Categoría: Minería

Seis proyectos mineros ubicados en el centro y sur del Perú podrían iniciar su construcción o entrar en operación entre 2026 y 2031, con inversiones conjuntas estimadas en US$5.200 millones. La cartera fue presentada por la viceministra de Minas, Mayra Figueroa, quien destacó el potencial de las regiones que integran la Mancomunidad Regional de Los Andes para impulsar nuevas inversiones, ampliar las operaciones existentes y generar oportunidades de empleo.

Las iniciativas se distribuyen entre Apurímac, Ayacucho, Cusco, Ica y Junín, y comprenden proyectos de reposición, optimización y nuevos desarrollos vinculados principalmente con la producción de cobre y oro. El Gobierno busca acompañar su avance mediante una mayor coordinación institucional y la optimización de los procedimientos administrativos, sin reducir las exigencias ambientales aplicables a la actividad minera.

Seis proyectos concentran la cartera regional

Entre los proyectos considerados figura Reposición Ferrobamba, vinculado con Las Bambas, operación de MMG ubicada en Apurímac. En la misma región se encuentra Trapiche, iniciativa cuprífera de El Molle Verde, subsidiaria de Buenaventura, que forma parte de las expectativas de desarrollo minero para los próximos años.

En Ayacucho destaca Reposición Inmaculada, de Compañía Minera Ares, vinculada a Hochschild Mining, proyecto que ya se encuentra en ejecución. Su desarrollo busca dar continuidad a las operaciones mineras y forma parte de las inversiones previstas para la región.

La cartera también incluye Integración Coroccohuayco, asociada a Antapaccay, de Glencore, en Cusco; Mina Justa Subterránea, de Marcobre, empresa vinculada a Minsur, en Ica; y la Optimización Carahuacra–San Cristóbal, de Volcan Compañía Minera, en Junín.

En conjunto, estas iniciativas representan una oportunidad para sostener la producción minera y extender la vida útil de determinadas operaciones, además de promover nuevas etapas de desarrollo. No obstante, sus cronogramas dependerán del avance técnico, las autorizaciones correspondientes y las decisiones de inversión de las empresas responsables.

Inversión minera regional superó los US$1.900 millones

Hasta agosto de 2026, las regiones de la Mancomunidad Regional de Los Andes acumularon US$1.915 millones en inversiones mineras, monto que representa poco más del 45% de la inversión nacional registrada en el periodo, según informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

La expectativa oficial es que las inversiones en estas regiones superen los US$3.000 millones al cierre de 2026, en un escenario en el que el Gobierno mantiene una meta nacional de US$7.000 millones para el año.

Estas cifras reflejan la importancia de las regiones del centro y sur dentro de la actividad minera peruana. El avance de los proyectos puede impulsar la contratación de servicios especializados, la demanda de equipos y materiales y la participación de proveedores locales durante las etapas de exploración, construcción y operación.

La viceministra Mayra Figueroa señaló que el Gobierno busca acompañar las iniciativas para favorecer el cumplimiento de sus cronogramas y contribuir al desarrollo de inversiones y empleo en las zonas involucradas.

Minem busca agilizar los permisos mineros

Uno de los principales desafíos para concretar la cartera es mejorar la predictibilidad de los procedimientos necesarios para desarrollar los proyectos. En ese sentido, el Minem trabaja en una reorganización interna destinada a optimizar sus procesos y fortalecer la coordinación con las entidades públicas que participan en la evaluación de las iniciativas mineras.

La estrategia contempla reducir la duplicidad de funciones y mejorar la articulación entre las instituciones que emiten opiniones o autorizaciones. El objetivo es facilitar el cumplimiento de los plazos administrativos sin comprometer los estándares ambientales ni los requisitos técnicos exigidos para cada proyecto.

La agilización de los permisos resulta especialmente relevante para las inversiones mineras, que requieren evaluaciones y autorizaciones antes de avanzar desde las etapas de estudio hacia la construcción y la operación. La capacidad de resolver estos procedimientos de manera oportuna puede influir en los cronogramas y en la decisión de las empresas de comprometer nuevos capitales.

Exploración minera mantiene oportunidades en el centro del país

Además de los proyectos incluidos en la cartera de US$5.200 millones, el Minem identifica oportunidades de exploración en Ayacucho, Junín, Pasco y Lima. Estas regiones concentran importantes montos de inversión destinados a identificar y evaluar nuevos recursos minerales.

Según la viceministra, los capitales destinados a esta etapa provienen principalmente de empresas peruanas, seguidas por inversionistas de Canadá y Reino Unido. La funcionaria destacó que la exploración implica riesgos debido a la incertidumbre sobre la existencia, magnitud y viabilidad económica de los recursos.

Por ello, el Gobierno busca generar condiciones que permitan a las compañías planificar sus inversiones con mayor certidumbre y sostenibilidad. El avance de la exploración resulta relevante para identificar nuevos yacimientos y ampliar las posibilidades de desarrollo de futuras operaciones mineras.

Andesmin 2026 promoverá inversiones en Ayacucho

La cartera regional será presentada en Andesmin 2026, convención minera programada del 29 de octubre al 1 de noviembre en el Centro de Convenciones Canaán, en Ayacucho. El encuentro reunirá a representantes del Gobierno, empresas mineras, proveedores, instituciones académicas, comunidades y autoridades regionales.

El evento busca promover las oportunidades de inversión y exploración de las regiones que conforman la Mancomunidad Regional de Los Andes, además de impulsar una agenda de trabajo entre los sectores público y privado. También se prevé la participación de los gobernadores regionales y de las nuevas autoridades electas.

Con una cartera de seis proyectos valorizada en US$5.200 millones, el centro y sur del Perú busca consolidar su participación en el desarrollo minero nacional. La concreción de estas iniciativas dependerá de la evolución de sus estudios, permisos y decisiones de inversión, así como de la capacidad institucional para acompañar su avance dentro de los plazos previstos.

El avance electoral de Podemos Perú en zonas afectadas por la minería ilegal ha puesto el foco sobre los vínculos entre las autoridades locales electas y la actividad minera informal en el Perú. En el distrito de Pataz, provincia del mismo nombre, en La Libertad, José Torrealva Yparraguirre obtuvo el 67% de los votos en el último conteo citado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), lo que lo convirtió en alcalde virtualmente electo, de acuerdo con la información publicada por Dipromin el 12 de octubre de 2026.

Torrealva es presidente de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz (AMA-Pataz) y ha reconocido que se encuentra en proceso de formalización minera desde 2012. Su elección se produce en una provincia afectada por la violencia vinculada a la extracción aurífera y el crimen organizado, donde se han registrado ataques en socavones y reiteradas declaratorias de emergencia.

Presencia electoral en la provincia de Pataz

Además de la alcaldía distrital de Pataz, Podemos Perú obtuvo la alcaldía provincial con Cláver López Medina y ganó en otros cuatro distritos: Huayo, Chilia, Pías y Buldibuyo. Estos resultados consolidan la presencia de la agrupación política en una zona donde la minería constituye una actividad económica importante, pero también representa un desafío en materia de seguridad, control territorial y formalización.

La victoria de Torrealva ha generado atención debido a su trayectoria en el sector minero y su participación en organizaciones de mineros artesanales. En septiembre de 2024, el dirigente y otros integrantes de la directiva de AMA-Pataz se afiliaron a Podemos Perú, partido cuya bancada parlamentaria votó a favor de ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

La relación entre representantes de la minería informal y los cargos públicos plantea interrogantes sobre cómo se gestionarán las políticas de formalización, fiscalización y lucha contra las operaciones ilegales en los territorios mineros.

Empresas y registros vinculados al alcalde virtual

Según la información difundida por Dipromin, Torrealva ha gerenciado tres empresas relacionadas con actividades mineras y logísticas. Entre ellas figura Inversiones Daymart, dedicada al transporte de mineral y con inscripción vigente en el Reinfo.

También administró Logística y Suministros La Cruz, enfocada en el traslado de explosivos, y Comercial Aires Pataz, propietaria de una planta de procesamiento que fue destruida por las autoridades durante un operativo contra la minería ilegal.

Estos antecedentes forman parte del contexto en el que se evaluará la futura gestión municipal. Sin embargo, los vínculos empresariales y la condición de minero en proceso de formalización no constituyen, por sí solos, una prueba de responsabilidad penal por actividades ilícitas.

Reuniones con el Ministerio de Energía y Minas

Tras los resultados electorales, Torrealva viajó a Lima para reunirse con el director general de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem). El encuentro tuvo como objetivo revisar el borrador de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Mape), en representación de AMA-Pataz.

Posteriormente, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shino, anunció que la propuesta legislativa sería enviada al Congreso el 15 de octubre de 2026. Según lo informado, el proyecto contempla una etapa transitoria que permitiría continuar operando a los mineros en proceso de formalización hasta diciembre de 2028.

La iniciativa legislativa será relevante para miles de trabajadores y operadores que buscan regularizar sus actividades. No obstante, su alcance y las condiciones definitivas dependerán del texto presentado y del debate parlamentario.

Formalización y seguridad, desafíos para Pataz

La provincia de Pataz enfrenta el desafío de distinguir entre las operaciones que buscan incorporarse a la legalidad y las estructuras que desarrollan minería ilegal vinculada con redes criminales. La situación exige fortalecer la fiscalización, mejorar la trazabilidad del mineral y coordinar las acciones de las autoridades nacionales, regionales y municipales.

La nueva administración local tendrá que responder a las demandas económicas de la población y, al mismo tiempo, contribuir a mejorar la seguridad y el cumplimiento de las normas mineras. La coordinación con el Minem y las entidades encargadas de combatir las actividades ilegales será fundamental para abordar estos problemas.

La elección de autoridades vinculadas al sector minero informal sitúa la formalización en el centro del debate político local. El desarrollo de la gestión municipal y las decisiones que adopten las nuevas autoridades permitirán evaluar cómo se articulan los intereses económicos del territorio con la seguridad, la legalidad y la protección ambiental.

La minería peruana enfrenta un desafío que va más allá de incrementar la contratación de mujeres: generar condiciones laborales que les permitan permanecer en la industria, desarrollar sus carreras profesionales y acceder a puestos de liderazgo. Así lo señaló Magaly Bardales, directora del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), quien destacó que la inclusión femenina debe abordarse en tres etapas: atraer talento, retenerlo y promover su crecimiento profesional.

Durante una entrevista con Rumbo Minero, Bardales explicó que, aunque la participación de las mujeres ha registrado avances, todavía existen brechas frente a otros países mineros. En 2024, la presencia femenina alcanzó el 10,1% del empleo minero peruano, superando por primera vez el umbral del 10%. En contraste, países como Chile, Australia y Canadá registran participaciones cercanas al 20%, lo que evidencia el margen de crecimiento para el sector nacional.

Condiciones laborales para evitar la pérdida de talento

Uno de los principales desafíos consiste en revisar las condiciones de trabajo que pueden dificultar la permanencia de las mujeres en las operaciones mineras. Entre los aspectos señalados figuran los sistemas de turnos, la infraestructura disponible en las unidades mineras y la necesidad de garantizar ambientes laborales seguros, libres de acoso y hostigamiento.

Las jornadas prolongadas y los esquemas de trabajo en zonas alejadas pueden representar dificultades para la conciliación entre la vida personal y profesional. Por ello, las empresas necesitan evaluar sus modelos de organización laboral y establecer medidas que permitan mantener a profesionales capacitadas dentro de sus equipos.

La adecuación de instalaciones, la implementación de protocolos contra la violencia y el hostigamiento y el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia también forman parte de las condiciones necesarias para consolidar entornos inclusivos. Estas medidas no solo buscan facilitar el ingreso de más mujeres, sino asegurar que puedan desarrollar sus funciones en igualdad de condiciones.

Planes de carrera y acceso a posiciones de liderazgo

La retención del talento femenino también depende de las oportunidades de crecimiento dentro de las organizaciones. Bardales destacó la importancia de establecer planes de carrera y desarrollo individual que permitan a las trabajadoras identificar posibilidades de ascenso, especialización y acceso a puestos de mayor responsabilidad.

Este enfoque requiere que las compañías evalúen cómo se distribuyen las oportunidades laborales y qué barreras pueden limitar el avance de las mujeres hacia posiciones operativas, técnicas, gerenciales y directivas. La incorporación de trabajadoras debe acompañarse de oportunidades reales para que participen en los procesos de decisión y consoliden trayectorias profesionales de largo plazo.

En ese sentido, la capacitación continua y la actualización de conocimientos son herramientas relevantes para fortalecer las competencias del personal y responder a las nuevas exigencias de la industria minera, que incorpora progresivamente tecnologías, sistemas automatizados y procesos de mayor complejidad.

El IIMP impulsa la formación profesional

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú busca contribuir a este proceso mediante iniciativas de capacitación, actualización profesional e intercambio de experiencias. Actualmente, la institución cuenta con más de 1.200 asociadas y promueve la participación de mujeres de distintas especialidades vinculadas con la actividad minera.

Entre las disciplinas representadas figuran ingeniería, geología, economía, derecho, relaciones comunitarias y comunicaciones. Esta diversidad refleja que el desarrollo de la industria requiere profesionales de diferentes campos, más allá de las funciones directamente relacionadas con la operación de las minas.

El acompañamiento profesional y la generación de redes de contacto también pueden contribuir a ampliar las oportunidades laborales, facilitar el intercambio de conocimientos y fortalecer el desarrollo de las asociadas en distintas etapas de sus carreras.

Un desafío compartido por empresas, Estado y academia

Para reducir las brechas de participación, el IIMP considera necesaria la colaboración entre las empresas mineras, el Estado, las instituciones educativas y los gremios profesionales. La formación de nuevas generaciones, la orientación vocacional y la visibilización de referentes femeninos pueden ayudar a que más jóvenes consideren la minería como una alternativa de desarrollo profesional.

Sin embargo, aumentar el número de mujeres que ingresan al sector no será suficiente si las organizaciones no ofrecen condiciones que favorezcan su permanencia y crecimiento. La industria también debe evaluar sus prácticas de contratación, desarrollo profesional y promoción para identificar obstáculos que puedan afectar las trayectorias laborales.

El avance hacia una minería más inclusiva dependerá de la continuidad de estas acciones y de la capacidad de las empresas para traducir sus compromisos en medidas concretas. Para el sector peruano, el reto consiste en convertir el crecimiento de la participación femenina en una transformación sostenida de las oportunidades laborales y del acceso a posiciones de liderazgo.

La minera canadiense Panoro Minerals firmó un acuerdo de cinco años con la comunidad de Cochapata, en Apurímac, para avanzar con nuevas perforaciones en el proyecto de cobre, oro y plata Cotabambas. El convenio otorga a la empresa acceso a terrenos comunales donde se ubica principalmente el tajo norte proyectado y permite continuar los trabajos destinados a ampliar y definir con mayor precisión los recursos minerales de mayor ley. La compañía posee el 100 % del proyecto.

Como parte de la siguiente etapa, Panoro prevé ejecutar aproximadamente 10.000 metros de perforación en el sector norte. El programa busca mejorar el conocimiento geológico del yacimiento, ampliar los recursos de mayor concentración de metales y reclasificar parte de ellos a la categoría de indicados. Según la empresa, de los 222 millones de toneladas que componen el segmento de mayor ley, alrededor de 150 millones se encuentran dentro del contorno previsto para el tajo norte.

El acuerdo también incorpora compromisos relacionados con educación, empleo local, infraestructura y apoyo a adultos mayores. La firma constituye el tercer convenio suscrito entre Panoro y Cochapata durante las actividades de exploración. La empresa indicó, además, que espera establecer nuevos acuerdos durante 2026 con otras comunidades, autoridades municipales y propietarios privados para facilitar el desarrollo de sus trabajos en la zona.

La estrategia de Panoro contempla una futura operación minera a cielo abierto enfocada inicialmente en las zonas de mayor ley, con el propósito de optimizar los requerimientos de inversión y fortalecer la evaluación económica del proyecto. En paralelo, la compañía mantiene un programa de perforación en el tajo sur, donde ya cuenta con los acuerdos necesarios para continuar las actividades exploratorias.

Cotabambas registra 507,3 millones de toneladas de recursos minerales indicados y otros 496 millones de toneladas de recursos inferidos. Dentro de esta estimación, el componente de mayor ley incluye 129 millones de toneladas de recursos indicados, con una ley de 0,70 % de cobre, 0,44 gramos de oro por tonelada y 4,12 gramos de plata por tonelada. Los recursos inferidos de este segmento suman 93,1 millones de toneladas.

Una vez concluida la campaña de perforación, Panoro prevé actualizar la estimación de recursos minerales a comienzos de 2027. Posteriormente, espera completar una evaluación económica preliminar a mediados de ese año y avanzar hacia un estudio de prefactibilidad a finales de 2027, antes de pasar a la etapa de factibilidad. Estos estudios permitirán precisar el diseño de la futura operación y evaluar sus condiciones técnicas y económicas.

Con el nuevo acuerdo comunal, Panoro avanza en dos aspectos clave para Cotabambas: el acceso a las áreas previstas para la exploración y la definición de los recursos de mayor ley. El progreso del proyecto dependerá de los resultados de las perforaciones, de los estudios técnicos y económicos y de la continuidad de los acuerdos con las comunidades del área de influencia.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) prepara una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) que permitiría a aproximadamente 30.000 mineros completar su proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2028. La propuesta establece un régimen transitorio para quienes mantengan su inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) al cierre de 2026 y todavía tengan requisitos pendientes. Según el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, el proyecto sería presentado el 15 de octubre de 2026.

La iniciativa plantea dos modalidades para regular la actividad: un régimen ordinario de carácter permanente y un régimen temporal de consolidación. Este último comenzaría el 1 de enero de 2027 y concluiría el 31 de diciembre de 2028. Durante ese periodo, los mineros comprendidos en la medida podrían subsanar las exigencias pendientes para incorporarse al régimen ordinario, siempre que cumplan las condiciones establecidas en la futura normativa. La propuesta no contempla nuevas incorporaciones al régimen excepcional.

El proyecto busca modificar el modelo de formalización vigente, cuyo plazo actual termina el 31 de diciembre de 2026. En lugar de extender el Reinfo bajo las mismas condiciones, el Ejecutivo propone establecer un marco normativo específico para la pequeña minería y la minería artesanal, con procedimientos diferenciados según las características de las operaciones y mayores exigencias de supervisión, autorización y fiscalización.

Uno de los principales cambios sería la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (Formape), una entidad adscrita al Minem que tendría autonomía técnica, funcional, administrativa y financiera. Entre sus funciones estarían gestionar los procedimientos de formalización, evaluar instrumentos de gestión ambiental, acreditar a pequeños productores mineros y administrar sistemas de información y trazabilidad. Mientras el nuevo organismo entre en funcionamiento, estas tareas continuarían a cargo de la Dirección de Formalización Minera.

La propuesta también incorpora medidas para mejorar la trazabilidad del mineral desde su extracción hasta la comercialización. Se prevé reforzar los controles sobre el origen, traslado, recepción, beneficio y procesamiento de los recursos, además de implementar una ventanilla única para centralizar trámites y una casilla electrónica obligatoria para las notificaciones administrativas. En materia ambiental, el proyecto mantiene la exigencia de certificación y plantea adecuar determinados requisitos al nivel de riesgo y a las características territoriales de cada actividad.

Otro componente contempla autorizar expresamente al Banco de la Nación para ofrecer cuentas corrientes y de ahorro a operadores de la pequeña minería y minería artesanal, ante las dificultades que enfrentan para acceder a servicios financieros. Asimismo, se proponen incentivos para facilitar contratos de explotación entre titulares de concesiones y operadores MAPE, con una duración mínima de tres años, además de disposiciones sobre derechos de vigencia y penalidades.

En cuanto a las responsabilidades ambientales, la iniciativa plantea que los operadores asuman las infracciones derivadas de sus actividades cuando exista un contrato de explotación o cesión. Si no hay un contrato vigente, el titular de la concesión podría responder solidariamente por los impactos ambientales cuando la autoridad competente acredite su participación. El proyecto también establece que el incumplimiento ambiental formalmente comprobado constituiría una causal de resolución del contrato de explotación.

La propuesta deberá completar su trámite en el Poder Ejecutivo y ser presentada al Congreso para su evaluación. Si se aprueba, el nuevo marco establecería un periodo de transición de dos años para los mineros que cumplan las condiciones del régimen de consolidación, junto con reglas permanentes para los nuevos operadores. Su implementación será clave para determinar si el país logra avanzar en la formalización de la actividad y fortalecer los controles frente a la minería ilegal.