- La tramitología o permisología, uno de los principales retos que tiene el sector minero para la inversión y desarrollo de los proyectos, fue analizado por un grupo de expertos reunidos en la décima edición de Expomina Perú 2026, que se realiza en Lima.
Lima, 10 de septiembre de 2026.- En el panel «Propuestas políticas para el sector minero», participaron especialistas del sector público, privado y académico. Ellos coincidieron en que los principales obstáculos para destrabar la cartera de inversión minera son: el exceso de trámites y la falta de coordinación entre las entidades del Estado.
CARTERA MINERA: OBJETIVO PAÍS
Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), dijo que en los último 25 años, lo único que ha empeorado es la burocracia».
El también titular del comité sectorial minero de esa institución, recordó que en el 2001, un proyecto minero debía pasar por 12 procedimientos administrativos; hoy son 265, según cifras de Apoyo Consultoría,
Quijandría planteó que la cartera de US$64,000 millones en proyectos mineros debería convertirse en un «objetivo país» como política de Estado, y pidió avanzar hacia el silencio administrativo positivo.
Además, eliminar la secuencialidad innecesaria entre permisos y simplificar procesos como el de la mina Pucamarca (Minsur), que por estar en la frontera entre Tacna y Chile debe pasar por la cancillería pese a no representar un tema de seguridad.
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, expuso cifras que grafican la magnitud del problema: el sector minero enfrenta actualmente cerca de 230 procedimientos administrativos, regidos por unas 470 normas y a cargo de aproximadamente 30 entidades del Estado.
Portocarrero identificó los principales cuellos de botella: los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) demoran en promedio 2.5 veces el plazo legal para su aprobación —y sus modificaciones hasta 5 o 6 veces—, mientras que los permisos de uso de agua han llegado a demorar hasta 10 veces el plazo establecido (de 36 a 360 días).
Señaló además que eliminar la secuencialidad innecesaria entre trámites, como en el caso de la consulta previa, podría ahorrar entre 8 y 9 meses por proyecto.
VENTANILLA ÚNICA MÁS PREDICTIBLE
Michael Acosta, director general de Promoción y Sostenibilidad Minera del Ministerio de Energía y Minas, abordó el problema desde la gestión pública. Pidió términos de referencia claros para las entidades que emiten opinión técnica como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNAP) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), de modo que los proyectos no enfrenten observaciones de fondo evitables.
Destacó avances como el desarrollo de un webservice con la ANA para agilizar la comunicación, y subrayó la importancia de consolidar una Ventanilla Única Digital (VUD MINEM)) que permita evaluar los permisos en paralelo y no de forma consecutiva, evitando así que los sobrecostos de tiempo terminen por desincentivar la inversión.
BOOM MINERO
Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, advirtió que el actual boom de precios de minerales críticos no durará para siempre y que el Perú corre el riesgo de perder la oportunidad si no mejora su competitividad frente a otros países.
Casas planteó revisar de punta a punta el proceso que va desde el inicio de un proyecto hasta su construcción o producción, mejorar la coordinación entre los distintos niveles del Estado, fortalecer y remunerar mejor a los funcionarios públicos, y superar la desconfianza mutua entre el sector público y el privado. «La ola viene. Si no nos atrapamos a la ola, la vamos a perder», afirmó.
Los cuatro panelistas coincidieron en un diagnóstico común: el Perú cuenta con el potencial geológico, los precios favorables y una cartera de proyectos mineros que ya suma US$64,000 millones, pero el aparato burocrático del Estado —marcado por la duplicidad de permisos, la falta de coordinación entre entidades y la ausencia de una ventanilla única real— sigue siendo la principal barrera para convertir ese potencial en inversión, empleo y desarrollo para el país.
