La semana pasada el grupo PyG Larraín anunció que no insistiría con uno de sus emblemáticos proyectos: el «Conjunto Inmobiliario Portezuelo», que consideraba una inversión total de US$250 millones.
El grupo -a través de su brazo inmobiliaria L&L Ltda- envió un oficio al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en el que comunicó la decisión.
Al respecto, Gerardo Larraín, gerente general de Inmobiliaria L&L, señaló en La Tercera que el proyecto no se concretará «por una serie de razones, entre ellas, la actual situación del mercado inmobiliario».
«Llegamos a la conclusión de que Portezuelo no es un proyecto para el Chile de hoy», sostuvo.
Así, el megaproyecto Portezuelo se suma a una cuarentena de proyectos inmobiliarios desistidos durante el actual gobierno.
En concreto: entre el 11 de marzo de 2022 y el 22 de agosto de 2023, 42 iniciativas de este tipo han sido desistidas, con una inversión que alcanzaba los US$1.357.783 millones, según cifras de la plataforma del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Los números del organismo indican que durante la presente administración han ingresado a trámite 157 proyectos inmobiliarios, con una inversión de US$5.790,934 millones. Además de los desistidos, 84 han sido aprobados y 4 rechazados. Los restantes se encuentran en distintas etapas.
Las cifras, en todo caso. no distan, en general, de las de años anteriores. En 2021, de los 131 proyectos ingresados, 43 fueron desistidos, con una inversión de US$1.353,452 millones. 75, en tanto, fueron aprobados y 3 rechazados.
En 2020, de los 133 que se encontraban ingresados, 42 fueron desistidos, con una suma de US$1.525,553 mil. Ese año 104 iniciativas fueron aprobadas. No hay información —para dicho periodo— de los proyectos rechazados.
En 2019, en tanto, había 178 iniciativas inmobiliarias registradas. 37 fueron desistidas, con una inversión de US$ 2.039,379 millones. 109 se aprobaron y 2 se rechazaron.
En 2018 aparecían 148 registradas. 29 fueron desistidas, con una inversión de US$ 1.503,253 millones. Ese año 83 fueron aprobadas y 4 rechazadas.
En total, entre el 11 de marzo de 2018 y el 10 de marzo de 2022 —esto es, durante la administración de Sebastián Piñera— 152 proyectos inmobiliarios fueron desistidos, con una inversión que alcanzaba los US$6.749,631 millones.
Desde el SEA sostienen que «desde el año 2018 a la fecha, la cantidad de proyectos inmobiliarios en calidad de desistidos es baja».
La institución, además, matiza lo que ocurre con las iniciativas que deciden retirarse. Según explica, «no es infrecuente que los proponentes, de distintos sectores productivos, se desistan de sus proyectos. En la gran mayoría de los casos, toman esta decisión para fortalecer el proyecto con mejores estudios y reingresarlo al SEIA. Algunas veces sucede en una primera etapa de la evaluación luego de recibir los primeros informes, y otros en etapas más avanzadas. Sin perjuicio de lo anterior, no se observa un fenómeno especial respecto al sector inmobiliario».
Así —aclara— la decisión de desistir «se debe a que las iniciativas adolecen de información técnica relevante. Posteriormente, deciden reingresar el proyecto para tener una calificación ambiental más robusta y con mayores antecedentes».
Cristóbal de la Maza, académico Facultad de Economía y Gobierno Universidad San Sebastián, también señala que esa es una de las razones. Según indica, la resolución de desistir «puede ser parte de una estrategia para evitar un término anticipado o un rechazo. En estos casos se busca mejorar su diseño y luego reingresar».
«También puede darse —destaca— por razones netamente comerciales, que impiden justificar el costo de tramitación».
Por otro lado, Slaven Razmilic, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), señala que la principal razón por la que las inmobiliarias deciden desistir «suele ser un deterioro en las condiciones de mercado que hagan aconsejable postergar o modificar el proyecto. También puede ocurrir un cambio en las condiciones de financiamiento que obliguen a desistir».
«En tercer lugar —añade— se ha instalado la permisología como uno de los cuellos de botella relevantes en el desarrollo de proyectos».
De la Maza coincide con esto: «cada vez es más difícil aprobar proyectos en Chile».
«Las medidas de mitigación exigidas van en aumento durante la tramitación, y las observaciones sectoriales y ciudadanas crecen exponencialmente, exponiendo al proyecto a procesos más largos y litigación futura. Se ha dado señales poco claras por parte de las autoridades de cuáles son las reglas del juego. No obstante, existen diversos casos donde la responsabilidad es más bien de los titulares al hacer propuestas que no se hacen cargo de manera adecuada de sus impactos”, asegura.
