La Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) valoró la aprobación de la reforma al régimen de patentes mineras en Chile, pero advirtió que la nueva normativa todavía requiere ajustes para entregar mayor certeza jurídica a los titulares de concesiones, especialmente a los pequeños y medianos productores.
El proyecto fue despachado a ley por la Cámara de Diputados el 28 de octubre y contempla cambios orientados a simplificar el sistema de pago, reducir costos y ampliar el acceso a tarifas rebajadas. No obstante, el gremio considera que las modificaciones no resuelven completamente las dificultades relacionadas con el sistema de amparo de la propiedad minera.
Jorge Riesco, presidente de SONAMI, señaló que la reforma representa un alivio para el sector, aunque sostuvo que es necesario avanzar hacia un marco normativo más claro y objetivo, que reduzca la discrecionalidad administrativa y proteja la continuidad de las operaciones.
Persisten cuestionamientos al sistema de amparo
Uno de los principales reparos de SONAMI se relaciona con la intervención administrativa en el sistema que permite mantener vigentes las concesiones mineras. Según el gremio, este mecanismo puede generar incertidumbre para los productores, debido al riesgo de perder sus concesiones pese a cumplir con las obligaciones económicas correspondientes.
La organización plantea que el amparo de la propiedad minera debería sustentarse en el pago de una patente de monto conocido, aunque diferenciado según las características de cada concesión. A su juicio, un esquema de estas características permitiría establecer reglas más previsibles para la inversión y la planificación de las actividades de exploración y explotación.
La preocupación adquiere especial relevancia para la pequeña y mediana minería, cuyos productores pueden tener menor capacidad financiera para afrontar cambios regulatorios y procedimientos administrativos complejos.
La reforma reduce costos y amplía beneficios
Entre los avances reconocidos por SONAMI figura la eliminación del cobro progresivo de las patentes mineras, que podía llegar hasta 12 unidades tributarias mensuales (UTM) por hectárea. La nueva normativa establece una tasa general fija de 0,4 UTM por hectárea y amplía las condiciones para acceder a una tarifa reducida de 0,1 UTM.
El texto también incorpora beneficios para arrendatarios y personas que exploten legítimamente una mina, además de los titulares de concesiones. Asimismo, establece un régimen especial para determinados productores con hasta 500 hectáreas, siempre que cumplan las condiciones de actividad minera y empadronamiento exigidas, con posibilidad de mantener la tarifa rebajada durante cinco años.
Para la minería artesanal, la superficie susceptible de acogerse al beneficio especial aumenta de 50 a 100 hectáreas. En el caso de los pequeños productores, el límite se amplía de 100 a 150 hectáreas. El periodo del beneficio también se extiende de dos a cinco años.
Otra medida relevante es la postergación hasta el 28 de febrero de 2027 del pago de las patentes correspondientes a 2026, junto con el aplazamiento de los remates de concesiones asociados a la falta de pago.
SONAMI plantea recuperar tarifas diferenciadas para la minería no metálica
Además de sus observaciones al sistema de amparo, SONAMI considera pendiente restablecer montos diferenciados para las concesiones y operaciones no metálicas. El gremio sostiene que esta distinción es importante para reconocer las particularidades de un segmento que también forma parte de la actividad minera chilena.
La organización anunció que continuará promoviendo ante el Ejecutivo y el Congreso los cambios que considera necesarios para consolidar un régimen de patentes simple, objetivo y con mayor certeza jurídica.
De esta manera, aunque la reforma avanza en la reducción de costos y en la ampliación de beneficios para los productores de menor escala, el debate sobre la seguridad jurídica de las concesiones y el tratamiento de la minería no metálica seguirá formando parte de la discusión sectorial.
