Las transferencias generadas por la actividad minera a los gobiernos regionales y locales superarán los S/13.000 millones durante 2026, marcando un récord histórico y colocando en manos de las próximas autoridades subnacionales una cantidad de recursos sin precedentes para financiar inversiones y servicios públicos. El monto proviene principalmente del canon minero, las regalías y los derechos de vigencia.
El canon minero concentra la mayor parte de estos recursos, con más de S/9.500 millones previstos para este año, el monto más alto registrado en más de 25 años. A ello se suman más de S/3.200 millones correspondientes a regalías mineras y más de S/279 millones por derechos de vigencia y penalidad, según las cifras reportadas por el Ministerio de Energía y Minas.
Los recursos se concentran principalmente en las regiones con mayor actividad minera. Áncash encabeza las transferencias con más de S/2.200 millones, seguida por Arequipa y Apurímac, con más de S/1.400 millones cada una, y Cajamarca, con alrededor de S/1.200 millones. En conjunto, estas cuatro regiones concentran cerca de la mitad de los recursos distribuidos por la actividad minera durante 2026.
El incremento de los ingresos representa una oportunidad para acelerar proyectos de infraestructura, transporte, agua y saneamiento, salud y educación. Sin embargo, especialistas advierten que disponer de mayores recursos no garantiza por sí mismo una reducción de las brechas existentes si los gobiernos subnacionales no cuentan con suficiente capacidad para priorizar, formular y ejecutar inversiones.
Uno de los principales problemas identificados está relacionado con la incorporación de proyectos que no necesariamente responden al cierre de brechas. El economista Epifanio Baca, del Grupo Propuesta Ciudadana, señaló que una proporción importante de las inversiones incorporadas a los programas multianuales corresponde a obras que ingresan directamente a la ejecución sin haber pasado adecuadamente por una evaluación orientada al cierre de brechas.
La situación también se refleja en la acumulación de obras paralizadas o inconclusas. Baca planteó que las próximas autoridades deberían comenzar por identificar los proyectos que ya cuentan con recursos y presentan posibilidades de reactivación, para priorizar su culminación antes de iniciar nuevas obras. El objetivo sería evitar que cada administración reemplace las prioridades de la anterior y genere una acumulación de proyectos sin terminar.
El reto es especialmente relevante para Cajamarca. Aunque la región recibirá alrededor de S/1.200 millones en recursos mineros durante 2026, mantiene una tasa de pobreza cercana al 41%, superior al promedio nacional de 26%. Este contraste evidencia que el aumento de las transferencias debe estar acompañado por una mejor planificación y capacidad de ejecución para que los recursos se traduzcan en infraestructura y servicios para la población.
Además del volumen de recursos, especialistas plantean revisar el sistema de distribución del canon minero y los incentivos asociados al gasto subnacional. El debate apunta a lograr que una mayor proporción de los recursos llegue a las zonas que enfrentan las principales brechas y que las decisiones de inversión respondan a las necesidades del territorio, con una mayor participación de la población.
El escenario representa una oportunidad para que las nuevas autoridades regionales y municipales impulsen una cartera de obras de infraestructura con impacto directo, especialmente en regiones mineras que dispondrán de ingresos extraordinarios. El desafío será transformar el superciclo de precios de los minerales en proyectos ejecutados, servicios públicos de mayor calidad y una reducción efectiva de las brechas que todavía persisten en el país.
