Posted on

Southern Perú proyecta invertir US$10.380 millones en proyectos mineros de cinco regiones

Southern Perú anunció una cartera de inversiones proyectada de US$10.380 millones para desarrollar proyectos mineros y ampliar infraestructura industrial en cinco regiones del país. El portafolio comprende iniciativas como Tía María, Los Chancas y Michiquillay, además de la expansión de Cuajone, una nueva fundición y la refinería de Ilo, según informó el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

El anuncio fue presentado durante una reunión entre representantes de la compañía y el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno. La empresa, que forma parte de Grupo México, señaló que sus inversiones tendrán impacto en Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Moquegua y Tacna, mediante la generación de empleo formal, mayores ingresos fiscales y transferencias por regalías.

La cartera reúne proyectos en diferentes etapas de desarrollo, desde iniciativas que ya se encuentran en construcción hasta operaciones cuya ejecución está prevista para los próximos años. Su materialización dependerá del cumplimiento de los cronogramas, las condiciones técnicas y los permisos correspondientes.

Tía María registra cerca del 50% de avance en Arequipa

Uno de los principales componentes de la cartera es Tía María, ubicado en la región Arequipa, que contempla una inversión de US$2.100 millones. Según la información proporcionada por Southern Perú, la construcción registra un avance cercano al 50% y el inicio de operaciones está previsto para enero de 2028.

Actualmente, el proyecto genera más de 6.800 puestos de trabajo, de los cuales 1.181 corresponden a trabajadores locales. Su desarrollo representa una de las principales inversiones mineras en ejecución dentro de la cartera de la compañía.

La futura operación incorporará nueva capacidad productiva de cobre y requerirá infraestructura minera e instalaciones asociadas para el procesamiento del mineral. El cumplimiento del cronograma será determinante para concretar su entrada en funcionamiento.

Los Chancas contempla US$2.600 millones en Apurímac

En Apurímac, Southern Perú proyecta desarrollar Los Chancas, iniciativa que requiere una inversión estimada de US$2.600 millones y considera un período de construcción de aproximadamente cuatro años.

De acuerdo con la información difundida por el MINEM, el proyecto tendría una producción anual estimada de 130.000 toneladas de cobre. Su desarrollo forma parte de los planes de expansión de la compañía y representa una de las principales inversiones previstas para la región.

La ejecución de esta iniciativa implicará desarrollar las instalaciones y la infraestructura necesarias para una futura operación minera, además de cumplir con los procedimientos técnicos, ambientales y administrativos correspondientes.

Michiquillay prevé construcción entre 2030 y 2031

Otro proyecto relevante es Michiquillay, ubicado en Cajamarca, cuya inversión estimada asciende a US$2.500 millones. Según el cronograma presentado por la empresa, la construcción se proyecta para los años 2030 y 2031.

La iniciativa contempla una producción anual estimada de 225.000 toneladas de cobre, de acuerdo con la información difundida por el MINEM. Su desarrollo ampliaría la presencia de Southern Perú en el norte del país y contribuiría a diversificar geográficamente sus operaciones.

Por tratarse de un proyecto con un horizonte de construcción posterior, su avance dependerá de las etapas de preparación, ingeniería, evaluación y obtención de las autorizaciones necesarias.

Expansión Cuajone y nueva infraestructura industrial

La cartera también incluye la expansión de Cuajone, en Moquegua, así como la construcción de una nueva fundición y el desarrollo de la refinería de Ilo, en la región Moquegua.

Estas iniciativas buscan fortalecer la infraestructura productiva e industrial de Southern Perú, complementando sus proyectos de extracción de cobre. La expansión de las operaciones existentes y la modernización de las instalaciones de procesamiento forman parte de la estrategia de crecimiento de la compañía.

Durante el anuncio, no se detallaron los montos individuales ni los cronogramas específicos de estas iniciativas. Sin embargo, fueron incorporadas dentro de la inversión total proyectada de US$10.380 millones.

Obras por Impuestos complementan la inversión regional

Además de su cartera minera, Southern Perú informó que mantiene inversiones por US$429 millones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). Los recursos están destinados a proyectos en agricultura, educación, salud y saneamiento.

Este mecanismo permite que empresas privadas financien y ejecuten inversiones públicas mediante convenios con entidades del Estado, contribuyendo al desarrollo de infraestructura y servicios en las localidades beneficiarias.

La compañía señaló que estas intervenciones complementan sus inversiones productivas y forman parte de su participación en el desarrollo de las regiones donde opera.

MINEM plantea simplificar trámites para impulsar proyectos

Durante la reunión, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, destacó la importancia de facilitar las inversiones privadas y reafirmó el objetivo del sector de simplificar procedimientos administrativos y permisos relacionados con la actividad minera.

La cartera de Southern Perú se incorpora a un escenario en el que el país busca impulsar nuevos proyectos, ampliar operaciones existentes y atraer capitales para el desarrollo de infraestructura productiva.

La concreción de los US$10.380 millones dependerá de que cada iniciativa avance conforme a sus condiciones técnicas, financieras, ambientales y regulatorias. Su desarrollo podría generar nuevas oportunidades de empleo, contratación de proveedores y actividad económica en las cinco regiones involucradas.

Posted on

Gobierno evalúa ampliar Obras por Impuestos para culminar obras públicas paralizadas

El Gobierno peruano evalúa ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) para financiar los saldos pendientes de proyectos públicos inconclusos y acelerar su culminación en distintas regiones del país. La propuesta busca incorporar una modalidad que permita seleccionar intervenciones con avances importantes, pero que permanecen detenidas por falta de presupuesto.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, durante el encuentro empresarial Open for Business Perú–USA. Según explicó, la iniciativa forma parte de una estrategia contracíclica destinada a mantener el dinamismo económico frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño y el contexto internacional marcado por el incremento de los precios de los combustibles y las tasas de interés.

La propuesta apunta a utilizar el financiamiento privado para completar tramos pendientes de obras que ya cuentan con condiciones técnicas para continuar, evitando que las inversiones permanezcan paralizadas por falta de recursos.

Obras con expedientes técnicos adecuados tendrán prioridad

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) plantea priorizar proyectos que cuenten con expedientes técnicos adecuados y cuya ejecución se haya detenido porque los gobiernos regionales o municipales no aseguraron el financiamiento necesario.

La selección excluiría las intervenciones que presenten controversias legales o indicios de corrupción, debido a que estas condiciones pueden impedir una reactivación rápida y generar nuevos riesgos durante la ejecución.

El ministro explicó que existen gobiernos subnacionales que iniciaron numerosos proyectos sin contar con los recursos suficientes para terminarlos. Frente a esta situación, el Ejecutivo busca concentrar el financiamiento en obras que tengan mayores posibilidades de concluirse en el corto plazo.

Nueva modalidad buscaría financiar saldos de obra

La propuesta contempla utilizar Obras por Impuestos para cubrir los montos que faltan ejecutar en proyectos iniciados bajo otras modalidades de inversión pública. De esta manera, las empresas privadas podrían participar en el financiamiento de las intervenciones pendientes, conforme a las condiciones que establezca el mecanismo.

El objetivo es reducir los tiempos necesarios para completar infraestructura que ya registra avances físicos y cuya culminación permitiría poner en funcionamiento servicios públicos o mejorar la conectividad de distintas localidades.

Cabe señalar que el nuevo Reglamento de Obras por Impuestos, publicado en marzo de 2026, ya habilitó la posibilidad de ejecutar saldos de obra mediante este mecanismo. El anuncio del Gobierno apunta a impulsar una modalidad enfocada específicamente en acelerar la culminación de proyectos detenidos por falta de financiamiento.

Mantenimiento de colegios, hospitales y carreteras también será impulsado

La estrategia contracíclica del Ejecutivo contempla otros tres componentes adicionales: entrega de bonos a familias vulnerables, impulso a la construcción de viviendas e inyección de liquidez a sectores económicos afectados.

También incluye un programa de mantenimiento descentralizado de colegios, establecimientos de salud, comisarías y carreteras. En este caso, el MEF plantea que los recursos lleguen directamente a los responsables de las instituciones beneficiarias, como directores de centros educativos, establecimientos de salud y comisarías.

Este esquema busca agilizar la ejecución de trabajos de mantenimiento y evitar que los recursos deban pasar por procesos administrativos adicionales en los gobiernos locales o regionales.

Las intervenciones permitirían atender necesidades de infraestructura que, aunque no necesariamente requieren grandes proyectos de inversión, son importantes para conservar las instalaciones y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

Reactivación de inversiones busca dinamizar la economía

La ampliación de Obras por Impuestos se plantea como una herramienta para acelerar la ejecución de inversiones y aprovechar la participación del sector privado en la culminación de infraestructura pública.

El mecanismo podría beneficiar a proyectos de transporte, educación, salud, saneamiento y otros sectores, siempre que cumplan los criterios técnicos y legales establecidos para su priorización.

No obstante, la propuesta todavía se encuentra en evaluación y requiere precisar sus condiciones de aplicación. Su efectividad dependerá de la identificación de las obras elegibles, la disponibilidad de empresas interesadas y la capacidad de las entidades públicas para asegurar una adecuada supervisión.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca reducir el número de proyectos inconclusos y convertir inversiones detenidas en infraestructura operativa. El reto será garantizar que los recursos se concentren en obras viables y que su culminación se traduzca en servicios efectivos para la población.

Posted on

Perú registra 2.416 obras paralizadas por S/67.139 millones y Congreso plantea inventario nacional

El Perú acumulaba 2.416 obras públicas paralizadas al cierre de 2025, con un costo de inversión actualizado de S/67.139 millones, según información de la Contraloría General de la República. Frente a esta situación, el Congreso aprobó un dictamen que propone crear un Inventario Nacional de Obras Paralizadas y establecer mecanismos para dar seguimiento a los proyectos detenidos y a las recomendaciones formuladas por el organismo de control.

Del monto total comprometido, S/32.243 millones corresponden a recursos que todavía faltan ejecutar en las obras que no han sido culminadas. La magnitud del problema también se refleja en la asignación presupuestal: durante 2025, únicamente 911 proyectos, equivalentes al 37,7% del total, contaron con Presupuesto Institucional Modificado (PIM), por una suma conjunta de S/3.596 millones.

La propuesta forma parte del dictamen de la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Entre sus disposiciones contempla que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elabore un plan para implementar las recomendaciones de la Contraloría, con el objetivo de fortalecer el seguimiento y la gestión de las inversiones públicas.

Gobierno Nacional concentra el mayor monto de inversión detenida

La distribución de las obras paralizadas evidencia diferencias entre los niveles de gobierno. Los gobiernos locales concentran la mayor cantidad de proyectos detenidos, con 1.693 intervenciones valorizadas en S/10.525 millones. Esto representa el 70,1% del total de obras, pero apenas el 15,7% de su costo actualizado.

En contraste, el Gobierno Nacional registra 386 proyectos paralizados, cuyo valor asciende a S/37.432 millones, equivalente al 55,8% de la inversión comprometida. Los gobiernos regionales, por su parte, acumulan 337 obras detenidas, valorizadas en S/19.180 millones.

Estas cifras muestran que los proyectos de mayor envergadura económica se concentran principalmente en el ámbito nacional y regional, mientras que las municipalidades reúnen la mayor cantidad de intervenciones pendientes.

Incumplimientos contractuales y falta de financiamiento explican las paralizaciones

Entre las principales causas de la interrupción de las obras figuran los incumplimientos contractuales, que representan el 26,2% de los casos. Le siguen la falta de recursos financieros o liquidez, con el 22,9%; las deficiencias en los expedientes técnicos, con el 9,1%; y las controversias, disputas o arbitrajes, que explican el 8,7%.

Estos problemas afectan directamente los cronogramas de ejecución y generan dificultades para concluir proyectos de infraestructura que ya cuentan con inversiones comprometidas. Además, la falta de presupuesto asignado limita la posibilidad de retomar los trabajos, incluso cuando existen condiciones para continuar con su desarrollo.

La situación evidencia la necesidad de mejorar la planificación, la elaboración de expedientes técnicos y los mecanismos de contratación, así como asegurar los recursos financieros antes de iniciar las intervenciones.

Congreso plantea crear un inventario nacional de obras paralizadas

El dictamen aprobado propone establecer un registro nacional que permita consolidar información sobre los proyectos detenidos y facilitar su seguimiento. La iniciativa busca mejorar la disponibilidad de datos para identificar las condiciones de cada obra, sus necesidades presupuestales y las acciones requeridas para reanudar su ejecución.

La propuesta también contempla que el MEF elabore un plan para implementar las recomendaciones de la Contraloría y que esta última pueda acceder a información tributaria anonimizada de la Sunat, respetando la reserva tributaria.

Aunque ya existen mecanismos de registro y seguimiento, la propuesta busca fortalecer la articulación de la información y mejorar la capacidad de respuesta de las entidades responsables. El inventario del Banco de Inversiones, por ejemplo, registraba 762 obras paralizadas al cierre de 2025; de ellas, 466 no contaban con un informe de estado situacional actualizado.

Ejecución presupuestal y control de inversiones

El problema de las obras detenidas se produce en un contexto de importantes niveles de ejecución del gasto público. Durante 2025, el sector público ejecutó S/328.363 millones, equivalentes al 93,6% de su presupuesto modificado. La inversión pública alcanzó S/61.941 millones, con una ejecución del 83,8% del presupuesto asignado a este rubro.

Sin embargo, el nivel de ejecución presupuestal no garantiza que todos los proyectos culminen dentro de los plazos previstos ni que se cumplan sus objetivos. Las obras paralizadas reflejan dificultades específicas en la gestión contractual, técnica y financiera de las inversiones.

Por ello, el fortalecimiento del control y el seguimiento resulta fundamental para identificar oportunamente los riesgos que pueden afectar la continuidad de los trabajos y evitar que los proyectos acumulen mayores retrasos y costos.

Reactivación de obras será uno de los principales desafíos

La creación del Inventario Nacional de Obras Paralizadas y el seguimiento de las recomendaciones de la Contraloría buscan mejorar la gestión de los proyectos públicos pendientes. No obstante, la reactivación dependerá de que las entidades responsables identifiquen las causas de cada paralización y establezcan soluciones técnicas, contractuales y presupuestales.

La magnitud de la inversión comprometida evidencia el impacto que tiene la falta de continuidad de las obras sobre la infraestructura nacional. Hospitales, colegios, carreteras, sistemas de saneamiento y otras intervenciones públicas requieren mecanismos que permitan superar los obstáculos que impiden su culminación.

El desafío será convertir las medidas de seguimiento en acciones concretas para retomar y concluir los proyectos, priorizando aquellos que puedan ponerse nuevamente en marcha y que generen beneficios directos para la población.

Posted on

Nueva Ley MAPE enfrenta desafíos por el acceso a concesiones mineras en Perú

La propuesta de una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) en Perú enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad para resolver los problemas estructurales de la formalización minera. CooperAcción advierte que modificar el marco normativo no sería suficiente si no se revisan también las condiciones de acceso a las concesiones mineras, la distribución de los derechos sobre el territorio y los mecanismos de fiscalización.

La organización presentó diez tesis para replantear la política de formalización minera y sostiene que el debate legislativo debe ir más allá de establecer nuevos procedimientos administrativos. Según su análisis, miles de pequeños productores continúan dependiendo de acuerdos con titulares de concesiones para acceder a terrenos donde desarrollar sus actividades, una situación que limita sus posibilidades de incorporarse a la economía formal.

El planteamiento adquiere relevancia en medio de la discusión del proyecto de Ley MAPE impulsado por el Ejecutivo, que busca establecer un régimen permanente para nuevos operadores y un régimen temporal de consolidación para determinados inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

Acceso a concesiones, una de las principales barreras

De acuerdo con las cifras presentadas por CooperAcción, en Perú existen aproximadamente 22 millones de hectáreas concesionadas. Sin embargo, alrededor de tres millones tienen algún uso relacionado con prospección, exploración, explotación, plantas de beneficio o cierre de minas.

La organización considera que esta distribución reduce las posibilidades de los pequeños productores que buscan áreas disponibles para desarrollar sus operaciones y cumplir con las exigencias legales, ambientales y tributarias.

El proyecto de Ley MAPE contempla incentivos para que los titulares de concesiones suscriban contratos de explotación con mineros artesanales y pequeños productores. Entre las medidas propuestas figuran menores pagos por derechos de vigencia y exoneraciones de penalidades.

No obstante, CooperAcción cuestiona que estos beneficios no garanticen que los concesionarios faciliten el acceso a sus derechos mineros. Por ello, plantea establecer mecanismos de negociación que permitan aprovechar determinadas áreas concesionadas e incorporar a productores dispuestos a cumplir las obligaciones correspondientes.

La producción aurífera cambió y exige nuevas reglas

Otro de los aspectos identificados por la organización es la transformación de la actividad aurífera peruana. Según las diez tesis, el número de productores de oro registrados pasó de 39 a más de 300 desde comienzos del siglo XXI.

Asimismo, la participación de los cuatro principales productores disminuyó de casi 80 % en 2005 a 31,1 % en 2024. Para CooperAcción, estos cambios reflejan una mayor participación de pequeños productores y una estructura productiva que no ha sido acompañada por una actualización suficiente del marco institucional.

La situación también presenta diferencias territoriales. En las zonas andinas, los principales conflictos están relacionados con el acceso a las concesiones, la superficie y la distribución de beneficios. En la Amazonía, los problemas incluyen la expansión de la minería aluvial mecanizada, la deforestación, la contaminación por mercurio y la presencia de organizaciones criminales.

Esta diversidad de escenarios plantea la necesidad de establecer mecanismos diferenciados de regulación, supervisión y formalización, de acuerdo con las características de cada territorio y operación minera.

REINFO y formalización requieren cambios estructurales

CooperAcción también cuestiona los resultados alcanzados por el REINFO, al considerar que este mecanismo no ha conseguido establecer una ruta efectiva para que los pequeños productores culminen su formalización.

La propuesta del Ejecutivo contempla un régimen temporal de consolidación para determinados inscritos en el registro, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de diciembre de 2026. Además, plantea la creación de una entidad especializada para conducir el proceso de formalización.

Sin embargo, la organización considera que estas medidas no resuelven por sí solas las dificultades relacionadas con el acceso a las concesiones, la disponibilidad de terrenos y la capacidad de fiscalización del Estado.

Entre sus planteamientos figuran implementar procedimientos diferenciados según el tipo de operación minera, fortalecer la protección ambiental y la seguridad, mejorar el acceso a servicios básicos y establecer mecanismos que permitan distinguir a los productores que buscan formalizarse de las redes vinculadas con actividades criminales.

Debate legislativo debe considerar la realidad de los territorios

La discusión de la nueva Ley MAPE también ha puesto en evidencia diferencias entre los actores del sector. Durante la presentación del proyecto ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, representantes de instituciones públicas, gremios y organizaciones mineras plantearon observaciones sobre sus alcances y mecanismos de aplicación.

Entre los temas señalados estuvieron la necesidad de precisar las obligaciones del Estado, mejorar los procedimientos de formalización y garantizar que el régimen propuesto no se convierta en una nueva extensión del REINFO.

El debate también contempla la necesidad de fortalecer la trazabilidad de los minerales, la supervisión de las operaciones y la articulación entre las entidades responsables de la gestión minera y ambiental.

Nueva normativa necesita acompañarse de reformas institucionales

Las observaciones de CooperAcción plantean que la formalización minera requiere una intervención integral que considere las condiciones económicas, territoriales y legales en las que operan los pequeños productores.

La revisión del sistema de concesiones, el fortalecimiento de la fiscalización y la disponibilidad de asistencia técnica aparecen como elementos necesarios para complementar una nueva legislación. Sin estos componentes, advierte la organización, los cambios normativos podrían mantener las barreras que han limitado los anteriores procesos de formalización.

El desafío para el Estado será establecer reglas que permitan desarrollar una pequeña minería formal y sostenible, sin dejar de combatir las operaciones ilegales y las actividades vinculadas con redes criminales. La discusión de la Ley MAPE representa una oportunidad para abordar estos problemas desde una perspectiva que integre regulación, acceso a derechos mineros y gestión territorial.

Posted on

JLG congrega a líderes de América Latina e Italia en la segunda etapa de su exclusivo «FACTORY VISIT USA 2026»

Socios estratégicos exploran las últimas innovaciones en equipos de elevación y recorren el Innovation Center de la marca en Estados Unidos para delinear el futuro de la industria de acceso.

ESTADOS UNIDOS, OCTUBRE DE 2026 — Reafirmando su liderazgo global en la fabricación de plataformas de trabajo aéreo y manipuladores telescópicos, JLG Industries ha puesto en marcha la segunda etapa de su programa Factory Visit USA 2026. Este encuentro de alto nivel está reuniendo a socios estratégicos provenientes de América Latina e Italia en territorio estadounidense, brindándoles una experiencia de inmersión total en el ecosistema tecnológico e industrial de la marca.

El núcleo de esta cumbre internacional tiene lugar en el Innovation Center de JLG. En este espacio dedicado a la vanguardia, los participantes tienen la oportunidad exclusiva de analizar las nuevas tendencias que están redefiniendo la industria de acceso. Durante las jornadas, los directivos y especialistas técnicos de la compañía guían a los socios a través del robusto portafolio de soluciones de JLG, permitiéndoles interactuar de primera mano con las tecnologías de última generación que optimizan la seguridad y eficiencia en los proyectos de construcción, minería e industria.

Más allá del análisis tecnológico, la experiencia inmersiva trasciende hacia el corazón productivo de la marca. El programa incluye recorridos exhaustivos por las plantas de fabricación de JLG en Estados Unidos. Estas visitas en la línea de ensamblaje acercan a los aliados internacionales a los rigurosos procesos de control de calidad, al talento humano especializado y a la innovación tangible que respalda cada equipo que sale al mercado.

Con esta iniciativa, JLG consolida su red global de distribuidores y socios clave. A pesar de representar a diferentes mercados, poseer diversas experiencias y aportar múltiples perspectivas, los asistentes al Factory Visit USA 2026 convergen bajo un compromiso en común: impulsar el desarrollo y construir juntos el futuro de la industria de acceso.

Posted on

II Convención minera Andesmin 2026 inicia en Ayacucho con foco en inversión minera y energía

En inauguración de Andesmin 2026, gobernadores del sur exigen mayor redistribución de la riqueza minera y plantean acelerar inversiones para cerrar brechas sociales y económicas en las regiones.

  • II Convención minera reúne en Ayacucho a líderes de las regiones para debatir el futuro de la minería, la transición energética y el acceso de las regiones al canon y las regalías.

Ayacucho, 29 de octubre de 2026.- Ayacucho se posiciona como epicentro de la industria minera con la inauguración de la segunda edición de ANDESMIN 2026, la convención minera de las regiones organizado por la Mancomunidad Regional de Los Andes. El encuentro se desarrolla del 29 de octubre al 1 de noviembre en el Centro de Exposiciones y Convenciones Canaán y busca generar alianzas entre el Estado, las empresas mineras, proveedores, inversionistas, la academia y las comunidades, para transformar el alto potencial minero de la macrorregión sur en proyectos de inversión concretos, empleo digno y desarrollo territorial sostenible.

Inauguración: minería, regiones y reparto de la riqueza

La ceremonia contó con la presencia de los gobernadores regionales de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, anfitrión del encuentro; de Apurímac, Percy Godoy Medina, presidente de la Mancomunidad Regional de Los Andes; y del Cusco, Werner Salcedo Álvarez;  Jesús Arce Aguado, director Ejecutivo de la Mancomunidad Regional de Los Andes, Jorge Soto, director general de minería del MINEM , asistieron también el rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), Emilio Ramírez Roca, y representantes de ProInversión, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y otras entidades públicas y privadas.

 

En su discurso de apertura, Oscorima reafirmó la importancia estratégica del encuentro para el futuro de la macrorregión sur. “En esta segunda edición de ANDESMIN 2026, buscaremos identificar desafíos y oportunidades, promover la transición energética y fortalecer la convivencia sostenible entre la minería, la agricultura y el agua de todas las regiones que conforman la Mancomunidad de Los Andes”, enfatizó. El gobernador señaló que el Perú no ha sabido aprovechar su riqueza para resolver los grandes problemas de pueblos como Ayacucho, e hizo un llamado al Gobierno central para que apoye a las regiones que no reciben canon ni regalías mineras. Añadió que los ponentes del evento ayudarán a comprender la importancia de una minería que no puede quedar bajo tierra sin aportar al progreso del país.

Por su parte, Godoy Medina destacó la unidad de la macrorregión sur y anunció que Cusco se integra oficialmente a la Mancomunidad Regional de Los Andes desde el día previo a la inauguración. Presentó a Apurímac como una región agrominera que trabaja para que la minería, la agricultura y la producción convivan, y afirmó que la riqueza debe llegar a las comunidades y a las familias más necesitadas, con oportunidades laborales para todos. Según indicó, y de acuerdo con estudios del Instituto Peruano de Economía (IPE), Apurímac creció 27,5 % en 2025.

 

A su turno, Arce Aguado explicó que esta segunda convención fue organizada en coordinación con el Gobierno Regional de Ayacucho y la UNSCH, y que ANDESMIN se constituye como una plataforma de encuentro entre la empresa privada, la sociedad civil, el sector público nacional, regional y local, y las empresas mineras.

Su objetivo, dijo, es alcanzar propuestas que impulsen una minería sostenible, competitiva y generadora de desarrollo territorial. Detalló que una minería sostenible es la que respeta el medio ambiente, convive con la agricultura y gestiona adecuadamente el recurso hídrico; una competitiva, la que aprovecha la ciencia, la tecnología y el conocimiento; y una que genera desarrollo territorial, la que mejora la calidad de vida de la población y tiene “rostro humano”.

“Los Andes no tienen que elegir entre minería o desarrollo. El reto es construir un modelo donde la minería, el medio ambiente, la agricultura, el agua y el desarrollo humano se integren para generar valor público para nuestra población”, sostuvo. Precisó además que la Mancomunidad no pretende sustituir a los gobiernos regionales, sino impulsar la descentralización, generando capacidades en el personal de estos gobiernos para aprovechar mejor sus recursos. Finalmente, invitó a que ANDESMIN sea más que una convención minera: un espacio que genere confianza, articule esfuerzos y construya una visión de desarrollo con esperanza

Conferencias magistrales de ANDESMIN 2026: Wood Mackenzie advierte que el cobre que el Perú no produzca será explotado por otros países

El director de Wood Mackenzie Perú, Rubén Arratia Barrantes, durante su Ponencia: Oportunidades y Desafíos Mineros al 2050: ¿Dónde invertir en latinoamérica?, explicó que la región debe atraer cerca de 200 mil millones de dólares en inversión minera hacia mediados de siglo, en un contexto en el que el capital compite con otros sectores. Como ejemplo, citó a Vaca Muerta, en Argentina, que atraería unos 100 mil millones de dólares en petróleo y gas.

Arratia comparó la situación de los principales países. Sobre Chile, destacó su estabilidad política y social, su grado de inversión y su avance en energías renovables, y mencionó la propuesta del presidente José Antonio Kast de reducir el impuesto corporativo de 27 % a 23 % y ofrecer contratos de estabilidad tributaria de 20 años. Si concreta todos sus proyectos, Chile podría producir casi 6 millones de toneladas de cobre. De Argentina, subrayó que se ha convertido en un nuevo polo de atracción de capitales gracias a la eliminación de regulaciones y a contratos de estabilidad tributaria de 30 y 40 años, aunque sus proyectos de altura, como Vicuña, con una inversión de 18 mil millones de dólares, son muy costosos.

Sobre el Perú, el especialista reconoció su larga historia minera, pero advirtió que obtener la licencia social y negociar la servidumbre minera con comunidades sigue siendo una pesadilla para los inversionistas. Como ejemplo, indicó que el proyecto Zafranal, previsto para 2029, se habría postergado hacia 2032. Señaló que los grandes riesgos del país son la criminalidad y la necesidad de generar empleo masivo para ofrecer alternativas a los informales, que según dijo alcanzan el 71 %. También recomendó ofrecer contratos de estabilidad tributaria de 20 a 25 años para reducir el riesgo país.

“El cobre que no se saque del Perú se va a sacar en otro sitio”, advirtió, al recordar que China anunció recientemente más de un millón de toneladas adicionales de cobre en el Tíbet, y que Ecuador, Brasil, Rusia y Kazajistán también compiten por inversión.

 

Arratia sostuvo además que un país sin energía barata y segura no tiene futuro en ninguno de sus sectores económicos, y alertó que el gas podría agotarse si no se explora más.

La ponencia fue comentada por el gobernador del Cusco, Werner Salcedo, quien planteó fortalecer la exploración y destacó que la macrorregión sur tiene 35 proyectos mineros con factibilidad, por unos 36 mil millones de dólares; y por el exministro de Energía y Minas Jorge Merino Tafur, quien pidió reducir la “montaña de permisos”, recuperar el rol promotor del MINEM y asegurar un sistema eléctrico confiable, con un gasoducto del sur y el cierre del anillo de Camisea.

ANDESMIN 2026 continuará hasta el 1 de noviembre con conferencias técnicas, espacios de networking y una muestra de la oferta minera, agroindustrial y gastronómica de la región, abierta a la población ayacuchana.

Posted on

Eje Cafetero proyecta nuevas obras viales por $7 billones tras cierre de Autopistas del Café

El futuro de la infraestructura vial del Eje Cafetero colombiano entra en una etapa de transición ante la próxima terminación de la concesión Autopistas del Café y la evaluación de una nueva iniciativa privada que contempla inversiones cercanas a los $7 billones. La propuesta Conexión Centro busca ampliar la capacidad de los corredores regionales, mejorar la movilidad y garantizar el mantenimiento de las vías que conectan a Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.

La iniciativa, presentada por Odinsa Vías, plantea intervenir aproximadamente 334 kilómetros de infraestructura mediante obras de ampliación, construcción de segundas calzadas, intersecciones y ciclorrutas. Su desarrollo permitiría establecer un nuevo esquema de operación y conservación vial una vez finalice el contrato actual de Autopistas del Café.

Sin embargo, el proyecto todavía se encuentra en evaluación. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) revocó la decisión que había rechazado inicialmente la propuesta y ordenó retomar su análisis, pero esto no representa una aprobación definitiva ni la adjudicación de un contrato.

Conexión Centro contempla ampliaciones y nuevas obras

La propuesta contempla una inversión de aproximadamente $7 billones, distribuidos en $4,02 billones para obras de capital (Capex) y $3,31 billones para operación y mantenimiento (Opex).

Entre las principales intervenciones proyectadas se encuentran la construcción de 77 kilómetros de segundas calzadas, 20 intersecciones viales y 50 kilómetros de ciclorrutas. También se consideran trabajos para mejorar la infraestructura existente y atender puntos críticos de los corredores regionales.

La iniciativa incorpora propuestas recogidas durante espacios de socialización con autoridades y comunidades, entre ellas la segunda calzada entre La Manuela y La Trinidad, la segunda variante Condina y la rectificación de sectores que presentan dificultades para la circulación.

Asimismo, el proyecto contempla generar más de 54.000 empleos y establecer un fondo destinado a financiar obras regionales.

Mantenimiento vial, uno de los principales desafíos

La transición entre concesiones representa un reto para la conservación de la infraestructura existente. El Ministerio de Transporte ha advertido sobre el deterioro registrado en otros corredores que fueron revertidos al Estado y que posteriormente presentaron problemas de mantenimiento, señalización, drenaje y conservación de la superficie de rodadura.

Entre los casos mencionados por la entidad figuran los corredores Santuario-Caño Alegre, Puente Nacional-San Gil y San Gil-Bucaramanga, además de Café Madrid-La Cemento.

La preocupación radica en que la finalización de un contrato de concesión no elimina las obligaciones de conservación, atención de emergencias y prestación de servicios a los usuarios. Por ello, el Gobierno considera necesario definir mecanismos financieros y operativos que permitan mantener las condiciones de seguridad y transitabilidad.

En el caso del Eje Cafetero, la infraestructura actualmente administrada por Autopistas del Café comprende 256 kilómetros, un túnel y 103 puentes y viaductos. Su transferencia requerirá establecer responsabilidades claras para garantizar la continuidad de las actividades de operación y mantenimiento.

La terminación de la concesión depende del modelo financiero

Autopistas del Café, operada por Odinsa Vías, fue adjudicada en 1997 y su finalización está vinculada al cumplimiento de la Tasa Interna de Retorno (TIR) pactada contractualmente.

El Gobierno colombiano aclaró que la actualización de la fecha estimada de terminación no constituye una prórroga discrecional. La ANI y la interventoría deben verificar el modelo financiero, considerando la actualización por inflación y las condiciones establecidas en el contrato y en el laudo arbitral de 2018.

Aunque inicialmente se estimaba febrero de 2027 como fecha de terminación, la actualización financiera modificó esa proyección. La fecha efectiva dependerá de la verificación correspondiente.

Peajes y conectividad regional también forman parte del debate

Otro aspecto relevante para el futuro del corredor es el costo que asumirán los usuarios. La evaluación de Conexión Centro contempla revisar las tarifas de peaje y considerar mecanismos diferenciales para las comunidades que utilizan diariamente estas vías por motivos laborales, educativos o de acceso a servicios de salud.

En mayo de 2026, la ANI y el Ministerio de Transporte anunciaron una propuesta de tarifas diferenciales para habitantes de Manizales, Chinchiná, Palestina, Villamaría, Santa Rosa de Cabal y Circasia, con beneficios para vehículos de categorías I y II en determinados peajes.

La definición de las condiciones tarifarias será uno de los aspectos que deberá analizarse dentro de la nueva iniciativa, junto con su viabilidad técnica, financiera, jurídica y social.

Nueva etapa para la infraestructura del Eje Cafetero

El cierre de Autopistas del Café y la posible ejecución de Conexión Centro representan dos procesos distintos, pero vinculados por la necesidad de mantener y ampliar la conectividad regional.

Mientras la concesión actual se prepara para revertir la infraestructura al Estado, la nueva propuesta plantea una alternativa de inversión privada para desarrollar obras de mayor capacidad y asumir la operación de los corredores durante una nueva etapa.

La decisión final dependerá de los resultados de la evaluación de la ANI y de las condiciones que se establezcan para garantizar la financiación, el mantenimiento y la prestación del servicio. El desafío será asegurar que la transición no afecte la movilidad y permita responder a las necesidades de transporte de los departamentos del Eje Cafetero.

Posted on

Gobierno colombiano reprogramará recursos de obras retrasadas para financiar nuevas inversiones

El Gobierno Nacional de Colombia anunció que reprogramará las vigencias futuras destinadas a proyectos de infraestructura que presentan retrasos en su ejecución, con el propósito de utilizar esos recursos en inversiones que puedan desarrollarse en plazos más cortos. La medida busca mejorar el aprovechamiento de los compromisos presupuestales y acelerar iniciativas consideradas prioritarias, especialmente en el sector del transporte público.

El anuncio fue realizado por la ministra de Transporte, Elsa Noguera, durante el Congreso de Andemos, luego de una revisión conjunta con el Ministerio de Hacienda, contratistas, concesionarios y entidades responsables de los proyectos. El análisis permitió identificar recursos comprometidos que no están siendo ejecutados de acuerdo con los cronogramas inicialmente establecidos.

Según la funcionaria, los saldos acumulados en patrimonios autónomos y fiducias superan los $10 billones, situación que motivó la revisión de los compromisos financieros asociados a obras con baja ejecución.

Calle 13 y Metro de Bogotá, entre los proyectos revisados

Entre las iniciativas incluidas en el análisis se encuentran la intervención de la Calle 13 y la segunda línea del Metro de Bogotá, dos proyectos relevantes para la movilidad y la infraestructura de la capital colombiana.

En el caso de la Calle 13, de los seis tramos contemplados, únicamente dos habían sido adjudicados al momento del anuncio. Por su parte, la segunda línea del Metro de Bogotá todavía no había sido adjudicada, lo que limita la ejecución de los recursos programados para su desarrollo.

Ante estos retrasos, el Gobierno plantea ajustar los calendarios presupuestales y establecer nuevos convenios para conservar el respaldo financiero de las obras. La reprogramación no significa cancelar los compromisos ni retirar la financiación, sino adecuarla a los tiempos reales de ejecución de cada iniciativa.

Recursos se orientarían a la compra de buses eléctricos

Una parte de los recursos que no se ejecutarán de inmediato podría destinarse a acelerar la adquisición de buses eléctricos para los sistemas de transporte masivo de Bogotá y otras ciudades del país.

La ministra explicó que esta alternativa permitiría convertir recursos presupuestales disponibles en inversiones con posibilidades de ejecución más rápida. Además, la renovación de las flotas contribuiría a modernizar el transporte público, reducir las emisiones contaminantes y mejorar las condiciones ambientales de las ciudades.

La adquisición de vehículos eléctricos también representa una oportunidad para fortalecer la infraestructura complementaria, incluidos los sistemas de recarga, las instalaciones de mantenimiento y los componentes necesarios para su operación.

Gobierno busca mejorar la ejecución de los recursos públicos

La reprogramación responde a la necesidad de ajustar los compromisos presupuestales a la capacidad real de ejecución de los proyectos. Según la ministra, mantener recursos en patrimonios autónomos cuando las obras no avanzan al ritmo previsto limita su utilización en otras necesidades del sector transporte.

Por ello, la revisión contempla la participación de las entidades responsables, los concesionarios y los contratistas, con el objetivo de establecer nuevos cronogramas financieros y determinar qué inversiones pueden recibir recursos en el corto plazo.

El Gobierno busca que las vigencias futuras continúen respaldando los proyectos estratégicos, pero con una programación que permita aprovechar los recursos mientras se completan las condiciones necesarias para avanzar en las obras.

Reprogramación no significa retirar el respaldo a Bogotá

Noguera aclaró que la medida no implica abandonar la financiación de la Calle 13 ni de la segunda línea del Metro de Bogotá. La intención es establecer nuevos acuerdos que permitan mantener los compromisos dentro del marco fiscal del Gobierno Nacional y garantizar los recursos cuando los proyectos estén preparados para avanzar.

La decisión refleja un cambio en la programación de las inversiones públicas, con mayor atención a los niveles de ejecución y a la disponibilidad efectiva de los recursos. Su implementación requerirá formalizar los nuevos convenios y definir los mecanismos para trasladar las inversiones hacia iniciativas de ejecución más inmediata.

De esta manera, el Gobierno colombiano busca equilibrar la continuidad de las grandes obras de infraestructura con otras necesidades del transporte público, como la renovación de flotas y la incorporación de tecnologías de movilidad eléctrica.

Posted on

Afinia paga $131.000 millones a XM y evita cortes de energía en el Caribe colombiano

Afinia pagó $131.000 millones a XM, operador del mercado eléctrico colombiano, y consiguió suspender temporalmente la medida de limitación del suministro que estaba prevista para el 30 de octubre en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre. El desembolso, realizado con el respaldo financiero de Empresas Públicas de Medellín (EPM), permitió evitar interrupciones programadas que amenazaban con afectar a cerca de 1,4 millones de usuarios de la región Caribe.

La medida contemplaba suspensiones del servicio durante tres horas diarias en los 360 circuitos que conforman el mercado atendido por Afinia en estos departamentos. La restricción se había activado por obligaciones vencidas relacionadas con la compra de energía y la falta de pago a los agentes del mercado mayorista.

Con la cancelación de la deuda, el proceso de limitación del suministro fue suspendido. Sin embargo, la compañía advirtió que este resultado representa un alivio transitorio y que todavía se requieren medidas para garantizar la sostenibilidad financiera y operativa del servicio eléctrico.

EPM respaldó el pago para mantener el suministro

El respaldo de EPM fue determinante para que Afinia pudiera cumplir con sus obligaciones ante XM. La empresa matriz señaló que durante los seis años de operación de su filial ha destinado más de $3,6 billones a fortalecer la infraestructura eléctrica del Caribe y mejorar la prestación del servicio.

El desembolso de $131.000 millones permitió atender la obligación inmediata que había generado el riesgo de cortes. No obstante, la situación financiera de Afinia continúa siendo motivo de preocupación para el grupo empresarial, que ha advertido sobre las dificultades para sostener permanentemente las necesidades de recursos de su filial.

La compañía también ha señalado que necesita cerca de $800.000 millones para cubrir sus compromisos hasta finales de 2026, en medio de problemas de recaudo, pérdidas de energía y obligaciones pendientes.

Deudas públicas y pérdidas afectan la operación

Uno de los principales problemas identificados por Afinia es la deuda acumulada de las entidades públicas. Según la empresa, este segmento mantiene obligaciones pendientes por aproximadamente $420.000 millones, recursos que afectan su liquidez y capacidad para cumplir oportunamente con los pagos del mercado eléctrico.

A esta situación se suman las pérdidas de energía, que alcanzan cerca del 29 %, de acuerdo con cifras divulgadas por EPM. Este indicador refleja las dificultades para recuperar los costos de la electricidad adquirida y comercializada en los departamentos atendidos por la filial.

La compañía ha insistido en la necesidad de combatir el fraude eléctrico, las conexiones ilegales y el uso indebido de la infraestructura. Estas prácticas reducen los ingresos disponibles para el mantenimiento, la modernización y la expansión de las redes de distribución.

Infraestructura eléctrica requiere inversiones sostenidas

Durante sus seis años de operación, Afinia ha recibido inversiones superiores a los $3,6 billones por parte de EPM, destinadas al fortalecimiento de la infraestructura y a mejorar la calidad del servicio en la región Caribe.

Sin embargo, la continuidad de estos trabajos depende de la capacidad de la empresa para recuperar los costos de operación y contar con recursos suficientes para atender sus obligaciones. La situación también evidencia la importancia de mejorar los sistemas de medición, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas y ampliar la cobertura de mecanismos que faciliten el pago del servicio.

Entre las alternativas impulsadas por Afinia se encuentra la energía prepago, modalidad que permite a los usuarios administrar su consumo y controlar sus gastos. Actualmente, alrededor de 65.000 familias utilizan esta opción.

Suspensión de cortes no resuelve la crisis financiera

Aunque el pago permitió evitar la restricción inmediata del suministro, Afinia y EPM mantienen el llamado a construir una solución estructural para el mercado eléctrico del Caribe. La empresa considera necesario que los usuarios, las entidades públicas y los demás actores del sector cumplan oportunamente sus obligaciones.

El caso también pone de manifiesto los desafíos para garantizar la prestación del servicio en una región donde las dificultades de recaudo y las pérdidas de energía afectan la estabilidad financiera de los operadores.

Por ahora, los usuarios de Bolívar, Córdoba y Sucre evitarán las interrupciones previstas para el 30 de octubre. No obstante, la sostenibilidad del suministro dependerá de que se implementen medidas que permitan mejorar los ingresos, controlar las pérdidas y asegurar los recursos necesarios para mantener y modernizar la infraestructura eléctrica.

Posted on

CREG propone incentivos para acelerar nuevos proyectos de generación eléctrica en Colombia

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) de Colombia presentó una propuesta para acelerar la entrada en operación de nuevos proyectos de generación eléctrica y fortalecer la disponibilidad de energía en el país entre 2027 y 2030. La iniciativa contempla una remuneración para las empresas que asuman compromisos de energía firme y un incentivo económico adicional para aquellas plantas que comiencen a operar antes de las fechas previstas.

La propuesta está contenida en el Proyecto de Resolución CREG 701 155 de 2026, que fue publicado para consulta pública. El mecanismo busca ampliar la capacidad de generación disponible durante los períodos 2027-2028, 2028-2029 y 2029-2030, frente al crecimiento esperado de la demanda y los riesgos asociados a una menor disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica.

De acuerdo con la entidad, el procedimiento de asignación tendría una duración aproximada de 52 días hábiles y la participación de los generadores sería voluntaria. El esquema complementaría los mecanismos existentes y estaría sujeto al cumplimiento de requisitos técnicos y garantías.

Generadores recibirían pagos por energía firme

Uno de los componentes centrales de la iniciativa es establecer una remuneración para los participantes que asuman obligaciones de energía firme. Estos compromisos permitirían contar con electricidad disponible para atender la demanda, especialmente durante situaciones de escasez energética.

Además, las plantas que cumplan los requisitos y entren en operación antes de la fecha inicialmente programada podrían recibir un pago adicional por cada megavatio-hora (MWh) comprometido durante el período de entrada anticipada.

El mecanismo estaría abierto a diferentes tipos de participantes: proyectos nuevos de generación, plantas en construcción que todavía no tengan compromisos con el sistema, instalaciones existentes que realicen obras para incrementar su energía firme y grandes autogeneradores.

La asignación se realizaría de acuerdo con el orden en que los participantes acrediten el cumplimiento de las condiciones establecidas. Asimismo, ninguna planta podría concentrar más del 30 % de la cantidad máxima prevista para cada período.

Incentivos para incorporar baterías en plantas solares

La propuesta también contempla estímulos para que las plantas solares fotovoltaicas que dispongan de energía adicional incorporen sistemas de almacenamiento mediante baterías.

Esta tecnología permitiría conservar parte de la electricidad generada durante las horas de mayor radiación solar e inyectarla posteriormente a la red, especialmente durante la noche, cuando la generación fotovoltaica disminuye y la demanda puede requerir fuentes adicionales de respaldo.

La medida busca aprovechar mejor la capacidad instalada de los proyectos solares, impulsar nuevas inversiones tecnológicas y aportar flexibilidad a la operación del sistema eléctrico colombiano.

La incorporación de sistemas BESS (Battery Energy Storage System) también representa una oportunidad para empresas desarrolladoras, fabricantes de baterías y proveedores de infraestructura energética, debido a la creciente necesidad de integrar almacenamiento con fuentes renovables.

Colombia busca fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico

La iniciativa se presenta en un contexto en el que Colombia necesita ampliar sus alternativas de generación y contar con suficiente energía disponible ante posibles períodos de baja hidrología. La dependencia de las centrales hidroeléctricas hace que el sistema sea vulnerable a condiciones climáticas que reduzcan los niveles de los embalses.

En este escenario, acelerar proyectos de generación y facilitar la incorporación de almacenamiento permitiría diversificar las fuentes de suministro y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de estrechez energética.

La propuesta también se articula con los objetivos del Plan Energía Ya del Gobierno colombiano, orientado a fortalecer la continuidad del servicio eléctrico mediante acciones de coordinación entre el Ministerio de Minas y Energía y la CREG.

Proyecto regulatorio entra en etapa de consulta

La CREG habilitó un período de diez días calendario, contado desde el día siguiente a la publicación del proyecto en su portal, para recibir comentarios de empresas, usuarios y demás interesados.

Las observaciones serán consideradas antes de que la entidad adopte una decisión definitiva sobre el mecanismo. Por tanto, los incentivos planteados todavía no constituyen una disposición vigente y su aplicación dependerá del resultado del proceso de consulta y de la aprobación de la regulación correspondiente.

Con esta propuesta, Colombia busca generar condiciones para que nuevos proyectos eléctricos entren en operación en plazos más cortos y para que las instalaciones solares incorporen tecnologías de almacenamiento. Su implementación podría abrir oportunidades de inversión en generación, infraestructura y soluciones de respaldo energético, además de contribuir a la confiabilidad del suministro nacional.