Categoría: Infraestructura

Bogotá y Soacha avanzan en un nuevo proyecto de infraestructura vial que busca mejorar la movilidad entre ambos territorios y ofrecer una alternativa a la congestionada Autopista Sur. Se trata del Puente Tibanica, una obra que conectará el sector de Bosa, en Bogotá, con Ciudad Verde, en Soacha, y que acaba de recibir la adjudicación de su contrato de construcción. El proyecto busca facilitar los desplazamientos de miles de usuarios que diariamente ingresan y salen de la capital por el suroccidente.

La adjudicación se realizó el 6 de octubre de 2026 por parte del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), que seleccionó al Consorcio Corredor Vial ICCU para ejecutar las obras. La nueva conexión estará ubicada en el sector comprendido entre la avenida Ciudad de Cali y la avenida Terreros, en Soacha, y permitirá ampliar las alternativas de circulación entre el municipio y la capital colombiana.

El proyecto contempla una inversión cercana a $60.000 millones y un plazo de ejecución de 18 meses. El puente tendrá una longitud aproximada de 87 metros y contará con recursos de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, a través de la Agencia Regional de Movilidad, en coordinación con las autoridades distritales, municipales y departamentales.

La infraestructura busca reducir la dependencia de la Autopista Sur, uno de los principales corredores de entrada y salida de Bogotá, donde se concentran importantes flujos de vehículos particulares y transporte público. Con una conexión adicional entre Bosa y Ciudad Verde, se espera distribuir parte del tránsito y mejorar las condiciones de desplazamiento en el sur de la región. No obstante, el impacto efectivo sobre los tiempos de viaje dependerá de la integración de la obra con las vías existentes y del comportamiento de la demanda vehicular.

El Puente Tibanica se suma a otras iniciativas que buscan transformar la movilidad de Soacha y fortalecer su conexión con Bogotá. Entre ellas se encuentran la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) Sur, la ampliación de TransMilenio y diferentes intervenciones viales que pretenden ampliar la capacidad de transporte y responder al crecimiento urbano de la zona.

Con la adjudicación del contrato, el proyecto entra en una nueva etapa para avanzar hacia su ejecución. La construcción del puente representa una intervención estratégica para la conectividad regional, aunque su contribución a la descongestión dependerá también del desarrollo coordinado de las demás obras viales y de transporte previstas para el corredor Bogotá-Soacha.

La concesión Autopista del Río Grande completó dos años de construcción de la Troncal del Magdalena 2, proyecto vial que registra un avance físico del 45,31 % a agosto de 2026. La infraestructura conecta Sabana de Torres, en Santander, con Curumaní, en Cesar, y busca mejorar la movilidad y la conexión entre municipios, además de fortalecer la integración logística del interior de Colombia con la región Caribe.

El proyecto contempla la construcción de nueve variantes para facilitar el tránsito vehicular, reducir los recorridos por zonas urbanas y mejorar la seguridad vial. Estas intervenciones forman parte de las obras destinadas a modernizar el corredor y optimizar la circulación de pasajeros y mercancías. La iniciativa se desarrolla en un tramo estratégico para el transporte de carga y la conectividad regional.

En el componente social, la concesión reportó 3.061 trabajadores vinculados, de los cuales más de la mitad corresponden a mano de obra local. Asimismo, mediante el Plan de Gestión Social de Variantes se han identificado más de 700 unidades productivas, principalmente en el departamento del Cesar. A partir de este diagnóstico, se desarrollan acciones de fortalecimiento empresarial y comercial para preparar a los negocios locales ante los cambios económicos asociados a la operación de las nuevas variantes.

La obra también incorpora medidas de sostenibilidad ambiental. Según la concesionaria, las prácticas aplicadas durante la construcción permitieron reducir en 26,86 % la huella de carbono del proyecto. Entre las acciones se encuentra la reutilización de más de 650.000 metros cúbicos de material de excavación para conformar terraplenes, lo que disminuye la necesidad de extraer nuevos materiales y reduce el transporte de insumos. También se han implementado medidas de reutilización de agua y conservación de árboles.

La ejecución de la Troncal del Magdalena 2 forma parte de los proyectos de infraestructura vial de quinta generación (5G) promovidos en Colombia. Su desarrollo busca mejorar las condiciones de transporte en el corredor Sabana de Torres-Curumaní y contribuir a la competitividad de las actividades productivas de los departamentos por los que atraviesa.

Durante los periodos de mayor circulación, la concesionaria mantiene un plan de atención a los usuarios que incluye asistencia vial permanente, campañas de prevención y acompañamiento policial. Estas medidas buscan facilitar la movilidad mientras continúan los trabajos y reducir los riesgos para quienes transitan por los sectores intervenidos.

Con un avance cercano a la mitad de la ejecución, la Troncal del Magdalena 2 continúa en fase de construcción, con obras viales, programas sociales y acciones ambientales en paralelo. El desarrollo de las nueve variantes y la modernización del corredor serán elementos centrales para mejorar la conectividad regional y las condiciones de transporte de carga en el norte del país.

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) advirtió que el nuevo cobro por circulación de mercancías en Buenaventura, Colombia, podría generar sobrecostos anuales de entre $86.000 millones y $91.000 millones para los empresarios. La medida, establecida por la Alcaldía Distrital mediante el Decreto 0338 del 26 de agosto de 2026, fija un precio público de $4.235 por cada tonelada de carga que ingrese o salga de las terminales portuarias del municipio.

De acuerdo con los cálculos del gremio, el cobro representa un pago adicional de $127.050 por un tractocamión que transporte 30 toneladas y de $93.170 por un contenedor de 40 pies con 22 toneladas de mercancía. La normativa establece que el valor debe facturarse al propietario de la carga, por lo que Analdex advierte que el incremento podría trasladarse a los consumidores finales y encarecer los insumos utilizados por la industria nacional. Además, la tarifa se actualizaría con base en el índice de precios al consumidor (IPC), hasta alcanzar cerca de $4.500 por tonelada en 2027.

La preocupación se relaciona con la importancia de Buenaventura para el comercio exterior colombiano. Durante 2025, la zona portuaria movilizó 21,4 millones de toneladas, correspondientes a 17,4 millones de toneladas de importaciones y cuatro millones de exportaciones, con un valor aproximado de US$27.000 millones. Asimismo, concentró el 36,8 % de las toneladas importadas por las zonas portuarias del país, de acuerdo con las cifras citadas por Analdex.

El gremio sostiene que el nuevo cobro podría reducir la competitividad de las operaciones de importación y exportación, en un contexto en el que los costos logísticos ya representan entre el 17 % y el 18 %. También alertó sobre el riesgo de que algunas empresas desvíen mercancías hacia terminales del litoral Caribe para evitar los costos adicionales asociados al puerto del Pacífico.

Frente a este escenario, Analdex solicitó suspender el recaudo hasta que se publique íntegramente el estudio técnico, financiero y de movilidad que sustenta la medida. Además, propuso establecer una mesa de concertación con la Alcaldía de Buenaventura, los operadores portuarios, transportadores y representantes de los sectores productivos para revisar el alcance del cobro y sus posibles efectos sobre la actividad económica.

La medida también ha recibido cuestionamientos de otros gremios y del Gobierno nacional. La Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar), la Federación Nacional de Cafeteros y la Agremiación de Logística y Transporte (Defencarga) han expresado preocupación por el impacto en los costos de operación. Por su parte, la Alcaldía de Buenaventura sostiene que los recursos recaudados se destinarán a proyectos de movilidad e infraestructura vial, incluidos el mantenimiento y mejoramiento de las vías urbanas afectadas por el tránsito de vehículos pesados.

El debate enfrenta así dos objetivos: financiar las intervenciones viales que necesita Buenaventura y evitar que los nuevos costos afecten la competitividad del principal puerto colombiano sobre el Pacífico. La publicación completa del estudio técnico y el diálogo entre las autoridades y los sectores involucrados serán determinantes para evaluar la aplicación de la medida y sus consecuencias para la cadena logística.

El megaproyecto de recuperación ambiental y protección hidráulica del Canal del Dique, en Colombia, prevé iniciar sus obras a comienzos de 2027. La concesionaria Ecosistemas del Dique, vinculada a Sacyr, espera concretar el cierre financiero en diciembre de 2026 y suscribir un nuevo otrosí contractual para avanzar hacia la fase de construcción. Así lo informó Carlos Rosado, director de asuntos gubernamentales y relaciones públicas de Sacyr Concesiones Colombia, en declaraciones recogidas por Valora Analitik.

La etapa inicial contempla la ejecución de obras de protección de las orillas del canal, junto con cerramientos, muros de contención y otras intervenciones civiles. Para financiar el proyecto, la compañía mantiene conversaciones con entidades multilaterales y organismos nacionales e internacionales, con el objetivo de asegurar los recursos necesarios para desarrollar las obras previstas.

El cronograma estimado contempla 40 meses de trabajos, durante los cuales se proyecta generar cerca de 60.000 empleos directos e indirectos en 18 municipios de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre. Además de las intervenciones hidráulicas y ambientales, el proyecto podría impulsar actividades económicas y turísticas en las zonas de influencia, mediante la recuperación del entorno y el mejoramiento de las condiciones del territorio.

La iniciativa busca recuperar ecosistemas degradados, mejorar la regulación del flujo de agua y reducir los riesgos de inundación en comunidades cercanas. También contempla acciones para disminuir la entrada de sedimentos hacia zonas ambientalmente sensibles y contribuir a la restauración de ciénagas vinculadas al sistema del canal.

El avance del proyecto estuvo condicionado por trámites ambientales que retrasaron el inicio de la construcción. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) había señalado previamente que esperaba presentar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) el Estudio de Impacto Ambiental en octubre de 2026, como parte de la ruta para avanzar con las obras. La entidad también ha contemplado una intervención dividida en 14 unidades funcionales, con 95 obras civiles previstas.

Con la expectativa de cerrar la financiación a finales de 2026, el Canal del Dique se perfila como una de las principales iniciativas de infraestructura ambiental de la región Caribe colombiana. El cumplimiento del calendario dependerá de la formalización de los acuerdos contractuales y financieros pendientes, así como de la coordinación entre la concesionaria y las entidades responsables del proyecto.

La Alcaldía de Buenaventura estableció un nuevo cobro para los vehículos de transporte de carga que ingresen o salgan de las terminales portuarias del distrito. La medida quedó definida mediante el Decreto Distrital 0338 de 2026, que fija una tarifa de $4.235 por cada tonelada de carga transportada hacia o desde los puertos. La decisión generó rechazo entre los gremios del transporte, que advierten sobre un posible incremento de los costos logísticos.

El nuevo cobro se suma a una estructura de costos que, según los transportadores, ya enfrenta fuertes incrementos. Colfecar señaló que durante los últimos años han aumentado gastos asociados al combustible, los peajes, los salarios y otros componentes de la operación. En particular, el gremio menciona incrementos de alrededor de 25% en el diésel, 40% en peajes y 79% en salarios más auxilio de transporte.

Para los transportadores, la preocupación aumenta debido a las dificultades que persisten en la infraestructura y operación logística de Buenaventura. Los accesos al puerto han registrado problemas de congestión, mientras que las terminales y patios externos han enfrentado episodios de saturación de contenedores vacíos, situaciones que pueden prolongar durante horas o incluso días la permanencia de los vehículos y reducir su capacidad para realizar nuevos viajes.

Colfecar cuestionó que los costos derivados de estas deficiencias terminen trasladándose al transporte y a los generadores de carga. El gremio considera que el distrito debería priorizar soluciones estructurales para mejorar la movilidad y la eficiencia de la cadena logística, entre ellas el fortalecimiento de la infraestructura vial, la ampliación de la capacidad portuaria y el mejoramiento de las condiciones de operación.

Otro de los puntos de discusión es el destino de los recursos que se recauden mediante la nueva tarifa. Los transportadores solicitaron conocer el estudio técnico, financiero y de movilidad que sustenta el decreto, así como las obras que serían financiadas, el monto esperado de recaudo, los responsables de ejecutarlas y los cronogramas previstos. El objetivo, según el sector, es determinar qué mejoras concretas recibirá la infraestructura de Buenaventura a cambio del nuevo cobro.

Por su parte, Defencarga señaló que la medida no habría sido socializada previamente con los actores de la cadena logística. El gremio calcula que el nuevo cobro podría representar un impacto cercano a $7.000 millones mensuales para el sector, al considerar el volumen de carga movilizado hacia y desde las terminales portuarias.

El debate ocurre mientras el Gobierno nacional desarrolla diferentes proyectos para mejorar la infraestructura de acceso a Buenaventura. Entre ellos se encuentra la vía alterna interna, que contempla 12 kilómetros de doble calzada, un patio de aproximadamente 10 hectáreas para cerca de 350 vehículos de carga y una zona de servicio. El corredor Buga-Loboguerrero-Buenaventura moviliza cerca del 42% del comercio internacional de Colombia, por lo que sus condiciones de operación tienen un impacto directo sobre la competitividad del país.

La situación también pone nuevamente en discusión la necesidad de resolver los problemas estructurales de la infraestructura portuaria. A comienzos de 2026, el Gobierno tuvo que implementar un plan de choque para atender la congestión de contenedores y reducir los tiempos de operación, con medidas para mejorar el funcionamiento de terminales y patios y garantizar su operación continua.

Con el nuevo cobro, Buenaventura enfrenta el reto de equilibrar la necesidad de generar recursos para atender sus necesidades de infraestructura con la competitividad de uno de los principales corredores logísticos del país. Para los transportadores, cualquier incremento de costos debería estar acompañado de mejoras verificables en las vías, los accesos y la operación portuaria, especialmente mientras continúan pendientes proyectos estratégicos para fortalecer la conexión de Buenaventura con el resto de Colombia.

El Fondo Milagro inició formalmente operaciones en Colombia con recursos iniciales por $1 billón, destinados a financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. El Gobierno señaló que este mecanismo administrará recursos públicos y privados para atender la recuperación de viviendas, colegios, hospitales, vías, acueductos y demás infraestructura afectada por el sismo.

El fondo estará bajo la gerencia de Jaime Uribe, mientras que su Junta Directiva quedó integrada por cinco representantes de distintos sectores empresariales e institucionales. La conforman Liliana Restrepo, fundadora de Frisby; Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros; César Caicedo, presidente de Colombina; Arturo Calle, empresario del sector de la confección; y Carlos Ríos, secretario general de la Presidencia de la República.

De acuerdo con el Gobierno, la estructura busca establecer un mecanismo centralizado para administrar los recursos destinados a la reconstrucción y garantizar su trazabilidad. El presidente Abelardo de la Espriella indicó que la instrucción para el fondo será priorizar que los recursos lleguen directamente a las zonas y proyectos que requieren atención después del desastre.

Los primeros $1 billón comenzarán a estar disponibles desde este miércoles 7 de octubre. Sin embargo, esta cifra podría aumentar en los próximos meses, debido a que el Gobierno proyecta incorporar $2,7 billones adicionales en noviembre, con lo que los recursos destinados al fondo podrían acercarse a los $4 billones.

Los recursos adicionales hacen parte de un proyecto presentado por los ministerios de Hacienda y Minas y Energía para modificar el Presupuesto General de la Nación de 2026. La iniciativa contempla incorporar $2,708 billones para el Fondo Milagro y, paralelamente, trasladar $1,2 billones para atender la situación financiera del mercado eléctrico colombiano.

El Gobierno busca que la reconstrucción abarque diferentes tipos de infraestructura afectada por el terremoto. Según los reportes oficiales citados por Presidencia, el sismo dejó 243.409 viviendas afectadas, además de daños en 4.313 centros educativos, 402 centros de salud, 119 puentes vehiculares y 182 acueductos. La magnitud de los daños plantea un proceso de recuperación que requerirá inversiones durante los próximos meses.

Además de atender las obras directamente afectadas, el fondo tendrá como objetivo canalizar donaciones, créditos y aportes públicos destinados a la recuperación. La estrategia contempla concentrar estos recursos en un mismo instrumento para facilitar su seguimiento y acelerar las intervenciones de rehabilitación, asistencia humanitaria e infraestructura en las regiones damnificadas.

La creación del Fondo Milagro se conecta también con la estrategia del Gobierno para atraer recursos privados hacia la reconstrucción y el desarrollo de proyectos. En septiembre, el Ejecutivo anunció la realización de la Milagro Week en Nueva York, prevista para noviembre, donde presentará ante inversionistas, fondos, empresas y entidades financieras internacionales un portafolio de proyectos valorado en $75 billones.

Con la entrada en operación del fondo y la disponibilidad de los primeros recursos, el siguiente desafío será convertir la asignación presupuestal en obras concretas de reconstrucción. La ejecución de viviendas, vías, colegios, hospitales, acueductos y demás infraestructura determinará el alcance de esta nueva estructura creada para responder a los daños ocasionados por el terremoto.