Minsur prevé iniciar operaciones de Justa Subterránea en 2028

Minsur avanza en el desarrollo de Justa Subterránea, proyecto que busca ampliar la explotación de cobre en la operación Mina Justa, ubicada en Marcona, región Ica. La iniciativa tiene previsto iniciar operaciones en 2028 y permitirá acceder a recursos minerales situados debajo del actual tajo abierto, con el objetivo de extender la vida útil de la unidad minera y contribuir a mantener su producción de cobre.

El proyecto cobra relevancia ante las perspectivas de crecimiento de la demanda mundial de este metal, impulsada por la electrificación, la expansión de las redes eléctricas y el desarrollo de nuevas tecnologías. En este escenario, el ingreso de nueva capacidad productiva será importante para atender las necesidades del mercado y reducir las presiones derivadas de una eventual brecha entre oferta y demanda.

Una nueva etapa para Mina Justa

Justa Subterránea representa una ampliación de la operación existente, en lugar de un desarrollo minero completamente nuevo. Su propósito es explotar recursos que no resultan económicamente viables mediante el método de extracción a cielo abierto utilizado actualmente en Mina Justa.

Para acceder a estos recursos, el proyecto contempla labores subterráneas y el desarrollo de infraestructura que permita extraer y procesar el mineral. Esta estrategia aprovecha parte de las instalaciones y la experiencia operativa existentes, aunque requiere inversiones adicionales y soluciones técnicas adaptadas a las características de los depósitos de sulfuros.

La iniciativa forma parte de la estrategia de Minsur para fortalecer su presencia en el negocio del cobre y diversificar su cartera, históricamente vinculada a la producción de estaño. La compañía participa en el desarrollo a través de Marcobre, empresa operadora de Mina Justa, en alianza con Empresas Copec, mediante su filial Alxar International.

Inversión y avances del proyecto

La inversión estimada para Mina Justa Subterránea se sitúa en torno a los US$ 500 millones, según información difundida anteriormente por Empresas Copec. El desarrollo contempla el acceso al yacimiento mediante rampas y la incorporación de infraestructura necesaria para explotar los recursos ubicados en profundidad.

En las etapas previas se realizaron trabajos de evaluación técnica, perforaciones y pruebas metalúrgicas, además de avances en los estudios requeridos para definir la configuración del proyecto. Estas actividades permiten precisar las características del yacimiento y establecer las condiciones para su desarrollo.

La ejecución de esta nueva etapa permitirá aprovechar recursos adicionales de la operación, con la expectativa de dar mayor estabilidad a la producción durante los próximos años. No obstante, el cumplimiento del cronograma dependerá del avance de la construcción, la inversión y los requerimientos técnicos y operativos.

El déficit de cobre global refuerza la importancia del proyecto

Las perspectivas del mercado internacional constituyen uno de los factores que respaldan el desarrollo de nuevos proyectos cupríferos. El cobre es un insumo fundamental para la infraestructura eléctrica, las energías renovables, los vehículos eléctricos y los centros de datos, actividades que incrementan las necesidades de suministro.

Sin embargo, el desarrollo de nuevas minas exige largos periodos de planificación, inversión y construcción. Por ello, los proyectos que logren incorporarse a la producción durante los próximos años podrían adquirir mayor relevancia ante las dificultades para ampliar la oferta al mismo ritmo que la demanda.

En este contexto, el inicio de operaciones de Justa Subterránea en 2028 permitiría sumar producción peruana al mercado en una etapa en la que se anticipan mayores exigencias de abastecimiento. Su contribución dependerá de la capacidad de la operación para cumplir los plazos previstos y alcanzar los niveles de producción esperados.

Minsur fortalece su apuesta por el cobre peruano

El desarrollo de Justa Subterránea se enmarca en la estrategia de Minsur para ampliar su participación en el sector cuprífero. La compañía cuenta con experiencia en operaciones mineras y busca aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de metales, manteniendo también su posición en el negocio del estaño.

Para el Perú, la ampliación de Mina Justa representa una oportunidad para aprovechar mejor los recursos minerales existentes y sostener la actividad productiva de una operación relevante para la región Ica. Asimismo, pone de relieve la importancia de ejecutar inversiones que permitan prolongar la vida útil de las minas y fortalecer la oferta nacional de cobre.

Con una puesta en marcha prevista para 2028, Justa Subterránea se perfila como una de las iniciativas que contribuirían al desarrollo futuro de la producción cuprífera peruana. Su avance será clave para determinar cuánto podrá aportar al abastecimiento del mercado global y a la continuidad de las inversiones mineras en el país.

PERUMIN 38 debatirá medidas para acelerar la inversión minera y fortalecer las regiones

La próxima edición de PERUMIN 38 pondrá en agenda la agilización de permisos, la coordinación entre el Estado y las empresas, y la generación de condiciones para impulsar nuevas inversiones mineras en el Perú. La convención se realizará del 20 al 24 de septiembre de 2027 en Arequipa y buscará promover propuestas que permitan aprovechar el potencial del sector y ampliar su contribución al desarrollo regional.

Víctor Gobitz, presidente del Comité Organizador de la Convención Minera, adelantó que uno de los principales desafíos será convertir la cartera de proyectos del país, especialmente en cobre, en nuevas oportunidades de inversión y crecimiento económico. Esta cartera supera los US$ 60.000 millones, por lo que su desarrollo requerirá una mayor articulación institucional y mecanismos que faciliten la ejecución de iniciativas.

Agilización de permisos y coordinación empresarial

Uno de los ejes centrales de la Cumbre Minera será la revisión de los procedimientos administrativos relacionados con las licencias y los permisos. El objetivo será analizar alternativas para contar con procesos más ágiles que permitan avanzar en el desarrollo de proyectos sin perder de vista las exigencias aplicables a la actividad minera.

Gobitz señaló que las inversiones del sector implican montos elevados, riesgos importantes y plazos prolongados. Frente a este escenario, consideró necesario que las empresas identifiquen oportunidades de colaboración y desarrollen sinergias que contribuyan a facilitar sus proyectos.

La coordinación entre las distintas entidades públicas también será fundamental para mejorar las condiciones de ejecución. Una mayor articulación permitiría abordar los obstáculos que enfrentan las iniciativas mineras y aprovechar de manera más eficiente el potencial de la cartera de inversiones.

Formalización económica y desarrollo regional

PERUMIN 38 ampliará el debate más allá de los asuntos estrictamente mineros para abordar desafíos económicos y sociales del país. Entre los temas previstos destacan la integración, la formalización y el desarrollo regional, aspectos que requieren la participación conjunta del Estado, el sector privado, la academia y la sociedad.

Durante su intervención, Gobitz advirtió que la informalidad no es un problema exclusivo de la minería de pequeña escala, sino una situación que afecta al conjunto de la economía peruana. En ese contexto, recordó que más del 70% de la población económicamente activa trabaja en condiciones de informalidad, lo que limita su acceso al sistema financiero y puede afectar su seguridad económica durante la jubilación.

La discusión buscará promover una perspectiva más amplia sobre la formalización, considerando su impacto en la productividad, las oportunidades laborales y el desarrollo de las regiones. De esta manera, la convención aspira a impulsar propuestas que puedan trascender al sector extractivo y contribuir a mejorar las condiciones económicas del país.

Infraestructura minera como motor de las regiones

Otro de los puntos relevantes será el aporte de la minería al desarrollo territorial, especialmente a través de la infraestructura asociada a sus operaciones. Al tratarse de una actividad que se desarrolla principalmente fuera de Lima, su presencia genera oportunidades para fortalecer la conectividad y dinamizar las economías regionales.

La convención buscará visibilizar la importancia de vincular las inversiones mineras con una visión de desarrollo regional, promoviendo una mayor coordinación entre las empresas, las autoridades y otros actores del territorio.

En ese sentido, el desafío no se limita a acelerar la aprobación de proyectos, sino también a generar condiciones para que las inversiones contribuyan al crecimiento económico y a mayores oportunidades para las poblaciones de las zonas donde se desarrolla la actividad.

Con estos ejes, PERUMIN 38 buscará consolidarse como un espacio de diálogo para plantear soluciones a los principales obstáculos que enfrenta la inversión minera peruana. La expectativa será convertir las discusiones en propuestas que permitan impulsar nuevos proyectos, fortalecer la formalización y promover un desarrollo regional más integrado.

Inversión minera en Perú superaría los US$ 8.000 millones en 2026

La inversión minera en el Perú podría superar los US$ 8.000 millones al cierre de 2026, lo que representaría su nivel más alto desde 2014. La proyección, elaborada por el Instituto Peruano de Economía (IPE), refleja el mayor dinamismo de la actividad minera durante el primer semestre y el avance de importantes proyectos que vienen impulsando los desembolsos del sector.

Entre enero y junio de este año, las inversiones mineras alcanzaron aproximadamente los US$ 3.300 millones, registrando un crecimiento del 34% en su evaluación semestral. Este resultado contrasta con el avance promedio anual de apenas 1,3% observado entre 2022 y 2025, evidenciando una recuperación significativa del flujo de capital destinado a la actividad extractiva.

Proyectos estratégicos impulsan el crecimiento

Uno de los principales factores detrás de esta evolución es el desarrollo de proyectos mineros de gran relevancia para el país. Entre ellos destaca Tía María, ubicado en Arequipa, donde continúan los trabajos vinculados a su construcción. A este se suman las inversiones destinadas a optimizar las operaciones de Shougang, en Ica, y Antamina, en Áncash.

El IPE prevé que los desembolsos aumenten durante el segundo semestre, favorecidos por el avance de estas iniciativas y por mejores expectativas empresariales y condiciones de financiamiento. De concretarse la proyección, el sector minero consolidaría una recuperación relevante y fortalecería su participación en el crecimiento de la inversión privada.

Además de ampliar la capacidad productiva, las inversiones permiten modernizar instalaciones, incorporar infraestructura y mejorar la continuidad operativa de las unidades mineras. Estos factores resultan fundamentales para sostener la competitividad del Perú como productor de minerales y aprovechar la demanda internacional de materias primas.

Nuevos proyectos serán determinantes

Pese a las perspectivas favorables para 2026, el instituto advirtió que mantener el crecimiento de la inversión en los próximos años dependerá de la puesta en marcha de nuevos proyectos. Uno de los aspectos que deberá considerarse es que Tía María tiene previsto culminar su construcción e iniciar operaciones comerciales hacia fines de 2027, por lo que será importante contar con nuevas iniciativas que mantengan el flujo de capital en el sector.

La continuidad de las inversiones también estará vinculada a la capacidad del país para desarrollar una cartera de proyectos competitiva, agilizar los procedimientos administrativos y ofrecer condiciones que permitan a las empresas ejecutar sus planes de largo plazo.

En ese sentido, la incorporación de nuevos proyectos y el avance de aquellos que se encuentran en etapas de construcción u optimización serán determinantes para evitar una desaceleración posterior al actual ciclo de expansión.

Inseguridad y minería ilegal entre los principales desafíos

El IPE identificó diversos factores que podrían limitar el desempeño de la inversión minera. Entre ellos figuran los trámites administrativos, la conflictividad social y el avance de la minería ilegal, problemas que pueden afectar la ejecución de proyectos y la confianza de los inversionistas.

La dimensión económica de la minería ilegal también representa un desafío. Según las estimaciones citadas por el instituto, las exportaciones de oro ilegal alcanzarían al menos los US$ 16.000 millones durante 2026, una cifra que evidencia la magnitud de esta actividad y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y control.

A ello se suma la percepción de inseguridad en el sector. De acuerdo con cifras del Instituto Fraser, el 64% de las empresas vinculadas a la minería considera que la inseguridad desincentiva las inversiones en el Perú, una proporción que duplica la registrada en Chile.

Frente a este escenario, el IPE destacó la importancia de impulsar nuevos proyectos, reforzar la fiscalización y generar condiciones que permitan sostener el crecimiento de la inversión minera durante los próximos años.

El resultado final dependerá de que el dinamismo observado en el primer semestre se mantenga hasta diciembre y de que el país consiga transformar sus oportunidades geológicas en proyectos concretos. De superarse los US$ 8.000 millones, 2026 marcaría un hito para la inversión minera peruana, aunque el reto de fondo será garantizar la continuidad de ese desempeño en el largo plazo.

Inversión en infraestructura de transportes en Perú supera los US$ 1.031 millones a septiembre de 2026

La inversión valorizada en las infraestructuras de transporte concesionadas y supervisadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) alcanzó los US$ 1.031,7 millones entre enero y septiembre de 2026, lo que representa un crecimiento del 18,4 % frente a los US$ 871,4 millones registrados durante el mismo periodo de 2025. Los resultados reflejan el avance de proyectos vinculados con la ampliación aeroportuaria, el desarrollo ferroviario, la construcción de carreteras y la modernización de terminales portuarios. Sin embargo, pese al incremento acumulado, las inversiones registradas únicamente en septiembre disminuyeron respecto al año anterior, lo que evidencia diferencias en el ritmo de ejecución mensual de las obras.

Aeropuertos concentran la mayor inversión

El sector aeroportuario lideró la ejecución de inversiones durante los primeros nueve meses del año, con US$ 520,4 millones, equivalentes al 50,4 % del total valorizado. Una parte importante de estos recursos se destinó al proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, mediante las inversiones ejecutadas por Lima Airport Partners (LAP).

En segundo lugar se ubicaron los ferrocarriles y el Metro de Lima, que concentraron US$ 391 millones, correspondientes al 37,9 % del total. Ambos sectores reunieron conjuntamente el 88,3 % de las inversiones valorizadas entre enero y septiembre, consolidándose como los principales componentes de la inversión en infraestructura de transporte del país.

Por su parte, las carreteras registraron inversiones por US$ 104,8 millones, equivalentes al 10,2 % del total, mientras que el sector portuario alcanzó US$ 15,4 millones, con una participación del 1,5 %. Estas cifras muestran que la mayor parte de los recursos se concentró en proyectos aeroportuarios y ferroviarios, aunque también se mantuvieron intervenciones en la red vial y las instalaciones portuarias.

Línea 2 del Metro de Lima concentra obras y equipamiento

Durante septiembre, el sector ferroviario y el Metro de Lima registraron inversiones por US$ 87,7 millones. Entre los proyectos destacados se encuentra la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, cuyas inversiones incluyen la adquisición de equipamiento electromecánico, como escaleras, ascensores y ventiladores, además de vigas y estructuras prefabricadas destinadas a estaciones y talleres.

Los trabajos también comprenden obras civiles en estaciones como Central, Carmen de la Legua, San Marcos, Elio y Parque Murillo, así como intervenciones en pozos de ventilación y en estaciones de distintos sectores del trazado. A estas actividades se suman la instalación de sistemas de automatización, control y protección, junto con equipos de alimentación y tracción eléctrica necesarios para el funcionamiento ferroviario.

El desarrollo de estas instalaciones constituye una parte importante de la modernización del transporte urbano en Lima y Callao, debido a que requiere coordinar la construcción de infraestructura subterránea con la instalación de sistemas técnicos que permitan operar el servicio de manera integrada.

Ampliación aeroportuaria y mejoras en carreteras

En el sector aeroportuario, las inversiones correspondientes a septiembre alcanzaron US$ 35,8 millones. De este monto, Lima Airport Partners destinó US$ 35,6 millones a las mejoras vinculadas con el proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Estas intervenciones forman parte del proceso de modernización de la principal terminal aérea del país.

En carreteras, la inversión valorizada durante septiembre llegó a US$ 10,9 millones. Entre las intervenciones destacadas figura la concesión IIRSA Sur Tramo 4, que registró US$ 6,9 millones destinados al mejoramiento del subtramo Asillo–San Antón, la implementación de equipos electromecánicos y sistemas de seguridad en el túnel Ollachea, y el reemplazo de guardavías por barreras de seguridad.

Asimismo, la concesión IIRSA Norte registró inversiones por US$ 3,6 millones para avanzar en obras complementarias en distintos tramos de la carretera. Estas intervenciones buscan mejorar las condiciones de circulación y seguridad en corredores que forman parte de la red vial concesionada.

En el ámbito portuario, las inversiones de septiembre sumaron US$ 2 millones. Entre las actuaciones reportadas se encuentran los trabajos en el Terminal Norte Multipropósito del Callao, que registró US$ 1,7 millones asociados al avance de obras de la etapa 3B.

Inversión acumulada alcanza el 65,19 % del compromiso total

Al cierre de septiembre de 2026, la inversión acumulada reconocida en las infraestructuras de transporte concesionadas ascendió a US$ 14.956 millones. Este monto representa un avance del 65,19 % respecto al compromiso de inversión total establecido para las concesiones supervisadas.

No obstante, el comportamiento mensual mostró una desaceleración. En septiembre se valorizaron US$ 136,4 millones, una cifra 24,3 % inferior a los US$ 180,2 millones registrados en el mismo mes de 2025. La disminución se produjo pese al crecimiento acumulado de los primeros nueve meses del año.

Los resultados de Ositrán permiten observar la evolución de la inversión en los principales sectores del transporte peruano y el peso de los grandes proyectos de infraestructura en la ejecución total. La continuidad de las obras ferroviarias y aeroportuarias, junto con el avance de las intervenciones viales y portuarias, será relevante para el desarrollo de la conectividad y la capacidad logística del país.

SNCI pide capacitar a nuevas autoridades para acelerar obras de prevención ante El Niño

La Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) solicitó al Gobierno peruano implementar programas de capacitación y acompañamiento permanente para las nuevas autoridades regionales y municipales, con el objetivo de garantizar la continuidad y ejecución eficiente de las obras públicas frente al Fenómeno El Niño 2026-2027. César Candela, vicepresidente del gremio, advirtió que el cambio de autoridades subnacionales previsto para enero de 2027 representa un desafío para la gestión de proyectos de infraestructura, especialmente ante las previsiones de un evento climático de fuerte intensidad. El representante señaló que el Gobierno central debe preparar rápidamente a los nuevos funcionarios para evitar retrasos administrativos y asegurar que las intervenciones prioritarias se ejecuten oportunamente.

Capacitación y continuidad de la inversión pública

Candela sostuvo que la formación de las nuevas autoridades debe centrarse en mejorar la eficiencia de la gestión pública y facilitar la ejecución de proyectos de infraestructura. La SNCI considera que la transferencia de conocimientos técnicos y administrativos será fundamental para mantener el ritmo de las inversiones y evitar que el cambio de gestión afecte la planificación de las obras.

El representante también planteó la necesidad de ordenar las políticas públicas relacionadas con la construcción, al considerar que las dificultades en la planificación y ejecución de proyectos han limitado los avances en el cierre de la brecha de infraestructura del país. En ese sentido, remarcó que la respuesta ante El Niño debe acompañarse de mecanismos de gestión que permitan priorizar las intervenciones según las necesidades de cada territorio.

Financiamiento para ejecutar obras ante la emergencia climática

Otro de los puntos señalados por el vicepresidente de la SNCI fue la necesidad de fortalecer el financiamiento de la infraestructura. Candela afirmó que el país debe aprovechar sus posibilidades de acceso a recursos y evaluar alternativas de financiamiento internacional para desarrollar proyectos de prevención y mitigación de los efectos del fenómeno climático.

El dirigente también destacó la importancia de aprovechar el interés de inversionistas y representantes diplomáticos de otros países en el desarrollo de la infraestructura peruana. Durante la Feria Internacional de Infraestructura y Construcción (Infracon Perú 2026), realizada del 14 al 16 de octubre en Urubamba, Cusco, participaron representantes de embajadas, entre ellas las de India, Reino Unido y Colombia, en un espacio orientado a promover oportunidades de inversión y cooperación.

Infraestructura preventiva frente a El Niño 2026-2027

La preparación ante el Fenómeno El Niño requiere coordinar acciones entre el Gobierno nacional, las autoridades regionales y municipales y el sector privado. La capacitación de funcionarios, la disponibilidad de recursos y la continuidad de los proyectos son factores que pueden influir en la capacidad del país para reducir los riesgos asociados a lluvias intensas, inundaciones y daños en carreteras y otras infraestructuras.

En este contexto, la SNCI considera prioritario fortalecer la gestión pública para que las nuevas administraciones puedan responder a las necesidades de sus jurisdicciones desde el inicio de sus funciones. La articulación entre planificación, financiamiento y ejecución de obras será determinante para avanzar en la prevención y reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante los impactos del evento climático.