kilómetros.

El proyecto se encuentra todavía en una etapa de exploración, por lo que los resultados de superficie no constituyen una estimación de recursos minerales. La siguiente etapa será determinar mediante perforaciones si la mineralización identificada en los afloramientos continúa en profundidad y cuál es su potencial a escala de depósito.

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Más de S/13.000 millones de la minería llegarán a regiones en 2026

Las transferencias generadas por la actividad minera a los gobiernos regionales y locales superarán los S/13.000 millones durante 2026, marcando un récord histórico y colocando en manos de las próximas autoridades subnacionales una cantidad de recursos sin precedentes para financiar inversiones y servicios públicos. El monto proviene principalmente del canon minero, las regalías y los derechos de vigencia.

El canon minero concentra la mayor parte de estos recursos, con más de S/9.500 millones previstos para este año, el monto más alto registrado en más de 25 años. A ello se suman más de S/3.200 millones correspondientes a regalías mineras y más de S/279 millones por derechos de vigencia y penalidad, según las cifras reportadas por el Ministerio de Energía y Minas.

Los recursos se concentran principalmente en las regiones con mayor actividad minera. Áncash encabeza las transferencias con más de S/2.200 millones, seguida por Arequipa y Apurímac, con más de S/1.400 millones cada una, y Cajamarca, con alrededor de S/1.200 millones. En conjunto, estas cuatro regiones concentran cerca de la mitad de los recursos distribuidos por la actividad minera durante 2026.

El incremento de los ingresos representa una oportunidad para acelerar proyectos de infraestructura, transporte, agua y saneamiento, salud y educación. Sin embargo, especialistas advierten que disponer de mayores recursos no garantiza por sí mismo una reducción de las brechas existentes si los gobiernos subnacionales no cuentan con suficiente capacidad para priorizar, formular y ejecutar inversiones.

Uno de los principales problemas identificados está relacionado con la incorporación de proyectos que no necesariamente responden al cierre de brechas. El economista Epifanio Baca, del Grupo Propuesta Ciudadana, señaló que una proporción importante de las inversiones incorporadas a los programas multianuales corresponde a obras que ingresan directamente a la ejecución sin haber pasado adecuadamente por una evaluación orientada al cierre de brechas.

La situación también se refleja en la acumulación de obras paralizadas o inconclusas. Baca planteó que las próximas autoridades deberían comenzar por identificar los proyectos que ya cuentan con recursos y presentan posibilidades de reactivación, para priorizar su culminación antes de iniciar nuevas obras. El objetivo sería evitar que cada administración reemplace las prioridades de la anterior y genere una acumulación de proyectos sin terminar.

El reto es especialmente relevante para Cajamarca. Aunque la región recibirá alrededor de S/1.200 millones en recursos mineros durante 2026, mantiene una tasa de pobreza cercana al 41%, superior al promedio nacional de 26%. Este contraste evidencia que el aumento de las transferencias debe estar acompañado por una mejor planificación y capacidad de ejecución para que los recursos se traduzcan en infraestructura y servicios para la población.

Además del volumen de recursos, especialistas plantean revisar el sistema de distribución del canon minero y los incentivos asociados al gasto subnacional. El debate apunta a lograr que una mayor proporción de los recursos llegue a las zonas que enfrentan las principales brechas y que las decisiones de inversión respondan a las necesidades del territorio, con una mayor participación de la población.

El escenario representa una oportunidad para que las nuevas autoridades regionales y municipales impulsen una cartera de obras de infraestructura con impacto directo, especialmente en regiones mineras que dispondrán de ingresos extraordinarios. El desafío será transformar el superciclo de precios de los minerales en proyectos ejecutados, servicios públicos de mayor calidad y una reducción efectiva de las brechas que todavía persisten en el país.

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S/5.193 millones en obras viales paralizadas

Más de S/5.193 millones permanecen comprometidos en obras viales de gobiernos regionales y locales que se encuentran paralizadas o abandonadas en el Perú. Según un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE), al cierre de 2025 existían 11.581 proyectos viales en esta condición, equivalentes al 60% de los proyectos en curso de la función Transporte.

El problema se refleja en el estado de las redes viales departamentales y vecinales. En 14 regiones, más del 70% de estas vías presenta condiciones inadecuadas, pese a que el presupuesto de los gobiernos subnacionales destinado a la función Transporte aumentó 61% en términos reales entre 2016 y 2025, hasta alcanzar S/14.804 millones. En el mismo periodo, la satisfacción de la población con las carreteras cayó de 44% a 31%.

La mayor concentración de proyectos viales paralizados o abandonados se encuentra en la provincia de Lima, con 1.019 obras valorizadas en S/757 millones. Le siguen Áncash, con 823 proyectos, y Junín, con 778. El volumen de intervenciones evidencia que la brecha no está asociada únicamente a la disponibilidad de recursos, sino también a la capacidad de gestión, seguimiento y ejecución de las inversiones públicas.

El deterioro de la infraestructura vial forma parte de un problema más amplio de obras públicas paralizadas. Un informe de la Contraloría General de la República registró a marzo de 2026 un total de 2.241 obras públicas paralizadas a nivel nacional, con una inversión acumulada de S/73.166 millones y un saldo pendiente de ejecución superior a S/35.196 millones. El sector Transportes y Comunicaciones concentraba 626 de estas obras.

Entre las principales causas de paralización identificadas por la Contraloría aparecen los incumplimientos contractuales, que representan 27,6% de los casos; la falta de recursos financieros y liquidez, con 24,2%; y las deficiencias en los expedientes técnicos, con 9,1%. Otro 9,1% corresponde a discrepancias, controversias o procesos de arbitraje.

Las brechas también alcanzan servicios básicos como agua y saneamiento. De acuerdo con el Censo 2025, en 15 regiones más de la mitad de la población no cuenta con acceso adecuado a agua mediante red pública o pilón, o recibe el servicio durante 12 horas al día o menos. En total, la población afectada alcanza aproximadamente 14,8 millones de personas.

La infraestructura para el manejo de residuos sólidos presenta igualmente rezagos. Al 2024, unos 7,3 millones de habitantes, equivalentes al 21,7% de la población, residían en distritos cuyas municipalidades no disponían sus residuos en rellenos sanitarios ni los destinaban a procesos de reciclaje. Huánuco, Amazonas y Ucayali registraban las mayores proporciones de población bajo esta condición.

Otro factor que limita la capacidad de ejecutar infraestructura es el débil seguimiento de las inversiones. Al segundo trimestre de 2026, los gobiernos subnacionales solo habían actualizado información sobre avance y culminación para 11,3% de sus proyectos de inversión. A ello se suman riesgos en las contrataciones: durante 2025, el 35% de los procesos de selección en adjudicaciones de gobiernos regionales y locales tuvo un solo postor.

El escenario plantea un reto para las próximas administraciones regionales y locales, que deberán priorizar la culminación y mantenimiento de las obras existentes antes de generar nuevas inversiones sin capacidad suficiente de ejecución. La recuperación de los proyectos viales paralizados, junto con el cierre de las brechas de agua, saneamiento y residuos, será determinante para que los recursos públicos se traduzcan en infraestructura operativa y mejores servicios para la población.

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Corte IDH no ordenó construir un hospital en La Oroya

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no ordenó al Estado peruano construir un hospital en La Oroya como parte de la sentencia por la contaminación generada por actividades minero-metalúrgicas. El fallo establece que los habitantes afectados deben contar con un sistema de atención médica especializada y que el Estado debe garantizar la existencia de un sistema de salud adecuado en la ciudad.

La precisión surge luego de declaraciones de Juan Mael Palomino, candidato al Gobierno Regional de Junín por Juntos por el Perú, quien señaló durante un debate que los recursos derivados del cumplimiento de la sentencia permitirían construir un hospital de enfermedades de altura en La Oroya. Sin embargo, la revisión de la sentencia muestra que el tribunal interamericano no establece la construcción de un establecimiento hospitalario como medida específica de reparación.

La sentencia, emitida el 27 de noviembre de 2023 y notificada en marzo de 2024, determinó la responsabilidad internacional del Estado peruano por la vulneración de derechos de 80 habitantes de La Oroya debido a la contaminación ambiental asociada al Complejo Metalúrgico de La Oroya. Entre los derechos afectados estuvieron el medio ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida digna, el acceso a la información y la protección judicial.

En materia de salud, el fallo dispone que el Estado brinde gratuitamente y durante el tiempo necesario tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico a las víctimas que lo requieran. La atención debe proporcionarse mediante instituciones públicas y personal especializado, además de contemplar los medicamentos, intervenciones médicas y gastos de transporte relacionados con el desplazamiento de los afectados hacia los lugares donde reciban tratamiento.

Para el conjunto de habitantes de La Oroya afectados por síntomas o enfermedades vinculadas con la exposición a contaminantes, la Corte estableció como garantía de no repetición que exista un sistema de atención médica especializada. Asimismo, ordenó garantizar un sistema de salud que cumpla condiciones adecuadas de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.

La medida no determina que estas obligaciones deban cumplirse necesariamente mediante la construcción de una nueva infraestructura hospitalaria. Según la interpretación recogida en la verificación, la sentencia tampoco asigna un fondo específico para levantar un hospital en La Oroya. La infraestructura que eventualmente pueda requerirse deberá responder a la forma en que el Estado implemente el sistema de atención ordenado por el tribunal.

El caso tiene además un componente ambiental y de infraestructura pública. La Corte IDH ordenó medidas de reparación que incluyen la remediación de los daños ambientales, además de acciones de rehabilitación, compensaciones a las víctimas y garantías destinadas a evitar que se repitan las vulneraciones identificadas en el caso.

La sentencia también reconoce los riesgos que la exposición prolongada a contaminantes como plomo, cadmio, mercurio, arsénico y dióxido de azufre representó para la salud de la población. Por ello, el cumplimiento del fallo involucra tanto medidas de atención sanitaria como acciones relacionadas con la protección ambiental y la prevención de nuevas afectaciones.

En ese sentido, cualquier eventual proyecto de infraestructura sanitaria en La Oroya tendría que entenderse como una posible herramienta para cumplir con las obligaciones de atención establecidas por la Corte IDH, y no como una obra expresamente ordenada por el tribunal. La sentencia exige garantizar servicios de salud adecuados para la población afectada, pero deja al Estado la responsabilidad de definir los mecanismos e infraestructura necesarios para cumplir con esa obligación.

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92,5% de profesionales mineros evalúa cambiar de empleo

El 92,5% de los profesionales de los sectores Minería y Energía en Perú considera cambiar de empleo, pese a que el 62% manifiesta estar satisfecho tanto con su salario como con sus beneficios. El dato, recogido en el Panorama del Mercado Laboral 2026 de ManpowerGroup Perú, revela una elevada movilidad laboral en una actividad que mantiene una importante demanda de personal especializado.

La cifra de intención de cambio es la más alta entre las industrias analizadas por el estudio. Sin embargo, el resultado no significa que la remuneración sea el principal motivo de salida, debido a que una mayoría de profesionales consultados expresa satisfacción con su compensación. Factores como las oportunidades de crecimiento, la flexibilidad, el liderazgo, el bienestar y la cultura organizacional también están adquiriendo mayor peso en la decisión de permanecer o buscar otra empresa.

El escenario coincide con el crecimiento del empleo minero. Según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem) citadas en el reporte, el empleo directo en el sector alcanzó 287.537 trabajadores en mayo de 2026, un incremento de 9,4% frente al mismo mes de 2025. Entre enero y mayo, el promedio llegó a 280.167 puestos, 5,6% por encima del promedio registrado durante 2025.

Esta combinación de mayor generación de empleo y alta disposición a cambiar de puesto plantea un desafío para las compañías mineras. Además de incorporar nuevos trabajadores, las empresas deben retener a profesionales que ya poseen experiencia y conocimiento específico de sus operaciones, especialmente en áreas como operaciones, mantenimiento, plantas y seguridad.

La transformación tecnológica añade otra variable a la competencia por talento. La incorporación de automatización, analítica de datos, inteligencia artificial y sistemas digitales está modificando los perfiles que requieren las operaciones mineras. A las capacidades técnicas se suman conocimientos relacionados con planificación estratégica, gestión de proyectos, automatización y análisis de información.

En este contexto, las empresas buscan cada vez más perfiles híbridos, capaces de combinar conocimientos técnicos con competencias digitales y habilidades de gestión. También cobran importancia capacidades como el liderazgo, la adaptabilidad, la resiliencia y el trabajo en equipo, debido a la evolución de los procesos productivos y a la mayor tecnificación de las operaciones.

La presión sobre el talento se relaciona además con las perspectivas de inversión del sector. La Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2026 del Minem contempla 66 proyectos por US$64.075 millones, distribuidos en 19 departamentos. No obstante, estos montos corresponden a iniciativas que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo y no representan inversiones que necesariamente se ejecutarán durante 2026.

Con este panorama, la gestión del talento se convierte en un factor relevante para la continuidad y competitividad de las operaciones mineras. La capacitación, el desarrollo de líneas de carrera y la incorporación de mejores condiciones laborales serán determinantes para que las compañías puedan cubrir la creciente demanda de perfiles especializados y, al mismo tiempo, reducir la salida de trabajadores con experiencia.

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Senace certifica proyectos mineros por US$13.497 millones

Entre enero y setiembre de 2026, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) otorgó certificación ambiental a 52 expedientes mineros, vinculados a inversiones por aproximadamente US$13.497 millones. El resultado representa un avance para la ejecución de nuevos proyectos y modificaciones de operaciones existentes en distintas regiones del país.

A este grupo se suman 21 expedientes mineros que permanecen en evaluación, asociados a inversiones estimadas en US$9.126 millones. De acuerdo con el Senace, estos procesos forman parte de la cartera que podría continuar avanzando una vez concluidas las evaluaciones correspondientes.

Entre las principales aprobaciones otorgadas durante el año se encuentra el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) del proyecto Trapiche, ubicado en Apurímac. También fueron aprobadas cinco modificaciones de EIA-d de grandes proyectos mineros: Huarón, en Pasco; Cerro Verde, en Arequipa; Antapaccay-Tintaya e integración Coroccohuayco, en Cusco; y Acumulación Condestable, en Cañete, Lima.

El listado incluye además 46 Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), instrumentos utilizados para modificaciones o ampliaciones que generan impactos ambientales no significativos o incorporan mejoras tecnológicas en operaciones existentes. Entre ellos figuran iniciativas relacionadas con Antamina, Zafranal, Colquijirca, Romina, Cajamarquilla y Las Bambas.

La certificación ambiental constituye una etapa clave para que los proyectos puedan avanzar hacia sus siguientes fases de desarrollo, al establecer las medidas de prevención, mitigación y manejo ambiental que deberán aplicarse durante su ejecución. En este proceso también se consideran los componentes sociales asociados a cada iniciativa.

Para atender estos procesos, el Senace cuenta con una Unidad Funcional de Minería, adscrita a la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos (DEAR). Esta unidad evalúa los instrumentos ambientales y verifica el cumplimiento de la normativa, además de revisar las medidas destinadas a prevenir y reducir posibles impactos sobre el entorno.

La presidenta ejecutiva del Senace, Silvia Cuba Castillo, señaló que la entidad mantiene como objetivo certificar US$20.000 millones en inversiones al cierre de 2026, considerando todos los subsectores bajo su competencia. La minería representa una parte importante de esta meta debido al volumen de proyectos que actualmente se encuentran en evaluación o han obtenido aprobación ambiental.

El avance de estas certificaciones ocurre mientras el Perú mantiene una cartera relevante de inversiones mineras. El Minem proyectó que la inversión minera alcanzará alrededor de US$6.300 millones durante 2026, mientras que la cartera de proyectos de exploración presentada este año contempla 69 iniciativas por unos US$757 millones.

Con las certificaciones otorgadas y los expedientes que continúan en evaluación, el sector minero mantiene una importante cartera de iniciativas que podrían avanzar hacia etapas posteriores de inversión, construcción, ampliación u operación, dependiendo de las características y permisos requeridos por cada proyecto.

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V&V Inmobiliaria nombra a Juan Manuel Castro como nuevo gerente general

  • El ejecutivo, con más de 20 años de trayectoria en banca, inversiones y gestión inmobiliaria, priorizará la adquisición de nuevos terrenos y la eficiencia de los proyectos.

 

V&V Inmobiliaria anunció el nombramiento de Juan Manuel Castro Linares como nuevo gerente general, posición desde la cual liderará una nueva etapa de crecimiento de la compañía, con foco en la adquisición de nuevos terrenos, la eficiencia de los proyectos y una gestión responsable del capital.

 

Castro cuenta con más de 20 años de experiencia en banca, inversiones y gestión inmobiliaria. Antes de incorporarse a V&V, se desempeñó como gerente general adjunto de Abril Grupo Inmobiliario. A lo largo de su trayectoria ha liderado negocios, equipos y procesos de transformación y estructuración, desarrollando experiencia en los ámbitos financiero, comercial, estratégico y organizacional.

 

Su incorporación se produce en un contexto en el que la firma inmobiliaria busca acelerar el crecimiento de su portafolio y fortalecer las capacidades de gestión necesarias para acompañar esa expansión.

 

“Una de las principales prioridades será acompañar y acelerar el crecimiento de la empresa, manteniendo la solidez que ha caracterizado al Grupo. Pondremos especial énfasis en la compra de nuevos suelos, la optimización de la gestión de los proyectos y la eficiencia de nuestros procesos, además de continuar desarrollando una propuesta de valor diferenciada para nuestros clientes”, señaló Juan Manuel Castro, gerente general de V&V Inmobiliaria.

 

Al mismo tiempo, Castro considera que la necesidad de vivienda continúa generando oportunidades para el sector y abre espacio para desarrollar nuevos productos, formatos y modelos de negocio que respondan a los cambios en las necesidades de los compradores. “Existe una importante necesidad de vivienda y de soluciones inmobiliarias de calidad. Para V&V, el desafío será aprovechar esas oportunidades manteniendo una óptima gestión de los proyectos y del capital, y siendo capaces de anticiparnos a los cambios del mercado”, explicó.

 

Datos y eficiencia para acompañar el crecimiento

 

La nueva gestión también buscará profundizar el uso de información y datos para la toma de decisiones, fortalecer la planificación financiera y transformar aquellos procesos que puedan generar mayores eficiencias y una mejor experiencia para los clientes.

 

“La innovación debe estar presente en la manera de desarrollar proyectos, entender al cliente y construir una organización más ágil y preparada para responder a un mercado en constante evolución”, sostuvo Castro.

 

En el ámbito organizacional, el ejecutivo buscará fortalecer una cultura basada en la responsabilidad sobre los resultados, colaboración, orientación al cliente, innovación y disciplina en la ejecución. Su modelo de gestión contempla además otorgar autonomía a los equipos, acompañada de objetivos claramente definidos y decisiones sustentadas en información.

 

“El objetivo es construir sobre lo que el Grupo ya ha logrado y fortalecer sus capacidades para afrontar el crecimiento del portafolio. Buscamos que esta etapa se traduzca en mejores proyectos, una organización más sólida, mayor eficiencia y generación de valor sostenible para nuestros clientes, colaboradores y accionistas”, concluyó.

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Atlas Copco obtiene la Cuarta Estrella de la Huella de Carbono Perú, el máximo reconocimiento en sostenibilidad otorgado por el MINAM

La compañía logró este objetivo en su gestión 2025 mediante la reducción de emisiones de CO2 durante dos años consecutivos.

LIMA, Perú. En un hito trascendental para el sector industrial y la gestión ambiental en el país, Atlas Copco ha recibido el diploma y sello oficial de la Cuarta Estrella en la plataforma Huella de Carbono Perú del Ministerio del Ambiente (MINAM). Este distintivo constituye la máxima distinción otorgada por el Estado peruano a las organizaciones que completan con éxito las etapas de medición, verificación, reducción y reducción+ o neutralización total de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), consolidando a la empresa como un referente de reducción de carbono en el territorio nacional. Atlas Copco recibió el reconocimiento por la reducción+, que significa la reducción de emisiones de CO2 por dos años consecutivos.

El otorgamiento de este reconocimiento responde a los contundentes resultados alcanzados por la compañía durante el ejercicio 2025. En dicho periodo, la organización logró reducir un 10.7% del total de sus emisiones de CO2; mientras que en el periodo 2024, fue un 7.4% también del total de emisiones de dicho año. Este resultado refleja una evolución importante en sus objetivos de descarbonización y el compromiso de Atlas Copco con ellos.

Para poder alcanzar estos resultados, se realizó una importante inversión en la electrificación de su flota para personal administrativo y de servicio, con un total de tres vehículos híbridos enchufables; y cinco vehículos 100% eléctricos, en donde se incluyen sus vans de servicio técnico. Asimismo, se trabajó en la mejora de procesos internos logísticos, con un resultado bastante satisfactorio enfocado en la reducción de emisiones.

Para comprender la trascendencia de este logro, es preciso señalar que la Huella de Carbono Perú es una herramienta digital oficial promovida por el MINAM para impulsar la acción climática en los sectores público y privado. La plataforma evalúa el desempeño de las organizaciones a través de un sistema progresivo de cuatro niveles o estrellas, el cual abarca desde la elaboración del inventario inicial y la auditoría externa por parte de un tercero independiente, hasta la demostración cuantitativa de reducciones por periodos consecutivos y/o la neutralización final.

La participación activa en este programa reviste una gran importancia estratégica tanto a nivel nacional como corporativo. Por una parte, aporta directamente al cumplimiento de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional del Perú en el marco del Acuerdo de París para mitigar el cambio climático. Por otra parte, demuestra que la eficiencia operativa y la responsabilidad socioambiental pueden articularse para optimizar costos, fortalecer los indicadores ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) y descarbonizar de forma efectiva la cadena de valor industrial.

“Para el Grupo Atlas Copco, la sostenibilidad es un pilar fundamental para la forma en como ejecutar sus negocios a nivel mundial. Buscamos fortalecer de manera constante nuestras operaciones y acciones para apoyar a nuestros clientes en la transición hacia una sociedad baja en emisiones de carbono. En ese sentido, el desarrollo de nuestra tecnología se encuentra enfocado en la descarbonización, siempre proponiendo a nuestros clientes, tanto del rubro minero como industrial, soluciones que les permitan alcanzar sus propias metas de reducción de CO2.” Indicó Julio Hernández, gerente general de Atlas Copco en Perú.

Desde la dirección de la compañía se destacó que alcanzar la Cuarta Estrella del MINAM ratifica el compromiso permanente de Atlas Copco con la productividad sustentable, demostrando que la transición hacia una economía neutra en carbono exige intervenir no solo en los procesos directos, sino también en las emisiones indirectas asociadas a la movilidad, la logística y la selección de socios comerciales alineados con la sostenibilidad.

“El éxito de nuestras acciones locales no habría sido posible sin el trabajo conjunto de todo nuestro equipo en el país, y el compromiso de nuestra alta gerencia para los objetivos trazados. Asimismo, contamos con socios estratégicos en nuestras operaciones diarias, que nos ayudan a fortalecer nuestras acciones de sostenibilidad interna y externamente. Seguiremos fortaleciendo nuestra cultura de responsabilidad ambiental, seguros de continuar marcando hitos en el país,” señaló Carla Lozano, gerente SHEQ en Atlas Copco Perú.

Con esta certificación oficial, la multinacional reafirma su liderazgo en la transformación energética de la industria, marcando una pauta clara hacia un modelo operativo bajo en emisiones y comprometido con el desarrollo sostenible del Perú.

“Como organización, estamos comprometidos con reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero – directas e indirectas – para ello, hemos establecido objetivos propios al 2030, los cuáles a su vez han sido validados por la iniciativa global “Science Based Targets” (SBTi). Este reconocimiento hecho por el MINAM nos indica que vamos en la ruta correcta para el futuro sostenible que buscamos.”, concluyó Julio Hernández.