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La minera Nativo Resources obtuvo un financiamiento de US$3,5 millones de Chancery Royalty para completar la construcción y poner en marcha la planta de procesamiento de oro La Patona, ubicada en Acarí, Arequipa. El acuerdo permitirá financiar los trabajos pendientes de la primera fase del proyecto y avanzar hacia el inicio de la producción durante el segundo trimestre de 2027.

El financiamiento se estructuró mediante un acuerdo de regalías sobre los ingresos generados por la venta de oro. A cambio del aporte, Chancery recibirá el 6% de los ingresos brutos por el oro procesado en La Patona hasta acumular un retorno equivalente a 3.034 onzas de oro. Una vez alcanzado ese límite, la regalía se reducirá al 1,5% durante el resto de la vida útil de la operación. El acuerdo no contempla una opción para que Nativo recompre la regalía.

Como parte de la operación, Chancery también destinará £600.000 a la adquisición de aproximadamente el 16% de Nativo Resources. La inversión se realizará mediante una suscripción de acciones y permitirá a la firma participar en el capital de la minera. Además, contará con derechos preferentes para evaluar su participación en futuras ampliaciones de La Patona y en otros proyectos de la compañía.

El director ejecutivo de Nativo Resources, Stephen Birrell, señaló que el acuerdo proporciona una vía de financiamiento para completar la primera fase de la planta. Los recursos se utilizarán exclusivamente para concluir la construcción, realizar la puesta en marcha y desarrollar infraestructura asociada, además de cubrir determinados requerimientos de capital de trabajo.

Planta procesará 70 toneladas diarias

La Patona contempla una capacidad inicial de procesamiento de 70 toneladas de mineral por día, mediante un circuito de lixiviación por cianuración para recuperar oro. La instalación se encuentra a aproximadamente 45 kilómetros de la concesión aurífera Tesoro, también perteneciente a Nativo Resources.

La compañía prevé que la planta comience a operar en el segundo trimestre de 2027, una vez concluidas las obras y las pruebas de puesta en marcha. El cronograma considera entre cinco y seis meses para completar la construcción y la puesta en servicio desde la reanudación de los trabajos.

El proyecto forma parte de la estrategia de Nativo para desarrollar una operación integrada de extracción y procesamiento de oro en Perú. La disponibilidad de una planta propia permitiría procesar mineral procedente de sus concesiones y, potencialmente, material de terceros, reduciendo la dependencia de instalaciones externas y aumentando la capacidad de capturar valor de la producción aurífera.

La empresa también contempla ampliar progresivamente la capacidad de procesamiento. Las siguientes etapas, denominadas Fase 1a y Fase 2, permitirían elevar el volumen hasta 350 toneladas diarias. Según la planificación de la compañía, estas expansiones podrían financiarse con el flujo de caja generado por la primera fase, sujeto a los resultados operativos y a la disponibilidad efectiva de recursos.

Chancery amplía su presencia en Perú

La operación incorpora a Perú a la cartera de Chancery Royalty, empresa especializada en regalías vinculadas a la producción de oro y plata. El acuerdo le permitirá obtener ingresos asociados a la futura producción de La Patona y mantener derechos preferentes para evaluar inversiones adicionales relacionadas con el crecimiento de la planta.

La compañía busca ampliar su exposición a activos que se encuentren próximos a entrar en producción. En ese contexto, Chancery proyecta aumentar sus onzas equivalentes de oro desde aproximadamente 4.000 en 2027 hasta más de 28.000 en 2030, de acuerdo con sus estimaciones.

Para Nativo Resources, el financiamiento representa un paso relevante para concluir las obras y avanzar hacia su primera producción comercial de oro en La Patona. El cumplimiento del cronograma dependerá de la formalización de la documentación definitiva del financiamiento, la finalización de la infraestructura y las pruebas necesarias para iniciar las operaciones.

La puesta en marcha de la planta también abriría una nueva etapa para el proyecto, al permitir que la compañía evalúe su crecimiento a partir de los resultados de procesamiento y de los recursos generados por la operación. El desafío será convertir el financiamiento asegurado en producción efectiva y sostener una expansión que permita elevar gradualmente la capacidad instalada.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) exhortó a las empresas del sector minero a reforzar sus medidas de prevención y contingencia ante los riesgos asociados al fenómeno de El Niño. La recomendación busca evitar o reducir posibles daños al ambiente, la salud de las personas, la infraestructura y los bienes públicos o de terceros, en un contexto que exige fortalecer la preparación de las operaciones frente a eventos naturales extremos.

La entidad recordó que, conforme al artículo 50-A del Decreto Supremo N.º 040-2014-EM, los titulares de actividades mineras pueden implementar de manera inmediata medidas de contingencia que no estén contempladas inicialmente en su Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), cuando se presenten situaciones de riesgo o emergencia provocadas por fenómenos naturales. Esta disposición permite adoptar acciones adicionales para responder a condiciones que podrían comprometer la seguridad de las operaciones o generar impactos ambientales.

El Minem precisó que la existencia del riesgo puede sustentarse mediante una declaratoria de emergencia, comunicaciones oficiales del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), información proporcionada por el propio ministerio o documentación técnica elaborada por el titular minero. De esta manera, las compañías cuentan con mecanismos para justificar la adopción de medidas extraordinarias cuando las condiciones climáticas o ambientales lo requieran.

La normativa también permite aplicar estas acciones fuera de las zonas declaradas oficialmente en emergencia, siempre que exista un sustento técnico que demuestre la presencia del riesgo y su relación con el fenómeno natural. Las medidas podrán mantenerse mientras persista la condición que las justifica, lo que permite adaptar la respuesta de las empresas a la evolución de las amenazas.

Una vez iniciada la ejecución de estas acciones, los titulares mineros deberán comunicar las medidas implementadas a la autoridad competente dentro de un plazo de diez días hábiles. Este requisito busca mantener la supervisión de las actuaciones extraordinarias y permitir que las autoridades conozcan las decisiones adoptadas para reducir los riesgos ambientales y operacionales.

Entre las acciones preventivas que las empresas pueden evaluar, según las condiciones particulares de cada operación, figuran la revisión de los sistemas de drenaje, la inspección de taludes y depósitos, el monitoreo de quebradas y cursos de agua, y la verificación de la estabilidad de las instalaciones expuestas a lluvias intensas o inundaciones. La pertinencia de cada intervención dependerá de los estudios técnicos, las características del emplazamiento y los riesgos identificados.

El ministerio recomendó mantener un monitoreo permanente de las condiciones de riesgo y adoptar oportunamente las medidas preventivas y de contingencia necesarias. La preparación anticipada resulta relevante para operaciones ubicadas en zonas expuestas a precipitaciones intensas, deslizamientos, desbordes de ríos u otros eventos que puedan afectar accesos, instalaciones, sistemas de transporte y servicios esenciales.

El contexto climático refuerza la importancia de estas acciones. El ENFEN mantiene la alerta por El Niño Costero y prevé condiciones que podrían prolongarse hasta el verano de 2026-2027, con posibles lluvias superiores a lo normal en sectores de la costa norte y central. Estos escenarios hacen necesario que las empresas revisen sus planes de emergencia y mantengan coordinación con las autoridades competentes, siguiendo la información técnica oficial.

La exhortación del Minem busca fortalecer la capacidad de respuesta de la industria minera ante condiciones climáticas adversas, sin esperar necesariamente a que se produzcan daños o se declare una emergencia en cada localidad. La aplicación oportuna de medidas de contingencia, junto con el monitoreo y la comunicación a las autoridades, será fundamental para proteger a los trabajadores, las comunidades cercanas, el ambiente y la continuidad de las operaciones.

Perú mantiene una cartera de 66 proyectos de inversión minera valorizados en US$64.075 millones, cuya ejecución dependerá de decisiones de inversión, avances regulatorios y acuerdos entre el Gobierno, las empresas y las comunidades. El panorama cobra relevancia ante el inicio de funciones de las nuevas autoridades regionales el 1 de enero de 2027, que deberán gestionar las condiciones políticas, sociales y administrativas para impulsar las iniciativas pendientes.

De acuerdo con la cartera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), 33 proyectos corresponden al cobre y representan US$45.402 millones en inversiones. El desarrollo de estas iniciativas adquiere importancia frente a las perspectivas de crecimiento de la demanda mundial del metal, utilizado en redes eléctricas, infraestructura energética, construcción y tecnologías de electrificación. La posibilidad de concretar una mayor cantidad de proyectos representa una oportunidad para ampliar la producción minera y fortalecer los ingresos públicos.

Siete regiones concentran buena parte de las inversiones que todavía deben avanzar: Cajamarca, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Áncash, Cusco y Piura. En conjunto, reúnen 37 proyectos por US$51.462 millones, lo que las convierte en territorios clave para la evolución de la cartera minera nacional. Su capacidad para coordinar con el Gobierno central, las compañías y las comunidades será relevante para definir el avance de las iniciativas.

Cajamarca concentra grandes proyectos sin fecha definida

Cajamarca figura entre las regiones con mayor potencial de inversión minera. Sin embargo, varios proyectos permanecen sin fecha confirmada de inicio de ejecución, entre ellos La Granja, El Galeno, Reposición Shahuindo y Yanacocha Sulfuros. A estos se suman Michiquillay, Coimolache Sulfuros y Conga, iniciativas que enfrentan distintos desafíos técnicos, sociales y de desarrollo.

Según las estimaciones citadas en el informe, estos siete proyectos representan US$16.587 millones en inversiones potenciales. Su eventual ejecución podría elevar los ingresos regionales por canon y regalías desde cerca de S/300 millones hasta más de S/2.200 millones anuales, de acuerdo con las proyecciones del Minem. No obstante, estos montos dependen de que las inversiones se materialicen y de los resultados económicos de las futuras operaciones.

En Apurímac, los proyectos Los Chancas y Haquira suman inversiones estimadas en US$4.460 millones y enfrentan conflictos socioambientales y territoriales. En Arequipa, Zafranal, Pampa de Pongo y Tía María concentran conjuntamente alrededor de US$5.486 millones. Tía María, en particular, ha avanzado después de años de controversias y tiene como objetivo iniciar la producción de cobre a comienzos de 2028.

Cusco también mantiene proyectos relevantes, como Integración Coroccohuayco, que contempla una inversión estimada de US$1.800 millones y cuya ejecución se proyecta para 2029. En Piura, Río Blanco representa aproximadamente US$2.792 millones, aunque permanece paralizado desde 2010 por la oposición de comunidades de Ayabaca y Huancabamba, vinculada principalmente a preocupaciones ambientales y sobre los recursos hídricos.

Nuevas autoridades tendrán un papel clave

Las autoridades regionales que asumirán en 2027 deberán gestionar una agenda que combina oportunidades de inversión con demandas ambientales y sociales. En departamentos como Cajamarca, Apurímac y Arequipa, el futuro de los proyectos dependerá, entre otros factores, de la posibilidad de alcanzar acuerdos con las comunidades, cumplir las exigencias ambientales y garantizar condiciones de seguridad jurídica.

El reto también involucra la administración de los recursos provenientes de la actividad minera. Según las cifras citadas en el reporte, Áncash recibió S/2.229 millones por transferencias vinculadas al sector durante 2026, mientras que Arequipa percibió S/1.499 millones, Apurímac S/1.492 millones y Cajamarca S/1.251 millones. Moquegua, Cusco y Piura registraron transferencias de S/1.158 millones, S/790 millones y S/77 millones, respectivamente.

Estas transferencias, que incluyen conceptos como canon y regalías, representan una fuente de financiamiento para los gobiernos subnacionales. Su impacto en el desarrollo regional dependerá de la capacidad de las autoridades para convertir los recursos disponibles en infraestructura, servicios públicos y proyectos que atiendan las necesidades de la población.

Inversión minera y crecimiento económico

El potencial de la cartera se refleja también en el comportamiento reciente de las inversiones del sector. Entre enero y julio de 2026, la inversión minera en Perú alcanzó US$4.117 millones, un incremento del 45% frente a los US$2.839 millones registrados durante el mismo periodo de 2025, según cifras del Minem.

Además, al menos seis proyectos ubicados en Ayacucho, Apurímac, Junín, Huancavelica, Cusco e Ica podrían iniciar su construcción o entrar en operación entre 2026 y 2031. En conjunto, estas iniciativas representan alrededor de US$5.200 millones y podrían contribuir a dinamizar las economías regionales mediante la contratación de servicios, la generación de empleo y el desarrollo de infraestructura asociada.

Sin embargo, una parte importante de la cartera sigue expuesta a demoras relacionadas con conflictos sociales, dificultades administrativas y presencia de minería ilegal. Según un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) citado en la publicación, la afectación conjunta asociada a proyectos como Michiquillay, Los Chancas y Haquira supera los US$12.000 millones.

La evolución de estas iniciativas será determinante para las perspectivas de inversión minera en los próximos años. La coordinación entre el Gobierno nacional, las nuevas autoridades regionales, las empresas y las comunidades será necesaria para atender las preocupaciones territoriales y ambientales sin perder de vista los requisitos técnicos y económicos de cada proyecto.

La cartera de US$64.075 millones constituye una oportunidad para ampliar la producción minera y fortalecer la economía peruana, pero su materialización no está garantizada. El avance dependerá de la capacidad de resolver los obstáculos que mantienen detenidas diversas iniciativas, asegurar condiciones de inversión previsibles y traducir los ingresos del sector en beneficios concretos para las regiones.