La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó que ha acumulado US$27.000 millones en financiamiento comprometido entre 2023 y 2026 mediante mecanismos de inversión público-privada. El balance fue presentado durante INFRACON 2026, donde la entidad también expuso su nueva etapa institucional, que incorpora la ejecución de determinados proyectos estratégicos, además de sus funciones tradicionales de promoción y estructuración de inversiones.
El director ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, señaló que el cambio busca facilitar el desarrollo de obras prioritarias, superar obstáculos administrativos y acelerar proyectos que contribuyan a cerrar brechas de infraestructura y mejorar los servicios públicos. La entidad busca fortalecer su capacidad de intervención para que las iniciativas avancen desde su planificación hasta las etapas necesarias para su ejecución.
Como parte de esta estrategia, ProInversión estableció la meta de movilizar US$10.000 millones anuales durante los próximos cinco años. Para alcanzar ese objetivo, dispone de una cartera de 87 proyectos y ocho adendas que representan aproximadamente US$40.000 millones para el periodo 2026-2030. Las iniciativas se canalizarán mediante modalidades como las Asociaciones Público-Privadas (APP) y los Proyectos en Activos, que permiten incorporar capital y capacidades privadas al desarrollo de infraestructura.
La cartera contempla proyectos que pueden contribuir al cierre de brechas en sectores como transporte, saneamiento, energía y otros servicios públicos. La participación privada permite distribuir responsabilidades entre el Estado y los inversionistas, de acuerdo con las condiciones de cada contrato. Sin embargo, el avance de las iniciativas dependerá de su estructuración, la disponibilidad de financiamiento, la obtención de permisos y el cumplimiento de los cronogramas establecidos.
Otro mecanismo destacado durante INFRACON 2026 fue Obras por Impuestos (OxI), que permite a las empresas financiar y ejecutar proyectos públicos mediante un esquema de reconocimiento tributario. ProInversión indicó que las adjudicaciones bajo esta modalidad se aproximan a los S/10.000 millones en 2026, reflejando el crecimiento de este instrumento como alternativa para acelerar inversiones en infraestructura y servicios.
La entidad también destacó el respaldo de representantes del sector privado, autoridades regionales y organismos internacionales. Roque Benavides, presidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, reconoció el trabajo de ProInversión, mientras que la embajadora del Reino Unido en Perú, Su-Lin Garbett-Shiels, resaltó las oportunidades de cooperación bilateral. Por su parte, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, destacó el acompañamiento técnico de la agencia para impulsar proyectos en el ámbito regional.
La ampliación de las funciones de ProInversión representa un cambio en la gestión de la infraestructura pública peruana. Además de promover la participación privada, la entidad podrá asumir la ejecución de determinados proyectos, con el propósito de reducir demoras y mejorar la coordinación entre las etapas de desarrollo. La efectividad de este nuevo rol dependerá de la definición de responsabilidades, la asignación de recursos y la capacidad de convertir las carteras anunciadas en obras y servicios operativos.
El reto para el periodo 2026-2030 será materializar los compromisos financieros y avanzar en la ejecución de los proyectos previstos. La magnitud de la cartera ofrece una referencia del volumen de inversión que se busca movilizar, pero sus resultados se medirán por el avance físico de las obras, la calidad de los servicios entregados y su contribución a la conectividad, la productividad y el bienestar de la población.
Con los resultados presentados en INFRACON 2026, ProInversión busca consolidar su papel como articulador entre el Estado y el sector privado. La meta de movilizar US$10.000 millones anuales y desarrollar una cartera cercana a US$40.000 millones sitúa a la agencia ante el desafío de fortalecer la estructuración, el financiamiento y la ejecución de proyectos que respondan a las necesidades de infraestructura del país.
