El Perú acumulaba 2.416 obras públicas paralizadas al cierre de 2025, con un costo de inversión actualizado de S/67.139 millones, según información de la Contraloría General de la República. Frente a esta situación, el Congreso aprobó un dictamen que propone crear un Inventario Nacional de Obras Paralizadas y establecer mecanismos para dar seguimiento a los proyectos detenidos y a las recomendaciones formuladas por el organismo de control.
Del monto total comprometido, S/32.243 millones corresponden a recursos que todavía faltan ejecutar en las obras que no han sido culminadas. La magnitud del problema también se refleja en la asignación presupuestal: durante 2025, únicamente 911 proyectos, equivalentes al 37,7% del total, contaron con Presupuesto Institucional Modificado (PIM), por una suma conjunta de S/3.596 millones.
La propuesta forma parte del dictamen de la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Entre sus disposiciones contempla que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elabore un plan para implementar las recomendaciones de la Contraloría, con el objetivo de fortalecer el seguimiento y la gestión de las inversiones públicas.
Gobierno Nacional concentra el mayor monto de inversión detenida
La distribución de las obras paralizadas evidencia diferencias entre los niveles de gobierno. Los gobiernos locales concentran la mayor cantidad de proyectos detenidos, con 1.693 intervenciones valorizadas en S/10.525 millones. Esto representa el 70,1% del total de obras, pero apenas el 15,7% de su costo actualizado.
En contraste, el Gobierno Nacional registra 386 proyectos paralizados, cuyo valor asciende a S/37.432 millones, equivalente al 55,8% de la inversión comprometida. Los gobiernos regionales, por su parte, acumulan 337 obras detenidas, valorizadas en S/19.180 millones.
Estas cifras muestran que los proyectos de mayor envergadura económica se concentran principalmente en el ámbito nacional y regional, mientras que las municipalidades reúnen la mayor cantidad de intervenciones pendientes.
Incumplimientos contractuales y falta de financiamiento explican las paralizaciones
Entre las principales causas de la interrupción de las obras figuran los incumplimientos contractuales, que representan el 26,2% de los casos. Le siguen la falta de recursos financieros o liquidez, con el 22,9%; las deficiencias en los expedientes técnicos, con el 9,1%; y las controversias, disputas o arbitrajes, que explican el 8,7%.
Estos problemas afectan directamente los cronogramas de ejecución y generan dificultades para concluir proyectos de infraestructura que ya cuentan con inversiones comprometidas. Además, la falta de presupuesto asignado limita la posibilidad de retomar los trabajos, incluso cuando existen condiciones para continuar con su desarrollo.
La situación evidencia la necesidad de mejorar la planificación, la elaboración de expedientes técnicos y los mecanismos de contratación, así como asegurar los recursos financieros antes de iniciar las intervenciones.
Congreso plantea crear un inventario nacional de obras paralizadas
El dictamen aprobado propone establecer un registro nacional que permita consolidar información sobre los proyectos detenidos y facilitar su seguimiento. La iniciativa busca mejorar la disponibilidad de datos para identificar las condiciones de cada obra, sus necesidades presupuestales y las acciones requeridas para reanudar su ejecución.
La propuesta también contempla que el MEF elabore un plan para implementar las recomendaciones de la Contraloría y que esta última pueda acceder a información tributaria anonimizada de la Sunat, respetando la reserva tributaria.
Aunque ya existen mecanismos de registro y seguimiento, la propuesta busca fortalecer la articulación de la información y mejorar la capacidad de respuesta de las entidades responsables. El inventario del Banco de Inversiones, por ejemplo, registraba 762 obras paralizadas al cierre de 2025; de ellas, 466 no contaban con un informe de estado situacional actualizado.
Ejecución presupuestal y control de inversiones
El problema de las obras detenidas se produce en un contexto de importantes niveles de ejecución del gasto público. Durante 2025, el sector público ejecutó S/328.363 millones, equivalentes al 93,6% de su presupuesto modificado. La inversión pública alcanzó S/61.941 millones, con una ejecución del 83,8% del presupuesto asignado a este rubro.
Sin embargo, el nivel de ejecución presupuestal no garantiza que todos los proyectos culminen dentro de los plazos previstos ni que se cumplan sus objetivos. Las obras paralizadas reflejan dificultades específicas en la gestión contractual, técnica y financiera de las inversiones.
Por ello, el fortalecimiento del control y el seguimiento resulta fundamental para identificar oportunamente los riesgos que pueden afectar la continuidad de los trabajos y evitar que los proyectos acumulen mayores retrasos y costos.
Reactivación de obras será uno de los principales desafíos
La creación del Inventario Nacional de Obras Paralizadas y el seguimiento de las recomendaciones de la Contraloría buscan mejorar la gestión de los proyectos públicos pendientes. No obstante, la reactivación dependerá de que las entidades responsables identifiquen las causas de cada paralización y establezcan soluciones técnicas, contractuales y presupuestales.
La magnitud de la inversión comprometida evidencia el impacto que tiene la falta de continuidad de las obras sobre la infraestructura nacional. Hospitales, colegios, carreteras, sistemas de saneamiento y otras intervenciones públicas requieren mecanismos que permitan superar los obstáculos que impiden su culminación.
El desafío será convertir las medidas de seguimiento en acciones concretas para retomar y concluir los proyectos, priorizando aquellos que puedan ponerse nuevamente en marcha y que generen beneficios directos para la población.
