El Gobierno de Abelardo De La Espriella presentó un plan para reducir el represamiento de los procesos de consulta previa que condicionan el desarrollo de proyectos de infraestructura, energía, minería, hidrocarburos y telecomunicaciones en Colombia. La estrategia, liderada por el Ministerio del Interior, busca digitalizar los expedientes, establecer responsables y fijar cronogramas para avanzar hacia decisiones y cierres de los procesos.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que la propuesta parte de una transformación y sistematización de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. El Gobierno sostiene que la consulta previa continuará siendo un derecho fundamental de las comunidades, pero busca eliminar los retrasos asociados con expedientes dispersos, falta de responsables y ausencia de mecanismos de seguimiento.
Uno de los principales componentes será la digitalización del 100% de los expedientes represados. Cada proceso tendrá un expediente digital único, clasificado por sector, etapa y antigüedad, mientras la autoridad identificará aquellos casos que ya estén en condiciones de avanzar hacia una decisión. Esta primera etapa tendría un plazo de aproximadamente 30 días.
El plan también contempla la creación de una ventanilla única digital para centralizar las solicitudes relacionadas con consultas previas y licencias ambientales. El Gobierno plantea además que ambos procedimientos puedan comenzar de manera paralela o concurrente, con el objetivo de evitar que uno deba esperar a la conclusión del otro para iniciar su trámite y reducir los tiempos de los proyectos.
Otra de las medidas será la reorganización de la Dirección de Consulta Previa por sectores estratégicos, entre ellos hidrocarburos, minería, energía, telecomunicaciones y asuntos ambientales. Bajo este esquema, cada proyecto tendrá un funcionario responsable, acompañado por un cronograma con hitos, fechas límite y mecanismos de seguimiento.
Para fortalecer el control, el Gobierno implementará tableros nacionales de seguimiento, alertas y términos asociados a cada expediente. También se plantea un comité independiente de seguimiento que tendrá funciones de vigilancia sobre el cumplimiento de las metas, pero que no reemplazará a la autoridad ni tendrá facultades para tomar decisiones sobre las consultas.
El Ejecutivo fijó como meta que en un plazo de 90 días se consiga una reducción sustancial del represamiento y aumente el número de decisiones y cierres. Entre los casos mencionados por el ministro está el proyecto Sirius, considerado estratégico para el suministro futuro de gas del país, que acumularía alrededor de 280 consultas previas distribuidas entre numerosos contratistas. También fue citado el Canal del Dique como ejemplo de los proyectos que requieren una gestión más organizada de estos procesos.
La reforma también contempla modificaciones jurídicas para establecer mayores niveles de seguridad y claridad en el procedimiento. Entre ellas se encuentra la eliminación del denominado test de proporcionalidad como etapa posterior, una medida que el Gobierno considera necesaria para evitar que, una vez agotada la actuación de consulta, el cierre de un expediente permanezca suspendido indefinidamente.
Para los sectores de infraestructura y energía, la implementación de estas medidas podría tener incidencia directa en los cronogramas de proyectos que requieren avanzar simultáneamente en procesos ambientales, sociales y técnicos. La intención del Gobierno es que una mayor trazabilidad permita identificar con anticipación los puntos de bloqueo y asignar responsabilidades para evitar que los trámites permanezcan abiertos sin una fecha definida de conclusión.
El plan forma parte de una agenda más amplia de transformación de la administración pública impulsada por el Gobierno de De La Espriella. Su ejecución será determinante para establecer si la digitalización, la asignación de responsables y los nuevos mecanismos de control consiguen reducir efectivamente los tiempos de las consultas previas sin modificar el derecho de las comunidades a participar en las decisiones que afectan sus territorios.
