Minería ilegal y trabas administrativas amenazan inversiones por US$64.075 millones en Perú

Cartera minera enfrenta riesgos sociales y regulatorios

El desarrollo de la cartera de proyectos mineros del Perú, valorizada en US$64.075 millones, enfrenta desafíos relacionados con la minería ilegal e informal, los conflictos sociales y las demoras en los procedimientos administrativos. Estos factores pueden incrementar la incertidumbre sobre la ejecución de las inversiones y condicionar las decisiones de financiamiento de las empresas, en un contexto en el que el país cuenta con 66 proyectos distribuidos en 19 departamentos.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo correspondientes a agosto de 2026, el país registró 188 conflictos sociales, de los cuales 92 fueron socioambientales. De este último grupo, el 66,3% estuvo vinculado con actividades mineras. Estas cifras reflejan la importancia de fortalecer la gestión de los conflictos y las relaciones con las comunidades para reducir los riesgos que pueden afectar el desarrollo de las operaciones.

Riesgos regulatorios condicionan el financiamiento

La evaluación de un proyecto minero no depende únicamente de su potencial geológico o de la rentabilidad esperada. Las entidades financieras también consideran aspectos como la situación regulatoria, los derechos sobre los activos, los pasivos existentes y la capacidad de las compañías para gestionar los compromisos sociales y ambientales.

Nydia Guevara, socia de Banca y Finanzas, Mercado de Valores y Fintech de Hernández & Cía., explicó que la identificación de los riesgos regulatorios y operativos influye directamente en la estructura del financiamiento y en las condiciones contractuales. También destacó la importancia de contar con información clara sobre los activos, los flujos económicos y las obligaciones de cada proyecto.

Estos elementos adquieren especial relevancia en una industria que requiere inversiones de largo plazo y compromisos financieros elevados. La falta de claridad sobre las condiciones legales, ambientales o sociales puede modificar la percepción de riesgo de los inversionistas y afectar las posibilidades de concretar nuevos desembolsos.

Demoras en permisos elevan la incertidumbre

A los riesgos sociales y propios de cada operación se suman las dificultades administrativas para obtener autorizaciones. Aunque el Perú dispone de un marco legal consolidado para la actividad minera, los procedimientos prolongados, las exigencias redundantes y la falta de coordinación entre instituciones pueden generar retrasos en los cronogramas de los proyectos.

Sergio Cueva, socio de Minería de Hernández & Cía., señaló que las principales dificultades se presentan durante la ejecución de los procedimientos, debido a las demoras en los permisos y a la falta de articulación entre las entidades públicas. En ese sentido, planteó mejorar la eficiencia administrativa y reducir los plazos sin debilitar los estándares ambientales y sociales.

La predictibilidad regulatoria constituye un factor relevante para las empresas que deben planificar etapas de exploración, construcción y operación. Cuando los tiempos de autorización son inciertos, también pueden aumentar los costos asociados a la preparación y ejecución de las inversiones.

Minería ilegal y conflictos afectan la competitividad

La expansión de la minería ilegal e informal, los bloqueos y la conflictividad social también representan desafíos para la imagen del Perú como destino de inversión. Estas condiciones pueden generar interrupciones operativas, dificultades para desarrollar proyectos y mayores exigencias en los procesos de evaluación de riesgos.

Shawn Doyle, principal de la práctica de América Latina de McCarthy Tétrault, destacó que el país mantiene fortalezas por su trayectoria minera y su marco regulatorio, aunque identificó la minería ilegal, la informalidad y los conflictos sociales como aspectos que deben ser atendidos para conservar su atractivo ante los inversionistas internacionales.

En este escenario, la gestión temprana de los riesgos sociales y una respuesta articulada del Estado resultan relevantes para prevenir situaciones que puedan comprometer la continuidad de las operaciones. La coordinación entre autoridades y empresas también puede contribuir a generar condiciones más estables para el desarrollo de las iniciativas mineras.

Predictibilidad para concretar nuevas inversiones

La cartera minera de US$64.075 millones representa una oportunidad de inversión para distintas regiones del país, pero su desarrollo dependerá de condiciones que permitan avanzar desde la planificación hasta la ejecución de los proyectos. La simplificación de trámites, la coordinación institucional y el fortalecimiento de la gestión social forman parte de los factores necesarios para mejorar ese proceso.

El desafío consiste en reducir las barreras administrativas y atender los problemas de informalidad y conflictividad sin disminuir las exigencias ambientales y sociales. Para una industria que demanda capitales significativos y horizontes de inversión prolongados, contar con reglas claras y procedimientos previsibles resulta fundamental para facilitar el financiamiento y promover el desarrollo de nuevos proyectos.

Southern Perú proyecta invertir US$10.380 millones en proyectos mineros de cinco regiones

Southern Perú anunció una cartera de inversiones proyectada de US$10.380 millones para desarrollar proyectos mineros y ampliar infraestructura industrial en cinco regiones del país. El portafolio comprende iniciativas como Tía María, Los Chancas y Michiquillay, además de la expansión de Cuajone, una nueva fundición y la refinería de Ilo, según informó el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

El anuncio fue presentado durante una reunión entre representantes de la compañía y el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno. La empresa, que forma parte de Grupo México, señaló que sus inversiones tendrán impacto en Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Moquegua y Tacna, mediante la generación de empleo formal, mayores ingresos fiscales y transferencias por regalías.

La cartera reúne proyectos en diferentes etapas de desarrollo, desde iniciativas que ya se encuentran en construcción hasta operaciones cuya ejecución está prevista para los próximos años. Su materialización dependerá del cumplimiento de los cronogramas, las condiciones técnicas y los permisos correspondientes.

Tía María registra cerca del 50% de avance en Arequipa

Uno de los principales componentes de la cartera es Tía María, ubicado en la región Arequipa, que contempla una inversión de US$2.100 millones. Según la información proporcionada por Southern Perú, la construcción registra un avance cercano al 50% y el inicio de operaciones está previsto para enero de 2028.

Actualmente, el proyecto genera más de 6.800 puestos de trabajo, de los cuales 1.181 corresponden a trabajadores locales. Su desarrollo representa una de las principales inversiones mineras en ejecución dentro de la cartera de la compañía.

La futura operación incorporará nueva capacidad productiva de cobre y requerirá infraestructura minera e instalaciones asociadas para el procesamiento del mineral. El cumplimiento del cronograma será determinante para concretar su entrada en funcionamiento.

Los Chancas contempla US$2.600 millones en Apurímac

En Apurímac, Southern Perú proyecta desarrollar Los Chancas, iniciativa que requiere una inversión estimada de US$2.600 millones y considera un período de construcción de aproximadamente cuatro años.

De acuerdo con la información difundida por el MINEM, el proyecto tendría una producción anual estimada de 130.000 toneladas de cobre. Su desarrollo forma parte de los planes de expansión de la compañía y representa una de las principales inversiones previstas para la región.

La ejecución de esta iniciativa implicará desarrollar las instalaciones y la infraestructura necesarias para una futura operación minera, además de cumplir con los procedimientos técnicos, ambientales y administrativos correspondientes.

Michiquillay prevé construcción entre 2030 y 2031

Otro proyecto relevante es Michiquillay, ubicado en Cajamarca, cuya inversión estimada asciende a US$2.500 millones. Según el cronograma presentado por la empresa, la construcción se proyecta para los años 2030 y 2031.

La iniciativa contempla una producción anual estimada de 225.000 toneladas de cobre, de acuerdo con la información difundida por el MINEM. Su desarrollo ampliaría la presencia de Southern Perú en el norte del país y contribuiría a diversificar geográficamente sus operaciones.

Por tratarse de un proyecto con un horizonte de construcción posterior, su avance dependerá de las etapas de preparación, ingeniería, evaluación y obtención de las autorizaciones necesarias.

Expansión Cuajone y nueva infraestructura industrial

La cartera también incluye la expansión de Cuajone, en Moquegua, así como la construcción de una nueva fundición y el desarrollo de la refinería de Ilo, en la región Moquegua.

Estas iniciativas buscan fortalecer la infraestructura productiva e industrial de Southern Perú, complementando sus proyectos de extracción de cobre. La expansión de las operaciones existentes y la modernización de las instalaciones de procesamiento forman parte de la estrategia de crecimiento de la compañía.

Durante el anuncio, no se detallaron los montos individuales ni los cronogramas específicos de estas iniciativas. Sin embargo, fueron incorporadas dentro de la inversión total proyectada de US$10.380 millones.

Obras por Impuestos complementan la inversión regional

Además de su cartera minera, Southern Perú informó que mantiene inversiones por US$429 millones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). Los recursos están destinados a proyectos en agricultura, educación, salud y saneamiento.

Este mecanismo permite que empresas privadas financien y ejecuten inversiones públicas mediante convenios con entidades del Estado, contribuyendo al desarrollo de infraestructura y servicios en las localidades beneficiarias.

La compañía señaló que estas intervenciones complementan sus inversiones productivas y forman parte de su participación en el desarrollo de las regiones donde opera.

MINEM plantea simplificar trámites para impulsar proyectos

Durante la reunión, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, destacó la importancia de facilitar las inversiones privadas y reafirmó el objetivo del sector de simplificar procedimientos administrativos y permisos relacionados con la actividad minera.

La cartera de Southern Perú se incorpora a un escenario en el que el país busca impulsar nuevos proyectos, ampliar operaciones existentes y atraer capitales para el desarrollo de infraestructura productiva.

La concreción de los US$10.380 millones dependerá de que cada iniciativa avance conforme a sus condiciones técnicas, financieras, ambientales y regulatorias. Su desarrollo podría generar nuevas oportunidades de empleo, contratación de proveedores y actividad económica en las cinco regiones involucradas.

Gobierno evalúa ampliar Obras por Impuestos para culminar obras públicas paralizadas

El Gobierno peruano evalúa ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) para financiar los saldos pendientes de proyectos públicos inconclusos y acelerar su culminación en distintas regiones del país. La propuesta busca incorporar una modalidad que permita seleccionar intervenciones con avances importantes, pero que permanecen detenidas por falta de presupuesto.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, durante el encuentro empresarial Open for Business Perú–USA. Según explicó, la iniciativa forma parte de una estrategia contracíclica destinada a mantener el dinamismo económico frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño y el contexto internacional marcado por el incremento de los precios de los combustibles y las tasas de interés.

La propuesta apunta a utilizar el financiamiento privado para completar tramos pendientes de obras que ya cuentan con condiciones técnicas para continuar, evitando que las inversiones permanezcan paralizadas por falta de recursos.

Obras con expedientes técnicos adecuados tendrán prioridad

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) plantea priorizar proyectos que cuenten con expedientes técnicos adecuados y cuya ejecución se haya detenido porque los gobiernos regionales o municipales no aseguraron el financiamiento necesario.

La selección excluiría las intervenciones que presenten controversias legales o indicios de corrupción, debido a que estas condiciones pueden impedir una reactivación rápida y generar nuevos riesgos durante la ejecución.

El ministro explicó que existen gobiernos subnacionales que iniciaron numerosos proyectos sin contar con los recursos suficientes para terminarlos. Frente a esta situación, el Ejecutivo busca concentrar el financiamiento en obras que tengan mayores posibilidades de concluirse en el corto plazo.

Nueva modalidad buscaría financiar saldos de obra

La propuesta contempla utilizar Obras por Impuestos para cubrir los montos que faltan ejecutar en proyectos iniciados bajo otras modalidades de inversión pública. De esta manera, las empresas privadas podrían participar en el financiamiento de las intervenciones pendientes, conforme a las condiciones que establezca el mecanismo.

El objetivo es reducir los tiempos necesarios para completar infraestructura que ya registra avances físicos y cuya culminación permitiría poner en funcionamiento servicios públicos o mejorar la conectividad de distintas localidades.

Cabe señalar que el nuevo Reglamento de Obras por Impuestos, publicado en marzo de 2026, ya habilitó la posibilidad de ejecutar saldos de obra mediante este mecanismo. El anuncio del Gobierno apunta a impulsar una modalidad enfocada específicamente en acelerar la culminación de proyectos detenidos por falta de financiamiento.

Mantenimiento de colegios, hospitales y carreteras también será impulsado

La estrategia contracíclica del Ejecutivo contempla otros tres componentes adicionales: entrega de bonos a familias vulnerables, impulso a la construcción de viviendas e inyección de liquidez a sectores económicos afectados.

También incluye un programa de mantenimiento descentralizado de colegios, establecimientos de salud, comisarías y carreteras. En este caso, el MEF plantea que los recursos lleguen directamente a los responsables de las instituciones beneficiarias, como directores de centros educativos, establecimientos de salud y comisarías.

Este esquema busca agilizar la ejecución de trabajos de mantenimiento y evitar que los recursos deban pasar por procesos administrativos adicionales en los gobiernos locales o regionales.

Las intervenciones permitirían atender necesidades de infraestructura que, aunque no necesariamente requieren grandes proyectos de inversión, son importantes para conservar las instalaciones y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

Reactivación de inversiones busca dinamizar la economía

La ampliación de Obras por Impuestos se plantea como una herramienta para acelerar la ejecución de inversiones y aprovechar la participación del sector privado en la culminación de infraestructura pública.

El mecanismo podría beneficiar a proyectos de transporte, educación, salud, saneamiento y otros sectores, siempre que cumplan los criterios técnicos y legales establecidos para su priorización.

No obstante, la propuesta todavía se encuentra en evaluación y requiere precisar sus condiciones de aplicación. Su efectividad dependerá de la identificación de las obras elegibles, la disponibilidad de empresas interesadas y la capacidad de las entidades públicas para asegurar una adecuada supervisión.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca reducir el número de proyectos inconclusos y convertir inversiones detenidas en infraestructura operativa. El reto será garantizar que los recursos se concentren en obras viables y que su culminación se traduzca en servicios efectivos para la población.

Perú registra 2.416 obras paralizadas por S/67.139 millones y Congreso plantea inventario nacional

El Perú acumulaba 2.416 obras públicas paralizadas al cierre de 2025, con un costo de inversión actualizado de S/67.139 millones, según información de la Contraloría General de la República. Frente a esta situación, el Congreso aprobó un dictamen que propone crear un Inventario Nacional de Obras Paralizadas y establecer mecanismos para dar seguimiento a los proyectos detenidos y a las recomendaciones formuladas por el organismo de control.

Del monto total comprometido, S/32.243 millones corresponden a recursos que todavía faltan ejecutar en las obras que no han sido culminadas. La magnitud del problema también se refleja en la asignación presupuestal: durante 2025, únicamente 911 proyectos, equivalentes al 37,7% del total, contaron con Presupuesto Institucional Modificado (PIM), por una suma conjunta de S/3.596 millones.

La propuesta forma parte del dictamen de la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Entre sus disposiciones contempla que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elabore un plan para implementar las recomendaciones de la Contraloría, con el objetivo de fortalecer el seguimiento y la gestión de las inversiones públicas.

Gobierno Nacional concentra el mayor monto de inversión detenida

La distribución de las obras paralizadas evidencia diferencias entre los niveles de gobierno. Los gobiernos locales concentran la mayor cantidad de proyectos detenidos, con 1.693 intervenciones valorizadas en S/10.525 millones. Esto representa el 70,1% del total de obras, pero apenas el 15,7% de su costo actualizado.

En contraste, el Gobierno Nacional registra 386 proyectos paralizados, cuyo valor asciende a S/37.432 millones, equivalente al 55,8% de la inversión comprometida. Los gobiernos regionales, por su parte, acumulan 337 obras detenidas, valorizadas en S/19.180 millones.

Estas cifras muestran que los proyectos de mayor envergadura económica se concentran principalmente en el ámbito nacional y regional, mientras que las municipalidades reúnen la mayor cantidad de intervenciones pendientes.

Incumplimientos contractuales y falta de financiamiento explican las paralizaciones

Entre las principales causas de la interrupción de las obras figuran los incumplimientos contractuales, que representan el 26,2% de los casos. Le siguen la falta de recursos financieros o liquidez, con el 22,9%; las deficiencias en los expedientes técnicos, con el 9,1%; y las controversias, disputas o arbitrajes, que explican el 8,7%.

Estos problemas afectan directamente los cronogramas de ejecución y generan dificultades para concluir proyectos de infraestructura que ya cuentan con inversiones comprometidas. Además, la falta de presupuesto asignado limita la posibilidad de retomar los trabajos, incluso cuando existen condiciones para continuar con su desarrollo.

La situación evidencia la necesidad de mejorar la planificación, la elaboración de expedientes técnicos y los mecanismos de contratación, así como asegurar los recursos financieros antes de iniciar las intervenciones.

Congreso plantea crear un inventario nacional de obras paralizadas

El dictamen aprobado propone establecer un registro nacional que permita consolidar información sobre los proyectos detenidos y facilitar su seguimiento. La iniciativa busca mejorar la disponibilidad de datos para identificar las condiciones de cada obra, sus necesidades presupuestales y las acciones requeridas para reanudar su ejecución.

La propuesta también contempla que el MEF elabore un plan para implementar las recomendaciones de la Contraloría y que esta última pueda acceder a información tributaria anonimizada de la Sunat, respetando la reserva tributaria.

Aunque ya existen mecanismos de registro y seguimiento, la propuesta busca fortalecer la articulación de la información y mejorar la capacidad de respuesta de las entidades responsables. El inventario del Banco de Inversiones, por ejemplo, registraba 762 obras paralizadas al cierre de 2025; de ellas, 466 no contaban con un informe de estado situacional actualizado.

Ejecución presupuestal y control de inversiones

El problema de las obras detenidas se produce en un contexto de importantes niveles de ejecución del gasto público. Durante 2025, el sector público ejecutó S/328.363 millones, equivalentes al 93,6% de su presupuesto modificado. La inversión pública alcanzó S/61.941 millones, con una ejecución del 83,8% del presupuesto asignado a este rubro.

Sin embargo, el nivel de ejecución presupuestal no garantiza que todos los proyectos culminen dentro de los plazos previstos ni que se cumplan sus objetivos. Las obras paralizadas reflejan dificultades específicas en la gestión contractual, técnica y financiera de las inversiones.

Por ello, el fortalecimiento del control y el seguimiento resulta fundamental para identificar oportunamente los riesgos que pueden afectar la continuidad de los trabajos y evitar que los proyectos acumulen mayores retrasos y costos.

Reactivación de obras será uno de los principales desafíos

La creación del Inventario Nacional de Obras Paralizadas y el seguimiento de las recomendaciones de la Contraloría buscan mejorar la gestión de los proyectos públicos pendientes. No obstante, la reactivación dependerá de que las entidades responsables identifiquen las causas de cada paralización y establezcan soluciones técnicas, contractuales y presupuestales.

La magnitud de la inversión comprometida evidencia el impacto que tiene la falta de continuidad de las obras sobre la infraestructura nacional. Hospitales, colegios, carreteras, sistemas de saneamiento y otras intervenciones públicas requieren mecanismos que permitan superar los obstáculos que impiden su culminación.

El desafío será convertir las medidas de seguimiento en acciones concretas para retomar y concluir los proyectos, priorizando aquellos que puedan ponerse nuevamente en marcha y que generen beneficios directos para la población.

Nueva Ley MAPE enfrenta desafíos por el acceso a concesiones mineras en Perú

La propuesta de una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) en Perú enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad para resolver los problemas estructurales de la formalización minera. CooperAcción advierte que modificar el marco normativo no sería suficiente si no se revisan también las condiciones de acceso a las concesiones mineras, la distribución de los derechos sobre el territorio y los mecanismos de fiscalización.

La organización presentó diez tesis para replantear la política de formalización minera y sostiene que el debate legislativo debe ir más allá de establecer nuevos procedimientos administrativos. Según su análisis, miles de pequeños productores continúan dependiendo de acuerdos con titulares de concesiones para acceder a terrenos donde desarrollar sus actividades, una situación que limita sus posibilidades de incorporarse a la economía formal.

El planteamiento adquiere relevancia en medio de la discusión del proyecto de Ley MAPE impulsado por el Ejecutivo, que busca establecer un régimen permanente para nuevos operadores y un régimen temporal de consolidación para determinados inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

Acceso a concesiones, una de las principales barreras

De acuerdo con las cifras presentadas por CooperAcción, en Perú existen aproximadamente 22 millones de hectáreas concesionadas. Sin embargo, alrededor de tres millones tienen algún uso relacionado con prospección, exploración, explotación, plantas de beneficio o cierre de minas.

La organización considera que esta distribución reduce las posibilidades de los pequeños productores que buscan áreas disponibles para desarrollar sus operaciones y cumplir con las exigencias legales, ambientales y tributarias.

El proyecto de Ley MAPE contempla incentivos para que los titulares de concesiones suscriban contratos de explotación con mineros artesanales y pequeños productores. Entre las medidas propuestas figuran menores pagos por derechos de vigencia y exoneraciones de penalidades.

No obstante, CooperAcción cuestiona que estos beneficios no garanticen que los concesionarios faciliten el acceso a sus derechos mineros. Por ello, plantea establecer mecanismos de negociación que permitan aprovechar determinadas áreas concesionadas e incorporar a productores dispuestos a cumplir las obligaciones correspondientes.

La producción aurífera cambió y exige nuevas reglas

Otro de los aspectos identificados por la organización es la transformación de la actividad aurífera peruana. Según las diez tesis, el número de productores de oro registrados pasó de 39 a más de 300 desde comienzos del siglo XXI.

Asimismo, la participación de los cuatro principales productores disminuyó de casi 80 % en 2005 a 31,1 % en 2024. Para CooperAcción, estos cambios reflejan una mayor participación de pequeños productores y una estructura productiva que no ha sido acompañada por una actualización suficiente del marco institucional.

La situación también presenta diferencias territoriales. En las zonas andinas, los principales conflictos están relacionados con el acceso a las concesiones, la superficie y la distribución de beneficios. En la Amazonía, los problemas incluyen la expansión de la minería aluvial mecanizada, la deforestación, la contaminación por mercurio y la presencia de organizaciones criminales.

Esta diversidad de escenarios plantea la necesidad de establecer mecanismos diferenciados de regulación, supervisión y formalización, de acuerdo con las características de cada territorio y operación minera.

REINFO y formalización requieren cambios estructurales

CooperAcción también cuestiona los resultados alcanzados por el REINFO, al considerar que este mecanismo no ha conseguido establecer una ruta efectiva para que los pequeños productores culminen su formalización.

La propuesta del Ejecutivo contempla un régimen temporal de consolidación para determinados inscritos en el registro, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de diciembre de 2026. Además, plantea la creación de una entidad especializada para conducir el proceso de formalización.

Sin embargo, la organización considera que estas medidas no resuelven por sí solas las dificultades relacionadas con el acceso a las concesiones, la disponibilidad de terrenos y la capacidad de fiscalización del Estado.

Entre sus planteamientos figuran implementar procedimientos diferenciados según el tipo de operación minera, fortalecer la protección ambiental y la seguridad, mejorar el acceso a servicios básicos y establecer mecanismos que permitan distinguir a los productores que buscan formalizarse de las redes vinculadas con actividades criminales.

Debate legislativo debe considerar la realidad de los territorios

La discusión de la nueva Ley MAPE también ha puesto en evidencia diferencias entre los actores del sector. Durante la presentación del proyecto ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, representantes de instituciones públicas, gremios y organizaciones mineras plantearon observaciones sobre sus alcances y mecanismos de aplicación.

Entre los temas señalados estuvieron la necesidad de precisar las obligaciones del Estado, mejorar los procedimientos de formalización y garantizar que el régimen propuesto no se convierta en una nueva extensión del REINFO.

El debate también contempla la necesidad de fortalecer la trazabilidad de los minerales, la supervisión de las operaciones y la articulación entre las entidades responsables de la gestión minera y ambiental.

Nueva normativa necesita acompañarse de reformas institucionales

Las observaciones de CooperAcción plantean que la formalización minera requiere una intervención integral que considere las condiciones económicas, territoriales y legales en las que operan los pequeños productores.

La revisión del sistema de concesiones, el fortalecimiento de la fiscalización y la disponibilidad de asistencia técnica aparecen como elementos necesarios para complementar una nueva legislación. Sin estos componentes, advierte la organización, los cambios normativos podrían mantener las barreras que han limitado los anteriores procesos de formalización.

El desafío para el Estado será establecer reglas que permitan desarrollar una pequeña minería formal y sostenible, sin dejar de combatir las operaciones ilegales y las actividades vinculadas con redes criminales. La discusión de la Ley MAPE representa una oportunidad para abordar estos problemas desde una perspectiva que integre regulación, acceso a derechos mineros y gestión territorial.