El gobierno colombiano impulsa conversaciones anticipadas sobre el futuro de la mina de carbón Cerrejón, mientras crecen las preocupaciones por el impacto económico y social en La Guajira.

Colombia está aumentando la presión sobre Glencore para que comience a preparar el eventual cierre de la mina de carbón Cerrejón, abriendo un debate clave sobre cómo una de las mayores operaciones de carbón a cielo abierto del mundo puede reducir sus actividades sin provocar una crisis económica regional.

La iniciativa surge luego de que el gobierno del presidente Gustavo Petro solicitara iniciar conversaciones tempranas sobre la transición del complejo minero, cuya concesión se extiende actualmente hasta 2034.

Las autoridades advierten que esperar hasta los últimos años de operación podría dejar a la región de La Guajira —fuertemente dependiente del carbón— expuesta a graves impactos económicos y sociales.

Cerrejón sigue siendo uno de los pilares económicos de Colombia

Según un informe de la consultora minera chilena GEM, Cerrejón produjo 16,8 millones de toneladas de carbón en 2025, por debajo de los 19,2 millones registrados el año anterior.

La operación sigue siendo uno de los activos exportadores más relevantes de Colombia y sostiene más de 12.000 empleos directos y de contratistas. Además, incluye una red ferroviaria de 150 kilómetros y un puerto de exportación en el Caribe que respaldan gran parte de la economía de La Guajira.

“La verdadera decisión en este caso es entre una transición gestionada o un shock descontrolado”, señaló Juan Ignacio Guzmán, director de GEM, en el informe que analizó los riesgos de un cierre acelerado.

La consultora advirtió que una intervención política abrupta, sin industrias de reemplazo, financiamiento adecuado ni resguardos comunitarios, podría afectar presupuestos municipales, proveedores locales y programas ambientales en toda la región.

GEM estima que Cerrejón aporta cerca de US$ 166 millones anuales en regalías y genera aproximadamente US$ 86 millones en compras y contratación de proveedores locales.

La transición energética de Colombia enfrenta una prueba clave

El caso Cerrejón se ha convertido en uno de los principales desafíos para la estrategia de transición energética impulsada por el gobierno colombiano.

La administración de Gustavo Petro prohibió nuevos contratos de exploración de carbón e hidrocarburos, mientras promueve inversiones en energías renovables, especialmente proyectos solares y eólicos en La Guajira, una de las zonas con mayor potencial renovable de América Latina.

Al mismo tiempo, Cerrejón ha enfrentado durante años cuestionamientos ambientales y sociales relacionados con el uso de agua, emisiones de polvo de carbón y desplazamiento de comunidades indígenas Wayuu.

Organizaciones ambientales sostienen que un eventual cierre de la mina podría reducir la presión sobre los escasos recursos hídricos de la región árida. Sin embargo, sindicatos y líderes locales temen que una transición mal gestionada provoque un fuerte deterioro económico y social.

Experiencias internacionales advierten riesgos de cierres abruptos

El informe de GEM señala que las mayores crisis asociadas al cierre de minas ocurren cuando los procesos son impulsados por conflictos políticos, incertidumbre legal o problemas financieros antes de que gobiernos y comunidades estén preparados.

Entre los ejemplos citados aparecen el proyecto Cobre Panamá de First Quantum Minerals, además de los casos de Blyvooruitzicht en Sudáfrica y Kabwe en Zambia, donde cierres abruptos generaron desempleo, presión fiscal y problemas de contaminación de largo plazo.

Para evitar escenarios similares, GEM recomendó implementar un “acuerdo de transición gestionada” entre el gobierno colombiano, Glencore, la administración de Cerrejón y las comunidades locales.

Las propuestas incluyen fondos especiales para financiar la transición, programas de reconversión laboral, apoyo a proveedores, financiamiento ambiental y planes de reutilización futura de infraestructura ferroviaria, portuaria y logística.

Cerrejón se transforma en símbolo de la salida del carbón en Colombia

El informe concluye que la presión sobre Glencore no busca necesariamente acelerar un cierre inmediato, sino posicionar a Cerrejón como eje central de la estrategia colombiana para reducir su dependencia de combustibles fósiles.

Para el gobierno de Petro, el futuro de Cerrejón representa una prueba práctica y simbólica sobre la capacidad de Colombia para avanzar hacia una transición energética sin repetir las crisis económicas y sociales observadas en cierres mineros abruptos en otras partes del mundo.

Una de las obras de infraestructura más relevantes para la movilidad de Bogotá es la construcción del tramo de la Avenida 68, proyecto que hace parte de la expansión del sistema TransMilenio y que busca mejorar la conexión entre distintos sectores de la capital y los municipios vecinos. En medio de los avances de esta intervención, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, realizó una visita de inspección al Grupo 1 de la obra, donde actualmente se adelanta la construcción del puente de Venecia.

De acuerdo con el balance entregado por el funcionario, la megaobra ya alcanza un avance del 87 % en su ejecución. En este momento, las labores se concentran en el proceso de fundido de mezcla asfáltica en los carriles mixtos del puente, específicamente en los tramos que conectarán con la Autopista Sur. El propósito es optimizar la movilidad de los vehículos que ingresan diariamente desde el municipio de Soacha hacia el centro de Bogotá.

Molano explicó que, cuando la actual administración recibió el proyecto en enero de 2024, el puente de Venecia apenas registraba un avance del 12 %. Desde entonces, las obras han tenido una aceleración significativa que permitió superar el 87 % de ejecución. Según indicó, en menos de un mes quedará finalizado el tablero principal por el que circularán vehículos particulares y, posteriormente, los buses articulados de TransMilenio.

El director del IDU también señaló que, al inicio de 2024, el Grupo 1 de la avenida 68 presentaba un avance general del 39,91 %. Actualmente, las obras incluyen la construcción de cerca de tres kilómetros de vía con cuatro carriles por sentido. La distribución contempla un carril exclusivo para TransMilenio, dos carriles asociados a las estaciones y tres carriles mixtos para el tránsito vehicular.

¿Cuándo estará listo el puente de Venecia en el Grupo 1 de la Avenida 68?

La Gobernación de Cundinamarca puso en marcha las obras de intervención sobre el corredor vial que comunica a los municipios de Cajicá y Tabio, una de las conexiones con mayor flujo vehicular en la provincia de Sabana Centro y que en los últimos meses ha registrado un deterioro progresivo por el tránsito constante de vehículos de carga pesada.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que la Unidad de Mantenimiento Vial ya desplegó maquinaria amarilla y personal técnico en varios puntos estratégicos del tramo, especialmente en el sector del Politécnico, donde comenzaron las primeras actividades de rehabilitación.

Según explicó la administración departamental, la intervención busca recuperar las condiciones estructurales del pavimento y optimizar la movilidad para los miles de conductores que utilizan diariamente este corredor. La vía se ha visto afectada por el tránsito permanente de camiones, buses intermunicipales y vehículos particulares, además de la operación industrial y logística que se desarrolla en sectores como Manas y La Naveta.

De acuerdo con la información entregada por la Gobernación, las obras no se limitarán a reparaciones superficiales. El proyecto contempla una intervención integral que incluye el fresado del asfalto deteriorado, el reforzamiento de los puntos críticos y la instalación de una nueva carpeta asfáltica con un espesor aproximado de 12 centímetros. Con estas labores se busca incrementar la capacidad de resistencia de la vía frente a las cargas pesadas y reducir el desgaste prematuro del pavimento.

¿Cómo avanzan los trabajos en este importante corredor vial?

Varios son los gremios que han pedido revisar los requerimientos que necesitan los conjuntos residenciales en Colombia para, desde este año, contar con puntos de carga para carros eléctricos.

El lío está en que la red eléctrica de estas propiedades horizontales no es la adecuada para abastecer la demanda, lo que genera varios problemas.

Una de las quejas está en que los carros no están recibiendo la energía necesaria de las fuentes eléctricas de los conjuntos residenciales en Colombia, además de una serie de daños por cuenta de la alta demanda.

De un lado, la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible señala que la falta de infraestructura de carga en edificios existentes es una de las principales barreras para la adopción masiva de vehículos eléctricos en el país.

Quejas de los conjuntos residenciales en Colombia por los carros eléctricos

Al tiempo que Fedelonjas, por medio de sus diversas lonjas regionales, ha advertido sobre los conflictos de convivencia, asociados a los retos jurídicos que enfrentan las administraciones para autorizar instalaciones en zonas comunes.

El punto está en que edificios de conjuntos residenciales en Colombia, antiguos, así como nuevos, no cuentan con la capacidad eléctrica (transformadores y cableado) necesaria para soportar múltiples puntos de carga simultáneos.

Advierten organismos que un solo cargador podría agotar la capacidad disponible del transformador del conjunto.

Sumado a esto, si bien la Ley 1964 de 2019 promueve el uso de vehículos eléctricos, los gremios indican que sigue habiendo fricciones en las asambleas de copropietarios.

La adecuación de este tipo de infraestructuras en los conjuntos residenciales en Colombia debe pasar, según la ley, por la aprobación de la asamblea de copropietarios, asumiendo sobrecostos.

La Alcaldía de Medellín inició una nueva fase de intervención urbana en la Plaza Botero, uno de los espacios más representativos y transitados del centro de la ciudad. Las obras forman parte de las acciones contempladas dentro del Plan Centro, estrategia impulsada por la Administración Distrital para recuperar sectores estratégicos mediante proyectos enfocados en infraestructura, movilidad, cultura y apropiación ciudadana.

La intervención es liderada por la Secretaría de Infraestructura Física y la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas (Agencia APP). En esta etapa, los trabajos estarán concentrados inicialmente en la calle Calibío, donde se realizará la renovación de cerca de 1.300 metros cuadrados de superficie que actualmente presentan deterioro.

De acuerdo con el cronograma oficial, las obras se desarrollarán de manera escalonada y por sectores parciales con el propósito de evitar el cierre total de la plaza. Con esta metodología, la Administración busca garantizar la movilidad peatonal y permitir que comerciantes, visitantes y turistas continúen utilizando el espacio mientras avanzan las adecuaciones.

Las labores contemplan principalmente la reposición de piezas dañadas en el piso de la plaza, intervención orientada a mejorar las condiciones de tránsito para peatones y a fortalecer la conservación de este corredor turístico y cultural de Medellín. La Plaza Botero es reconocida a nivel nacional e internacional por albergar varias esculturas del maestro Fernando Botero y por ser uno de los principales puntos de encuentro del centro de la capital antioqueña.