Más de 31,000 pequeños mineros y mineros artesanales continúan a la espera de una definición sobre su proceso de formalización a través del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), en un contexto marcado por la proximidad del vencimiento del mecanismo y el debate sobre el futuro de la actividad minera a pequeña escala en el Perú.
El Reinfo fue creado como una herramienta para facilitar la incorporación de los pequeños productores mineros y mineros artesanales a la economía formal. Sin embargo, el proceso ha enfrentado diversas dificultades y extensiones de plazo, mientras una parte importante de los inscritos aún no ha completado los requisitos necesarios para alcanzar la formalización.
Actualmente, más de 31,000 registros permanecen dentro del proceso de formalización. Este grupo incluye mineros con inscripción vigente y otros cuyos registros se encuentran suspendidos dentro de las condiciones establecidas por la normativa.
La situación adquiere especial relevancia debido a que el proceso de formalización minera integral tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2026, o antes si entra en vigencia la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento.
Uno de los principales desafíos para el sector es definir una ruta que permita diferenciar a los pequeños productores que avanzan hacia la formalización de aquellas actividades que operan al margen de la normativa. El proceso también busca establecer mayores controles sobre aspectos ambientales, laborales, tributarios y de seguridad asociados a la actividad minera.
El debate sobre el futuro del Reinfo se encuentra estrechamente vinculado con la elaboración de un nuevo marco normativo para la pequeña minería y minería artesanal. Esta legislación busca establecer reglas permanentes para el sector y reemplazar progresivamente el esquema transitorio de formalización.
De acuerdo con cifras oficiales difundidas previamente, de los más de 84,000 registros que llegaron a integrar el Reinfo, solo una proporción reducida había culminado exitosamente su proceso de formalización. Esta situación evidencia la magnitud del reto que enfrenta el Estado para convertir el registro en una herramienta efectiva de transición hacia una actividad minera formal.
La definición de una nueva ruta regulatoria será determinante para miles de productores mineros, así como para las comunidades y cadenas productivas vinculadas a la pequeña minería. El objetivo será avanzar hacia una actividad con mayores estándares de legalidad, seguridad y responsabilidad ambiental, sin perder de vista su importancia económica para diversas regiones del país.
