El Ministerio de Energía y Minas (Minem) prepara cambios en el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal en Perú, en un escenario marcado por la revisión de las inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Según la viceministra de Minas, Mayra Figueroa, alrededor de 22.000 mineros mantienen su inscripción vigente, mientras que el registro todavía comprende aproximadamente 31.000 operadores. La revisión podría reducir aún más el número de inscritos que continúen en el proceso.
La funcionaria explicó que los mineros con registro vigente presentan mayores avances para completar su formalización. Para este grupo, el Gobierno ha planteado un periodo de transición que permitiría culminar los trámites hasta fines de 2028, sujeto a las disposiciones de la nueva normativa que prepara el Ejecutivo. Sin embargo, la vigencia de una inscripción no garantiza automáticamente la permanencia en el proceso, pues cada operador deberá cumplir las condiciones exigidas por las autoridades.
Durante su participación en la Feria Internacional de Infraestructura y Construcción (Infracon) 2026, Figueroa señaló que el Minem trabaja en nuevos criterios de evaluación para agilizar los procedimientos y diferenciar a quienes avanzan en su formalización de aquellos que no cumplen los requisitos. Entre los aspectos que serán revisados figuran los instrumentos de gestión ambiental y el cumplimiento de las obligaciones establecidas para desarrollar actividades mineras.
La revisión se enmarca en la preparación de una nueva regulación para la pequeña minería y minería artesanal (MAPE), con la que el Gobierno busca establecer reglas más claras para las operaciones de menor escala. La propuesta pretende ordenar las distintas etapas de la actividad, desde la extracción del mineral hasta su transporte, procesamiento y comercialización, al tiempo que refuerza la supervisión estatal.
Uno de los componentes centrales de la iniciativa será la regulación de las plantas de procesamiento, instalaciones que intervienen en la transformación del mineral y en su incorporación a los circuitos comerciales. El objetivo es mejorar el control sobre estas operaciones y evitar que recursos procedentes de actividades ilegales ingresen al mercado formal.
La propuesta también contempla implementar un sistema interoperable de trazabilidad de minerales, que permita intercambiar información entre las entidades públicas responsables de la fiscalización. Mediante esta herramienta, las autoridades podrían seguir el origen del mineral, identificar las rutas de transporte y conocer las plantas donde se procesa, así como los establecimientos en los que finalmente se comercializa.
El mecanismo busca fortalecer los controles sobre la cadena productiva y dificultar la comercialización de minerales provenientes de actividades ilegales. Su implementación requerirá coordinación entre las instituciones involucradas y el acceso a información que permita verificar la procedencia de los recursos y las condiciones en las que se desarrollan las operaciones.
En paralelo, el Gobierno plantea simplificar los procedimientos para los mineros que buscan completar su formalización, sin eliminar las exigencias ambientales ni las obligaciones de fiscalización. La intención es establecer un marco diferenciado para los operadores que ya forman parte del proceso y para quienes pretendan iniciar nuevas actividades mineras, bajo condiciones que deberán definirse en la normativa correspondiente.
El futuro de los mineros excluidos del Reinfo dependerá de las disposiciones que finalmente se aprueben y de los mecanismos que se establezcan para la transición hacia el nuevo régimen. Mientras el Ejecutivo avanza en la propuesta legislativa, la revisión de las inscripciones y el fortalecimiento de la trazabilidad se perfilan como elementos centrales de la estrategia para combatir la minería ilegal y ordenar la actividad minera de pequeña escala en Perú.
