La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) de Chile formuló cuatro cargos contra ENAP Refinerías S.A., titular de la Refinería Aconcagua, ubicada en Concón, Región de Valparaíso, por presuntos incumplimientos de la normativa ambiental relacionados con la recuperación de azufre, el reporte de emisiones atmosféricas, el monitoreo industrial y los niveles de ruido.
La empresa estatal informó que está analizando los antecedentes y que definirá su respuesta dentro de los plazos legales. El procedimiento se inició después de que la propia compañía detectara inconsistencias en la información entregada al organismo fiscalizador y comunicara los hechos a la SMA y al Ministerio Público.
De acuerdo con la autoridad ambiental, dos de los cuatro cargos fueron clasificados preliminarmente como gravísimos, debido a la presunta entrega de información falsa o incompleta y a la alteración de antecedentes técnicos relevantes para la fiscalización. Por el conjunto de los incumplimientos imputados, ENAP arriesga multas que podrían alcanzar las 22.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de US$19 millones.
Observaciones sobre recuperación de azufre y emisiones
Uno de los cargos más relevantes está relacionado con el Sistema de Recuperación de Azufre de la refinería. Según la SMA, la instalación debía alcanzar una eficiencia mínima anual del 98%, pero los resultados recalculados por el organismo habrían llegado al 94,1% en 2023, al 90,5% en 2024 y al 90,2% en 2025.
La autoridad sostiene que los datos reportados originalmente no reflejaban el desempeño real del sistema. Por ello, el procedimiento busca determinar las responsabilidades correspondientes por la información entregada y por el presunto incumplimiento de las exigencias ambientales.
El segundo cargo calificado preliminarmente como gravísimo se relaciona con las emisiones de dióxido de azufre (SO₂). La SMA señala que ENAP habría omitido en sus reportes la corriente de flaring, correspondiente a la quema de gases en antorchas, una fuente relevante de emisiones de la instalación.
Tras recalcular los registros, el organismo estimó que las emisiones habrían alcanzado 1.277 toneladas de SO₂ en 2023 y 1.168 toneladas en 2024, por encima del límite anual de 1.145 toneladas establecido para la refinería. Estos antecedentes forman parte de los cargos formulados y deberán ser abordados durante el procedimiento administrativo.
Monitoreo de emisiones y ruido industrial
Los otros dos cargos fueron clasificados preliminarmente como leves. El primero se refiere a la falta de validación del Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) para material particulado, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y flujo de gases en una unidad de craqueo catalítico.
Según la SMA, esta situación habría afectado el cumplimiento de las obligaciones de monitoreo y entrega de información asociadas a la operación de la unidad. La validación de estos sistemas es relevante para verificar las emisiones de los procesos industriales y asegurar que los datos reportados sean confiables.
El segundo cargo está vinculado con presuntas superaciones de los límites de ruido nocturno. La autoridad informó que mediciones efectuadas en noviembre y diciembre de 2025 registraron niveles de hasta 57 decibeles ponderados A, frente al límite de 45 dB(A) aplicable a los receptores evaluados. El expediente también considera antecedentes de denuncias ciudadanas por ruidos y vibraciones.
Las infracciones clasificadas como leves pueden derivar en amonestaciones o multas, mientras que las gravísimas contemplan sanciones más elevadas, incluida la posibilidad de clausura o revocación de la resolución de calificación ambiental, según corresponda. La determinación de las sanciones dependerá del desarrollo del procedimiento y de los antecedentes que se evalúen.
ENAP informa medidas internas y cambios operacionales
Tras conocerse la formulación de cargos, ENAP sostuvo que fue la propia compañía la que identificó las inconsistencias y decidió informarlas a las autoridades. Según la empresa, los controles internos formales se activaron en enero de 2026, cuando Refinería Aconcagua comunicó la situación a la casa matriz y esta al directorio.
La estatal indicó que incorporó la corriente de flaring y otras fuentes menores en los reportes de emisiones correspondientes a 2025, entregados el 30 de enero de 2026. También afirmó que durante 2025 y lo que va de 2026 ha cumplido el límite de emisiones de SO₂, y que trabaja con especialistas ambientales para revisar el indicador de eficiencia de recuperación de azufre.
En relación con la calidad del aire, ENAP manifestó que los registros de las estaciones de monitoreo cercanas muestran cumplimiento de las normas primarias para SO₂ y material particulado fino PM2,5 desde 2019. La empresa sostiene que los hechos investigados no se han vinculado con impactos en la población. Esta posición corresponde a la declaración de la compañía y no elimina la necesidad de resolver los cargos administrativos formulados por la SMA.
La empresa también informó que desvinculó a ocho trabajadores en enero, a otros ocho en junio y a una persona adicional en agosto. Asimismo, señaló que modificó y reforzó su estructura interna, especialmente en el área de cumplimiento ambiental, y que desarrolló iniciativas con una consultora internacional para fortalecer los controles operacionales, mejorar las mediciones y aumentar la eficiencia de los sistemas de recuperación de azufre.
Procedimiento sancionatorio continúa en curso
La formulación de cargos permite a ENAP presentar sus descargos o proponer un programa de cumplimiento, sujeto a la evaluación de la autoridad ambiental. La SMA indicó que la compañía dispone de 15 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y de 22 días hábiles para formular descargos, conforme a los plazos informados para el procedimiento.
La empresa, por su parte, señaló que analizará los antecedentes antes de definir su estrategia y reiteró su disposición a colaborar con los organismos fiscalizadores. También manifestó una política de tolerancia cero frente a conductas como las investigadas.
El caso mantiene bajo revisión el cumplimiento ambiental de una de las principales instalaciones de refinación de Chile. La resolución final permitirá establecer si se configuran las infracciones imputadas y qué medidas o sanciones corresponderían. Hasta entonces, los cargos mantienen su carácter preliminar y no representan una sanción definitiva.
