El Gobierno peruano evalúa ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) para financiar los saldos pendientes de proyectos públicos inconclusos y acelerar su culminación en distintas regiones del país. La propuesta busca incorporar una modalidad que permita seleccionar intervenciones con avances importantes, pero que permanecen detenidas por falta de presupuesto.
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, durante el encuentro empresarial Open for Business Perú–USA. Según explicó, la iniciativa forma parte de una estrategia contracíclica destinada a mantener el dinamismo económico frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño y el contexto internacional marcado por el incremento de los precios de los combustibles y las tasas de interés.
La propuesta apunta a utilizar el financiamiento privado para completar tramos pendientes de obras que ya cuentan con condiciones técnicas para continuar, evitando que las inversiones permanezcan paralizadas por falta de recursos.
Obras con expedientes técnicos adecuados tendrán prioridad
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) plantea priorizar proyectos que cuenten con expedientes técnicos adecuados y cuya ejecución se haya detenido porque los gobiernos regionales o municipales no aseguraron el financiamiento necesario.
La selección excluiría las intervenciones que presenten controversias legales o indicios de corrupción, debido a que estas condiciones pueden impedir una reactivación rápida y generar nuevos riesgos durante la ejecución.
El ministro explicó que existen gobiernos subnacionales que iniciaron numerosos proyectos sin contar con los recursos suficientes para terminarlos. Frente a esta situación, el Ejecutivo busca concentrar el financiamiento en obras que tengan mayores posibilidades de concluirse en el corto plazo.
Nueva modalidad buscaría financiar saldos de obra
La propuesta contempla utilizar Obras por Impuestos para cubrir los montos que faltan ejecutar en proyectos iniciados bajo otras modalidades de inversión pública. De esta manera, las empresas privadas podrían participar en el financiamiento de las intervenciones pendientes, conforme a las condiciones que establezca el mecanismo.
El objetivo es reducir los tiempos necesarios para completar infraestructura que ya registra avances físicos y cuya culminación permitiría poner en funcionamiento servicios públicos o mejorar la conectividad de distintas localidades.
Cabe señalar que el nuevo Reglamento de Obras por Impuestos, publicado en marzo de 2026, ya habilitó la posibilidad de ejecutar saldos de obra mediante este mecanismo. El anuncio del Gobierno apunta a impulsar una modalidad enfocada específicamente en acelerar la culminación de proyectos detenidos por falta de financiamiento.
Mantenimiento de colegios, hospitales y carreteras también será impulsado
La estrategia contracíclica del Ejecutivo contempla otros tres componentes adicionales: entrega de bonos a familias vulnerables, impulso a la construcción de viviendas e inyección de liquidez a sectores económicos afectados.
También incluye un programa de mantenimiento descentralizado de colegios, establecimientos de salud, comisarías y carreteras. En este caso, el MEF plantea que los recursos lleguen directamente a los responsables de las instituciones beneficiarias, como directores de centros educativos, establecimientos de salud y comisarías.
Este esquema busca agilizar la ejecución de trabajos de mantenimiento y evitar que los recursos deban pasar por procesos administrativos adicionales en los gobiernos locales o regionales.
Las intervenciones permitirían atender necesidades de infraestructura que, aunque no necesariamente requieren grandes proyectos de inversión, son importantes para conservar las instalaciones y garantizar la continuidad de los servicios públicos.
Reactivación de inversiones busca dinamizar la economía
La ampliación de Obras por Impuestos se plantea como una herramienta para acelerar la ejecución de inversiones y aprovechar la participación del sector privado en la culminación de infraestructura pública.
El mecanismo podría beneficiar a proyectos de transporte, educación, salud, saneamiento y otros sectores, siempre que cumplan los criterios técnicos y legales establecidos para su priorización.
No obstante, la propuesta todavía se encuentra en evaluación y requiere precisar sus condiciones de aplicación. Su efectividad dependerá de la identificación de las obras elegibles, la disponibilidad de empresas interesadas y la capacidad de las entidades públicas para asegurar una adecuada supervisión.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca reducir el número de proyectos inconclusos y convertir inversiones detenidas en infraestructura operativa. El reto será garantizar que los recursos se concentren en obras viables y que su culminación se traduzca en servicios efectivos para la población.
