Quellaveco logra cero conflictos en 2026 y obtiene certificación The Copper Mark

La operación minera Quellaveco, ubicada en Moquegua y operada por Anglo American, cerró 2026 sin registrar incidentes sociales que hayan provocado la paralización de sus actividades. Este resultado se suma a la obtención de la certificación internacional The Copper Mark, recibida en julio, que reconoce sus prácticas de producción responsable y la trazabilidad del cobre a lo largo de la cadena de suministro.

Los resultados fueron presentados durante el primer Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). En el encuentro, la compañía expuso su modelo de gestión social y relacionamiento con las comunidades de su área de influencia.

Según explicó Magno Quispe, gerente de Gestión Social de Anglo American Quellaveco, la estrategia de la empresa se basa en el diálogo directo, la transparencia en el cumplimiento de compromisos y la generación de valor compartido. El modelo también incorpora la anticipación y gestión colaborativa de riesgos, con especial atención al empleo y a los proveedores locales.

Una década sin bloqueos

Uno de los casos destacados es el relacionamiento con la comunidad andina FCP. El proceso se inició en 2008, cuando la compañía adquirió 3.500 hectáreas después de varios años de negociación y estableció un convenio social que contemplaba infraestructura y capacitación.

Posteriormente, ante nuevas demandas de la comunidad, Anglo American optó por fortalecer el diálogo bilateral con su junta directiva. Este proceso permitió establecer cinco principios para el relacionamiento: respeto y superación de compromisos, participación en usos y costumbres, generación de valor compartido, honestidad y humildad en el trato, y diálogo horizontal.

Como resultado, la compañía destaca una década sin bloqueos, considerado un resultado poco frecuente dentro de la actividad minera peruana.

Quellaveco obtiene The Copper Mark

En julio de 2026, Quellaveco recibió The Copper Mark, certificación internacional que reconoce sus prácticas responsables y la trazabilidad del cobre desde su origen hasta los mercados internacionales.

La certificación incorpora criterios relacionados con la gestión ambiental, social y de gobernanza (ESG), además de mecanismos de cadena de custodia que permiten seguir el recorrido del cobre a través de las distintas etapas de producción y comercialización.

Con este reconocimiento, Quellaveco fortalece su posicionamiento dentro de la industria minera internacional y busca consolidar un modelo de operación basado en estándares de producción responsable.

El contraste con Las Bambas

Durante el encuentro también se abordó la experiencia de Las Bambas, operación de MMG ubicada en Cotabambas, Apurímac, que ha enfrentado mayores niveles de conflictividad social.

Entre 2018 y 2022, la operación registró un promedio de 100 días de bloqueos por año. En 2022, una paralización de dos meses redujo la producción de la mina a la mitad y generó impactos sobre la actividad económica regional.

A partir de esta experiencia, la empresa replanteó su estrategia de gestión social y desarrolló el modelo “Corazón de Bambas”, orientado al relacionamiento multisectorial, el desarrollo social y territorial, la generación de empleo y el fortalecimiento de proveedores locales.

Los casos de Quellaveco y Las Bambas muestran los distintos desafíos que enfrenta la minería peruana en materia de relacionamiento comunitario. Mientras Quellaveco destaca por la continuidad de sus operaciones y la ausencia de bloqueos durante una década, Las Bambas busca transformar su modelo de gestión para responder a un escenario social más complejo.

Exportaciones mineras superan los US$36.000 millones y crecen 58,6% en 2026

Las exportaciones mineras del Perú mantienen un sólido crecimiento durante 2026. Entre enero y mayo, los envíos de productos mineros metálicos y no metálicos alcanzaron los US$36.007 millones, cifra que representa un incremento interanual de 58,6% frente a los US$22.701 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

Este desempeño responde principalmente a la evolución favorable de las cotizaciones internacionales de los metales y a la sostenida demanda vinculada con sectores como la transición energética, la manufactura y el desarrollo de infraestructura.

Solo en mayo, las exportaciones mineras alcanzaron los US$7.173 millones, registrando un crecimiento de 53,9% respecto al mismo mes del año anterior. Este resultado evidencia el dinamismo que mantiene la actividad minera peruana dentro del comercio exterior.

Minería concentra el 76,1% de las exportaciones

Durante los primeros cinco meses de 2026, las exportaciones mineras representaron el 76,1% del valor total exportado por el Perú, consolidándose como uno de los principales generadores de divisas para la economía nacional.

La canasta exportadora estuvo liderada principalmente por el cobre, oro, plomo y zinc, minerales que en conjunto concentraron el 92,9% del valor de las exportaciones mineras y el 70,7% del total de las exportaciones nacionales.

El comportamiento de los principales minerales también mostró importantes incrementos durante mayo. Las exportaciones de cobre crecieron 53,2%, mientras que las de oro aumentaron 54,6%. La plata registró una expansión de 128,5%, el hierro de 886%, el plomo de 90,1%, el molibdeno de 10,3% y el zinc de 9,8%.

Demanda internacional impulsa al sector

El crecimiento de las exportaciones se desarrolla en un contexto internacional marcado por una mayor demanda de minerales estratégicos. La expansión de las energías renovables, la transición energética y el desarrollo de infraestructura tecnológica están incrementando la necesidad de metales utilizados en estas industrias.

Este escenario representa una oportunidad para el Perú, debido a su posición como uno de los principales productores y proveedores mundiales de minerales. El incremento de los precios internacionales también ha contribuido a fortalecer el valor de los envíos mineros durante los primeros meses del año.

Para el Ministerio de Energía y Minas, los resultados reflejan la competitividad y el posicionamiento de la minería peruana en los mercados internacionales. En este contexto, mantener el crecimiento del sector requiere continuar promoviendo inversiones y avanzar hacia una mayor diversificación de la canasta exportadora.

Con más de US$36.000 millones exportados entre enero y mayo, la minería continúa desempeñando un papel central en el comercio exterior peruano y se mantiene como uno de los principales motores de generación de divisas para el país.

Transferencias mineras superan los S/13.000 millones en 2026: Áncash lidera los recursos recibidos

Las transferencias económicas generadas por la actividad minera superaron los S/13.095 millones durante 2026, de acuerdo con información del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Estos recursos provienen principalmente del Canon Minero, las Regalías Mineras y el Derecho de Vigencia y Penalidad, y representan una fuente importante de financiamiento para los gobiernos regionales y locales.

Canon Minero concentra la mayor parte

El Canon Minero representa el principal componente de las transferencias acumuladas durante el año. Hasta julio, este concepto superó los S/9.564 millones, cifra que representa un incremento de 36,8% frente a lo transferido en 2025.

El comportamiento del Canon Minero está relacionado con el calendario establecido para su distribución. Los recursos provenientes del Impuesto a la Renta se transfieren a los gobiernos regionales y locales principalmente en junio, por lo que el flujo de estos recursos puede presentar variaciones importantes durante el año.

Por su parte, las Regalías Mineras Legales y Contractuales acumularon más de S/3.251 millones hasta julio, mientras que el Derecho de Vigencia y Penalidad superó los S/279 millones.

Áncash encabeza las transferencias

La distribución territorial muestra una importante concentración de los recursos mineros. Áncash se ubicó en el primer lugar, con más de S/2.226 millones recibidos durante 2026.

Le siguieron Arequipa, con más de S/1.488 millones; Apurímac, con más de S/1.446 millones; y Cajamarca, con más de S/1.250 millones.

En conjunto, estas cuatro regiones concentran aproximadamente el 49% del total de las transferencias mineras registradas durante 2026, reflejando el peso de las principales zonas productoras en la generación y distribución de recursos derivados de la actividad minera.

Recursos para proyectos y servicios públicos

Las transferencias mineras tienen un impacto directo en los presupuestos de los gobiernos subnacionales y pueden contribuir al financiamiento de proyectos de inversión y servicios públicos, de acuerdo con las reglas establecidas para cada fuente de recursos.

En el caso del Canon Minero, la distribución considera factores como la población, las necesidades básicas insatisfechas y el territorio donde se desarrolla la explotación minera. Por ello, las regiones y municipios vinculados con la actividad minera no reciben necesariamente montos equivalentes.

El incremento registrado durante 2026 también se produce en un contexto de actividad minera sostenida y de condiciones favorables en el mercado internacional de metales. La evolución de los precios y la continuidad de las operaciones contribuyen a mantener niveles elevados de recaudación y transferencias vinculadas al sector.

Con más de S/13.000 millones transferidos en lo que va del año, la evolución de las regalías y de los pagos asociados a la actividad minera será clave para determinar el comportamiento de estos recursos durante los próximos meses.

Geofísica avanzada busca reducir riesgos en perforaciones mineras de alto costo

La exploración minera enfrenta un desafío creciente: localizar yacimientos que se encuentran a mayores profundidades, bajo coberturas superficiales o asociados a estructuras geológicas complejas. En este escenario, las herramientas geofísicas adquieren un papel estratégico para reducir la incertidumbre antes de ejecutar campañas de perforación que requieren importantes inversiones.

La exploración tradicional combina diferentes fuentes de información, como el mapeo geológico, el muestreo de superficie, la geoquímica, la perforación y los estudios geofísicos. Cada una permite interpretar una parte de las condiciones del subsuelo, pero la dificultad aumenta cuando la mineralización no presenta evidencias claras en superficie.

Ante este escenario, la sísmica de reflexión se presenta como una herramienta capaz de generar imágenes más detalladas de las estructuras geológicas profundas. A diferencia de métodos que entregan principalmente señales indirectas sobre las características del subsuelo, esta técnica permite interpretar con mayor precisión la geometría y continuidad de las estructuras que pueden controlar la mineralización.

La información obtenida mediante estos estudios puede ser utilizada para mejorar la selección de objetivos de perforación. Esto resulta especialmente relevante en proyectos donde cada sondaje representa una inversión significativa y donde perforar en ubicaciones poco favorables puede generar altos costos sin aportar información suficiente para avanzar en el modelo geológico.

Mayor precisión para la toma de decisiones

La incorporación de métodos geofísicos avanzados permite complementar los datos obtenidos mediante geoquímica y geología de superficie, construyendo modelos tridimensionales más completos del subsuelo. De esta manera, los equipos de exploración pueden priorizar objetivos con mejores perspectivas y definir con mayor precisión la ubicación y profundidad de los sondajes.

La tendencia responde también a la evolución de la exploración minera. Los yacimientos superficiales y fácilmente identificables son cada vez menos frecuentes, por lo que las compañías necesitan desarrollar nuevas capacidades para investigar sistemas ocultos y estructuras ubicadas a mayor profundidad.

En este contexto, la geofísica deja de ser únicamente una herramienta complementaria y pasa a formar parte de una estrategia para reducir riesgos, optimizar recursos y aumentar la efectividad de las campañas de perforación. La combinación de información geológica, geoquímica y geofísica permite avanzar hacia decisiones de exploración respaldadas por una comprensión más precisa de las condiciones del subsuelo.

Para la industria minera, esta evolución tecnológica resulta clave en un escenario donde los costos de exploración aumentan y los objetivos se vuelven progresivamente más complejos. Contar con mejores imágenes de las estructuras profundas puede marcar la diferencia entre una perforación de alto riesgo y una campaña diseñada con mayor información y capacidad de decisión.

Sostenibilidad, eje estratégico para impulsar US$55.000 millones en la industria química mexicana

La industria química mexicana enfrenta una nueva etapa marcada por mayores exigencias ambientales y una importante oportunidad de inversión. Según estimaciones de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), el sector podría movilizar entre US$45.000 millones y US$55.000 millones, recursos que contribuirían a fortalecer la producción nacional y reducir el déficit comercial de la industria.

Esta oportunidad está vinculada a la implementación de un nuevo marco regulatorio ambiental. En menos de un año, México publicó la Ley General de Aguas, puso en vigor la Ley General de Economía Circular y avanzó en la regulación de los planes de manejo de residuos peligrosos mediante la NOM-160. Sin embargo, representantes de la industria advierten que todavía existe una brecha entre las nuevas exigencias y la infraestructura disponible para cumplirlas.

Durante la mesa de análisis “Agua, residuos y la reinvención de la industria química en México”, representantes de ANIQ, Henkel, Dow Química Mexicana y Veolia coincidieron en que el sector no busca reducir las exigencias regulatorias, sino contar con mayor claridad y certeza jurídica para planificar inversiones y cumplir adecuadamente con las nuevas disposiciones.

Regulación e infraestructura

La industria química representa aproximadamente el 2,2% del PIB mexicano y constituye el segundo sector industrial más relevante del país. Al mismo tiempo, mantiene un déficit comercial anual cercano a US$28.000 millones, situación que representa una oportunidad para ampliar las capacidades productivas nacionales y sustituir parte de las importaciones.

Uno de los principales retos se encuentra en la infraestructura para el tratamiento y valorización de residuos peligrosos. La exigencia de una mayor trazabilidad podría hacer más visible esta brecha y obligar a las empresas a acelerar inversiones en tecnología, medición y gestión ambiental.

En este contexto, la sostenibilidad comienza a ser considerada no solo como una obligación ambiental, sino también como un factor de eficiencia y competitividad. El uso adecuado del agua, la reducción de residuos y el control de emisiones pueden traducirse en menores costos operativos para las empresas.

Algunas compañías ya han comenzado a implementar medidas concretas. Henkel, por ejemplo, logró reducir en 2.200 metros cúbicos el consumo de agua en su planta de Adhesive Technologies en Toluca mediante un programa enfocado en condensados y purgas de calderas.

Economía circular y eficiencia hídrica

Dow México, por su parte, desarrolla una estrategia basada en cinco líneas: diseño para el reciclaje, reciclaje mecánico, reciclaje avanzado mediante pirólisis, utilización de polietileno de fuentes no fósiles y reducción de CO₂ a lo largo de la cadena de valor.

La industria también identifica oportunidades para desarrollar modelos de economía circular a escala regional. Un ejemplo citado durante el encuentro es el caso de Tarragona, España, donde autoridades, empresas y operadores ambientales establecieron un sistema para reutilizar agua previamente utilizada por la ciudad y abastecer con ella a un clúster petroquímico. El modelo permitió liberar 18.900 metros cúbicos diarios de agua dulce para la población.

Para México, replicar iniciativas de este tipo requerirá una mayor articulación entre autoridades, empresas y operadores especializados, así como esquemas que permitan distribuir los beneficios y costos de manera sostenible.

La industria química se encuentra así ante una oportunidad para transformar las nuevas exigencias ambientales en un motor de inversión, innovación y competitividad. El desafío será desarrollar la infraestructura necesaria, establecer reglas claras y ampliar las alianzas público-privadas para avanzar hacia una industria más eficiente y resiliente.

Eficiencia y digitalización: hacia una minería autónoma

La industria minera enfrenta el desafío de aumentar su eficiencia y sostenibilidad sin comprometer los niveles de producción. En este escenario, el proceso de molienda adquiere especial relevancia, debido a que puede representar más del 50% del consumo energético de una operación minera.

Para Arturo Miranda, Account Manager de Innomotics, la respuesta pasa por integrar tecnología avanzada, sistemas de control inteligente y análisis de datos que permitan optimizar el uso de la energía sin afectar el rendimiento de las operaciones.

Uno de los principales avances se encuentra en los Sistemas de Accionamiento sin Engranajes (GMD) y las soluciones para rodillos de alta presión (HPGR). En el caso de los GMD, la eliminación de componentes mecánicos como engranajes, piñones y reductores permite disminuir las pérdidas mecánicas, reducir el desgaste y eliminar potenciales puntos de falla en los molinos de gran capacidad.

A ello se suma la incorporación de motores de alta eficiencia y variadores de media tensión, capaces de regular con mayor precisión la velocidad y el torque de los equipos. Esta capacidad resulta especialmente importante debido a que las condiciones de molienda cambian constantemente según la carga, las características del mineral y las necesidades del proceso.

La digitalización también cumple un papel fundamental en la continuidad operacional. Una detención no programada en una línea de molienda puede representar importantes pérdidas económicas, especialmente en instalaciones sometidas a condiciones exigentes de altitud, temperatura, polvo y vibraciones. Por ello, la disponibilidad y confiabilidad de los equipos deben considerarse desde el diseño de las soluciones tecnológicas y no únicamente desde las labores de mantenimiento.

Hacia una minería conectada y autónoma

La evolución tecnológica apunta hacia operaciones mineras cada vez más conectadas, automatizadas y autónomas. En este modelo, los sistemas de accionamiento dejan de cumplir únicamente una función operativa para convertirse en parte de una infraestructura capaz de recopilar información y contribuir a la toma de decisiones.

El objetivo es desarrollar soluciones que permitan identificar los puntos óptimos de operación y coordinar de manera inteligente variables como la producción, el consumo energético y el mantenimiento. De esta manera, la digitalización se convierte en una herramienta para mejorar simultáneamente la eficiencia, la confiabilidad y la sostenibilidad de las operaciones.

La transición hacia una minería autónoma dependerá, por tanto, de la integración entre equipos de alto rendimiento, automatización, datos y sistemas inteligentes. Esta combinación permitirá avanzar hacia operaciones más eficientes y resilientes, capaces de responder a las exigencias productivas y ambientales de la minería del futuro.

Precio de la onza de oro se estabiliza sobre los US$4.500

El precio del oro mantiene su tendencia alcista y se consolida por encima de los US$4.500 por onza, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica, las expectativas sobre las tasas de interés y la demanda del metal como activo de refugio.

El mercado internacional ha registrado una fuerte valorización del oro durante 2026. Según Mining México, la onza acumuló un avance de 9,9% hasta mediados de agosto y se ubicó alrededor de los US$4.400, antes de avanzar hacia nuevos niveles.

El comportamiento del metal responde principalmente a la búsqueda de activos considerados seguros ante los riesgos económicos y geopolíticos. A ello se suman las expectativas de una política monetaria más flexible en Estados Unidos, escenario que suele favorecer al oro al reducir el atractivo relativo de los activos que generan intereses.

Perspectivas para el mercado

Las proyecciones de distintos bancos internacionales apuntan a que el oro podría mantener precios elevados durante los próximos años. Algunas estimaciones incluso contemplan que la cotización pueda alcanzar los US$5.000 por onza, impulsada por la demanda de los bancos centrales, los riesgos geopolíticos y la incertidumbre sobre la economía global.

El repunte del metal representa un escenario favorable para las compañías productoras de oro, al mejorar potencialmente sus ingresos y márgenes operativos. Sin embargo, también incrementa el interés por nuevos proyectos de exploración y desarrollo de yacimientos auríferos.

La evolución del precio del oro continuará dependiendo de factores como las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, el comportamiento del dólar, las tensiones internacionales y las compras de los bancos centrales. Con estos elementos todavía presentes, el metal mantiene una posición destacada dentro de los mercados de materias primas y como activo de protección frente a escenarios de incertidumbre.

Gobierno prevé autorizar unos 240 proyectos mineros durante 2026

El Poder Ejecutivo proyecta autorizar 240 proyectos mineros de exploración, explotación y concesiones de beneficio durante 2026, como parte de una estrategia orientada a impulsar nuevas inversiones y fortalecer el desarrollo del sector minero en el país.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que el Gobierno buscará generar mejores condiciones para atraer inversiones mineras responsables, priorizando la seguridad jurídica y la predictibilidad de los procesos. En esa línea, destacó la importancia de contar con procedimientos más eficientes que permitan avanzar en la ejecución de proyectos sin generar trabas innecesarias.

Durante su presentación ante la Cámara de Diputados, Galarreta precisó que la inversión corresponde al sector privado, mientras que el Estado debe garantizar un marco institucional adecuado para facilitar su desarrollo. Entre las medidas planteadas se encuentra la reducción de demoras, la eliminación de duplicidades y la agilización de la toma de decisiones, manteniendo las exigencias ambientales y sociales vigentes.

El Ejecutivo también destacó que el Perú cuenta con una cartera de proyectos mineros que podría representar más de US$33.000 millones de inversión ejecutada hacia 2031. Esta cartera constituye, según el Gobierno, una oportunidad para incrementar el flujo de capital privado, fortalecer la actividad económica y generar mayores beneficios para el país.

Con estas medidas, el Gobierno busca acelerar la evaluación y autorización de nuevos proyectos, al mismo tiempo que fortalece las condiciones necesarias para que las inversiones mineras se desarrollen con mayor predictibilidad, seguridad jurídica y sostenibilidad durante los próximos años.

SNMPE: La aprobación de la minería formal en el Perú pasó del 25% al 45% en ocho años

La percepción positiva de la minería formal en el Perú aumentó de 25% en 2018 a más de 45% en 2026, según datos presentados por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) durante el primer Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026). El gremio atribuye esta evolución al trabajo del sector para fortalecer la transparencia, el relacionamiento con las comunidades y la generación de beneficios en los territorios donde desarrolla sus operaciones.

Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la SNMPE, señaló que la minería formal enfrenta actualmente un escenario complejo debido a la limitada presencia efectiva del Estado en algunas zonas y a la expansión de la minería ilegal. Ante este contexto, destacó la necesidad de construir relaciones de confianza de largo plazo con las comunidades y convertirlas en mecanismos institucionales que puedan mantenerse pese a los cambios de autoridades, dirigentes o equipos de trabajo.

La representante del gremio también puso énfasis en la gestión de los compromisos sociales. Según explicó, los acuerdos entre empresas y comunidades deben ser claros, medibles y establecer responsabilidades específicas para facilitar su seguimiento y cumplimiento. La calidad de estos acuerdos y su impacto concreto en los territorios serían factores más relevantes que la cantidad de compromisos suscritos.

Mayor preocupación por la minería ilegal

El crecimiento de la percepción favorable hacia la minería formal ocurre en paralelo con una mayor preocupación ciudadana por la expansión de la minería ilegal. De acuerdo con los datos expuestos por la SNMPE, dos de cada tres peruanos consideran que la minería ilegal ha aumentado en los últimos años, mientras que el 78% percibe que estas actividades financian redes de crimen organizado.

Asimismo, el 62% de los encuestados considera que la minería formal genera beneficios para las comunidades, según las cifras presentadas por el gremio. Para la SNMPE, estos resultados evidencian la importancia de continuar fortaleciendo la gestión social y diferenciando las prácticas de la minería formal frente a las actividades ilegales.

Grossheim sostuvo que la confianza interpersonal permite iniciar el diálogo con las comunidades, pero que la institucionalidad es necesaria para sostenerlo en el tiempo. En ese sentido, la SNMPE plantea reforzar herramientas relacionadas con la gestión de reclamos y la debida diligencia en derechos humanos, adaptándolas a las distintas realidades territoriales y empresariales del país.

Reconstrucción tras terremoto en Colombia podría ocupar buena parte del gobierno de De la Espriella

La reconstrucción de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto se perfila como uno de los principales desafíos para el gobierno de Abelardo de la Espriella. El sismo ha dejado cerca de 290 fallecidos y afectaciones en distintos departamentos del país, generando una emergencia que requerirá importantes recursos y varios años de trabajo.

De acuerdo con el Ejecutivo, el plan para reconstruir viviendas, colegios, hospitales, comercios y vías, entre otras infraestructuras, demandaría recursos cercanos a $30 billones. Sin embargo, estos recursos aún no se encuentran completamente asegurados, en un contexto marcado por una situación fiscal compleja y un elevado nivel de endeudamiento.

Un proceso que podría extenderse por años

Las primeras estimaciones de las autoridades regionales apuntan a que la recuperación de las zonas afectadas requeriría al menos tres años. Las gobernaciones del Valle del Cauca y Caldas han señalado este horizonte para recuperar parte importante de la infraestructura dañada, lo que significa que las labores de reconstrucción podrían ocupar una parte considerable del actual periodo presidencial.

El desafío no se limita a reconstruir las edificaciones destruidas. El terremoto también afectó actividades comerciales y productivas, por lo que la recuperación deberá contemplar medidas para restablecer el empleo, los servicios y la actividad económica de las comunidades damnificadas.

Financiamiento, el principal desafío

La disponibilidad de recursos representa uno de los principales obstáculos para ejecutar el proceso de reconstrucción. Analistas han estimado que el costo podría ubicarse entre 1% y 2% del PIB, equivalente a aproximadamente $19 billones y $38 billones, en un escenario donde Colombia ya enfrenta un déficit fiscal cercano al 8% del PIB.

Ante este panorama, inicialmente surgieron proyecciones sobre la posibilidad de una reforma tributaria para financiar parte de las necesidades de reconstrucción. No obstante, el Gobierno ha planteado mecanismos alternativos para obtener liquidez y atender la emergencia sin crear nuevos impuestos mediante el decreto correspondiente.

El sector construcción tendrá un papel estratégico

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) puso a disposición del Gobierno sus capacidades técnicas y operativas y presentó una hoja de ruta para organizar la reconstrucción.

Entre sus propuestas se encuentran unificar la información sobre las viviendas y edificaciones afectadas, establecer un régimen especial de reconstrucción habitacional, definir responsabilidades claras entre las entidades públicas y organizar territorialmente las intervenciones. También plantea determinar desde el inicio las fuentes de financiación y coordinar los recursos provenientes del Gobierno, entidades territoriales, aseguradoras, sector financiero y hogares.

El gremio estima que más de 290.000 personas y 160.000 viviendas se han visto afectadas. Por ello, considera que la reconstrucción debe abordarse también como una oportunidad para reactivar las economías locales y reducir brechas regionales.

La magnitud de los daños, el volumen de inversión requerido y los tiempos estimados para recuperar la infraestructura convierten la reconstrucción en uno de los mayores retos de la administración de De la Espriella. La coordinación entre Gobierno, autoridades territoriales, sector privado y comunidades será determinante para transformar los recursos disponibles en obras concretas y avanzar hacia la recuperación de las zonas afectadas.