Arranca ExpoEdifica 2026: tres días de tecnología, industrialización y productividad para la construcción

La feria organizada por la Cámara Chilena de la Construcción se realiza hasta el 22 de octubre en Espacio Riesco.

SANTIAGO, Chile, 20 de octubre de 2026. Expo Edifica 2026 abrió sus puertas con una ceremonia inaugural que reunió a autoridades del sector público y privado. El encuentro, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), se desarrollará hasta el 22 de octubre en Espacio Riesco.

En la apertura participaron  Ximena Rincón, ministra de Energía,  Iván Poduje ministro de Vivienda y Urbanismo,  Raimundo Rencoret presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y  Ricardo Bifani, presidente de Edifica. Coincidieron en la necesidad de fortalecer la colaboración entre actores públicos y privados para responder a los cambios que enfrenta el mercado de la construcción.

Durante tres jornadas, la feria reunirá a 700 empresas y profesionales que presentarán soluciones tecnológicas, avances en industrialización y buenas prácticas en productividad y desarrollo sostenible.

Programa

  • Exhibición de nuevas tecnologías y soluciones constructivas
  • Paneles sobre los desafíos de la construcción en Chile y la región
  • Espacios de networking entre empresas y profesionales

    Durante la inauguración, el presidente de la CChC, Raimundo Rencoret, comentó que en el complejo escenario económico y el momento que está atravesando el sector, Edifica es una decisión del gremio y las empresas para apoyar la reactivación.

    «Al organizar esta feria y participar en ella, ponemos nuestra confianza en Chile y abrimos un espacio para los encuentros, los negocios y los proyectos que puedan impulsar la su recuperación. Nuestra aspiración es que Edifica 2026 sea el punto de partida de una reactivación sostenida de la construcción y del país. Que las conversaciones de estos días se transformen en decisiones de inversión, y que las soluciones que aquí se presentan lleguen a las obras y generen el empleo y el bienestar«, señaló.

Información para asistentes

Acreditaciones y entradas disponibles en https://edifica.cl/compra-tu-ticket/.

Horarios: 10 a 6pm

Sobre ExpoEdifica

ExpoEdifica es el encuentro internacional de la construcción organizado por la CChC. Funciona como plataforma de soluciones constructivas, innovación y transferencia tecnológica para la cadena de valor de la edificación y las obras civiles.

Bienes Nacionales refuerza monitoreo territorial ante Alerta Roja por riesgo de aluviones en 10 comunas de la Región Metropolitana

El Ministerio, a través de IDE Chile, mantiene operativo y actualizado un visor de emergencia que reúne información sobre zonas bajo alerta, precipitaciones, establecimientos de salud, unidades policiales y contactos de emergencia, contribuyendo a la prevención y a la toma de decisiones de las autoridades y la ciudadanía.
Santiago, 20 de octubre de 2026. Ante la Alerta Roja declarada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) por amenaza de remoción en masa en 10 comunas de la Región Metropolitana, el Ministerio de Bienes Nacionales, a través de la Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile (IDE Chile), reforzó la actualización de su Visor de Emergencia, una herramienta que permite acceder a información territorial clave para el seguimiento de las condiciones de riesgo.
La medida responde a la alerta que afecta a las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina, donde, de acuerdo con el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), existe una alta posibilidad de aluviones, deslizamientos de tierra y caídas de rocas en sectores precordilleranos.
A través de esta plataforma, el Ministerio pone a disposición información geoespacial que permite identificar las comunas bajo alerta, visualizar las precipitaciones acumuladas durante las últimas tres horas, mediante datos del modelo meteorológico GFS/NCEP, y conocer la ubicación de establecimientos de salud y cuarteles de Carabineros.
Asimismo, el visor incorpora teléfonos de emergencia de ambulancias, Bomberos, Carabineros y servicios básicos, facilitando el acceso a información relevante para la ciudadanía frente a eventuales situaciones de riesgo.
La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, destacó la importancia de contar con herramientas tecnológicas que contribuyan a enfrentar oportunamente las emergencias. “En situaciones de emergencia, contar con información clara, confiable y oportuna puede marcar una diferencia. Como Ministerio de Bienes Nacionales estamos poniendo la tecnología y la información territorial al servicio de las personas, para apoyar la prevención, facilitar la coordinación entre las instituciones y contribuir a proteger a las familias que viven en zonas de riesgo. Nuestro compromiso es que la información del territorio sea una herramienta concreta para la seguridad de los chilenos”, señaló la ministra.
Actualización permanente y coordinación interinstitucional
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial (SNIT) continúa trabajando junto a SENAPRED y los organismos técnicos competentes para fortalecer la información disponible en la plataforma.
Entre las próximas actualizaciones se contempla incorporar antecedentes sobre puntos críticos asociados a precipitaciones, el Catastro de Remociones en Masa 2026 de SERNAGEOMIN y la ubicación de albergues habilitados en las comunas afectadas, conforme a la información oficial que proporcionen las instituciones responsables.
Estas acciones buscan fortalecer el seguimiento de las amenazas, facilitar la coordinación interinstitucional y contribuir a una respuesta más informada frente a situaciones de emergencia.
Desde el Ministerio de Bienes Nacionales reiteraron que el visor se mantendrá en permanente actualización, reafirmando el compromiso institucional de poner la información geoespacial al servicio de la prevención, la seguridad de las personas y la gestión de emergencias en el país.
Revisa el Visor de Emergencia de IDE Chile:

Siete empresas impulsan obra vial para 28.000 personas en Antioquia

Grupo Argos, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y otras cinco compañías iniciaron una nueva intervención vial en el municipio de Nechí, en el departamento de Antioquia, Colombia. El proyecto contempla el mejoramiento de 5,4 kilómetros de carretera y beneficiará a cerca de 28.000 habitantes del Bajo Cauca, mediante una inversión articulada a través del mecanismo de Obras por Impuestos.

El acto de primera piedra se realizó el 19 de octubre de 2026 y marca el inicio de la segunda etapa del mejoramiento de la vía Campo Alegre (Ruta 25-Caucasia)–Nechí. La intervención busca fortalecer la conectividad de las comunidades rurales, facilitar el transporte de pasajeros y mercancías, y mejorar las condiciones de movilidad en una zona donde la infraestructura vial es clave para el desarrollo económico local.

Siete empresas financiarán la intervención

La iniciativa reúne a Productora de Alimentos Concentrados para Animales Contegral, Alimentos Finca, Mineros Aluvial, EPM, Inversiones Pinamar, Grupo Argos y Logitrans. Las compañías aportarán recursos mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, que permite destinar obligaciones tributarias a proyectos de inversión pública autorizados en territorios priorizados.

La articulación entre el sector privado y las entidades territoriales busca acelerar el desarrollo de infraestructura en zonas que requieren mejores condiciones de conectividad. En el caso de Nechí, la carretera constituye un corredor relevante para los desplazamientos cotidianos y el traslado de productos hacia otros municipios.

Carlos Mario Gómez, gerente de Reconstrucción y Obras por Impuestos de Grupo Argos, destacó que la intervención busca conectar a las comunidades y ampliar las oportunidades económicas y sociales de la región. Por su parte, Santiago Cardona Múnera, vicepresidente de Mineros para Colombia, señaló que la participación de la compañía forma parte de sus iniciativas para contribuir al desarrollo de infraestructura y al bienestar de las poblaciones del Bajo Cauca.

Mejor conectividad para el transporte y los servicios

El mejoramiento de la vía Campo Alegre–Nechí apunta a facilitar el acceso de los habitantes a servicios esenciales, entre ellos educación, salud y empleo. También busca mejorar las condiciones para que los productores locales movilicen sus mercancías de manera más eficiente y puedan acceder a nuevos mercados.

La calidad de las carreteras rurales influye directamente en los tiempos y costos de transporte, así como en la conexión entre los centros poblados y las principales rutas regionales. Por ello, la intervención forma parte de los esfuerzos para fortalecer la infraestructura que sostiene la actividad productiva y la integración territorial en Antioquia.

La ejecución del proyecto mediante Obras por Impuestos permite coordinar recursos empresariales con prioridades de inversión pública, con el objetivo de concretar obras que respondan a necesidades identificadas en los territorios.

Grupo Argos y EPM amplían su participación en infraestructura

El proyecto se suma a otras iniciativas desarrolladas mediante este mecanismo en Colombia. Según Grupo Argos, la compañía ha movilizado cerca de $800.000 millones de pesos colombianos en casi 50 proyectos relacionados con infraestructura vial, educación y saneamiento de agua, beneficiando a más de 600.000 personas en comunidades rurales.

EPM, por su parte, informó que ha aportado más de $126.000 millones a cerca de 23 iniciativas de Obras por Impuestos, que han beneficiado a más de 292.000 personas. Estas inversiones reflejan la participación de las empresas en proyectos de infraestructura y servicios destinados a mejorar las condiciones de vida en diferentes regiones del país.

Con el inicio de las obras en Nechí, las siete compañías buscan contribuir al fortalecimiento de la conectividad del Bajo Cauca antioqueño. El impacto final dependerá de la ejecución de los trabajos y de la capacidad de la nueva infraestructura para mejorar los desplazamientos y dinamizar la actividad económica local.

Nueva Calle 13 de Bogotá alcanza 50 % de avance

La construcción de la nueva intersección de la Calle 13, en Bogotá, registra cerca del 50 % de avance y supera los $506.600 millones de pesos colombianos en inversión. La megaobra, ubicada en el sector de Puente Aranda, busca mejorar la movilidad mediante una infraestructura de tres niveles que permitirá organizar los desplazamientos de vehículos particulares y del sistema de transporte público TransMilenio.

Carlos Mauricio Arango, gerente de infraestructura de Conconcreto, explicó que los trabajos avanzan en siete frentes de obra, con las pilas que soportarán los puentes ya levantadas. El proyecto se desarrolla en un corredor de alta circulación vehicular, por lo que las actividades constructivas deben coordinarse con los cambios progresivos en el tránsito para mantener la movilidad mientras se ejecutan las nuevas estructuras.

Tres niveles para reorganizar el tráfico

El proyecto contempla tres niveles diseñados para distribuir los flujos vehiculares y facilitar la conexión entre la avenida Las Américas, la Calle 13 y las vías aledañas.

El tercer nivel estará compuesto por dos puentes principales para tráfico mixto, cada uno con tres carriles y una longitud aproximada de 700 metros. Estas estructuras permitirán conectar ambos sentidos de la avenida Las Américas. Según el cronograma informado por Conconcreto, este componente registra un avance del 67 % y se prevé que esté terminado durante el primer trimestre de 2027.

El segundo nivel estará destinado a TransMilenio e incluirá una glorieta exclusiva para los buses, con sus respectivos accesos y salidas. Esta infraestructura supera el 50 % de avance y tiene prevista su entrada en servicio durante el segundo semestre de 2027.

Por su parte, el primer nivel contará con una glorieta para distribuir el tráfico mixto hacia las diferentes vías del sector. Su finalización está programada para el primer semestre de 2028, cuando se espera completar la intervención integral de esta intersección.

Cimentaciones y trabajo continuo impulsan la obra

Uno de los principales desafíos ha sido ejecutar la construcción sin cerrar completamente la circulación en una zona urbana estratégica. Para ello, los equipos trasladan progresivamente el tráfico de un sector a otro, habilitando espacios para construir nuevas vías y estructuras mientras se mantiene operativo el corredor.

La obra cuenta con alrededor de 1.000 trabajadores distribuidos en diferentes actividades y turnos. Según el gerente de infraestructura de Conconcreto, las labores se desarrollan durante las 24 horas en las zonas intervenidas, con el objetivo de avanzar de acuerdo con el cronograma establecido.

Antes de que las nuevas estructuras comenzaran a ser visibles, los equipos realizaron trabajos de cimentación entre noviembre y marzo. Esta etapa incluyó la instalación de aproximadamente 1.080 micropilotes, algunos con profundidades de hasta 30 metros, que sirven como soporte para las estructuras de los puentes.

Estas labores subterráneas fueron fundamentales para permitir el levantamiento de las pilas y el desarrollo de los elementos estructurales que actualmente conforman la intersección.

Inversión supera los $506.600 millones

La megaobra contempla una inversión superior a los $506.600 millones e incluye, además de los puentes y las glorietas, infraestructura complementaria para mejorar la circulación de los distintos usuarios de la vía.

Entre las intervenciones previstas figuran pasos semideprimidos, espacios peatonales y ciclorrutas, elementos que buscan mejorar la conectividad y facilitar desplazamientos más seguros en el entorno de Puente Aranda.

La construcción de esta intersección forma parte de las intervenciones destinadas a transformar uno de los corredores viales relevantes de la capital colombiana. Su diseño por niveles permitirá separar movimientos vehiculares y organizar las conexiones entre las principales vías del sector.

Entregas se realizarán por etapas hasta 2028

El cronograma contempla la terminación del tercer nivel durante el primer trimestre de 2027, mientras que la glorieta exclusiva para TransMilenio se proyecta para el segundo semestre de ese año. La finalización del primer nivel está prevista para el primer semestre de 2028.

La habilitación progresiva de estas estructuras permitirá poner en funcionamiento componentes de la obra antes de completar toda la intervención. No obstante, las fechas corresponden al cronograma anunciado y están sujetas al desarrollo de los trabajos.

Con un avance cercano a la mitad, la nueva Calle 13 continúa su proceso constructivo con el objetivo de mejorar la capacidad de circulación y la conexión entre corredores estratégicos de Bogotá. La culminación del proyecto será clave para evaluar sus efectos sobre los tiempos de desplazamiento y la organización del tráfico en este sector de la ciudad.

Megacárcel de Medellín alcanza 47 % de avance

La construcción de la Cárcel Metropolitana de Medellín para Sindicados registra un avance del 47 % y contempla una inversión superior a los $675.000 millones de pesos colombianos. El proyecto, ubicado en la vereda Pedregal Alto del corregimiento de San Cristóbal, busca ampliar la infraestructura de detención preventiva y reducir el hacinamiento en estaciones de Policía y otros espacios transitorios de reclusión.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó sobre el progreso de las obras durante una visita de seguimiento realizada el 19 de octubre de 2026. Según el balance de la administración distrital, la construcción genera actualmente 563 empleos directos, de los cuales 184 corresponden a habitantes de la zona. La iniciativa se desarrolla mediante un esquema de Asociación Público-Privada (APP), que integra la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura.

Infraestructura tendrá capacidad para 1.339 personas

El complejo penitenciario contará con seis pabellones y una capacidad total para 1.339 personas sindicadas, es decir, que permanecen privadas de la libertad mientras avanzan sus procesos judiciales y todavía no cuentan con una condena definitiva.

Cinco pabellones tendrán capacidad para 240 personas cada uno, mientras que el sexto albergará a 139 internos e incluirá una Unidad de Tratamiento Especial. El diseño también contempla espacios adaptados para personas con discapacidad y áreas destinadas a servicios de salud, educación, formación, atención jurídica y visitas familiares.

En paralelo, se ejecutan obras para habilitar las instalaciones administrativas, las redes internas, las áreas de servicios y los espacios necesarios para el funcionamiento del establecimiento. La infraestructura busca ofrecer condiciones de reclusión adecuadas y fortalecer la capacidad institucional para atender a la población detenida preventivamente.

Sistemas tecnológicos reforzarán la seguridad

El proyecto incorpora medidas de seguridad orientadas a controlar las comunicaciones y mejorar la vigilancia dentro del establecimiento. Entre ellas figuran inhibidores de señal celular, garitas de vigilancia, controles de acceso y un centro de monitoreo permanente.

Asimismo, las celdas no contarán con tomacorrientes, de acuerdo con las características de seguridad anunciadas para el complejo. Estas medidas buscan limitar el ingreso y uso de dispositivos móviles que puedan facilitar actividades ilícitas desde el interior del centro de detención.

La administración distrital también prevé vigilancia privada especializada para las instalaciones, bajo procedimientos destinados a reforzar la custodia y el control operativo.

Inversión mediante una asociación público-privada

La construcción se ejecuta bajo un modelo de concesión de 15 años, que contempla tres años para desarrollar la infraestructura y 12 años de operación. Al finalizar el periodo contractual, la infraestructura pasará a ser propiedad del Distrito de Medellín, según las condiciones del proyecto.

La participación privada permite financiar y desarrollar la obra, mientras que las entidades distritales mantienen labores de seguimiento y supervisión mediante la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas (Agencia APP) y la Secretaría de Seguridad y Convivencia.

El proyecto constituye una apuesta de infraestructura pública vinculada con la seguridad, la administración de justicia y la atención de personas sindicadas. Su ejecución también genera actividad económica y puestos de trabajo en los sectores cercanos a la construcción.

Terminación está prevista para mayo de 2027

De acuerdo con el cronograma comunicado por la Alcaldía, se espera que las obras concluyan en mayo de 2027. Posteriormente, se realizaría un periodo de alistamiento técnico y pruebas de seguridad antes del ingreso de los primeros internos.

La administración proyecta que el centro pueda recibir alrededor de 1.200 personas hacia finales de julio de 2027. Su puesta en funcionamiento busca reducir la presión sobre las estaciones de Policía, mejorar las condiciones de detención preventiva y permitir que más efectivos policiales se concentren en labores de seguridad ciudadana.

El avance de la megacárcel representa un hito en el desarrollo de infraestructura penitenciaria en Medellín. Sin embargo, su impacto sobre el hacinamiento dependerá de la culminación de las obras, la entrada en operación del establecimiento y la coordinación entre las autoridades locales y nacionales responsables del sistema de reclusión.

Crisis de gas amenaza la producción industrial en Colombia

La decisión de Ecopetrol de declarar desiertos los procesos de contratación de gas natural importado para los proyectos de regasificación del Pacífico y Puerto Bahía, en Cartagena, incrementa la incertidumbre sobre el abastecimiento energético de Colombia y enciende las alertas en el sector industrial. La compañía tomó esta decisión debido a que los precios ofertados no resultaban económicamente viables para atender la demanda del mercado local, pese a que los contratos contemplaban compromisos de suministro por cinco años.

El panorama se complica por la disminución de la producción nacional de gas y las perspectivas del fenómeno de El Niño, que podrían reducir la disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica y aumentar la necesidad de recurrir a centrales térmicas. Estas plantas requieren gas natural para operar, lo que podría intensificar la competencia por el suministro entre la generación eléctrica y los demás sectores productivos.

Industria asumiría el impacto de la escasez

De acuerdo con las proyecciones citadas por Valora Analitik, el déficit de gas podría alcanzar el 3,1 % de la demanda incluso con la entrada en funcionamiento de los dos nuevos proyectos de regasificación. Sin estas infraestructuras, el faltante podría superar el 10 %, según estimaciones del académico de la Universidad de los Andes, Sergio Cabrales.

En un escenario de escasez, los usuarios residenciales y otros consumidores considerados esenciales tienen prioridad en el abastecimiento. Por ello, las restricciones recaerían principalmente sobre los usuarios industriales del mercado no regulado, que podrían enfrentar reducciones en los volúmenes contratados, mayores costos operativos e interrupciones de sus procesos productivos.

El caso de Cerro Matoso refleja los riesgos para las actividades que dependen intensivamente del gas natural. La empresa minera había informado sobre la suspensión temporal de una de sus dos líneas de producción debido a problemas en el suministro, lo que redujo su capacidad operativa aproximadamente a la mitad. Una situación similar en otras compañías podría afectar la producción, el empleo y la continuidad de distintas actividades manufactureras y minero-industriales.

Proyectos de importación enfrentan retrasos e incertidumbre

Los proyectos de regasificación del Pacífico y Puerto Bahía buscan ampliar la capacidad de Colombia para importar gas natural licuado y complementar la oferta nacional. Sin embargo, la falta de contratos de suministro introduce incertidumbre sobre la disponibilidad efectiva del combustible, incluso si la infraestructura queda habilitada.

Según la información publicada, el proyecto del Pacífico, cuya infraestructura pertenece a Puertos, Inversiones y Obras S.A.S. (PIO), tenía prevista su entrada en operación para noviembre de 2026. Por su parte, Puerto Bahía, cuya infraestructura pertenece a Frontera Energy, proyectaba estar listo durante el primer trimestre de 2027.

La diferencia entre disponer de instalaciones para recibir y procesar gas y contar con contratos para adquirirlo resulta fundamental. Sin acuerdos comerciales que garanticen los volúmenes requeridos, las nuevas terminales no necesariamente podrán aportar el suministro esperado al sistema energético colombiano.

Cartagena mantiene un papel estratégico

Ante la incertidumbre sobre los nuevos proyectos, la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), ubicada en Cartagena, mantiene una posición central en el abastecimiento de gas importado. De acuerdo con Julio César Vera, presidente de XUA Energy, esta infraestructura podría alcanzar una capacidad de aproximadamente 533 millones de pies cúbicos diarios hacia finales de 2026, incorporando volúmenes adicionales.

El especialista advirtió que la postergación de las nuevas alternativas de importación refuerza la dependencia de Colombia respecto de la terminal existente, al menos hasta que entren en operación otros proyectos de suministro, incluido el desarrollo gasífero costa afuera Sirius, en el mar Caribe.

Esta concentración de la capacidad de importación representa un desafío para la seguridad energética, especialmente si se presentan contingencias operativas o aumentos de la demanda asociados con la generación térmica. Por ello, los expertos consideran importante garantizar la disponibilidad de la infraestructura existente y avanzar en la diversificación de las fuentes de abastecimiento.

Ecopetrol deberá buscar nuevas ofertas de suministro

La prioridad inmediata será identificar alternativas comerciales que permitan asegurar la llegada del gas importado en condiciones viables para el mercado colombiano. Felipe Bernal, integrante del Centro de Política Energética de la Universidad de Columbia, señaló que será necesario revisar los procesos de contratación y evaluar las condiciones del mercado internacional para evitar nuevos resultados desiertos.

La búsqueda de gas en el mercado de corto plazo podría ser una opción, aunque estaría sujeta a la disponibilidad de cargamentos y a las condiciones de precios internacionales. La evolución del conflicto en Medio Oriente y la guerra en Ucrania también forman parte del contexto que puede influir en la oferta y el costo del gas natural licuado.

Paralelamente, los sectores industriales podrían evaluar alternativas como el gas licuado de petróleo (GLP), otros combustibles para procesos térmicos y, cuando sea técnica y ambientalmente viable, otras fuentes energéticas.

La evolución de las contrataciones y la puesta en marcha de nuevas infraestructuras serán determinantes para reducir el riesgo de restricciones. Mientras tanto, la crisis evidencia los desafíos que enfrenta Colombia para garantizar un suministro suficiente y competitivo de gas natural para los hogares, la generación eléctrica y el aparato productivo.

El Niño alcanza nivel muy fuerte y amenaza a Colombia hasta 2027

El fenómeno de El Niño continúa intensificándose en el océano Pacífico ecuatorial y ya alcanza una categoría de intensidad muy fuerte, según las proyecciones de la Universidad de Columbia citadas por Valora Analitik. Las anomalías de temperatura en la zona central y oriental del Pacífico ecuatorial superaron los 3 °C durante cinco semanas consecutivas, una persistencia que mantiene la atención de los especialistas por sus posibles efectos sobre las lluvias, las temperaturas y la disponibilidad de agua.

Las proyecciones apuntan a que las altas temperaturas y la reducción de las precipitaciones podrían prolongarse hasta mayo de 2027, mientras que las lluvias comenzarían a recuperarse gradualmente entre abril y junio de ese año. El comportamiento del fenómeno dependerá de su evolución durante los próximos meses, así como de la intensidad y duración de las anomalías oceánicas y atmosféricas.

Agricultura colombiana, entre los sectores más vulnerables

Uno de los principales riesgos se concentra en la producción agropecuaria. Según la información recogida por Valora Analitik, el 72 % de la agricultura colombiana depende del agua de lluvia, lo que incrementa su exposición ante periodos prolongados de déficit hídrico.

Una disminución de las precipitaciones podría reducir las áreas de cultivo, afectar los rendimientos y provocar pérdidas de cosechas. Entre los productos que podrían enfrentar mayores impactos figuran el plátano, la yuca, la caña de azúcar, la papa y el arroz, debido a su relevancia dentro de las áreas sembradas del país.

La ganadería también podría experimentar dificultades por la menor disponibilidad de agua y alimentos para los animales. Entre los riesgos señalados se encuentran la reducción de la producción de leche y el aumento de la mortalidad del ganado por desnutrición y falta de agua. Asimismo, los cambios en los niveles de los ríos y el deterioro de los ecosistemas podrían repercutir en la actividad pesquera.

El sector energético enfrenta presión por los embalses

El sistema eléctrico colombiano también se encuentra expuesto a los efectos del fenómeno climático. Las temperaturas elevadas y la disminución de las lluvias pueden reducir los niveles de los embalses, limitando la capacidad de generación de las centrales hidroeléctricas, que tienen un papel relevante en el abastecimiento eléctrico nacional.

Ante una menor disponibilidad de generación hidráulica, el sistema podría requerir una mayor participación de las centrales térmicas para cubrir la demanda. Sin embargo, esta alternativa plantea desafíos adicionales debido a la necesidad de contar con suficiente gas natural para operar.

La dependencia de las importaciones de gas para complementar el abastecimiento nacional constituye un factor de vulnerabilidad, ya que una mayor demanda de generación térmica podría elevar la presión sobre el suministro y los costos del sistema energético.

Inflación y crecimiento económico, entre los riesgos

Los efectos de El Niño podrían extenderse más allá de los sectores productivos y alcanzar el comportamiento de la economía colombiana. Una menor oferta de alimentos, combinada con mayores costos de producción y transporte, podría generar presiones sobre los precios al consumidor.

El impacto sobre el crecimiento económico dependerá de la magnitud de las pérdidas agropecuarias, la evolución del sistema eléctrico y la capacidad de respuesta de las autoridades y los sectores productivos. En este contexto, la duración del fenómeno será un factor determinante para dimensionar sus consecuencias.

Las proyecciones mantienen la atención sobre la necesidad de fortalecer la gestión del agua, la planificación agrícola y la preparación del sistema energético frente a escenarios de temperaturas extremas y precipitaciones por debajo de lo habitual. La evolución de El Niño durante los próximos meses será clave para establecer el alcance de sus efectos en Colombia.

Comunidades energéticas permitirían ahorrar hasta 35 % en electricidad

Las comunidades energéticas se posicionan como una alternativa para que hogares y empresas en Colombia reduzcan sus costos de electricidad y avancen hacia una mayor independencia energética, especialmente ante los desafíos que podría generar el fenómeno de El Niño sobre el sistema eléctrico. Este modelo permite que varios usuarios se organicen para generar, compartir y aprovechar energía renovable, principalmente mediante instalaciones solares.

De acuerdo con estimaciones y modelos desarrollados por Erco Energía, este mecanismo podría generar ahorros de entre 20 % y 35 % en la factura total de energía. El resultado depende de factores como las tarifas vigentes, la capacidad de generación de la planta solar, el porcentaje del consumo que puede cubrir y la duración del contrato establecido.

Una planta solar para abastecer varios establecimientos

Un caso presentado por Erco Energía muestra el potencial de esta modalidad para el sector empresarial. Una cadena comercial con 30 locales, ubicados en una misma área metropolitana y atendidos por el mismo operador de red, registra un consumo aproximado de 194.000 kWh mensuales y una factura cercana a los $187 millones colombianos.

Bajo el modelo de comunidad energética, estos establecimientos podrían compartir la producción de una planta solar de 990 kW, capaz de generar alrededor de 160.000 kWh al mes. Esta cantidad equivaldría aproximadamente al 83 % de la demanda energética conjunta de los locales, mientras que el consumo restante seguiría cubriéndose mediante la red eléctrica convencional.

Según las proyecciones de la empresa, la factura mensual podría disminuir de $187 millones a cerca de $133 millones con un contrato de cinco años, lo que representaría un ahorro aproximado de $53 millones mensuales, equivalente al 29 %. Con contratos de diez y quince años, los ahorros estimados alcanzarían el 32 % y el 35 %, respectivamente.

Estas cifras corresponden a un escenario modelado y no constituyen un ahorro garantizado para todos los usuarios. Los resultados pueden variar según las condiciones técnicas, económicas y contractuales de cada proyecto.

Marco regulatorio respalda las comunidades energéticas

En Colombia, esta figura cuenta con un marco normativo que comenzó a consolidarse con la Ley 2294 de 2023 y el Decreto 2236 del mismo año. Este último reglamentó los esquemas de Autogeneración Colectiva (AGRC) y Generación Distribuida Colectiva (GDC), que permiten desarrollar proyectos de generación y aprovechamiento compartido de energía.

Posteriormente, la Resolución UPME 501 de 2024 estableció disposiciones relacionadas con las condiciones técnicas y operativas para estos esquemas.

Felipe Basto, responsable del desarrollo e implementación de comunidades energéticas en Erco Energía, señaló que, según datos de XM citados en la publicación, a 2026 existían 14 comunidades energéticas registradas en el país. La compañía considera que esta modalidad representa una oportunidad para reducir gastos, mejorar la previsibilidad de los costos energéticos e incorporar fuentes renovables en las operaciones empresariales.

Dos modelos para implementar proyectos energéticos

Las comunidades energéticas pueden desarrollarse mediante distintas modalidades de contratación. Una de ellas es el modelo de acuerdo de compra de energía (PPA), en el que una empresa especializada financia, construye, opera y mantiene la planta solar. Bajo este esquema, los usuarios pueden acceder a los beneficios económicos de la generación sin asumir directamente la inversión inicial, de acuerdo con las condiciones pactadas.

La segunda alternativa es el modelo EPC, que comprende la ingeniería, adquisición y construcción del proyecto. En este caso, el usuario financia la instalación y contrata a una empresa especializada para diseñar, construir y operar el sistema, según el alcance acordado.

La elección entre ambas opciones depende de la capacidad de inversión, las necesidades de consumo y los objetivos financieros de cada organización. En ambos casos, la evaluación previa de la demanda energética y de la viabilidad técnica resulta fundamental para determinar el ahorro potencial.

Ante la perspectiva de mayores presiones sobre el sistema eléctrico, las comunidades energéticas ofrecen una vía para ampliar el uso de fuentes renovables y optimizar el gasto en electricidad. Su expansión dependerá de la viabilidad de los proyectos, las condiciones regulatorias y la capacidad de empresas y usuarios para organizarse en torno a soluciones de generación compartida.

WIM México cumple diez años impulsando el liderazgo femenino

La organización Mujeres en Minería (WIM México) conmemoró su décimo aniversario con una ceremonia realizada en el auditorio del Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi), donde reafirmó su compromiso con la inclusión, la equidad de género y el desarrollo profesional de las mujeres en la industria minera mexicana. El encuentro reunió a representantes de empresas, organismos públicos, asociaciones profesionales, fundadoras e integrantes de la organización para reconocer los avances alcanzados y analizar los desafíos que enfrenta el sector.

La celebración fue encabezada por Marisol Barragán Mendoza, presidenta de WIM México, quien planteó la necesidad de fortalecer el trabajo de la organización durante la próxima década. La dirigente destacó la importancia de avanzar hacia una minería ética, tecnológica y de vanguardia, en la que las mujeres cuenten con mayores oportunidades de participación, formación y acceso a posiciones de liderazgo. La organización surgió en 2016 con el propósito de ampliar los espacios profesionales para las mujeres en la actividad minera.

Paneles abordaron los retos de la minería mexicana

Como parte de la conmemoración, se desarrollaron paneles de discusión centrados en la inclusión, la evolución tecnológica y el fortalecimiento de las cadenas de valor nacionales. Uno de ellos, titulado La Nueva Era de la Minería: Inclusión, conocimiento y evolución, reunió a Gertrudis Mercado, directora general del Fifomi; Karen Flores Arredondo, directora general de la Cámara Minera de México (CAMIMEX); y Raúl García Reimbert, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).

Durante las conversaciones se abordaron temas relacionados con la transformación tecnológica de la industria, la capacitación de los profesionales y la necesidad de desarrollar nuevos modelos operativos. Estos aspectos fueron vinculados con la importancia de promover espacios laborales más inclusivos y ampliar las oportunidades para que las mujeres participen en los cambios que experimenta el sector.

Otro panel estuvo dedicado a la soberanía tecnológica y las cadenas de valor, con especial atención al desarrollo de proveedores técnicos mexicanos. En este espacio participaron representantes del Servicio Geológico Mexicano, la AIMMGM, la Cámara de Comercio de Canadá en México (CANCHAM), Grupo Sinda y el Gobierno de Hidalgo, quienes analizaron los desafíos y las oportunidades para fortalecer las capacidades nacionales vinculadas con la actividad minera.

Reconocen a fundadoras y referentes de WIM México

Uno de los momentos centrales del evento fue el reconocimiento a las fundadoras de WIM México: Eurídice González, Doris Vega, Karen Flores, Mónica Salguero, Diana Ávila, Dulce López y Eva Madrigal. La organización destacó sus contribuciones para establecer las bases de una iniciativa orientada a ampliar la participación de las mujeres y fortalecer sus redes profesionales dentro de la industria.

Asimismo, se rindió homenaje a Anita González, segunda presidenta de la asociación, por su trayectoria y sus aportes al fortalecimiento institucional y a la visibilidad del liderazgo femenino en la minería.

La conmemoración permitió reconocer el trabajo realizado durante una década y poner en perspectiva los desafíos pendientes para consolidar una mayor participación de las mujeres en las distintas áreas de la industria, desde las especialidades técnicas y científicas hasta los puestos de dirección y toma de decisiones.

Mentoría, formación técnica y nuevas iniciativas

De cara a los próximos años, WIM México anunció que continuará desarrollando programas de mentoría, formación técnica y acompañamiento psicoemocional para sus integrantes. También destacó la cuarta edición del Sello WIM, una iniciativa que promueve buenas prácticas de inclusión laboral y que, según lo informado durante el evento, cuenta con 23 centros de trabajo inscritos.

Otra de las iniciativas presentadas fue Voces WIM, un podcast quincenal destinado a difundir las experiencias y testimonios de las mujeres que forman parte de la industria minera en México. La propuesta busca dar visibilidad a sus trayectorias profesionales y contribuir a que nuevas generaciones conozcan las oportunidades y los retos asociados con el sector.

Con diez años de trayectoria, WIM México plantea una nueva etapa enfocada en fortalecer las redes profesionales, impulsar el desarrollo de capacidades y promover condiciones laborales más equitativas. La organización busca que la inclusión y el liderazgo femenino formen parte de la transformación tecnológica, productiva y social de la minería mexicana.

Oro cae a US$4.160 por fortaleza del dólar

El precio internacional del oro cerró con pérdidas el lunes 19 de octubre en el mercado de futuros de Nueva York, presionado por el fortalecimiento del dólar estadounidense y los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro. El retroceso llevó al metal precioso a niveles mínimos de dos semanas, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

En el Commodity Exchange (Comex), el contrato más activo del oro cayó un 0,5%, hasta cerrar en US$4.160,60 por onza. La cotización continúa bajo presión ante las expectativas de que las tasas de interés en Estados Unidos permanezcan elevadas durante más tiempo, lo que reduce el atractivo del metal frente a otros activos financieros.

Expectativas de tasas presionan al mercado

Los inversionistas mantienen la atención en la próxima reunión de la Reserva Federal, prevista para la semana siguiente, en busca de señales sobre la evolución de las tasas de interés. Si bien el mercado anticipa que el banco central mantendrá los tipos sin cambios en el corto plazo, las proyecciones apuntan a una posible subida en diciembre.

Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores estiman una probabilidad cercana al 90% de un incremento de tasas en diciembre. Estas expectativas contribuyen a sostener la fortaleza del dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro, dos factores que suelen limitar el desempeño del oro.

A diferencia de los instrumentos financieros que generan intereses, el oro no ofrece rendimientos periódicos. Por ello, cuando las tasas se mantienen altas, aumenta el costo de oportunidad de conservar posiciones en este metal, lo que puede incentivar a los inversionistas a trasladar capital hacia activos que ofrecen retornos financieros.

El oro acumula pérdidas durante 2026

La presión sobre la cotización se ha intensificado durante las últimas semanas. El 24 de agosto, el oro superó los US$4.700 por onza por primera vez desde mayo; sin embargo, desde ese máximo ha retrocedido alrededor de un 12%, con una pérdida superior a los US$500 en su trayectoria reciente.

El descenso también se refleja en el balance anual. Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, a finales de febrero, cuando el precio alcanzó aproximadamente los US$5.230 por onza, el metal acumula una caída cercana al 20%. En lo que va de 2026, registra un retroceso del 5,5%, mientras que su variación interanual se sitúa en terreno negativo, con una disminución del 1,5%.

Este comportamiento contrasta con el desempeño registrado durante los dos primeros meses del año, cuando el oro llegó a mostrar ganancias interanuales de hasta el 40%.

Perspectivas sujetas a la política monetaria

La evolución del dólar, los rendimientos de los bonos estadounidenses y las decisiones de la Reserva Federal serán determinantes para el comportamiento del oro en las próximas sesiones. Una política monetaria más restrictiva podría mantener la presión sobre los metales preciosos, mientras que cambios en las expectativas de tasas podrían modificar el apetito de los inversionistas por este activo.

En este escenario, el mercado del oro continúa condicionado por las perspectivas económicas y monetarias de Estados Unidos, además de los acontecimientos geopolíticos que influyen en la demanda de activos considerados refugio.