La provincia de Carabaya, en la región Puno, tiene 4.7 millones de toneladas de carbonato de litio de alta pureza, y 130 millones de libras de uranio para centrales nucleares.
Entre los dos minerales el que está en el ojo de los aimaras, es el litio. Este mineral es demandado en el mundo para la fabricación de baterías de smartphones y autos eléctricos. Pero, además es un recurso de interés geopolítico porque desplazaría a Argentina, Chile, y Bolivia. Estos tres países forman el triángulo de la producción de litio en Latinoamérica.
Las poblaciones aimaras y quechuas, determinaron que el litio no saldrá de Puno, si es que no existe beneficio directo para los 110 distritos y 13 provincias. El pedido es independiente al canon e impuesto a la renta que pueda generar. Además, demandan que su industrialización se desarrolle en Puno.
Consultado sobre la posición de las poblaciones quechuas y aimaras, Ulises Solís, sostuvo que “todos pueden querer un beneficio, pero lamentablemente la ley señala un área de influencia directa y una indirecta. Y eso es lo que se respeta. Qué hubiese pasado si el yacimiento se encontraba en Ilave. Entonces quién se beneficia, las zonas aimaras. Los quechuas no tendrían que hacer ahí. Lamentablemente, ese es el destino del país”, dijo.
El empresario precisó que se limitarán a cumplir lo que estipula la ley, respecto a la exigencia para explotar el litio. “Nosotros vamos a respetar lo que manda la ley, la Constitución, la ley general de minería. En tanto no se modifique, tendremos nada más que ceñirnos en lo que dice la normativa legal”.
