El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) advirtió que la expansión de la minería ilegal representa una amenaza para la estabilidad del Estado, debido a su impacto económico, ambiental y social. La alerta fue presentada por Gustavo De Vinatea Bellatin, gerente general del instituto, durante una mesa técnica organizada en el Congreso de la República para analizar medidas contra esta actividad ilícita.
Durante su intervención, De Vinatea señaló que la producción ilegal de oro en el país se estima en aproximadamente 110 toneladas anuales, volumen que supera las exportaciones de oro de la minería formal, calculadas en alrededor de 100 toneladas. Según el representante del IIMP, esta situación evidencia la magnitud que ha alcanzado la actividad fuera del marco legal y los desafíos que enfrenta el Estado para controlar la cadena de comercialización del mineral.
El especialista también advirtió que el crecimiento de estas operaciones pone en riesgo el desarrollo de la minería formal y está asociado con problemas de violencia, contaminación ambiental y vulneraciones de derechos humanos.
Impacto ambiental y social de la minería ilegal
Uno de los principales riesgos señalados por el IIMP es la contaminación por mercurio en las fuentes de agua y en las poblaciones expuestas a este metal. La utilización de sustancias contaminantes durante la extracción y procesamiento del oro genera consecuencias para los ecosistemas y representa un problema para la salud pública.
De Vinatea también hizo referencia a la relación entre la expansión de la minería ilegal y el incremento de la violencia en determinadas zonas del país. Según las cifras expuestas por el instituto, en los distritos con mayor presencia de esta actividad los homicidios por cada 100.000 habitantes pueden alcanzar niveles hasta 45 veces superiores al promedio nacional.
Frente a este escenario, el representante del IIMP destacó el aporte económico de la minería formal, que representa alrededor del 10 % del producto bruto interno, concentra más del 66 % de las exportaciones y genera aproximadamente 290.000 empleos directos formales, además de más de un millón y medio de empleos indirectos.
Trazabilidad del oro y control de las plantas procesadoras
Entre las medidas planteadas por el IIMP figura fortalecer la trazabilidad del oro desde su extracción hasta su comercialización. Para ello, De Vinatea propuso utilizar las plantas de procesamiento de minerales como puntos de control que permitan verificar la procedencia del material, identificar a los proveedores y supervisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
La propuesta busca cerrar los canales mediante los cuales el oro de origen ilegal puede incorporarse a la cadena comercial formal y llegar a los mercados de exportación.
El representante del instituto también planteó que, ante el vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), previsto para el 31 de diciembre de 2026, se avance hacia la aplicación de la Ley General de Minería y de las disposiciones vigentes para la pequeña minería y minería artesanal, sin extender indefinidamente los mecanismos temporales de formalización.
Congreso reúne propuestas para combatir las economías ilícitas
La mesa técnica denominada “Minería ilegal: Trazabilidad de oro, control de explosivos, Reinfo” fue organizada por el Grupo de Trabajo sobre Economías Ilícitas, vinculado a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso y coordinado por el congresista Jaime Abensur Pinasco.
Durante la sesión participaron representantes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), el Comité de Fabricantes de Explosivos y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
Desde la Sunat se abordó la importancia de mejorar la trazabilidad en las operaciones de exportación. Por su parte, el Minem explicó los procedimientos de formalización vigentes y las acciones de depuración del Reinfo, mientras que representantes de la Sucamec y de los fabricantes de explosivos expusieron alternativas para reforzar el seguimiento y control de estos insumos.
La SNI presentó propuestas orientadas a fortalecer la trazabilidad del oro a lo largo de la cadena productiva, desde la extracción hasta su comercialización.
Formalización minera y coordinación institucional
El IIMP sostuvo que el combate contra la minería ilegal requiere una estrategia coordinada entre las instituciones públicas y el sector privado. La fiscalización de las operaciones, el control de los insumos utilizados en la extracción y la verificación del origen de los minerales son algunos de los aspectos considerados prioritarios.
La discusión también se desarrolla en medio del debate sobre el futuro del Reinfo y la propuesta de una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). Las decisiones que adopten las autoridades serán determinantes para establecer las condiciones de formalización y supervisión de los pequeños productores mineros.
Por ahora, las propuestas presentadas en el Congreso forman parte del debate técnico y legislativo. Su implementación requerirá definir responsabilidades institucionales, mecanismos de control y recursos para fortalecer la capacidad de fiscalización del Estado.
