Autor: Construnoticias Central

Silvia Cuba, presidenta del Senace, afirmó que la entidad espera contribuir este año a la viabilización de más de US$ 20.000 millones en inversiones en el país, de las cuales más del 70% corresponde a proyectos mineros.

 

“Lo que queremos lograr es cerrar este año con más de US$ 20.000 millones de inversión para nuestro país. Y de esa inversión, más del 70% es inversión minera”, señaló tras participar en el reciente Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

 

La funcionaria explicó que actualmente el Senace tiene 102 estudios ambientales mineros en proceso de evaluación, incluyendo proyectos como Coroccohuayco y La Granja. Según indicó, la prioridad de la entidad es reducir los tiempos de tramitación mediante un mayor trabajo previo con las empresas y consultoras antes de la presentación formal de los expedientes.

 

Cuba sostuvo que uno de los principales problemas históricos en la evaluación ambiental ha sido la baja calidad de los estudios presentados, lo que obligaba a múltiples rondas de observaciones e información complementaria.

 

“Hemos tenido estudios que se han aprobado en dos años y dos meses, pero que han tenido 17 informaciones complementarias. Es decir, volver a revisar 17 veces el estudio”, comentó.

 

En contraste, señaló que el acompañamiento técnico previo implementado por la entidad está permitiendo que algunos expedientes ingresen con apenas dos o tres observaciones, frente a las 60 o 70 observaciones que antes podían registrarse.

Implementación de Inteligencia Artificial

 

La presidenta del Senace también destacó que algunos Instrumentos Técnicos Sustentatorios (ITS) ya vienen aprobándose en plazos menores a los establecidos legalmente debido a este esquema de coordinación anticipada entre el regulador, los titulares mineros y las consultoras ambientales.

 

Además, indicó que la entidad viene impulsando herramientas de inteligencia artificial y plataformas digitales para optimizar tanto la elaboración como la evaluación de los estudios ambientales.

 

Entre las medidas mencionó el uso compartido de líneas base de estudios previamente aprobados, lo que permitiría reutilizar información ambiental ya validada y reducir tiempos de levantamiento de información en campo.

 

“Definitivamente la inteligencia artificial y la innovación tecnológica que estamos implementando en el Senace va a permitir optimizar los tiempos en la elaboración y en la evaluación de los estudios”, afirmó.

 

Como ejemplo de mejora en tiempos, Cuba mencionó el caso de Cerro Verde, cuyo estudio ambiental fue aprobado en 11 meses. Según explicó, el proceso pudo concluir incluso en nueve meses de no haberse producido retrasos por parte de una entidad opinante.

 

Pese a la presión por acelerar inversiones, la titular del Senace aseguró que el objetivo sigue siendo mantener estándares técnicos y legitimidad social en las decisiones ambientales. “Queremos que las decisiones sean predictivas, céleres, con calidad técnica, seguridad jurídica y legitimidad social”, seña ló al IIMP.

El Perú atraviesa un momento decisivo para su industria minera en medio de un contexto internacional favorable para los minerales estratégicos. Mientras los precios del cobre, oro y plata continúan en niveles elevados y el mundo demanda cada vez más recursos para la transición energética, el país mantiene estancada su inversión minera en alrededor de US$5.000 millones anuales, muy por debajo de los picos registrados durante el último gran ciclo de expansión del sector. A pesar de contar con una cartera de proyectos superior a US$64.000 millones, gran parte de esas iniciativas sigue sin fecha concreta de ejecución.

 

En ese escenario, las propuestas económicas y mineras de los partidos políticos adquieren una importancia central. Las diferencias entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular muestran dos enfoques opuestos sobre el papel de la inversión privada, la función del Estado y la manera de impulsar el crecimiento económico. Más allá de la minería, el contraste refleja visiones distintas sobre el modelo de desarrollo que debería seguir el país durante los próximos años.

 

Uno de los principales puntos de divergencia aparece en el tratamiento del modelo económico. Juntos por el Perú plantea revisar aspectos clave de la Constitución relacionados con la economía social de mercado, los contratos de estabilidad y la inversión extranjera, además de ampliar el rol empresarial del Estado en sectores estratégicos. Fuerza Popular, en cambio, defiende la estabilidad macroeconómica, el respeto a los contratos y la continuidad del actual marco económico como mecanismos para atraer inversiones.

 

La diferencia resulta especialmente sensible para la minería, una actividad que requiere inversiones de largo plazo y altos montos de capital. Los proyectos mineros suelen desarrollarse durante décadas y dependen de reglas estables para garantizar su rentabilidad. En ese contexto, cualquier señal de cambios contractuales o mayor discrecionalidad estatal puede afectar las decisiones de inversión y aumentar la percepción de riesgo del país.

Desde el enfoque de Juntos por el Perú, el Estado debería asumir un papel más activo en la administración de sectores estratégicos y revisar esquemas de estabilidad tributaria. Sus propuestas incluyen mayores regalías, impuestos a las sobreganancias y un incremento de la participación estatal en la renta minera. La intención es aumentar los recursos públicos provenientes de la actividad extractiva y fortalecer la presencia estatal en la economía.

 

Fuerza Popular plantea una estrategia distinta. Su propuesta se enfoca en reducir trabas administrativas, agilizar permisos y promover mecanismos como asociaciones público-privadas y Obras por Impuestos para acelerar inversiones. La lógica detrás de esta posición es que un entorno regulatorio más predecible y menos burocrático permitiría ampliar la actividad minera y generar mayores ingresos fiscales a través del crecimiento económico.

 

El debate también refleja una discusión más amplia sobre el impacto de la carga tributaria en industrias altamente competitivas. Diversos especialistas sostienen que aumentos bruscos o cambios impredecibles en los impuestos pueden desalentar nuevas inversiones, especialmente en sectores donde los proyectos compiten globalmente por capital. Bajo esa mirada, la estabilidad regulatoria se convierte en un elemento clave para sostener el flujo de inversión minera.

 

Otra diferencia importante se encuentra en la visión sobre el rol empresarial del Estado. Juntos por el Perú propone fortalecer empresas públicas y aumentar la participación estatal en actividades estratégicas, mientras que Fuerza Popular apuesta por una mayor participación privada en infraestructura, logística y desarrollo minero. La experiencia regional ha mostrado resultados mixtos en modelos de expansión estatal, con antecedentes de problemas de eficiencia, corrupción y dificultades financieras en varias empresas públicas latinoamericanas.

 

En minería ilegal también existen enfoques distintos. Juntos por el Perú prioriza esquemas de cooperativas, parques mineros y mecanismos estatales de comercialización del oro. Fuerza Popular, por su parte, plantea fortalecer el control territorial, la trazabilidad digital y la coordinación entre fuerzas de seguridad, Sunat y Fiscalía. El debate gira en torno a cómo enfrentar una actividad que hoy está vinculada a redes criminales, lavado de activos y economías ilegales cada vez más sofisticadas.

Las diferencias se extienden además al plano ambiental. Mientras Fuerza Popular busca compatibilizar inversión minera con remediación de pasivos ambientales y continuidad de proyectos, Juntos por el Perú propone mayores restricciones territoriales y un control estatal más amplio sobre la gestión de recursos naturales. Ambos enfoques reflejan distintas prioridades entre desarrollo económico, regulación ambiental y participación estatal.

 

En el fondo, la discusión va mucho más allá de la minería. Lo que está en juego es el modelo económico que el Perú adoptará en los próximos años. Por un lado, una propuesta centrada en estabilidad macroeconómica, inversión privada y competitividad; por el otro, una visión que apuesta por mayor intervención estatal y revisión de las reglas actuales del mercado. En un contexto global donde los minerales estratégicos adquieren creciente importancia, las decisiones políticas que tome el país podrían definir no solo el futuro del sector minero, sino también el rumbo de la economía peruana en la próxima década.

La minera peruana Minsur, integrante del Grupo Breca, reportó una reducción en su producción de estaño refinado y oro durante el primer trimestre de 2026. Sin embargo, el fuerte incremento en el precio internacional del estaño permitió a la compañía mejorar significativamente sus ingresos y resultados financieros respecto al mismo periodo del año anterior.

 

Entre enero y marzo, la producción de estaño refinado alcanzó las 8.314 toneladas, lo que representó una caída de 3% frente al primer trimestre de 2025. La empresa explicó que este descenso estuvo asociado a menores leyes de estaño en el concentrado procesado en la fundición de Pisco y a una menor recuperación metalúrgica en sus operaciones.

 

En la unidad minera Pucamarca, ubicada en Tacna, la producción de oro retrocedió 19% hasta 10.147 onzas. Según Minsur, el resultado respondió principalmente al agotamiento progresivo de reservas y a un menor volumen de mineral tratado durante el periodo. En tanto, en la operación San Rafael, la principal mina de estaño de la compañía, la producción de estaño contenido disminuyó 2%, situándose en 6.096 toneladas.

 

La menor producción también tuvo impacto en los costos operativos. El cash cost por tonelada de estaño refinado aumentó 7% interanual, hasta US$7.751, debido a mayores gastos en servicios y mano de obra, además de la reducción en los volúmenes procesados. En Pucamarca, el costo directo por tonelada tratada se elevó considerablemente como consecuencia de la fuerte caída del mineral procesado.

 

A pesar de estos resultados operativos, la compañía logró mejorar sus indicadores financieros gracias al comportamiento favorable del mercado del estaño. Las ventas trimestrales ascendieron a US$342,9 millones, lo que representó un crecimiento de 17% frente al mismo periodo de 2025. Minsur explicó que el principal factor detrás de este incremento fue el aumento de 53% en el precio realizado del estaño.

 

El EBITDA alcanzó los US$226,8 millones, con un crecimiento interanual de 28%, mientras que el margen EBITDA mejoró de 60% a 66%. Asimismo, la utilidad neta llegó a US$162,3 millones, muy por encima de los US$29,1 millones registrados un año antes. Incluso excluyendo efectos extraordinarios y diferencias de cambio, la utilidad neta ajustada se ubicó en US$103 millones, reflejando un avance de 20%.

 

Durante el trimestre, Minsur destinó US$11,3 millones a inversiones de capital, principalmente en proyectos vinculados a San Rafael, como obras de drenaje y la construcción de una nueva relavera. Paralelamente, los gastos en exploración y desarrollo crecieron 97%, hasta US$26,8 millones, impulsados por mayores campañas exploratorias en proyectos de estaño y estudios orientados a ampliar el crecimiento futuro de sus operaciones.

El contexto internacional favorable para los metales continúa impulsando movimientos estratégicos en la minería peruana. En el caso del zinc, cuyo precio mantiene una tendencia positiva en el mercado global, el holding Sierra Sun Group busca aprovechar este escenario extendiendo la vida útil de su mina subterránea Sierra Sumaq Rumi, ubicada en Junín y operativa desde 2019. Para ello, la empresa presentó ante el Senace un Segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) con el objetivo de prolongar las operaciones del yacimiento por cinco años adicionales.

 

La propuesta contempla mantener activa la operación hasta el año 2032 mediante una combinación de explotación de reservas pendientes y la incorporación de mineral adquirido a terceros. Según la empresa, esta estrategia permitirá optimizar el uso de la planta concentradora y recuperar el tiempo perdido durante años marcados por paralizaciones, cambios de propiedad y un entorno de mercado menos favorable para el zinc.

 

Uno de los puntos centrales del proyecto es la compra de hasta 756.000 toneladas métricas de mineral proveniente de proveedores certificados. Sierra Poli, subsidiaria de Sierra Sun Group, estima transportar diariamente alrededor de 420 toneladas de mineral en volquetes especializados. La compañía precisó que este abastecimiento externo no implicará ampliar la capacidad de procesamiento de la planta, que seguirá operando en 600 toneladas por día, ni modificar sus procesos metalúrgicos actuales.

 

La empresa también señaló que los proveedores deberán cumplir requisitos ambientales y regulatorios estrictos, incluyendo permisos vigentes, instrumentos de gestión ambiental aprobados y sistemas de trazabilidad del mineral. En paralelo, la mina aún cuenta con reservas propias y relaves susceptibles de reprocesamiento, lo que permitiría alcanzar un volumen total cercano al millón de toneladas procesadas durante el periodo ampliado.

 

Según el ITS presentado, la ampliación de operaciones no requerirá nuevas inversiones en infraestructura ni incrementos en el consumo de agua, energía o personal. Tampoco se prevén nuevas construcciones o generación adicional de residuos, ya que todas las actividades se desarrollarían utilizando las instalaciones existentes. Con ello, Sierra Sun Group busca asegurar la continuidad de Sierra Sumaq Rumi en un momento en que los altos precios del zinc vuelven más atractiva la operación de minas de menor escala.

El Perú tiene en cola una larga lista de proyectos, pero no cuenta con la capacidad para absorberlos ni para priorizar aquellos que podrían generar beneficio masivo a las comunidades, sostuvo recientemente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

 

Para ejemplificar el escenario, Eloy Durán, viceministro del MEF, se concentró en los planes de vías: “En el Perú hay 7,122 proyectos en ejecución de vías por S/ 61,000 millones. Sin embargo, toda la cartera representa S/ 221,000 millones, [monto] imposible de absorber“, explicó durante su intervención en el evento “Proyecto de acompañamiento para mejorar la gestión de las inversiones públicas en los Gobiernos Regionales de Arequipa, Junín y Cusco”, organizado por Videnza Instituto y aliados.

 

Para el ministerio, este problema se explica por el exceso de cartera, la dispersión y la mala priorización de las obras.

 

Proyectos se despiden

En este contexto, Durán indicó cómo va la agenda antes del cambio de Gobierno.

 

“La próxima semana se aprueba la directiva de desactivación de inversiones y la subsiguiente semana la de cierre y cierre de oficio de inversiones. Se irán de la cartera 120,000 proyectos hasta el 30 de junio. Vale precisar que ‘de oficio’ significa que, si no lo cierra la entidad, lo cierra el MEF”

 

“[Esto] porque [esos proyectos] se están consumiendo recursos que ya no son inversiones. Se está pagando mantenimiento, consultoría, seguridad, limpieza. Esos son gastos permanentes, no de inversión”, agregó.

 

Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto y extitular del MEF, considera oportuna la decisión de sacar del programa de inversiones este grupo de obras: “De alguna forma es sincerar proyectos que ocupan el marco presupuestal. […] Son criterios bastante objetivos, porque el MEF ha evaluado distintos puntos: proyectos que no tienen expediente técnico aprobado o que no presentan ejecución física por distintos plazos”.

 

Coincide Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad (CPC): “Es una noticia positiva porque, por ejemplo, teníamos solamente 30% de los proyectos cerrados en casi 16 años de gestión”.

Agrega: “Se están comprometiendo recursos que deberían ir a obras para sostener gasto corriente. Como mencionó el mismo viceministro [del MEF], existen gastos de consultoría, de salarios, de expedientes técnicos cuando el proyecto tiene 95% o 98% de avance, cuando, en realidad, deberían ser más bien gastos de liquidación”.

 

En suma, “se van a sincerar las cifras, lo que va a permitir que las municipalidades, los gobiernos regionales y los sectores se enfoquen en proyectos importantes”.

 

El costo de la “eliminación”

Castilla considera que el “golpe” financiero es mayor si existe, de manera indefinida, continuidad de obras que no avanzan: “Más vale liquidar [los proyectos] y pagar las deudas que continuarlos sin ninguna posibilidad de, efectivamente, lograr que culminen”.

 

Asimismo, detalla las cifras detrás de esta disposición: “Los 120,000 proyectos tienen un costo total de obra de S/ 220,000 millones. […] Lo que el [MEF] calcula de deudas con proveedores, o de deudas que tendría que pagar por estos proyectos casi inactivos, sería más o menos de S/ 5,000 millones. Si no se liquidan, seguirán acumulándose intereses y deudas con proveedores”.

 

Cubas observa que gran parte de estas obras pertenece a los sectores de transporte, saneamiento y salud, los cuales han permanecido inactivos por más de 7 años. Un dato similar identifica el vocero de Videnza: “[Esta medida] va a facultar a que se programe mejor la inversión y se ejecute, también a no tener proyectos que registren más de 10 años inactivos o con cero avance físico”.

 

“Hay criterios objetivos, no es un tema discrecional. […] Es una buena señal lo que está haciendo el MEF en línea también con la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la práctica internacional”

 

Este diario se comunicó con la cartera de Economía para profundizar en los pormenores, pero, hasta el cierre de esta edición, no obtuvo respuesta.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, destacó que la tuneladora “Delia” de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao está próxima a culminar sus labores en la construcción del túnel del primer tren subterráneo del Perú. Esta vez llegó a la Estación E-05: “Carmen de la Legua” (Callao), registrando un avance del 95 % en la excavación del túnel de la Línea 2.

 

Este importante progreso integral se consolida a través de la ejecución de sus diferentes frentes de trabajo: la Etapa 1-A se encuentra en operación comercial y la Etapa 1-B registra un avance del 89.28 %; mientras que, la Etapa 2, presenta un progreso acumulado del 65.91 %.

 

Desde el inicio de sus operaciones, la tuneladora “Delia” ha construido más de 13 kilómetros de túnel y ha atravesado catorce estaciones del proyecto: Circunvalación, Nicolás Ayllón, 28 de Julio, Cangallo, Manco Cápac, Estación Central, Plaza Bolognesi, Parque Murillo, Tingo María, La Alborada, Elio, San Marcos, Óscar R. Benavides y ahora Carmen de la Legua.

 

La maquinaria continuará su recorrido hacia la Estación Insurgentes (E-04), donde culminará la excavación del túnel. Cabe precisar que, de los 27 kilómetros que contempla el trazado total de la Línea 2, más de 25 kilómetros ya han sido construidos, consolidando el avance sostenido de esta megaobra de infraestructura ferroviaria.

 

En paralelo, la tuneladora «Micaela» continúa con la construcción del túnel del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, dirigiéndose actualmente hacia la Estación E4-7: “Morales Duarez” para luego avanzar hacia la Estación E4-8: “Carmen de la Legua”. Esta tuneladora alcanza un 65% de avance en la excavación del túnel.

 

El sector indicó que este nuevo hito representa un gran avance en la ejecución de la Línea 2, que hoy posee más del 80% de avance general. Así, el MTC reafirma su compromiso de continuar impulsando proyectos de transporte masivo que mejoren la movilidad urbana y contribuyan a elevar la calidad de vida de la población.