Categoría: Construcción

ODATA, An Aligned Data Center Company, proveedor de servicios de data center para América Latina, anuncia la expansión de sus operaciones en México. El Data Center QR01 de la compañía, ubicado estratégicamente en Querétaro, se ampliará para satisfacer la creciente demanda de servicios de infraestructura de nube y TI en la región. Además, la compañía inicia la construcción de dos nuevos campus de Data Center, DC QR02 y DCQR03, reforzando su presencia y compromiso con el mercado mexicano.

La expansión del Data Center QR01 está alineada con las crecientes necesidades del mercado, ofreciendo capacidad y tecnología de vanguardia para clientes hyperscales. El campus DC QR01 tendrá una capacidad de hasta 32 MW cuando esté completamente construido.

“Estamos satisfechos con el éxito alcanzado durante el desarrollo de nuestras instalaciones QR01 y QR02. Esta expansión de QR01 demuestra el interés continuo de los clientes en el mercado, la ejecución exitosa de nuestros equipos y el valor a largo plazo del desarrollo de data centers en Querétaro», dice Ricardo Alário, CEO de ODATA para América Latina.

Los nuevos edificios se están construyendo en zonas estratégicas; el campus DC QR02 está ubicado en el estado de Guanajuato y tendrá una capacidad de 30MW y el campus DC QR03 está ubicado en la ciudad de El Marqués, ubicada en el centro del país y a 221 km de la Ciudad de México. Este último será el campus de Data Center más grande de México, con una capacidad instalada de 150MW de potencia. Ambos estarán dedicados a clientes hyperscales.

“México es actualmente uno de los principales mercados de América Latina, en el que ODATA se encuentra bien consolidada y arraigada para sostener su crecimiento. Ya contamos con una identidad reconocida, experiencia regional y gran credibilidad con los proveedores locales, lo que nos permite crecer con seguridad y rapidez”, afirma Alário.

Los próximos 28 y 29 de febrero se llevará a cabo la audiencia oral de MEX-USA-2023-31A-01 relacionada con el Panel Laboral que se desprendió de la queja que interpuso el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC en contra de la Mina San Martín de Grupo México por la negación de derechos laborales.

La instalación del panel laboral se da a partir del desacuerdo que hubo entre los gobiernos de México y Estados Unidos al revisar la queja laboral interpuesta el pasado 16 de junio de 2023, cuya postura de México fue rechazar tal solicitud por considerar que retoma hechos pasados a la entrada en vigor del Capítulo 23 del T-MEC.

Ante la proximidad del panel, el cual está integrado por el canadiense Gary Cwitco; el estadounidense Kevin P. Kolben, y el mexicano Lorenzo Roel Hernández, el gobierno de Estados Unidos integró un documento “Presentación de réplica de los Estados Unidos de América”, en el que da respuesta a la falta de información, tanto del gobierno de México como de la empresa, para considerar que no hay violación a los derechos de los trabajadores.

Dicho documento, integrado en 13 páginas, relata los hechos y las razones de por qué la Mina San Martín ha violado derechos. Y hace un llamado a los integrantes del panel a considerar los argumentos adicionales de los mineros y del gobierno de Estados Unidos.

El documento destaca que la respuesta de la empresa y de un sindicato -considerado blanco- que forma parte de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI)- “no ofrecen ningún argumento persuasivo que refute el hecho de que siguen teniendo lugar negociaciones ilegales”.

El gobierno de Estados Unidos hizo un llamado al panel para que determine que existe una “Continua negación de derechos en la mina”.

La construcción con recursos públicos del Tren Maya, el corredor interoceánico, carreteras y el aeropuerto de Tulum fue el motor esperado para que el valor de producción de las empresas constructoras en México alcanzara un crecimiento anual récord de 24.4% durante el 2023 (en el 2022 el aumento fue del 4.1%), de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En comparación con su nivel del prepandémico 2019, el indicador tuvo por fin un crecimiento, puntualmente de 3.8%; sin embargo, frente al registro del 2012, año en el que tuvo su último pico, hay todavía un déficit de 16.4 por ciento.

La necesidad de inaugurar obras emblemáticas de infraestructura en el sexenio de la 4T, la incorporación de los tramos 5 norte, 6 y 7 del Tren Maya (a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional) a la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) y el cambio de año base en la metodología fueron factores que influyeron el año pasado para el buen desempeño del indicador hasta agosto, en comparaciones mensuales.

Posteriormente, el crecimiento se desaceleró (en diciembre se presentó el menor incremento del año, el 1%, con relación al mes previo) y, la reciente cancelación de licitaciones del programa de conservación carretero con un presupuesto de 11,000 millones de pesos, por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), advierten un futuro complicado.

Un reporte del Grupo Financiero BASE consideró dicha situación:

“De enero a diciembre del 2023, el sector público mostró un crecimiento acumulado de 48.7%, impulsado por los proyectos de infraestructura de esta administración. Sin embargo, la falta de espacio fiscal para la construcción de nuevas obras de infraestructura en 2025 implicaría un desplome en el sector de la construcción”.

En su comparación con el 2019, previo a la pandemia del Covid-19, el valor de las obras públicas aumentó 45.2 por ciento.

Por su parte, el valor de las obras contratadas desde el sector privado, con una participación que ronda el 40% del total de la construcción en el país (principalmente edificios industriales, comerciales y de servicios y vivienda, en línea con el auge que implica el nearshoring) se elevó 10.7% el año pasado. No obstante, en comparación con el 2019, la cifra estuvo el 14.8% por debajo.

Además de las obras de edificación, las de electricidad y telecomunicaciones tampoco lograron superar los niveles prepandemia (fueron menores el 20.4% respecto al 2019), a pesar de experimentar un alza anual del 89.7% del año pasado.

En tanto, el valor de producción de los trabajos de agua, riego y saneamiento y otras construcciones siguen creciendo, aunque los relacionados con el petróleo y petroquímica fueron los únicos que mostraron en diciembre una caída anual del 11.8%, pero en todo el 2023 crecieron el 3.6%, respecto al 2022, lo que implicó un alza del 83.4% contra el 2019. Dicho rubro tiene la menor participación en todas las obras, cerca del 4 por ciento.

De acuerdo con el Inegi, en cifras desestacionalizadas, el valor de producción de las empresas constructoras creció el 1% en comparación mensual y el 36.5% en comparación anual, lo que representó la menor cifra luego de la caída mensual del 2.4% en septiembre.

La cancelación al presupuesto destinado a las licitaciones para el mantenimiento y conservación de carreteras, por 11,000 millones de pesos, es un golpe al sector turístico y a las empresas que participan en la industria de la construcción, reprobó este lunes la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“El turismo, para su sano crecimiento, requiere de una infraestructura carretera segura y en buenas condiciones, que lamentablemente cada día está más lejos de alcanzarse en México, ya que durante los últimos años ha sido afectada por la falta de promoción, la creciente inseguridad y la falta de apoyos”, señaló el organismo privado que dirige José Medina Mora.

Hace dos semanas, la Secretaría de Hacienda decidió reservar los 11,000 millones de pesos, originalmente presupuestados para mantener la infraestructura de carreteras del país, lo cual repercute negativamente en la calidad y seguridad del transporte del país, con impacto negativo en el turismo doméstico que se transporta por carretera y representa el 82% del valor económico que genera la actividad turística, dijo la Coparmex.

También, las empresas constructoras tendrán repercusiones negativas, alertó.

De acuerdo con datos del Inegi referentes al mes de noviembre del 2023, el 11% del valor de la producción de empresas constructoras provino de obra civil relacionada a carreteras, caminos y puentes.

Los datos también muestran que las empresas constructoras generan más de medio millón de empleos directos a nivel nacional, por lo que una parte considerable de la sociedad tendrá un impacto negativo en sus ingresos.

El sector privado expresó su preocupación porque se le cargue al Ejército una nueva tarea, la del mantenimiento de carreteras federales, pues “esa no es su función principal, establecida en la Constitución, que es la de resguardar la seguridad nacional y, por excepción, hasta 2028 también puede ayudar en la seguridad pública”.

En Coparmex hacemos un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reconsiderar su decisión y dialogar con los sectores que se verán afectados con la cancelación del presupuesto.

Para tener un mejor desarrollo a nivel nacional, se debe garantizar la movilidad en el país y las carreteras son el principal medio de desplazamiento para los mexicanos, finalizó el organismo.