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Minsur plantea recuperar estaño de relaves y ampliar exploraciones en Puno

Minsur presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) una nueva propuesta de modificaciones para optimizar las operaciones de la unidad minera San Rafael, ubicada en Puno. El plan contempla recuperar estaño remanente de relaves, procesar material mineralizado acumulado y desarrollar nuevas exploraciones geológicas, además de incorporar mejoras en infraestructura, seguridad y gestión del agua.

La iniciativa forma parte del Segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la Unidad Minera Nueva Acumulación Quenamari–San Rafael. Las medidas buscan aprovechar mejor los recursos disponibles y fortalecer las condiciones operativas de una de las principales minas de estaño del país. Según información publicada sobre el proyecto, las modificaciones representarían una inversión estimada de US$ 22 millones.

Recuperación de estaño de relaves y material acumulado

Uno de los principales componentes de la propuesta es el reprocesamiento de aproximadamente 651.567 toneladas de relaves almacenados en el depósito B3. El material será trasladado a la planta B2 para recuperar el estaño que todavía contiene, mientras que los residuos resultantes del tratamiento serán enviados al depósito B4 mediante la infraestructura existente.

La compañía también proyecta aprovechar 540.000 toneladas de material mineralizado acumulado en Larancota, cuya ley promedio estimada alcanza el 0,30% de estaño. Para ello, plantea utilizar la tecnología Ore Sorting, un sistema que permite clasificar el material y separar las fracciones con mayor contenido mineral antes de enviarlas a la planta de procesamiento.

Estas medidas permitirían recuperar valor de materiales que ya se encuentran dentro de la unidad minera, reduciendo la necesidad de depender exclusivamente de nuevas extracciones. Su implementación estará sujeta a la evaluación ambiental correspondiente y a las condiciones autorizadas para la operación.

Mejoras en las operaciones subterráneas

El proyecto incluye incrementar la capacidad de producción de la planta de concreto ubicada en el nivel 4.075, de 30 a 80 metros cúbicos diarios. El objetivo es disponer de mayores cantidades de shotcrete, concreto proyectado que se utiliza para reforzar las paredes y los techos de los túneles y contribuir a la estabilidad de las labores subterráneas.

En el sector San Germán, Minsur propone trasladar el comedor y el taller de mantenimiento al nivel 4.185, donde se concentra parte importante de la actividad minera. Con esta modificación, el comedor ampliaría su capacidad de 60 a 150 personas, mientras que la reubicación del taller facilitaría la atención y el mantenimiento de los equipos utilizados en la operación.

La iniciativa también considera mantener operativo el sistema de respaldo eléctrico de la estación de bombeo B33F, con el propósito de responder ante posibles interrupciones del suministro de energía. Asimismo, se plantea instalar una línea para conducir agua desde Polay hacia el sistema de tratamiento y reducir el riesgo de sobrecarga en las estaciones de bombeo.

Recirculación de agua y ampliación de infraestructura

La gestión del recurso hídrico constituye otro eje de las modificaciones. Minsur propone interconectar dos sistemas de agua de la planta B2 para facilitar la reutilización del recurso dentro del proceso productivo y disminuir la necesidad de incorporar agua fresca, sin incrementar la demanda hídrica aprobada para la unidad minera.

El plan incluye aprovechar una poza de contingencia de 1.380 metros cúbicos y colocar un sistema de bombeo con capacidad de hasta 20 litros por segundo en el depósito de relaves B4. Estas medidas buscan mejorar el manejo de los flujos de agua y su recirculación dentro de las instalaciones existentes.

En materia de infraestructura, la empresa plantea ampliar en 2.569 metros cuadrados la Cancha de Mineral 1 y reubicar los almacenes de Minsur y de AESA, empresa contratista. También propone elevar aproximadamente 3,6 metros dos fases del depósito de suelo orgánico de Larancota, lo que permitiría incrementar su capacidad de almacenamiento en 94.786 metros cúbicos.

En Cumani, la compañía proyecta construir el Coreshack 3, una instalación destinada al almacenamiento, registro y análisis de muestras de roca obtenidas durante las perforaciones. El recinto contaría con áreas de análisis, oficinas, comedor y servicios complementarios. A estas obras se sumarían contenedores para almacenes, oficinas, vestuarios y refugios, así como instalaciones destinadas a contratistas.

Nuevas perforaciones y exploración geológica

El expediente ambiental contempla 41 perforaciones de investigación, 136 sondajes de exploración geológica y 352 calicatas. Para desarrollar estas actividades, Minsur prevé habilitar las plataformas y los accesos necesarios.

Los sondajes permitirán obtener información sobre las características geológicas del área y evaluar el potencial mineral de nuevas zonas. Las calicatas, por su parte, facilitarán el análisis de las condiciones del suelo y del subsuelo. Los resultados contribuirán a mejorar el conocimiento del yacimiento y respaldar las decisiones futuras sobre el desarrollo de la operación.

La propuesta también incluye adecuaciones en los sistemas de drenaje, medidas para controlar la erosión y mejoras en las vías de acceso y otras instalaciones de soporte. Estas intervenciones buscan reforzar la continuidad operativa y el manejo de las condiciones ambientales dentro de la unidad minera.

San Rafael fortalece su desempeño productivo

Durante el primer semestre de 2026, la mina San Rafael produjo 13.455 toneladas de estaño en concentrado, un incremento de 6% frente al mismo periodo de 2025. Este resultado refleja la relevancia de la operación para la producción nacional de estaño y el interés de la compañía por mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles.

Con las modificaciones propuestas, Minsur busca recuperar mineral remanente, reforzar la infraestructura y continuar la exploración de nuevas zonas. No obstante, la presentación del ITS no significa que todas las intervenciones estén aprobadas: su ejecución dependerá de la evaluación de las autoridades competentes y del cumplimiento de las condiciones ambientales aplicables.

El avance de este expediente será relevante para determinar cómo la empresa implementará sus planes de recuperación de estaño y optimización operativa en Puno, con el objetivo de mejorar la eficiencia de San Rafael y sostener su actividad minera a largo plazo.

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ProInversión destina US$ 475 millones a sostener operaciones de Petroperú

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó que los US$ 475 millones del crédito puente otorgado a Petroperú ya fueron desembolsados y serán destinados a garantizar la continuidad de sus operaciones, financiar la compra de crudo y combustibles y atender compromisos financieros y comerciales pendientes. La medida busca reforzar la liquidez de la empresa estatal y contribuir al abastecimiento energético del mercado peruano.

Los recursos forman parte de las medidas impulsadas por el Gobierno para fortalecer la situación financiera y operativa de Petroperú, en un contexto marcado por la necesidad de asegurar el suministro de materias primas, mantener el funcionamiento de sus instalaciones y atender las obligaciones acumuladas con acreedores y proveedores. ProInversión tendrá a su cargo instruir el uso de los fondos, bajo un esquema que busca asegurar su utilización para los fines establecidos.

El 57% del financiamiento se destinará a comprar crudo y combustibles

La distribución del crédito establece que el 57% de los recursos, equivalente a US$ 270,75 millones, se utilizará para adquirir crudo y combustibles. Esta asignación representa la mayor parte del financiamiento y busca garantizar la disponibilidad de insumos necesarios para mantener las operaciones de la compañía.

Otro 30%, equivalente a US$ 142,5 millones, se destinará al cumplimiento de obligaciones financieras. El 13% restante, correspondiente a US$ 61,75 millones, permitirá pagar deudas comerciales vencidas con proveedores.

Esta distribución apunta a atender las necesidades inmediatas de Petroperú, reforzar su capacidad de pago y reducir las presiones sobre su cadena de suministro. La compra oportuna de crudo e insumos es especialmente relevante para sostener la actividad de sus refinerías y contribuir a la disponibilidad de combustibles en el país.

Refinería de Talara y abastecimiento nacional

Uno de los principales objetivos del financiamiento es contribuir a mantener el funcionamiento de la Nueva Refinería de Talara, infraestructura estratégica para el procesamiento de crudo y la producción de combustibles. La disponibilidad de materias primas resulta fundamental para sostener las operaciones de la instalación y atender las necesidades del mercado nacional.

Además, el pago de compromisos financieros y comerciales permitirá atender obligaciones de corto plazo que inciden en la relación de Petroperú con sus acreedores y proveedores. La continuidad de estas relaciones es relevante para mantener los servicios y suministros necesarios para las actividades de la empresa.

La asignación de los fondos no implica, por sí sola, que los problemas financieros y operativos de la petrolera estén resueltos. Su impacto dependerá de la administración de los recursos, la recuperación de la eficiencia operativa y la capacidad de la compañía para sostener sus actividades en el tiempo.

Crédito puente forma parte de la reorganización de Petroperú

El financiamiento se concretó a inicios de septiembre de 2026, dentro de las medidas adoptadas por el Gobierno para fortalecer a Petroperú. El crédito asciende a US$ 475 millones y se encuentra dentro del límite autorizado de hasta US$ 500 millones, en el marco de los decretos de urgencia N.° 010-2025 y N.° 003-2026.

ProInversión está facultada para instruir de manera exclusiva el destino de estos recursos y coordina con Petroperú su utilización. El mecanismo busca mantener una administración transparente de los fondos y evitar que sean utilizados para finalidades distintas de las previstas.

La operación también se enmarca en el proceso de reorganización patrimonial integral de la empresa estatal, que busca establecer condiciones para mejorar su gestión y fortalecer su sostenibilidad financiera y operativa. En esa línea, el crédito constituye una medida de corto plazo para atender necesidades inmediatas mientras continúa el proceso de reorganización.

El reto de recuperar la sostenibilidad financiera

El desembolso representa un respaldo para la continuidad de Petroperú, pero la recuperación de la empresa dependerá de que pueda mejorar su desempeño operativo, administrar sus obligaciones y generar condiciones financieras sostenibles.

Para el sector energético peruano, el funcionamiento de la petrolera tiene implicancias sobre el abastecimiento de combustibles y la actividad de las instalaciones vinculadas con su cadena productiva. Por ello, el uso de los US$ 475 millones será relevante tanto para atender las necesidades inmediatas de la compañía como para avanzar en su proceso de reorganización.

El desafío será traducir este financiamiento en continuidad operativa, una gestión más eficiente y una mayor capacidad para cumplir sus compromisos sin depender de nuevas medidas extraordinarias.

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Santa Anita tendrá nuevo colegio con inversión de S/ 20 millones

La construcción de la nueva infraestructura de la Institución Educativa N.° 1211 José María Arguedas Altamirano, ubicada en el distrito de Santa Anita, Lima, se inició oficialmente con la colocación de la primera piedra encabezada por la presidenta Keiko Fujimori. El proyecto contempla una inversión cercana a los S/ 20 millones y beneficiará a más de 800 estudiantes de primaria y secundaria, quienes durante años han desarrollado sus actividades académicas en instalaciones provisionales.

La obra será ejecutada a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) y representa un avance para una comunidad educativa que esperó 14 años por la renovación de su plantel. La intervención busca sustituir los ambientes temporales por una infraestructura diseñada para brindar mejores condiciones de seguridad, aprendizaje y desarrollo escolar.

Infraestructura con 14 aulas y espacios especializados

El proyecto contempla la construcción de 14 aulas pedagógicas, además de una biblioteca, laboratorio, taller de Educación para el Trabajo, aula de innovación pedagógica y taller de arte. La infraestructura también incluirá salas multiusos, una losa para actividades deportivas y recreativas, patio cívico y ambientes administrativos.

La incorporación de estos espacios permitirá ampliar las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes, combinando la enseñanza académica con actividades artísticas, tecnológicas y de formación práctica. La propuesta responde a la necesidad de contar con colegios que no solo dispongan de aulas, sino también de ambientes complementarios para atender distintas necesidades educativas.

La nueva infraestructura reemplazará los módulos provisionales que han sido utilizados por los escolares, con el propósito de ofrecer instalaciones más adecuadas para el desarrollo de las clases y las actividades institucionales.

Una obra esperada durante más de una década

La intervención representa un cambio importante para la comunidad educativa de Santa Anita, que ha esperado 14 años por la construcción de una sede renovada. Durante ese periodo, estudiantes y docentes tuvieron que adaptarse a espacios temporales para continuar con las actividades escolares.

Con el inicio formal de la obra, el proyecto pasa a una nueva etapa orientada a materializar la infraestructura comprometida. El seguimiento de su ejecución será clave para que la comunidad educativa pueda disponer de las nuevas instalaciones y para que la inversión pública se traduzca en mejores condiciones para la enseñanza.

Infraestructura educativa como prioridad de inversión pública

El inicio de esta construcción se enmarca en los anuncios del Gobierno para ampliar y renovar la infraestructura educativa a nivel nacional. Durante la ceremonia, la presidenta también informó que se destinarán S/ 6.000 millones a la construcción de colegios en 2027, como parte de un paquete presupuestario adicional previsto para afrontar los posibles impactos económicos del fenómeno El Niño.

La obra de Santa Anita constituye uno de los proyectos concretos presentados dentro de esta agenda de infraestructura. Su desarrollo permitirá observar cómo se ejecutan las inversiones destinadas a reducir las brechas de espacios educativos y mejorar los servicios públicos.

El desafío será asegurar que la construcción avance conforme a los requerimientos técnicos y que el nuevo colegio cuente con los ambientes previstos para atender a sus más de 800 estudiantes. La experiencia también pone de relieve la importancia de dar continuidad a los proyectos educativos cuya ejecución se ha postergado durante años.

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Perú destinará S/ 6.000 millones a construir colegios en 2027

El Gobierno peruano destinará S/ 6.000 millones a la construcción de infraestructura educativa durante 2027, como parte de un paquete de recursos adicionales previsto para enfrentar los efectos económicos del fenómeno El Niño. El anuncio fue realizado por la presidenta Keiko Fujimori durante la colocación de la primera piedra de la nueva infraestructura de la institución educativa José María Arguedas, ubicada en el distrito limeño de Santa Anita.

La inversión educativa forma parte de los S/ 18.000 millones adicionales anunciados por el Ejecutivo para el próximo año, dentro de una estrategia de política fiscal contracíclica orientada a sostener la actividad económica, impulsar la inversión pública y responder a los posibles impactos climáticos. Según lo informado por la mandataria, los recursos asignados a educación estarán destinados exclusivamente a la construcción de colegios.

El plan contempla nuevos colegios y renovación de infraestructura

La estrategia del Gobierno incluye la construcción de nuevos establecimientos educativos y la renovación de locales escolares existentes en distintas regiones del país. Durante su intervención, Fujimori mencionó una meta de 1.000 colegios nuevos y 3.000 renovados, además de una propuesta para incorporar mejores condiciones de aprendizaje en los planteles.

Las nuevas infraestructuras contemplarían bibliotecas, laboratorios y talleres productivos, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación de los estudiantes. La incorporación de estos espacios busca que los colegios no solo cuenten con ambientes adecuados para las clases, sino también con instalaciones que permitan desarrollar competencias técnicas y prácticas durante los últimos años de educación escolar.

El anuncio se produce en un contexto de necesidades de infraestructura educativa y de exposición de diversas regiones a posibles emergencias climáticas. La construcción y rehabilitación de colegios representa, en ese sentido, una de las áreas prioritarias de inversión pública para el siguiente año.

Conectividad y equipamiento para los centros educativos

Además de las obras físicas, la propuesta considera incorporar conectividad satelital para facilitar el acceso a información y recursos digitales. Esta medida apunta a mejorar las herramientas disponibles para estudiantes y docentes, así como a facilitar la actualización y preparación de los maestros.

La modernización de la infraestructura educativa requiere que las nuevas instalaciones estén acompañadas de equipamiento y servicios que permitan aprovechar los espacios construidos. Por ello, la integración de laboratorios, bibliotecas, talleres y conectividad constituye uno de los componentes destacados en los lineamientos anunciados por el Ejecutivo.

No obstante, los detalles sobre la distribución territorial de los proyectos, el calendario de ejecución y los mecanismos de contratación deberán precisarse conforme avance la planificación de las inversiones para 2027.

Santa Anita marca el inicio de una nueva obra educativa

La ceremonia en la institución educativa José María Arguedas, en Santa Anita, marcó el inicio de una intervención dirigida a reemplazar la infraestructura utilizada por una comunidad educativa que ha desarrollado sus actividades durante más de diez años en aulas temporales.

El proyecto se presenta como parte del compromiso del Gobierno de mejorar las condiciones en las que reciben clases los estudiantes y trabajan los docentes. La ejecución de este tipo de obras requiere planificación, seguimiento técnico y coordinación entre las entidades responsables para asegurar que los nuevos ambientes respondan a las necesidades de la comunidad educativa.

Inversión pública frente al riesgo climático

Los S/ 6.000 millones para infraestructura educativa se integran a un paquete económico más amplio que busca responder al posible impacto del fenómeno El Niño. De acuerdo con el anuncio del Ejecutivo, los recursos adicionales también financiarán otras intervenciones de infraestructura y medidas de apoyo económico.

Para el sector construcción, la ejecución efectiva de este presupuesto será determinante para convertir los anuncios de inversión en obras concretas, generar actividad en la cadena de proveedores y mejorar los servicios públicos. El avance dependerá de la programación presupuestaria, la preparación de los proyectos y la capacidad de las entidades para ejecutar las obras dentro de los plazos previstos.

El reto para 2027 será asegurar que los recursos anunciados se traduzcan en nuevos colegios y establecimientos renovados, con infraestructura segura, equipamiento adecuado y condiciones que permitan mejorar la calidad del servicio educativo en el país.

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SNMPE alerta por minería ilegal y riesgos para proyectos en Cajamarca

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) advirtió sobre el avance de la minería ilegal en Cajamarca y pidió reforzar la presencia del Estado para enfrentar los riesgos que esta actividad representa para la seguridad ciudadana y el desarrollo de inversiones mineras formales. Julia Torreblanca, presidenta del gremio, señaló que la expansión de estas operaciones también dificulta el avance de proyectos que permanecen a la espera de autorizaciones corporativas y permisos ambientales y operativos.

La representante del sector minero energético sostuvo que la respuesta debe incluir una intervención permanente y coordinada de las instituciones públicas. Asimismo, planteó medidas firmes contra quienes realizan actividades extractivas al margen de la ley y no cuentan con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Control de las plantas de beneficio para frenar el oro ilegal

Uno de los principales planteamientos de la SNMPE es fortalecer la fiscalización de las plantas de beneficio, instalaciones que procesan el mineral antes de su comercialización. Para el gremio, estos establecimientos son un punto clave para identificar el origen de los recursos extraídos y evitar que el oro procedente de operaciones ilegales ingrese a los circuitos comerciales formales.

Torreblanca advirtió que algunas plantas reciben mineral de procedencias diversas, incluidas zonas prohibidas o áreas que albergan patrimonio arqueológico. La falta de controles suficientes sobre el origen del material puede facilitar que el oro extraído ilegalmente sea procesado y posteriormente comercializado como si tuviera procedencia legítima.

Según las estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE) citadas por la presidenta de la SNMPE, el volumen de las exportaciones peruanas de oro ilegal se aproxima al de las exportaciones provenientes de la minería formal. Esta situación refuerza, según el gremio, la necesidad de establecer mecanismos de trazabilidad que permitan verificar el recorrido del mineral desde su extracción hasta su venta.

La futura Ley MAPE debe reforzar la fiscalización

La SNMPE también pidió que la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) incorpore procedimientos transparentes y obligatorios para auditar el origen del mineral y controlar los insumos utilizados durante su procesamiento.

Entre los elementos que deberían someterse a una fiscalización rigurosa figuran los explosivos y las sustancias químicas, debido a su importancia en las operaciones mineras y a los riesgos asociados con su uso sin autorización o supervisión adecuada.

Como referencia, Torreblanca planteó aplicar controles similares a los que ejerce la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) sobre las operaciones formales reguladas. Estos mecanismos exigen justificar las cantidades de insumos empleados, por lo que el gremio considera necesario definir responsabilidades institucionales, plazos y procedimientos de verificación para mejorar el control de la actividad minera.

Seguridad y continuidad de las inversiones mineras

La advertencia de la SNMPE se produce en un contexto de preocupación por la expansión de las actividades ilegales en Cajamarca. Además de sus consecuencias para la seguridad de la población, esta problemática puede incrementar los riesgos operativos y dificultar las condiciones necesarias para desarrollar proyectos mineros que requieren permisos y decisiones de inversión.

Para el gremio, combatir la minería ilegal no significa oponerse a la pequeña minería ni a la minería artesanal. Torreblanca sostuvo que la actividad puede desarrollarse en distintas escalas, siempre que cumpla la legislación, respete los estándares de seguridad y proteja la vida de los trabajadores.

La organización considera que una mayor presencia estatal, acompañada de controles efectivos sobre la extracción, el procesamiento y la comercialización del oro, es fundamental para reducir los espacios de operación ilegal y fortalecer la minería formal.

En ese sentido, la discusión sobre la Ley MAPE será relevante para definir cómo se fiscalizará el sector y qué mecanismos permitirán verificar la procedencia de los minerales. Para Cajamarca, el desafío consiste en contener el avance de las operaciones ilegales, proteger a la población y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo responsable de las inversiones mineras.

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Producción de oro en Perú cae 7,3% hasta agosto de 2026

La producción de oro en el Perú acumuló una caída de 7,3% entre enero y agosto de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (Minem). El resultado refleja una menor extracción nacional, pese a la recuperación mensual registrada en agosto frente a julio.

Durante los primeros ocho meses del año, el país produjo 66 millones 926.973 gramos finos de oro, frente a los 72 millones 158.475 gramos finos reportados en el mismo periodo de 2025. Esto representa una reducción superior a los 5,2 millones de gramos finos y evidencia los desafíos que enfrenta el sector aurífero para sostener sus niveles de producción.

Yanacocha y Boroo registran retrocesos

Entre las principales operaciones auríferas del país, Minera Yanacocha y Minera Boroo Misquichilca registraron caídas interanuales durante agosto. Yanacocha produjo 1 millón 312.462 gramos finos, lo que significó una disminución de 19,6% frente al mismo mes de 2025. Pese a este retroceso, la compañía se mantuvo como el principal productor de oro del Perú.

Por su parte, Boroo Misquichilca alcanzó una producción de 347.031 gramos finos en agosto, una caída de 50,1% en comparación con el mismo mes del año anterior. Estas cifras contribuyeron al desempeño negativo de la producción aurífera nacional durante el periodo analizado.

En el acumulado de enero a agosto, Yanacocha concentró el 16,5% de la producción nacional. Le siguieron Compañía Minera Poderosa, con una participación de 6,8%, y Minera Aurífera Retamas, con 5,1%. En conjunto, estas tres compañías representaron el 28,3% del oro producido en el país.

La Libertad, Cajamarca y Arequipa concentran la producción

La extracción aurífera mantiene una fuerte concentración geográfica en el Perú. Entre enero y agosto, La Libertad lideró la producción nacional con el 25,4% del total, seguida de Cajamarca, con el 25,3%, y Arequipa, con el 22,6%.

En conjunto, estas tres regiones concentraron el 73,3% de la producción nacional de oro. Su participación evidencia la importancia de estos territorios para el desempeño del subsector y para la actividad económica vinculada a las operaciones mineras.

Agosto muestra una recuperación mensual, pero persiste la caída interanual

En agosto, la producción nacional de oro alcanzó los 8 millones 624.174 gramos finos, un incremento de 2,1% respecto de julio. Sin embargo, al comparar el resultado con agosto de 2025, la extracción registró una caída de 12,8%, lo que confirma que la mejora mensual todavía no representa una recuperación frente al año anterior.

El descenso se produjo en un contexto de precios internacionales favorables. Durante agosto de 2026, la cotización promedio del oro llegó a US$4.411 por onza troy, un aumento de 31% frente al mismo mes de 2025. La evolución evidencia que el incremento del precio no estuvo acompañado por un mayor volumen de producción nacional.

Exportaciones de oro crecen pese al menor volumen producido

A diferencia de la producción, las exportaciones auríferas registraron resultados positivos en agosto. Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), los envíos de oro al exterior aumentaron 14,1% en volumen interanual y alcanzaron un valor de US$3.035 millones, un crecimiento de 49,4% frente a agosto de 2025.

Este comportamiento estuvo impulsado tanto por el incremento del volumen exportado como por la mayor cotización internacional del metal. No obstante, el aumento de los ingresos por exportaciones no implica necesariamente una expansión de la extracción minera nacional, pues ambos indicadores responden a factores distintos.

El desempeño aurífero se suma a un panorama minero desigual. En agosto, la producción de cobre cayó 5,3% interanual, la de zinc retrocedió 28,1% y la de plata disminuyó 10,4%. En contraste, el hierro creció 9,2% y el molibdeno avanzó 12,5%, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Los próximos reportes del Minem permitirán determinar si la caída acumulada de la producción de oro se mantiene durante el último tramo del año y cómo evoluciona el desempeño de las principales empresas y regiones productoras.

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Gobierno reactiva megaproyecto vial de $6,9 billones para el Eje Cafetero

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de Colombia reactivó la evaluación del megaproyecto Conexión Centro, una iniciativa privada que contempla inversiones por $6,9 billones para ampliar, operar y mantener corredores viales estratégicos del Eje Cafetero. La decisión quedó establecida en una resolución del 6 de octubre de 2026, que revocó el rechazo de la propuesta emitido el pasado 25 de mayo y ordenó retomar su análisis en etapa de factibilidad.

La iniciativa, estructurada por Odinsa Vías, busca mejorar la conectividad entre Armenia, Pereira, Manizales, Calarcá y La Paila. Su reactivación responde al cambio en la política pública del sector transporte y a las restricciones presupuestarias del Estado, que dificultan que el Instituto Nacional de Vías (Invías) asuma directamente obras de esta magnitud. En este escenario, el Gobierno vuelve a considerar los esquemas de concesión y las asociaciones público-privadas (APP) como alternativas para desarrollar infraestructura sin requerir desembolsos públicos directos.

Obras y alcance de Conexión Centro

El megaproyecto contempla una inversión estimada de $3,3 billones para la ejecución de obras y otros $3,6 billones destinados a la operación y el mantenimiento de la infraestructura. La propuesta abarca aproximadamente 317 kilómetros de corredores viales y busca fortalecer la movilidad regional, reducir dificultades de conexión y mejorar las condiciones para el transporte de pasajeros y mercancías.

Entre las principales intervenciones figuran la construcción de 76,7 kilómetros de segunda calzada, una variante de 5,8 kilómetros en Calarcá y la construcción o adecuación de 20 intersecciones viales. Además, las proyecciones de la iniciativa estiman la generación de más de 50.000 empleos durante su desarrollo. Estas cifras corresponden al alcance previsto del proyecto y no a obras que ya hayan sido adjudicadas o ejecutadas.

La ANI deberá evaluar la viabilidad de la propuesta

La resolución revierte la decisión de mayo, cuando la entidad había rechazado la iniciativa por razones de política pública, planeación, priorización y conveniencia sectorial. Con el nuevo pronunciamiento, la ANI considera necesario retomar el análisis ante la falta de recursos y cupos presupuestarios para que Invías ejecute directamente las intervenciones previstas.

Sin embargo, la reactivación del trámite no significa que el megaproyecto esté aprobado ni que su contrato haya sido adjudicado. La propuesta deberá superar las evaluaciones técnicas, jurídicas, financieras y de riesgos, incluida la revisión de las tarifas de peaje planteadas. Los resultados de estos análisis determinarán si la iniciativa puede avanzar hacia las siguientes etapas.

¿Qué pasará con la concesión actual?

Conexión Centro es una iniciativa distinta del contrato vigente de Autopistas del Café, suscrito en 1997. Según la información divulgada sobre el proceso, la terminación de la concesión actual está vinculada al cumplimiento de la tasa interna de retorno pactada, del 14,99 %, y el cierre financiero se proyecta para junio de 2027, sujeto a la conciliación de las cuentas correspondientes.

Por ello, la reactivación del megaproyecto abre nuevamente el debate sobre cómo se administrarán y financiarán estos corredores una vez concluya la concesión actual. Su eventual implementación dependerá de la evaluación de la ANI y de las decisiones posteriores sobre el modelo de operación, las inversiones y las condiciones económicas del proyecto.

El futuro de Conexión Centro será determinante para la conectividad del Eje Cafetero y el desarrollo de sus principales corredores logísticos. Por ahora, el proceso vuelve a estar en evaluación y todavía no existe una aprobación definitiva que garantice su ejecución.

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BBVA financia con $197.000 millones el Gran Malecón del Mar de Cartagena

El banco BBVA Colombia financiará con 197.000 millones de pesos colombianos el Gran Malecón del Mar de Cartagena, un proyecto de infraestructura urbana liderado por la Alcaldía de la ciudad para recuperar el frente costero, ampliar los espacios públicos y fortalecer la actividad turística. La iniciativa avanzó con la apertura de sus primeros dos kilómetros el 24 de octubre de 2026, en un corredor que conecta el sector de La Boquilla con el acceso al Túnel de Crespo.

La obra contempla senderos peatonales, áreas recreativas, servicios para visitantes y trabajos de protección costera. Además de mejorar el acceso de residentes y turistas al litoral, busca impulsar la economía local mediante una mayor actividad en los sectores de gastronomía, comercio y servicios vinculados al turismo.

Primera etapa recupera dos kilómetros del frente costero

La apertura del primer tramo constituye un avance en la transformación urbana de Cartagena, al habilitar un espacio destinado a caminar, practicar deporte y desarrollar actividades culturales y recreativas junto al mar Caribe.

El proyecto busca mejorar la relación de la ciudad con su litoral mediante la recuperación del espacio público y la creación de áreas accesibles para la ciudadanía. Las intervenciones también incorporan obras de protección costera, necesarias para adecuar y preservar el entorno donde se desarrolla el corredor.

De acuerdo con el cronograma anunciado por la Alcaldía, las obras continuarán por etapas hasta completar un corredor de seis kilómetros durante 2027. La ejecución de los siguientes tramos permitirá ampliar la superficie habilitada y extender los beneficios urbanos y turísticos del proyecto.

Financiación de BBVA respalda la ejecución de la obra

La operación por 197.000 millones de pesos posiciona a BBVA Colombia como principal financiador del Gran Malecón del Mar. Para la entidad, la participación forma parte de su estrategia de acompañamiento a proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo económico y social de las regiones.

Gloria Couceiro, presidenta de BBVA Colombia, destacó que la iniciativa permitirá recuperar espacios para las familias, fortalecer el turismo y generar oportunidades para los negocios locales.

La participación del banco se suma a otras operaciones de financiación en Cartagena y el departamento de Bolívar. En la capital regional, BBVA ha destinado más de 200.000 millones de pesos a proyectos vinculados al Plan de Desarrollo Distrital, mientras que en Bolívar ha asignado más de 98.000 millones de pesos a iniciativas de infraestructura identificadas como sostenibles.

Entre estas inversiones se encuentran proyectos de construcción y mejoramiento de sistemas de acueducto, así como la ejecución y adecuación de escenarios deportivos en distintos municipios del departamento.

El malecón busca dinamizar el turismo y la economía local

La infraestructura tiene un componente económico asociado al fortalecimiento de Cartagena como destino turístico. La disponibilidad de nuevos espacios públicos frente al mar puede favorecer las actividades recreativas y culturales, además de generar oportunidades para los establecimientos comerciales que atienden a residentes y visitantes.

El corredor también busca mejorar las condiciones de uso del litoral urbano mediante zonas para la circulación peatonal y la recreación. Su desarrollo se integra a los esfuerzos de renovación del espacio público y de consolidación de infraestructura turística en la ciudad.

No obstante, el impacto económico dependerá de la continuidad de las obras, la calidad de su mantenimiento y la capacidad de articular el espacio con los servicios y negocios del entorno. La gestión posterior a la construcción será un factor importante para garantizar su funcionamiento y sostenibilidad.

Proyecto continuará hasta 2027

La apertura de los primeros dos kilómetros marca una etapa inicial de una intervención que todavía debe completar nuevas secciones del frente costero. La programación de la Alcaldía contempla alcanzar los seis kilómetros durante 2027, por lo que el cumplimiento de los plazos y la coordinación de las siguientes obras serán determinantes para completar el corredor.

El Gran Malecón del Mar representa una inversión relevante en infraestructura urbana y turística para Cartagena. Con el respaldo financiero de BBVA, el proyecto busca combinar recuperación del espacio público, protección costera y dinamización económica, con el objetivo de ampliar las áreas de encuentro y recreación disponibles para la población.

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Colombia tiene 38 días para recuperar reservas de agua ante El Niño

Colombia enfrenta un periodo decisivo para reforzar las reservas de agua de sus embalses antes del inicio de la temporada seca y prepararse para los posibles efectos del fenómeno de El Niño. El operador del sistema eléctrico, XM, advirtió que quedan 38 días hasta el 30 de noviembre de 2026 para recuperar el almacenamiento hídrico necesario para respaldar la generación de electricidad durante los próximos meses.

Al 22 de octubre, las reservas de los embalses superaban ligeramente el 76% de su capacidad, por debajo de la meta de referencia del 80%. Además, los aportes de agua registrados durante octubre equivalían al 60,51% de la media histórica para ese periodo. La situación genera preocupación debido a la importancia de la generación hidroeléctrica en el abastecimiento eléctrico nacional.

Embalses y lluvias serán determinantes para el suministro eléctrico

El nivel de agua almacenada es un factor clave para la estabilidad del sistema energético colombiano, ya que permite a las centrales hidroeléctricas mantener su generación cuando disminuyen las precipitaciones. Si las reservas no se recuperan antes de la temporada seca, el sistema podría necesitar una mayor participación de las plantas termoeléctricas para atender la demanda.

Según los datos de XM, Antioquia aportó el 54,68% de los recursos hídricos que ingresaron al sistema durante octubre. Le siguieron la región central, con el 20,31%; la oriental, con el 12,6%; Valle, con el 5,36%; Caldas, con el 5%; y el Caribe, con el 2%.

La distribución evidencia la importancia de las regiones con mayor aporte hídrico para la recuperación de los embalses. Sin embargo, la evolución de las reservas dependerá de las precipitaciones que se registren durante las semanas restantes de la temporada de lluvias.

Fenómeno de El Niño aumenta la presión sobre la generación

La posibilidad de que El Niño alcance una intensidad elevada hacia finales de 2026 añade incertidumbre a las previsiones energéticas. Este fenómeno climático puede reducir las lluvias y los caudales de los ríos, lo que limita la disponibilidad de agua para las centrales hidroeléctricas.

En ese escenario, Colombia necesitaría incrementar la generación térmica, que utiliza combustibles como gas natural y derivados líquidos para producir electricidad. Esta alternativa permite compensar parcialmente una menor generación hidráulica, pero requiere garantizar el suministro de combustibles y contar con suficiente capacidad operativa.

La disponibilidad de gas natural constituye otro punto de atención para el sector. Las limitaciones de oferta pueden dificultar la respuesta de las plantas térmicas en periodos de alta demanda, por lo que el abastecimiento energético depende tanto de las reservas hídricas como de la capacidad de generación complementaria.

Retrasos en proyectos agravan los desafíos del sistema

A la incertidumbre climática se suma el retraso en la incorporación de nueva capacidad de generación eléctrica. Según XM, para 2026 se esperaba que ingresaran 4.475 megavatios de capacidad, pero hasta el momento del reporte solo se habían incorporado 1.145 megavatios.

El operador también advirtió que el 50% de los proyectos de transmisión presentaba retrasos frente a sus fechas previstas de entrada en operación. Estas demoras pueden limitar la capacidad de transportar electricidad desde los centros de generación hasta las zonas de consumo y dificultar el aprovechamiento de la energía disponible.

A más largo plazo, XM proyecta que la diferencia entre la oferta y la demanda eléctrica podría alcanzar los 10.603 gigavatios-hora anuales hacia el final de la década, equivalente al 10,6% según sus estimaciones. Esta perspectiva refuerza la necesidad de avanzar con las obras de generación y transmisión, además de mejorar la planificación del sistema.

Precios de electricidad y estabilidad financiera bajo presión

Un periodo de menor disponibilidad hídrica también puede aumentar la volatilidad de los precios de la electricidad en bolsa. Cuando la generación hidroeléctrica disminuye, las plantas térmicas pueden asumir una mayor participación, con costos que dependen del precio y la disponibilidad de los combustibles.

XM identificó entre las empresas más expuestas a este mecanismo de compra a Electrovichada, la Empresa de Servicios Públicos Río Aburrá, Gensa, Termopiedras y Air-e, según los datos con corte al 18 de octubre de 2026.

A estas presiones se suma la situación financiera del mercado mayorista. Al 22 de octubre, las deudas entre sus agentes ascendían a cerca de 4,86 billones de pesos colombianos, de acuerdo con el reporte citado. Estas obligaciones pueden afectar la liquidez de las compañías y la capacidad de cumplir oportunamente con los pagos por la energía adquirida.

Recuperar reservas será clave para afrontar el verano 2026-2027

El plazo hasta el 30 de noviembre constituye una referencia importante para reforzar el almacenamiento de agua antes de la temporada seca. No obstante, alcanzar la meta dependerá de las condiciones meteorológicas y de la evolución de los aportes hídricos durante las próximas semanas.

Al mismo tiempo, Colombia deberá asegurar la disponibilidad de combustibles para la generación térmica, acelerar los proyectos de infraestructura energética y gestionar el crecimiento de la demanda. La coordinación de estos factores será determinante para reducir los riesgos de déficit y mantener la confiabilidad del suministro eléctrico.

La advertencia de XM se suma a las preocupaciones que el sector energético ha planteado durante los últimos meses sobre la capacidad de respuesta frente a El Niño. La evolución de los embalses, la entrada de nueva generación y la ejecución de las obras de transmisión marcarán las condiciones con las que el país afrontará el verano de 2026-2027.

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México analiza el potencial de sus recursos y reservas minerales

México cuenta con una amplia riqueza geológica que constituye una base importante para el desarrollo de su industria minera. Según un análisis publicado por Mining México el 27 de octubre de 2026, la actividad minera aporta el 2,8% del producto interno bruto nacional y el 8,7% del PIB industrial, además de generar 416.663 empleos directos en 574 operaciones activas.

Sin embargo, el potencial geológico no garantiza por sí solo que un yacimiento pueda explotarse de manera rentable. La evaluación de los recursos y reservas minerales requiere estudios técnicos, análisis económicos y condiciones operativas que permitan determinar cuánto material puede extraerse y bajo qué condiciones. Este proceso resulta clave para definir las inversiones, planificar nuevas operaciones y estimar la capacidad productiva de los proyectos.

Recursos y reservas: dos conceptos diferentes

En la industria minera, los recursos minerales son concentraciones de materiales presentes en la corteza terrestre que cuentan con perspectivas razonables de extracción económica. Según el nivel de conocimiento geológico y la confianza en la información disponible, se clasifican en inferidos, indicados y medidos.

Las reservas minerales, en cambio, representan la parte económicamente explotable de los recursos medidos o indicados, después de aplicar evaluaciones técnicas y considerar los factores que condicionan su aprovechamiento. Para establecerlas, las empresas deben analizar aspectos como los costos de extracción y procesamiento, los precios de los metales, la disponibilidad de agua, la infraestructura, los permisos y los impactos ambientales y sociales.

Esta diferencia es determinante para evaluar la viabilidad de una operación. Un depósito puede presentar concentraciones atractivas de mineral, pero no convertirse en una reserva si las condiciones técnicas, económicas o regulatorias impiden una explotación rentable.

El análisis también advierte que los cambios legislativos, las restricciones hídricas y los conflictos con comunidades pueden afectar la viabilidad de los proyectos. Por ello, la actualización de los estudios geológicos y económicos es fundamental para conocer la magnitud real de los activos mineros.

Oro y plata mantienen su importancia en la producción nacional

Los metales preciosos y los metales industriales representan una parte significativa de la producción minera mexicana. De acuerdo con las cifras citadas por Mining México, el valor de la producción metálica aumentó un 19,6% en dólares durante 2024. El oro representó el 31% del valor total, seguido por el cobre, con el 26%, y la plata, con el 22%.

En el segmento de la plata, México conserva una posición destacada en el mercado internacional. El país aportó el 22,8% de la oferta mundial, mientras que la denominada Faja de Plata reúne importantes yacimientos con concentraciones elevadas de este metal.

Entre los ejemplos mencionados figura Fresnillo, que reporta reservas probadas y probables de 21,17 millones de toneladas con una ley promedio de 296 gramos de plata por tonelada, además de contenidos de oro, zinc y plomo. Asimismo, complejos como Peñasquito, en Zacatecas, contribuyen al suministro de plata y otros metales.

En el caso del oro, México produjo 117.571 kilogramos durante 2024. Zacatecas concentró el 34,9% de la producción nacional, seguido por Sonora, con el 22,9%, y Guerrero, con el 16,5%.

Entre las operaciones destacadas se encuentran El Limón-Guajes, La Herradura y Peñasquito. A estas se suman proyectos destinados a ampliar o renovar la capacidad productiva, como Media Luna, en Guerrero, y Terronera, en Jalisco.

El cobre concentra oportunidades vinculadas con la electrificación

El cobre constituye otro componente central de la minería mexicana por su utilización en redes eléctricas, equipos industriales, infraestructura energética y tecnologías relacionadas con la electrificación.

Según el artículo, México produjo 717.332 toneladas de cobre de mina en 2024, lo que lo ubicó como el noveno productor mundial. Sonora concentró el 80,1% de la extracción nacional, respaldada por operaciones de gran escala como Buenavista del Cobre, de Grupo México.

La compañía también desarrolla el proyecto El Pilar, para el que se reportan reservas probadas y probables de 317 millones de toneladas. La iniciativa contempla aportar aproximadamente 36.000 toneladas anuales de cátodos de cobre, aunque el calendario de producción depende de la evolución del desarrollo del proyecto.

La disponibilidad de reservas y la continuidad de las inversiones son relevantes para sostener la producción a largo plazo, especialmente en un contexto de demanda asociada con redes eléctricas, infraestructura industrial y tecnologías energéticas.

Minerales industriales amplían la diversidad de México

La riqueza minera mexicana también comprende minerales industriales que abastecen actividades como la construcción, la manufactura y la industria química.

En Baja California Sur, Exportadora de Sal opera en Guerrero Negro una instalación de evaporación solar con una superficie de 80.453 hectáreas y una capacidad superior a ocho millones de toneladas anuales de cloruro de sodio.

México también mantiene una posición relevante en la producción internacional de fluorita, wollastonita y celestita. Estos materiales se emplean en distintos procesos industriales, desde la fabricación de productos químicos y cerámicos hasta aplicaciones metalúrgicas.

La diversificación de la producción permite que la industria minera abastezca diferentes cadenas de valor y no dependa exclusivamente de las cotizaciones del oro, la plata o el cobre. No obstante, el aprovechamiento de cada recurso exige evaluaciones específicas de calidad, demanda, costos y disponibilidad de infraestructura.

El litio enfrenta dificultades para convertirse en reservas comerciales

El litio representa uno de los casos en los que la existencia de recursos geológicos no implica necesariamente una explotación comercial viable. El análisis señala que los depósitos identificados en Sonora, incluido el de Bacadéhuachi, se encuentran en arcillas hectoríticas y presentan desafíos técnicos para la recuperación del mineral.

Para este depósito se citan recursos estimados en 43,3 millones de toneladas, con una ley de litio del 0,30%. Según la publicación, el procesamiento de este tipo de material puede requerir técnicas complejas, como la lixiviación ácida a altas temperaturas y la calcinación, mientras que las tasas de recuperación pueden ser inferiores al 40%.

Estas condiciones influyen en los costos de procesamiento y en la cantidad de litio que podría recuperarse efectivamente. Por ello, los recursos identificados no deben interpretarse como reservas listas para explotación.

A este desafío técnico se suma el marco institucional. La reforma legal mexicana reservó el litio al Estado y estableció la empresa Litio para México para impulsar su desarrollo. Sin embargo, el análisis señala que las limitaciones de presupuesto y tecnología han dificultado convertir los recursos identificados en reservas comercialmente explotables.

El avance de este sector dependerá de la posibilidad de desarrollar procesos económicamente competitivos, asegurar el financiamiento y establecer las condiciones técnicas necesarias para una eventual producción.

Certidumbre técnica y económica define las inversiones

La evaluación de recursos y reservas es una herramienta esencial para determinar si un proyecto puede avanzar desde la exploración hacia el desarrollo de una mina. Las empresas necesitan información geológica confiable, estimaciones de costos, planes de extracción y evaluaciones de riesgos antes de comprometer capital en infraestructura y equipos.

En México, esta necesidad adquiere especial importancia debido a la diversidad de sus depósitos y a las diferencias entre los metales tradicionales y los minerales que requieren tecnologías de procesamiento más complejas. Mientras algunas operaciones cuentan con reservas que respaldan sus planes productivos, otros proyectos todavía necesitan investigación adicional para demostrar su viabilidad.

El análisis concluye que el potencial mineral del país debe acompañarse de certidumbre jurídica, gestión ambiental responsable y acuerdos adecuados con las comunidades. Estos factores, junto con la disponibilidad de infraestructura y tecnología, condicionan la posibilidad de transformar los recursos del subsuelo en reservas económicamente explotables.

Para la industria minera mexicana, el desafío no consiste únicamente en identificar nuevos yacimientos, sino en demostrar que pueden desarrollarse de manera técnica, financiera y ambientalmente viable. Esa distinción será determinante para sostener la producción, orientar las inversiones y aprovechar la riqueza mineral del país a largo plazo.