La Comisión de Minería y Energía del Senado de Chile revisó las medidas de seguridad implementadas por Codelco en la División El Teniente y las acciones de fiscalización realizadas por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). La sesión estuvo marcada por el avance del plan de mitigación asociado al cierre de Andes Norte y por la investigación del accidente ocurrido el 11 de octubre, que provocó la muerte de dos trabajadores contratistas.
Durante la instancia, representantes de la minera estatal y del organismo fiscalizador entregaron antecedentes sobre las condiciones operacionales, las medidas preventivas adoptadas y las brechas identificadas en la gestión de seguridad. Los parlamentarios expresaron preocupación por la situación y solicitaron información adicional sobre las acciones destinadas a prevenir nuevos incidentes.
Accidente en El Cráter motivó nuevas restricciones
El accidente ocurrió en el sector El Cráter de la División El Teniente, cuando una avalancha alcanzó a trabajadores que realizaban labores de limpieza de caminos afectados por la nieve. Dos contratistas fallecieron en el incidente, que involucró a personal de la empresa San Lorenzo, subcontratista de Aura, firma que presta servicios a Codelco.
Según los antecedentes expuestos por la gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional, las labores se habían reanudado después de una estabilización de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, las variaciones bruscas de temperatura modificaron las condiciones de la nieve y generaron un escenario de riesgo.
Tras el accidente, Sernageomin dispuso la paralización provisional de labores superficiales en el sector afectado y en otras áreas potencialmente expuestas a avalanchas o derrumbes. El organismo también realizó inspecciones en terreno, tomó declaraciones y emitió requerimientos para evaluar las condiciones de seguridad antes de autorizar la reanudación de las actividades restringidas.
Codelco informó, además, que desde septiembre viene revisando sus procesos de seguridad para identificar debilidades en la definición de responsabilidades y en la coordinación entre las distintas áreas y empresas que participan en las operaciones.
Andes Norte continúa bajo evaluación
Otro de los temas abordados fue el cierre de Andes Norte, dispuesto por Codelco el 4 de agosto de 2026 después de registrarse eventos sísmicos profundos en el nuevo nivel mina. La compañía explicó que la decisión respondió a la necesidad de comprender estos fenómenos y establecer condiciones que permitan controlar los riesgos antes de reanudar las faenas.
Para gestionar la situación, se estableció una gerencia específica que desarrolla seis líneas de trabajo. La reapertura dependerá de las evaluaciones técnicas y de los resultados de las medidas de mitigación, por lo que no se estableció una fecha definitiva para el reinicio de las operaciones.
El cierre también tuvo efectos sobre las empresas contratistas y los trabajadores vinculados a las actividades suspendidas. De acuerdo con lo informado en la sesión, el universo inicialmente afectado era de 3.300 personas, cifra que se redujo a 2.460 tras revisar los puestos relacionados con proyectos. De ese grupo, 1.800 trabajadores habían sido reubicados, equivalentes al 74%, mientras que 643 aún no contaban con una alternativa de corto plazo.
Sernageomin intensifica las fiscalizaciones
El director de Sernageomin, Mauricio Lorca, detalló las actuaciones desarrolladas tras el accidente y las medidas adoptadas frente a los riesgos detectados. El organismo también informó sobre procedimientos sancionatorios vinculados a incidentes anteriores en El Teniente, incluido el accidente de enero de 2023 en la planta de chancado primario de Sewell.
En paralelo, Sernageomin inició una fiscalización masiva de cinco días en la división, entre el 26 y el 30 de octubre, con un equipo de 14 profesionales de distintas regiones. El despliegue contempla inspecciones en minas subterráneas, plantas de procesamiento, el rajo y la Fundición Caletones, con énfasis en los controles críticos para prevenir accidentes graves y fatales.
La supervisión busca verificar las condiciones operacionales, el cumplimiento de los procedimientos y la efectividad de las medidas preventivas. Ante eventuales incumplimientos, el organismo puede exigir correcciones y adoptar las medidas correspondientes dentro de sus atribuciones.
La revisión parlamentaria y las fiscalizaciones se desarrollan en un contexto de mayor escrutinio sobre la seguridad de El Teniente. Los resultados de las investigaciones y de las evaluaciones técnicas serán relevantes para determinar las medidas correctivas necesarias, establecer eventuales responsabilidades y definir las condiciones para retomar las actividades que permanecen restringidas.
