La entrada en vigencia de la Ley N.° 21.850, de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, introduce modificaciones al sistema de evaluación ambiental chileno que podrían facilitar la modernización de las operaciones mineras y otorgar mayor certeza a los proyectos de inversión. Entre sus principales cambios se encuentran nuevas condiciones para realizar determinadas mejoras tecnológicas en iniciativas que ya cuentan con autorización ambiental, así como ajustes a los mecanismos de reclamación contra las resoluciones ambientales.
Los alcances de esta normativa fueron analizados por Patricio Walker, gerente general de ECOS Chile, quien destacó que los cambios podrían reducir trámites que no necesariamente aportan un mayor nivel de protección ambiental. Sin embargo, advirtió que su aplicación requerirá respaldo técnico, una gestión ambiental rigurosa y una mayor capacidad de respuesta de las instituciones públicas.
Mejoras tecnológicas sin repetir toda la evaluación ambiental
Uno de los principales cambios está relacionado con las modificaciones que pueden realizarse en proyectos que cuentan con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable. La nueva normativa permite implementar determinadas mejoras tecnológicas sin someterlas nuevamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siempre que se cumplan las condiciones establecidas y no se generen cambios sustantivos en la magnitud o extensión de los impactos ambientales.
Esta disposición podría beneficiar a las operaciones mineras que requieren actualizar equipos, incorporar nuevas tecnologías u optimizar sus procesos productivos. También permitiría impulsar mejoras orientadas a utilizar de manera más eficiente los recursos y reducir los impactos de las actividades existentes.
Walker señaló que no toda modificación tecnológica debería requerir una nueva evaluación ambiental, especialmente cuando se desarrolla dentro de áreas previamente evaluadas y no genera impactos adicionales significativos. No obstante, precisó que las empresas deberán conocer las condiciones de sus autorizaciones y contar con antecedentes técnicos que justifiquen cada intervención.
Cambios en los mecanismos de reclamación
La ley también modifica los procedimientos administrativos de reclamación relacionados con las autorizaciones ambientales. Entre sus disposiciones contempla que las reclamaciones presentadas contra una misma resolución sean resueltas conjuntamente y establece nuevas reglas para la utilización de mecanismos de impugnación.
El objetivo es evitar que los proyectos permanezcan durante años en sucesivos procesos de revisión administrativa, situación que puede generar incertidumbre para las empresas y retrasar decisiones de inversión.
De acuerdo con Walker, racionalizar estos procedimientos permitiría avanzar hacia resoluciones más oportunas, manteniendo las garantías necesarias para que las decisiones se adopten con rigor técnico y jurídico. La mayor certeza regulatoria resulta especialmente relevante para la minería, debido a los extensos períodos de desarrollo y las inversiones que requieren sus proyectos.
Agilizar los permisos también implica proteger el medio ambiente
Otro aspecto destacado por el ejecutivo es el efecto que pueden tener los largos tiempos de tramitación sobre la efectividad de las evaluaciones ambientales. Las condiciones de un territorio pueden cambiar durante los años que transcurren entre la aprobación de un proyecto y su ejecución, modificando las características del entorno, las comunidades presentes y los impactos que deben gestionarse.
En ese sentido, una evaluación que se implementa ocho o diez años después de su aprobación podría enfrentar condiciones ambientales distintas a las consideradas inicialmente. Por ello, Walker sostuvo que agilizar las decisiones también puede contribuir a que las medidas de prevención y mitigación respondan de manera más adecuada a la realidad del territorio.
Sin embargo, advirtió que reducir los plazos no debe significar disminuir la calidad de las evaluaciones. Para alcanzar ese equilibrio, considera necesario fortalecer las capacidades técnicas de los organismos públicos, mejorar la coordinación entre instituciones y dotarlas de herramientas que permitan gestionar expedientes complejos con mayor eficiencia.
Empresas deberán reforzar su gestión ambiental
La nueva normativa también plantea responsabilidades para las compañías mineras. Al existir mayores posibilidades de ejecutar determinadas modificaciones sin ingresar nuevamente al SEIA, adquiere especial importancia mantener información ambiental actualizada, realizar los monitoreos correspondientes y contar con trazabilidad sobre los compromisos establecidos en las RCA.
Las empresas deberán conocer detalladamente las condiciones de sus autorizaciones y demostrar que las modificaciones previstas se encuentran dentro de los márgenes permitidos por la legislación. Una gestión ambiental ordenada puede facilitar la toma de decisiones y reducir los riesgos asociados a la ejecución de inversiones.
La Ley de Reconstrucción se suma a otros cambios regulatorios, como la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y las modificaciones al Reglamento del SEIA. En conjunto, estas iniciativas buscan mejorar la tramitación de proyectos y entregar mayor predictibilidad al sector productivo.
El desafío para Chile será convertir estas modificaciones legales en resultados concretos para la industria minera, fortaleciendo la inversión y la continuidad operacional sin debilitar los estándares de protección ambiental. Para ello, la simplificación administrativa deberá estar acompañada de instituciones preparadas, evaluaciones técnicamente fundamentadas y empresas capaces de cumplir sus obligaciones ambientales.



