La Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras (Agrumin) cuestionó la aprobación de la reforma al régimen de patentes mineras en Chile y advirtió que las nuevas disposiciones podrían poner en riesgo la continuidad de pequeños productores y la conservación de sus concesiones. El gremio lamentó que la Cámara de Diputadas y Diputados no acogiera su solicitud de crear una comisión mixta para revisar los cambios incorporados durante la tramitación legislativa.
El presidente de Agrumin, Patricio Gatica, sostuvo que las observaciones de la organización no fueron incorporadas en el texto aprobado, pese a que, a su juicio, las nuevas condiciones afectan directamente la situación económica y operativa de la pequeña y mediana minería. El dirigente cuestionó también la actuación del Gobierno y criticó la falta de respaldo que, según afirmó, recibió el gremio de parte de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI).
La principal preocupación de Agrumin se concentra en los criterios para acceder a las rebajas de las patentes y en la falta de procedimientos administrativos y recursos legales que permitan impugnar con claridad las decisiones sobre estos beneficios.
El gremio cuestiona los requisitos para acceder a rebajas
Agrumin sostiene que la reforma establece condiciones que pueden resultar difíciles de cumplir para los pequeños productores, especialmente cuando deben acreditar actividades mineras o presentar documentación para demostrar que cumplen los requisitos de acceso a una tarifa reducida.
Según Gatica, la exigencia de entregar antecedentes que ya estarían en poder del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) genera trámites adicionales y puede desviar recursos del organismo de sus labores de fiscalización de las faenas en terreno.
El gremio considera que la normativa debe garantizar reglas objetivas para conservar las concesiones y establecer mecanismos claros para revisar las decisiones administrativas. Desde su perspectiva, la incertidumbre sobre la aplicación de los requisitos puede afectar a productores que necesitan mantener sus pertenencias mineras mientras gestionan financiamiento, desarrollan exploraciones o preparan futuras operaciones.
Agrumin advierte sobre la morosidad y la recaudación
Como parte de sus argumentos, la asociación presentó cifras sobre las patentes mineras impagas en Chile. De acuerdo con los datos entregados por su presidente, durante 2025 el monto impago alcanzó los 102.609 millones de pesos chilenos, equivalente a una morosidad del 32,4%.
Asimismo, hasta agosto de 2026, las patentes impagas sumaban 85.607 millones de pesos, con una tasa de morosidad del 27,3%. Gatica señaló que ambos montos totalizan nominalmente 188.216 millones de pesos en los periodos considerados.
El dirigente también citó proyecciones de informes oficiales que, según indicó, estiman una disminución acumulada neta cercana a los 119.642 millones de pesos en la recaudación fiscal por patentes mineras hasta 2035. Estas cifras corresponden a los antecedentes presentados por Agrumin y no constituyen, por sí solas, una evaluación independiente del impacto fiscal de la reforma.
Para el gremio, estos antecedentes cuestionan el objetivo recaudatorio que originalmente se atribuyó a los cambios del régimen de patentes y refuerzan la necesidad de revisar sus efectos sobre los titulares de concesiones.
La reforma cambia las tarifas y amplía los beneficios
La iniciativa despachada por el Congreso elimina el sistema de cobro progresivo, que podía alcanzar hasta 12 unidades tributarias mensuales (UTM) por hectárea, y establece una tarifa general de 0,4 UTM por hectárea. También amplía las condiciones para acceder a una patente rebajada de 0,1 UTM por hectárea, con disposiciones especiales para determinados productores de menor escala.
Entre las medidas se incluyen beneficios para titulares que cumplan requisitos de actividad minera y empadronamiento, así como modificaciones a las condiciones aplicables a la minería artesanal y a los pequeños productores. La reforma contempla además la postergación del pago de las patentes correspondientes a 2026 hasta el 28 de febrero de 2027, junto con el aplazamiento de los remates vinculados a la falta de pago, conforme a las condiciones de entrada en vigor de la normativa.
Sin embargo, Agrumin considera que estas medidas no resuelven las dificultades que, según el gremio, enfrentan los productores para acceder a las rebajas ni garantizan suficiente certeza jurídica sobre la conservación de sus concesiones.
El sector pide mayor certeza jurídica
Tras el despacho del proyecto, Agrumin reiteró que una reforma al sistema de patentes debe considerar las diferencias económicas y operativas entre los distintos segmentos de la minería. La asociación sostiene que los requisitos deben ser aplicables a la realidad de las faenas y que los titulares deben contar con mecanismos formales para cuestionar las decisiones administrativas.
La discusión deja en evidencia las diferencias entre las organizaciones del sector sobre el alcance de los cambios aprobados. Mientras la reforma busca simplificar el régimen y reducir determinados costos, Agrumin advierte que las condiciones para acceder a los beneficios podrían generar nuevas dificultades para los pequeños productores.
La aplicación de la normativa y los criterios que utilicen las autoridades para evaluar las solicitudes de rebaja serán determinantes para establecer cómo afectará el nuevo régimen a la continuidad de las concesiones y a la actividad de la pequeña y mediana minería chilena.
