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La construcción de la Vía Alterna Interna de Buenaventura entró en una nueva etapa con el inicio de la demolición de las viviendas adquiridas para dar paso a las obras de doble calzada. La ministra de Transporte, Elsa Noguera, señaló que el proyecto podría estar terminado en un plazo aproximado de dos años, con el objetivo de mejorar el acceso terrestre al principal puerto sobre el Pacífico colombiano.

El proyecto contempla la construcción de 12 kilómetros de doble calzada, además de un patio destinado a vehículos de carga y una zona de servicios. La infraestructura busca separar parte del tráfico pesado de las vías urbanas de Buenaventura y mejorar las condiciones para el ingreso y salida de mercancías hacia el complejo portuario.

Según la información entregada por el Ministerio de Transporte, el patio logístico tendrá capacidad para aproximadamente 350 vehículos de carga y contará con cerca de 10 hectáreas. Esta infraestructura permitirá organizar el estacionamiento de los vehículos y contribuir a reducir las congestiones que se presentan en los accesos al puerto.

La importancia estratégica del proyecto está relacionada con el volumen de mercancías que moviliza el corredor Buga–Loboguerrero–Buenaventura. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, esta conexión concentra entre el 40% y el 45% del comercio internacional del país, por lo que mejorar su capacidad y confiabilidad resulta clave para la logística nacional.

La vía alterna hace parte del proyecto Buga-Buenaventura, incluido dentro del programa de infraestructura de quinta generación. La ANI informó recientemente que algunas de las unidades funcionales ya entraron en fase de construcción, con intervenciones que incluyen nuevos kilómetros de segunda calzada, puesta a punto de tramos existentes y obras complementarias para vehículos de carga.

En términos de inversión, el proyecto Buga-Buenaventura contempla cerca de $4,9 billones en Capex y $2,6 billones en Opex, para un total aproximado de $7,5 billones, según cifras reportadas por la ANI hasta diciembre de 2025. Las intervenciones buscan mejorar los tiempos de desplazamiento y las condiciones de movilidad para las poblaciones ubicadas a lo largo del corredor.

La ejecución de la vía también cobra importancia ante las dificultades que ha enfrentado Buenaventura en materia de conectividad y logística. El Gobierno ha señalado que la prioridad es garantizar una operación permanente y segura del corredor Buga-Buenaventura, mientras se desarrollan obras para atender puntos críticos y fortalecer la capacidad de transporte de carga.

Además de las obras viales, el Ministerio de Transporte anunció el regreso del Plan Meteoro, con el propósito de reforzar la seguridad en los principales corredores nacionales. La estrategia contempla mayor presencia de la Policía y el Ejército y la adquisición de vehículos, motocicletas y equipos de comunicación para apoyar los controles en carretera.

Con el inicio de las demoliciones y la meta de concluir la doble calzada en aproximadamente dos años, la Vía Alterna Interna de Buenaventura avanza hacia una etapa decisiva. La obra busca fortalecer la conexión entre el puerto y el interior del país, reducir las restricciones para el transporte de carga y mejorar la infraestructura logística de uno de los principales puntos de comercio exterior de Colombia.

Bancolombia acordó la compra de un parque logístico en Bogotá a Logistic Properties of the Americas (LPA), en una operación valorada en $500.000 millones, equivalentes a cerca de US$152 millones. La transacción comprende activos ubicados en el Parque Logístico Calle 80 y está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones, con cierre previsto para comienzos del cuarto trimestre de 2026.

El portafolio adquirido está conformado por cinco edificios de bodegas e instalaciones logísticas que suman aproximadamente 1,26 millones de pies cuadrados. Los inmuebles se encuentran completamente arrendados a empresas multinacionales, lo que convierte a la operación en una apuesta por activos inmobiliarios logísticos consolidados y con generación de ingresos.

El precio pactado representa una tasa de capitalización de 8,2% y se encuentra dentro de un margen cercano al 5% frente al último avalúo técnico independiente realizado sobre el complejo. La operación será realizada completamente en efectivo y permitirá a Bancolombia ampliar su participación en un corredor estratégico para la actividad industrial y de distribución de Bogotá.

El Parque Logístico Calle 80 se ha consolidado como un nodo para compañías regionales y multinacionales que requieren infraestructura cercana a los principales corredores de distribución de la capital. De acuerdo con LPA, la ubicación responde a una demanda sostenida por bodegas modernas en el occidente de Bogotá, donde el crecimiento de las actividades de almacenamiento y distribución mantiene la presión sobre la oferta disponible.

Tras el cierre de la operación, LPA conservará un terreno urbanizado dentro del mismo parque, con infraestructura vial y servicios disponibles y capacidad para desarrollar cerca de 1,08 millones de pies cuadrados adicionales. Esto permitirá que la compañía continúe participando en el desarrollo futuro del complejo pese a la venta de los cinco edificios actualmente estabilizados.

La firma también continuará como administradora general del parque, encargándose de la operación de los inmuebles, la relación con los arrendatarios y la prestación de servicios. Por estas labores, LPA recibirá de Bancolombia una comisión equivalente al 1,5% de los ingresos por alquileres.

Para LPA, la venta representa su tercera desinversión de activos en 2026. La compañía también concretó la venta del Parque Logístico Lima Sur en Perú por US$145 millones y acordó la salida de Bodegas Aurora en Costa Rica por US$6,6 millones. Con estas operaciones, el valor acumulado de las transacciones completadas y anunciadas durante el año supera los US$300 millones.

La compañía espera obtener aproximadamente US$70 millones en recursos netos distribuibles después de impuestos por la operación de Bogotá. Estos recursos forman parte de su estrategia de reasignación de capital hacia mercados y corredores logísticos considerados de mayor potencial, especialmente en México.

El negocio también refleja el dinamismo que mantiene el mercado de infraestructura logística en Colombia. LPA reportó que, al cierre de junio de 2026, su portafolio operativo estaba compuesto por 34 propiedades y registraba una ocupación estabilizada del 100%, mientras los ingresos por alquileres en Colombia crecieron 29,3% interanual durante el segundo trimestre.

Con la adquisición, Bancolombia se incorpora como propietario de un conjunto de activos logísticos de gran escala, mientras LPA mantiene presencia en Calle 80 mediante el terreno disponible y la administración del parque. El esquema abre además una nueva etapa de desarrollo para el complejo, con espacio para ampliar la infraestructura y atender la demanda de nuevas bodegas en el corredor occidental de Bogotá.

Sempli, Ímpetu Energía y EnerBit anunciaron una nueva línea de financiación para que pequeñas y medianas empresas colombianas puedan adquirir e instalar sistemas de energía solar. El programa contempla una oportunidad de financiación cercana a $300.000 millones durante los próximos cinco años y tiene como objetivo llegar a más de 5.000 pymes del país.

La iniciativa, denominada Crédito Solar, busca atender una de las principales barreras para la incorporación de infraestructura fotovoltaica en las empresas: el acceso al capital necesario para realizar la inversión inicial. Cada compañía podrá acceder a créditos de hasta $300 millones, con un plazo máximo de 72 meses, cuatro meses de periodo de gracia y cuotas fijas.

El periodo de gracia está diseñado para cubrir la etapa de instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas antes de que comiencen los pagos. De esta manera, las empresas podrán contar con tiempo para completar la implementación de los equipos y comenzar a aprovechar la generación solar antes de asumir las obligaciones financieras del crédito.

El proceso de solicitud será 100% digital a través de la plataforma de Sempli. La línea está dirigida a empresas legalmente constituidas con ventas anuales superiores a $500 millones, mientras que la financiación podrá cubrir hasta el 100% del valor del proyecto, sujeto a la validación financiera y a la viabilidad técnica de cada instalación.

La alianza integra diferentes componentes de la infraestructura energética. Sempli estará a cargo de la financiación; Ímpetu Energía desarrollará el diseño, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos; y EnerBit aportará herramientas para optimizar el consumo y gestionar los excedentes de energía generados por las instalaciones.

De acuerdo con las compañías, el modelo busca evitar que las pymes tengan que gestionar por separado el crédito, la ingeniería y la administración de la energía. La integración de estos servicios permitiría simplificar el proceso de adopción de sistemas solares y facilitar la incorporación de generación distribuida en empresas que actualmente dependen principalmente de la red eléctrica convencional.

La iniciativa se desarrolla además en un escenario de presión sobre los costos energéticos empresariales. Según las cifras entregadas por las compañías, las tarifas de electricidad para empresas han aumentado 60% desde 2020, mientras que el consumo energético puede representar entre 8% y 15% de los costos operativos de una pyme. En este contexto, la generación solar aparece como una alternativa para reducir la exposición de las empresas a los costos de la electricidad.

Las empresas estiman que un sistema fotovoltaico adecuadamente dimensionado puede reducir entre 40% y 70% la factura de energía, con una vida útil superior a 20 años y un periodo estimado de recuperación de la inversión de entre cuatro y seis años. Estos resultados dependen de las características de consumo, tamaño y condiciones técnicas de cada proyecto.

La expansión de la generación solar también ha ganado relevancia dentro de la infraestructura energética colombiana. Según la información suministrada por las compañías, la energía solar representó 87,8% de la nueva capacidad instalada en Colombia durante 2025, reflejando el crecimiento de esta tecnología dentro de la matriz eléctrica nacional.

Si la meta de 5.000 empresas se cumple durante los próximos cinco años, el programa permitiría movilizar más de $300.000 millones hacia proyectos de generación solar para pymes. La iniciativa busca así ampliar el acceso de las empresas a infraestructura de generación propia, reducir sus costos energéticos y acelerar la adopción de soluciones renovables dentro del sector productivo colombiano.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella presentó un plan para reducir el represamiento de los procesos de consulta previa que condicionan el desarrollo de proyectos de infraestructura, energía, minería, hidrocarburos y telecomunicaciones en Colombia. La estrategia, liderada por el Ministerio del Interior, busca digitalizar los expedientes, establecer responsables y fijar cronogramas para avanzar hacia decisiones y cierres de los procesos.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que la propuesta parte de una transformación y sistematización de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. El Gobierno sostiene que la consulta previa continuará siendo un derecho fundamental de las comunidades, pero busca eliminar los retrasos asociados con expedientes dispersos, falta de responsables y ausencia de mecanismos de seguimiento.

Uno de los principales componentes será la digitalización del 100% de los expedientes represados. Cada proceso tendrá un expediente digital único, clasificado por sector, etapa y antigüedad, mientras la autoridad identificará aquellos casos que ya estén en condiciones de avanzar hacia una decisión. Esta primera etapa tendría un plazo de aproximadamente 30 días.

El plan también contempla la creación de una ventanilla única digital para centralizar las solicitudes relacionadas con consultas previas y licencias ambientales. El Gobierno plantea además que ambos procedimientos puedan comenzar de manera paralela o concurrente, con el objetivo de evitar que uno deba esperar a la conclusión del otro para iniciar su trámite y reducir los tiempos de los proyectos.

Otra de las medidas será la reorganización de la Dirección de Consulta Previa por sectores estratégicos, entre ellos hidrocarburos, minería, energía, telecomunicaciones y asuntos ambientales. Bajo este esquema, cada proyecto tendrá un funcionario responsable, acompañado por un cronograma con hitos, fechas límite y mecanismos de seguimiento.

Para fortalecer el control, el Gobierno implementará tableros nacionales de seguimiento, alertas y términos asociados a cada expediente. También se plantea un comité independiente de seguimiento que tendrá funciones de vigilancia sobre el cumplimiento de las metas, pero que no reemplazará a la autoridad ni tendrá facultades para tomar decisiones sobre las consultas.

El Ejecutivo fijó como meta que en un plazo de 90 días se consiga una reducción sustancial del represamiento y aumente el número de decisiones y cierres. Entre los casos mencionados por el ministro está el proyecto Sirius, considerado estratégico para el suministro futuro de gas del país, que acumularía alrededor de 280 consultas previas distribuidas entre numerosos contratistas. También fue citado el Canal del Dique como ejemplo de los proyectos que requieren una gestión más organizada de estos procesos.

La reforma también contempla modificaciones jurídicas para establecer mayores niveles de seguridad y claridad en el procedimiento. Entre ellas se encuentra la eliminación del denominado test de proporcionalidad como etapa posterior, una medida que el Gobierno considera necesaria para evitar que, una vez agotada la actuación de consulta, el cierre de un expediente permanezca suspendido indefinidamente.

Para los sectores de infraestructura y energía, la implementación de estas medidas podría tener incidencia directa en los cronogramas de proyectos que requieren avanzar simultáneamente en procesos ambientales, sociales y técnicos. La intención del Gobierno es que una mayor trazabilidad permita identificar con anticipación los puntos de bloqueo y asignar responsabilidades para evitar que los trámites permanezcan abiertos sin una fecha definida de conclusión.

El plan forma parte de una agenda más amplia de transformación de la administración pública impulsada por el Gobierno de De La Espriella. Su ejecución será determinante para establecer si la digitalización, la asignación de responsables y los nuevos mecanismos de control consiguen reducir efectivamente los tiempos de las consultas previas sin modificar el derecho de las comunidades a participar en las decisiones que afectan sus territorios.