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Guanajuato Silver aumenta 49,4% su producción de plata equivalente en el tercer trimestre de 2026

La compañía minera canadiense Guanajuato Silver Company Ltd. (GSilver) reportó un crecimiento significativo de su producción durante el tercer trimestre de 2026, impulsado por las inversiones en desarrollo subterráneo y el mayor rendimiento de varias de sus operaciones en México. Entre julio y septiembre, la empresa alcanzó una producción consolidada de 683.675 onzas equivalentes de plata (AgEq), cifra que representa un aumento del 49,4% frente al mismo periodo de 2025, cuando registró 457.525 onzas. En comparación con el segundo trimestre de este año, el resultado también significó un incremento del 13,7%, consolidando una tendencia positiva en sus indicadores operativos.

Mayor extracción y procesamiento de mineral

Durante el periodo analizado, Guanajuato Silver produjo 392.138 onzas de plata, 3.771 onzas de oro, 716.561 libras de plomo y 908.759 libras de zinc. A su vez, el volumen de mineral procesado alcanzó las 131.774 toneladas, un crecimiento del 14,6% respecto al trimestre anterior. Estos resultados estuvieron respaldados por un mayor rendimiento de extracción en las minas Bolañitos, El Cubo y San Ignacio, cuyos aportes permitieron compensar la menor actividad registrada en la mina Topia, ubicada en Durango, y la pausa temporal de las operaciones en el complejo minero Valenciana, en Guanajuato.

El desempeño de las unidades productivas refleja la importancia de mantener inversiones constantes en infraestructura minera, especialmente en las operaciones subterráneas, donde el desarrollo de nuevas áreas permite mejorar el acceso a los cuerpos mineralizados y proporcionar mayor flexibilidad a los planes de extracción. En este contexto, la compañía continúa priorizando las labores de preparación y desarrollo para fortalecer su capacidad productiva y optimizar el aprovechamiento de sus activos.

Bolañitos concentra avances en desarrollo subterráneo

Uno de los principales avances del trimestre se registró en la mina Bolañitos, donde Guanajuato Silver completó más de 3.500 metros de desarrollo subterráneo desde abril de 2026. De acuerdo con James Anderson, presidente y director ejecutivo de la compañía, este volumen de trabajo supera el total de desarrollo ejecutado durante 2025 y constituye un elemento importante para sostener el crecimiento de las operaciones.

Las obras subterráneas buscan ampliar las alternativas de acceso al mineral y facilitar la planificación de las actividades mineras durante los próximos periodos. La empresa espera que estas inversiones contribuyan a mejorar la continuidad operativa y permitan afrontar con mayor flexibilidad los requerimientos de producción hacia el cierre de 2026 y durante 2027.

Recuperación metalúrgica se mantiene estable

En cuanto al procesamiento del mineral, la recuperación consolidada de plata se situó en el 87% durante el tercer trimestre, frente al 88% registrado en el segundo trimestre. Aunque se produjo una ligera variación, el indicador se mantuvo relativamente estable, mientras que el aumento del tonelaje procesado contribuyó al crecimiento de la producción consolidada.

Guanajuato Silver cuenta con un portafolio de operaciones integrado por las minas Bolañitos, San Ignacio y Topia, además de los complejos mineros El Cubo y Valenciana. Sus activos se distribuyen entre los estados mexicanos de Guanajuato y Durango, y producen principalmente metales preciosos, junto con plomo y zinc.

Con estos resultados, la compañía refuerza su estrategia de crecimiento mediante el desarrollo de infraestructura subterránea, el incremento de la capacidad de extracción y la optimización de sus operaciones. La evolución de estos trabajos será clave para determinar si la tendencia de crecimiento se mantiene durante el cuarto trimestre y para consolidar sus objetivos operativos de cara a 2027.

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Turquía implementa tecnología digital para proteger ecosistemas marinos en Fethiye-Göcek

Turquía impulsa un proyecto de infraestructura y gestión ambiental en las bahías de Göcek y Dalaman, en la provincia de Muğla, con el objetivo de reducir los daños ocasionados por el fondeo descontrolado de embarcaciones y preservar la biodiversidad marina. La iniciativa, denominada DERİA, contempla la instalación de sistemas de amarre regulado en 17 bahías, con 926 puntos de fijación submarina y 906 estructuras de fondeo, diseñadas para atender simultáneamente hasta 886 embarcaciones. Esta infraestructura busca reemplazar el uso indiscriminado de anclas, cuyas cadenas pueden deteriorar el fondo marino y afectar las praderas de posidonia, ecosistemas fundamentales para la conservación de especies, la estabilización de sedimentos y el almacenamiento de carbono.

El proyecto también incorpora una plataforma digital que permitirá a los usuarios registrar sus embarcaciones, consultar la disponibilidad y reservar puntos de fondeo, estableciendo límites de permanencia para distribuir mejor la actividad náutica. Como parte de la estrategia ambiental, se han destinado cuatro embarcaciones recolectoras de residuos, dos unidades de limpieza de la superficie marina y una embarcación especializada en la limpieza del fondo. La iniciativa cobra especial relevancia debido a que los estudios realizados en la zona identificaron 1.225 especies marinas, lo que evidencia la importancia de conservar sus hábitats. Con este modelo, Turquía busca integrar tecnología, infraestructura y regulación para compatibilizar el turismo marítimo con la protección de los ecosistemas costeros.

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Turquía busca convertir Tuzla en un puerto de cero emisiones

La Asociación de Constructores Navales de Turquía (GİSBİR) busca acelerar la descarbonización del sector marítimo mediante la electrificación de embarcaciones y la transformación del puerto de Tuzla en un modelo de operación con bajas emisiones. Actualmente, la zona cuenta con cuatro remolcadores eléctricos GİSAŞ POWER, diseñados por Navtek Naval Technologies, cuyas capacidades de tiro estático alcanzan entre 30 y 45 toneladas. Según los datos presentados por las empresas, estas unidades pueden operar entre tres y cinco horas, dependiendo de las condiciones de trabajo, y requieren entre 55 y 90 minutos para recargarse.

El proyecto contempla ampliar la electrificación de las instalaciones portuarias mediante energía solar y eólica, sistemas de almacenamiento, producción de hidrógeno y suministro eléctrico para buques atracados. La inversión estimada para desarrollar esta infraestructura integral asciende a 70 millones de euros, con un plazo potencial de ejecución de tres a cinco años, sujeto a la disponibilidad de financiamiento. Aunque la tecnología ya está operativa, la asociación advierte que los costos iniciales —entre 30 % y 50 % superiores a los de los remolcadores convencionales— y la necesidad de fortalecer las redes eléctricas representan desafíos para extender el modelo a otros puertos.

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NADBank destinará US$300 millones a infraestructura ambiental fronteriza

El Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank) anunció una asignación de hasta US$300 millones para ampliar el financiamiento de proyectos de infraestructura ambiental en la región fronteriza entre México y Estados Unidos. Los recursos se canalizarán mediante instituciones financieras públicas y privadas, con el objetivo de facilitar el acceso al crédito para iniciativas que requieren financiamiento de largo plazo y que, por su escala, suelen enfrentar dificultades para obtener recursos.

La iniciativa se implementará mediante el Programa de Acceso a Financiamiento (PAFi), una herramienta que permitirá al banco ampliar el alcance de sus inversiones y movilizar capital a través de intermediarios financieros calificados. El esquema está dirigido tanto al sector público como al privado y prioriza proyectos que contribuyan a mejorar los servicios esenciales, proteger los recursos naturales y fortalecer la competitividad económica de las comunidades fronterizas.

Agua, saneamiento y energía entre los sectores prioritarios

El programa contempla financiar proyectos de abastecimiento de agua potable, saneamiento, conservación de recursos hídricos, manejo de residuos sólidos y mejora de la calidad del aire. También incluye infraestructura y equipamiento hidráulico, plantas de tratamiento de aguas residuales, tecnologías de bajas emisiones, sistemas de generación y almacenamiento de energía, eficiencia energética y edificaciones sostenibles.

La diversificación de los sectores elegibles busca responder a las necesidades de infraestructura ambiental de la frontera, donde el crecimiento urbano e industrial aumenta la demanda de agua, energía y servicios de gestión de residuos. Las inversiones podrán contribuir a mejorar la capacidad de los sistemas existentes y facilitar la incorporación de tecnologías que reduzcan el impacto ambiental de las actividades productivas.

John Beckham, director general de NADBank, explicó que el programa permitirá movilizar mayores inversiones mediante intermediarios financieros y ampliar el impacto de la institución en sectores estratégicos para el desarrollo sostenible. Según el directivo, el mecanismo también contribuirá a mejorar el acceso de las comunidades a servicios fundamentales, como el agua potable, el saneamiento y la electricidad.

Financiamiento para proyectos de menor escala

Uno de los objetivos centrales del PAFi es atender iniciativas de menor escala que no siempre reúnen las condiciones necesarias para acceder directamente a las fuentes tradicionales de financiamiento de largo plazo. Mediante la participación de instituciones financieras calificadas, NADBank busca distribuir los recursos entre un mayor número de proyectos públicos y privados en la región.

Los financiamientos podrán estructurarse mediante créditos corporativos con garantía o sin garantía específica, emisiones de bonos y esquemas de financiamiento respaldados por vehículos de propósito específico o activos financieros. Estas alternativas permitirán adaptar las condiciones del crédito a las características de cada iniciativa y a las necesidades de sus promotores.

El modelo también abre oportunidades para empresas que desarrollan soluciones de infraestructura ambiental, proveedores de tecnología, operadores de servicios públicos y entidades responsables de proyectos hidráulicos y energéticos. Sin embargo, el acceso efectivo a los recursos dependerá de los criterios de elegibilidad y de las condiciones de evaluación aplicables a cada financiamiento.

Cooperación binacional para la infraestructura sostenible

NADBank es una institución financiera establecida y capitalizada en partes iguales por los gobiernos de México y Estados Unidos. Su mandato consiste en financiar proyectos de infraestructura ambiental a lo largo de la frontera común, mediante iniciativas que combinen sostenibilidad ambiental, viabilidad financiera y beneficios para las comunidades.

El nuevo programa se suma a los mecanismos con los que la institución busca responder a las necesidades de infraestructura de la región. Al utilizar intermediarios financieros, el banco pretende ampliar la cobertura de sus recursos y facilitar la participación de proyectos que requieren inversiones para mejorar servicios básicos o incorporar tecnologías más eficientes.

La disponibilidad de hasta US$300 millones representa una oportunidad de financiamiento para proyectos ambientales en ambos lados de la frontera. El siguiente paso será la distribución de los recursos entre las instituciones participantes y su posterior colocación en iniciativas elegibles, de acuerdo con las condiciones del programa.

Con el PAFi, NADBank busca fortalecer la inversión en agua, saneamiento, energía y gestión ambiental, sectores que resultan fundamentales para el crecimiento urbano e industrial de la región fronteriza. La ejecución de los proyectos permitirá evaluar el alcance del mecanismo y su contribución a la ampliación de los servicios y al desarrollo sostenible de las comunidades.

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Nuevo León firma tres alianzas para fortalecer infraestructura energética

El Clúster Energético de Nuevo León firmó tres convenios de colaboración para impulsar el desarrollo de la infraestructura energética y fortalecer las capacidades técnicas de la industria en el estado mexicano. Los acuerdos se concretaron durante la novena edición del Encuentro Energético, realizada en el marco del décimo aniversario de la organización, que reúne a representantes de la industria, la academia y el sector público.

Durante dos jornadas, especialistas analizaron los principales desafíos relacionados con el suministro energético, la descarbonización industrial y la transición hacia modelos de operación más sostenibles. Las discusiones también abordaron las necesidades de electricidad y gas natural de las empresas manufactureras, las alternativas de generación propia y cogeneración, y la incorporación de tecnologías para mejorar la eficiencia energética.

Tres acuerdos para ampliar la colaboración industrial

El primer convenio fue suscrito con la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León (CAPROBI), con el objetivo de coordinar acciones frente a las necesidades energéticas derivadas del crecimiento inmobiliario vertical y la expansión de los polos industriales. La alianza busca vincular el desarrollo de nuevos espacios urbanos y productivos con los requerimientos de suministro e infraestructura.

El segundo acuerdo se estableció con la Asociación de Contratistas Electricistas del Noreste, para fortalecer la colaboración técnica y operativa entre las organizaciones. Esta relación permitirá promover el intercambio de conocimientos y la coordinación entre profesionales que participan en instalaciones y proyectos eléctricos, aspectos relevantes para acompañar el crecimiento industrial de la entidad.

El tercer convenio corresponde a la renovación de la colaboración con ASHRAE Capítulo Monterrey, orientada a impulsar soluciones de climatización y eficiencia energética en edificios e instalaciones industriales. Este ámbito adquiere relevancia ante el crecimiento de los centros de datos, las instalaciones manufactureras y los desarrollos inmobiliarios, que requieren sistemas de refrigeración y acondicionamiento térmico con un consumo energético optimizado.

Descarbonización y seguridad energética

Durante el encuentro también se analizaron alternativas para reducir las emisiones industriales más allá de la electrificación tradicional. Entre los temas abordados estuvieron los esquemas de energía propia y cogeneración para el sector manufacturero, la gestión energética mediante ingeniería especializada y las oportunidades de mejora en sistemas de refrigeración.

Las sesiones incluyeron además aspectos regulatorios relacionados con la comercialización de electricidad, gas natural y petrolíferos, así como el papel de la infraestructura logística en la integración económica de América del Norte. Estos factores inciden en la competitividad de las empresas y en su capacidad para responder a los cambios de la demanda energética.

Eleazar Rivera, director general del Clúster Energético de Nuevo León, destacó que los retos actuales requieren una cooperación estrecha y decisiones coordinadas entre los sectores productivo, académico y gubernamental. La organización considera que la articulación entre estos actores es necesaria para desarrollar soluciones de largo plazo que acompañen el crecimiento de la industria.

La firma de los convenios se produce en un contexto de mayores necesidades de energía para las actividades manufactureras y los nuevos desarrollos inmobiliarios de Nuevo León. La expansión de la demanda exige avanzar en infraestructura, mejorar la eficiencia de las instalaciones y diversificar las alternativas de suministro para reducir vulnerabilidades operativas.

Con estas alianzas, el Clúster Energético busca consolidar una red de colaboración que conecte las necesidades de las empresas con las capacidades técnicas de proveedores y especialistas. La efectividad de los acuerdos dependerá de las iniciativas que se desarrollen a partir de ellos y de su contribución concreta a la eficiencia, la seguridad del suministro y la descarbonización de la actividad industrial en el estado.

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Molecor presenta tuberías para redes de agua en México

Molecor México presentó su gama de soluciones para el abastecimiento de agua a presión durante Expo CIHAC 2026, uno de los encuentros de referencia para los sectores de la construcción, la arquitectura y la infraestructura en América Latina. La compañía exhibió tecnologías basadas en PVC orientado (PVC-O), dirigidas a mejorar la eficiencia hidráulica, la durabilidad y la sostenibilidad de las redes de distribución de agua en el país.

La participación de la empresa se centró en dos sistemas: las tuberías TOM® y las conexiones ecoFITTOM®, diseñadas para responder a las necesidades de proyectos de abastecimiento, desde redes de distribución hasta grandes infraestructuras hidráulicas y sistemas de riego. La propuesta busca contribuir a la modernización de las redes y reducir las pérdidas de eficiencia asociadas al transporte de agua.

Tecnología para mejorar las redes hidráulicas

Las tuberías TOM® están fabricadas con PVC orientado y se ofrecen en México en diámetros nominales desde DN90 hasta DN1200, con presiones nominales de 12,5, 16, 20 y 25 bar. Estas características permiten adaptar el sistema a diferentes condiciones de operación y requerimientos de presión, según las especificaciones de cada proyecto.

La gama se complementa con las conexiones ecoFITTOM®, que permiten integrar tuberías y accesorios en una solución para redes de abastecimiento. Su aplicación abarca proyectos de infraestructura urbana, distribución de agua potable y riego agrícola, donde la selección de materiales y componentes influye en el desempeño y la vida útil de las instalaciones.

Uno de los puntos destacados de la participación de Molecor fue el taller técnico “Redes hidráulicas más eficientes con el sistema de PVC-O TOM® y ecoFITTOM®”, impartido el 15 de octubre por el ingeniero Noé Alberto Beltrán, como parte del programa oficial de actividades de Expo CIHAC. La sesión abordó las posibilidades de mejorar la eficiencia hidráulica y energética mediante la integración de tuberías y conexiones compatibles.

El uso de materiales adecuados para la conducción de agua puede contribuir a disminuir las necesidades de mantenimiento y mejorar el rendimiento de las redes a largo plazo. En este contexto, las soluciones presentadas por Molecor buscan responder a los retos que enfrentan los proyectos hidráulicos en materia de eficiencia operativa, continuidad del servicio y gestión sostenible del recurso.

Soluciones para distintas etapas del ciclo del agua

Además de las tecnologías para abastecimiento a presión, Molecor México presentó soluciones para saneamiento, evacuación de aguas y aplicaciones en edificación. Entre ellas se encuentran los pozos SANECOR®, fabricados en PVC, y el sistema de tuberías insonorizadas AR®, orientado a instalaciones en edificios donde el control acústico y la resistencia de los materiales son factores relevantes.

La participación en Expo CIHAC forma parte de la estrategia de la compañía para fortalecer su relación con ingenieros, contratistas, distribuidores y especialistas del sector. El contacto directo con estos profesionales permite presentar las características de sus productos y evaluar su aplicación en proyectos de infraestructura y construcción.

La empresa también contempla su presencia en otros encuentros sectoriales, entre ellos la Convención y Expo ANEAS, vinculada con los servicios de agua potable y saneamiento, y Expo Agroalimentaria Guanajuato, donde las soluciones de conducción pueden tener aplicaciones en sistemas de riego.

Con esta agenda, Molecor México busca ampliar la difusión de tecnologías para el transporte de agua y posicionar sus sistemas de PVC orientado en proyectos de renovación y desarrollo de infraestructura hidráulica. La adopción de estas soluciones dependerá de las necesidades técnicas, los costos y las condiciones de cada obra, así como de los criterios de diseño y operación definidos por los responsables de los proyectos.

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Cerro Verde invertirá US$363 millones en agua en Arequipa

Sociedad Minera Cerro Verde destinará US$363 millones a proyectos de infraestructura hídrica y saneamiento en Arequipa, como parte de los compromisos asumidos con el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar). La inversión busca fortalecer el abastecimiento de agua para la población, mejorar la infraestructura de saneamiento y contribuir a la continuidad de las actividades agrícolas y mineras en la región.

El compromiso forma parte de un paquete que supera los US$1.200 millones e incluye proyectos de inversión directa, obras mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) y la posibilidad de desarrollar una nueva infraestructura de tratamiento de aguas residuales si el crecimiento de la ciudad requiere mayor capacidad. Los acuerdos se enmarcan en el denominado Círculo Virtuoso del Agua, iniciativa que vincula la infraestructura hídrica con la recuperación ambiental y el desarrollo regional.

Inversión en tratamiento y abastecimiento de agua

De acuerdo con lo expuesto por Julia Torreblanca, vicepresidenta sénior de Asuntos Corporativos de Cerro Verde, los US$363 millones corresponden a inversión directa de la compañía. A ello se suman hasta US$510 millones mediante Obras por Impuestos para proyectos de agua y saneamiento identificados por Sedapar, además de una inversión potencial de US$419 millones para un futuro sistema de tratamiento de aguas residuales, condicionado a las necesidades de capacidad de la ciudad.

Uno de los componentes centrales es la continuidad de la operación y el mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales La Enlozada, cuyo funcionamiento está comprometido hasta 2060 o hasta el cierre de las operaciones de Cerro Verde, según lo establecido en el convenio. La infraestructura permite tratar aproximadamente el 95% de las aguas residuales de Arequipa Metropolitana y posibilita la reutilización de parte del agua tratada en las operaciones mineras.

El acuerdo también contempla avanzar en la ampliación de La Enlozada. La segunda etapa permitirá incrementar progresivamente la capacidad de tratamiento de 1.800 a 2.800 litros por segundo, de acuerdo con los antecedentes del convenio. Esta ampliación busca responder a las necesidades futuras de saneamiento y fortalecer la gestión de las aguas residuales urbanas.

Infraestructura para la agricultura y la población

Los compromisos de Cerro Verde se suman a otras obras desarrolladas en la región para mejorar el almacenamiento, la conducción y el aprovechamiento del agua. Entre ellas destacan las represas Pillones, Bamputañe y San José de Uzuña, que desde 2006 han permitido almacenar más de 1.600 millones de metros cúbicos de agua, según las cifras presentadas por la compañía.

La empresa también ha construido o mejorado más de 90 kilómetros de canales de riego, infraestructura que contribuye a la disponibilidad de agua para la actividad agrícola. Estas obras forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la seguridad hídrica de Arequipa, donde el recurso es fundamental para el consumo urbano, la producción agropecuaria y las operaciones industriales.

En el marco del convenio con Sedapar, también se consideran proyectos para reforzar instalaciones de captación y conducción de agua potable. Entre las intervenciones identificadas se encuentran obras vinculadas a la línea de conducción desde Charcani V hacia la captación de la planta Miguel de la Cuba Ibarra, así como medidas de protección para infraestructura expuesta a riesgos asociados a las lluvias y los huaicos.

Agua como factor estratégico para la minería

La inversión en infraestructura hídrica tiene relevancia para el desarrollo de la actividad minera en el sur del Perú, donde la disponibilidad de agua constituye un factor clave para la continuidad operacional y la relación con las comunidades. La reutilización de aguas residuales tratadas permite reducir la presión sobre fuentes de agua dulce y vincular las necesidades de saneamiento urbano con los requerimientos de la industria.

Para Cerro Verde, la continuidad de La Enlozada y el desarrollo de nuevas obras forman parte de una estrategia de largo plazo que busca combinar el tratamiento de aguas residuales, la reutilización del recurso y la mejora de los sistemas de abastecimiento. La empresa ha señalado que el modelo también contribuye a recuperar la calidad del río Chili y a generar beneficios para la agricultura regional.

La ejecución de los proyectos dependerá de la planificación técnica, la coordinación con Sedapar y las entidades correspondientes, y el avance de las obras contempladas en los convenios. Con estos compromisos, Cerro Verde busca fortalecer la infraestructura hídrica de Arequipa y ampliar la capacidad de respuesta frente a las necesidades futuras de agua y saneamiento de la región.

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SMA exige explicaciones a Enaex por derrame en Mejillones

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) de Chile requirió información detallada a Enaex S.A. tras el derrame de ácido nítrico registrado el 9 de octubre en la comuna de Mejillones, Región de Antofagasta. El organismo busca determinar las causas del accidente, verificar el cumplimiento de los protocolos de emergencia y establecer si se produjeron afectaciones ambientales o eventuales incumplimientos de las exigencias aplicables a las instalaciones de la compañía.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 13:50 horas, en la intersección de avenida Los Fertilizantes con calle Serrano. Según los antecedentes preliminares reportados a la autoridad, un camión perteneciente a una empresa contratista que transportaba ácido nítrico en contenedores tipo IBC, dentro de un contenedor marítimo, volcó y provocó la rotura de uno o más recipientes. Como consecuencia, la sustancia química se derramó sobre la vía pública.

La SMA inició las diligencias después de recibir cuatro denuncias ciudadanas relacionadas con el evento. Mediante la Resolución Exenta AFTA N.º 098/2026, estableció un plazo de cinco días hábiles para que Enaex presentara un informe con antecedentes técnicos y operacionales que permitan reconstruir lo ocurrido y evaluar las medidas adoptadas antes, durante y después de la contingencia.

Investigación revisará transporte y respuesta de emergencia

Entre los antecedentes solicitados se encuentran la identificación de la empresa transportista y del vehículo involucrado, un plano georreferenciado que compare la ruta planificada con la efectivamente realizada y el registro de inspección de seguridad previo al despacho. La empresa también deberá informar el volumen total de ácido nítrico derramado y la superficie de suelo afectada.

El requerimiento incluye documentación sobre el Plan de Respuesta para Emergencias en Carreteras, los registros que acrediten su activación y los procedimientos utilizados para controlar la contingencia. Además, Enaex deberá entregar información sobre la gestión de los residuos peligrosos generados, su destino autorizado y los análisis de las muestras de suelo que se hayan realizado.

La autoridad solicitó también antecedentes que acrediten la reposición o compensación de los insumos utilizados por el Cuerpo de Bomberos que participó en la emergencia. Estos documentos permitirán revisar las acciones de respuesta y determinar si las medidas de contención y corrección fueron adecuadas frente al derrame.

En paralelo, la Oficina Regional de la SMA en Antofagasta solicitó información a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, la Secretaría Regional Ministerial de Transportes, Carabineros de Chile y Bomberos de Mejillones. Los informes de estas instituciones permitirán contrastar los antecedentes entregados por la empresa con las actuaciones realizadas durante la atención del accidente.

SMA evaluará eventuales incumplimientos ambientales

La investigación también examinará las exigencias contenidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) asociadas a la unidad fiscalizable Enaex Mejillones. El objetivo es establecer si las medidas preventivas y los procedimientos aplicados se ajustaron a las obligaciones ambientales que regulan la actividad.

Javiera De La Cerda, jefa de la Oficina Regional de la SMA en Antofagasta, explicó que la información recopilada permitirá precisar las circunstancias y causas del incidente, revisar las medidas de control preventivas y evaluar la efectividad de las acciones de contención y corrección implementadas.

El requerimiento de información constituye una etapa de recopilación y análisis de antecedentes; por sí solo, no implica que la autoridad haya determinado la existencia de una infracción ni establecido responsabilidades definitivas. Esos aspectos dependerán de los resultados de la investigación y de la evaluación del cumplimiento de las obligaciones aplicables.

El caso vuelve a poner de relieve los desafíos asociados al transporte de sustancias químicas utilizadas en actividades industriales y mineras, especialmente en materia de seguridad, trazabilidad de la carga, preparación ante emergencias y protección del entorno. Los resultados de la investigación permitirán determinar si corresponde adoptar medidas adicionales dentro de las competencias de la autoridad ambiental chilena.

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Chile aumentará presupuesto para seguridad minera

El Gobierno de Chile anunció un aumento sustancial del presupuesto destinado a seguridad minera del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) para 2027, con el objetivo de fortalecer la fiscalización de las operaciones y reducir los accidentes laborales en la industria. La medida fue comunicada por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, durante una sesión de la Mesa por la Seguridad Minera, que reunió a representantes de trabajadores, compañías, gremios, mutualidades y organismos públicos.

Los nuevos recursos permitirán incrementar el número de fiscalizadores, incorporar tecnología preventiva y adquirir equipos para ampliar la presencia territorial del organismo. Según las metas anunciadas, Sernageomin busca alcanzar 13.000 fiscalizaciones anuales al cierre de 2027, lo que representa un aumento del 30% respecto de 2026, además de elevar la cobertura de inspección al 50% del total de las faenas mineras del país.

Más inspecciones y tecnología preventiva

El fortalecimiento presupuestario apunta a ampliar la capacidad del organismo para supervisar las condiciones de seguridad en operaciones de distinta escala. La estrategia considera una mayor presencia de inspectores en terreno y el uso de herramientas tecnológicas para identificar riesgos y reforzar las acciones de prevención.

Durante la reunión, Mas sostuvo que alcanzar el objetivo de cero fatalidades requiere una responsabilidad compartida entre el Estado, las empresas mineras, los contratistas, los proveedores y los trabajadores. La autoridad enfatizó que la seguridad debe orientar tanto las políticas públicas como las decisiones operacionales de las compañías.

Por su parte, el subsecretario de Minería, Álvaro González, señaló que el incremento presupuestario permitirá avanzar hacia una fiscalización más preventiva y tecnológica, con mayor frecuencia de visitas a las faenas y mejores capacidades para actuar en terreno. También indicó que la mesa transversal constituye la primera de varias instancias de diálogo que se espera desarrollar en Santiago y otras regiones.

El anuncio se produce en un contexto marcado por una sucesión de accidentes fatales en la minería chilena. De acuerdo con los antecedentes difundidos por las autoridades, durante 2026 se habían registrado 13 trabajadores fallecidos en faenas mineras hasta mediados de octubre, situación que motivó el fortalecimiento de las medidas preventivas y la convocatoria de representantes de toda la industria.

Coordinación entre empresas y autoridades

La Mesa por la Seguridad Minera contó con la participación de ejecutivos de compañías como Codelco, Enami, Antofagasta Minerals, BHP, Collahuasi, Anglo American y Minera Las Cenizas, además de representantes de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), mutualidades y organizaciones de trabajadores.

La instancia busca promover una coordinación más estrecha entre los distintos actores para identificar riesgos, reforzar los protocolos de prevención y avanzar hacia estándares de seguridad más exigentes. Entre los desafíos del sector también se encuentran la capacitación frente a la rotación de trabajadores, la gestión de contratistas y la adaptación de las operaciones a condiciones climáticas que pueden extender o modificar las actividades en terreno.

El aumento de recursos para Sernageomin constituye una de las medidas anunciadas para fortalecer la capacidad fiscalizadora del Estado. Sin embargo, el objetivo de reducir las fatalidades también dependerá de la implementación efectiva de medidas preventivas dentro de las operaciones y del cumplimiento de los estándares de seguridad por parte de las compañías.

Con las metas establecidas para 2027, Chile busca ampliar la supervisión de las faenas y reforzar el control de los riesgos laborales en una de sus principales industrias. El avance de estas medidas podrá evaluarse mediante el cumplimiento de los objetivos de inspección, la cobertura alcanzada y la evolución de los indicadores de accidentabilidad y mortalidad minera.

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Minera Centinela pone fin a huelga con acuerdo sindical

Minera Centinela, operación perteneciente a Antofagasta Minerals en Chile, alcanzó un acuerdo con los sindicatos de Trabajadores Minera Esperanza y de Trabajadores Distrito Centinela, poniendo fin a la huelga iniciada el 7 de octubre. El entendimiento fue respaldado por las bases sindicales y contempla un nuevo instrumento colectivo con vigencia de 36 meses, mejoras en remuneraciones y beneficios, además de un bono de término de negociación y renovación de jornadas por $24 millones chilenos.

Las dos organizaciones sindicales reúnen a 709 trabajadores, equivalentes al 22% de la dotación propia de la compañía. El acuerdo se concretó tras una mediación voluntaria encabezada por la Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta, que permitió reanudar las conversaciones el 13 de octubre y acercar las posiciones de las partes después de varios días de paralización.

Acuerdo contempla mejoras laborales

El nuevo contrato colectivo incorpora beneficios económicos y condiciones laborales negociadas con cada sindicato. La compañía destacó que el proceso respetó la autonomía de ambas organizaciones y permitió establecer acuerdos independientes, considerando las prioridades de cada grupo de trabajadores.

El gerente general de Minera Centinela, Nicolás Rivera, valoró el resultado y señaló que el diálogo responsable permitió superar las diferencias entre la empresa y sus trabajadores. La compañía también agradeció la disposición de las bases sindicales y el compromiso de los equipos que mantuvieron la continuidad operacional durante los diez días de huelga.

La paralización se había iniciado después de que los dos sindicatos rechazaran una oferta anterior en el marco de la negociación colectiva. Entre los principales puntos de desacuerdo se encontraban las condiciones económicas y las diferencias en beneficios entre los trabajadores, asuntos que marcaron las conversaciones durante el conflicto.

Durante la huelga, tres trabajadores iniciaron una huelga de hambre como medida de presión. La situación aumentó la tensión del proceso y fue mencionada por las organizaciones sindicales al comunicar el cierre de la negociación.

Continuidad operacional y relaciones laborales

Minera Centinela informó que logró mantener la continuidad de sus operaciones durante el conflicto y destacó el papel de los equipos que permanecieron en funciones, con la seguridad como prioridad. El cierre de la negociación permite a la compañía y a los sindicatos concentrarse nuevamente en los objetivos operacionales, el desempeño productivo y el bienestar de las personas.

La empresa señaló que continuará promoviendo acuerdos responsables con las organizaciones sindicales, sobre la base del respeto mutuo y el diálogo. El nuevo instrumento colectivo tendrá una duración de tres años, por lo que establece un marco de condiciones laborales para ese periodo.

El acuerdo también resulta relevante para la operación minera en un contexto en el que las interrupciones laborales pueden generar incertidumbre sobre la producción y el suministro de cobre. Con el fin de la huelga, Centinela cierra un proceso de negociación que involucró a más de 700 trabajadores y que requirió la intervención de la autoridad laboral para facilitar el entendimiento entre las partes.