La nueva Ley de Desalación de Chile abre oportunidades para acelerar el desarrollo de infraestructura hídrica y promover tecnologías que permitan enfrentar el déficit de agua, especialmente en sectores como la minería y en comunidades ubicadas en zonas con estrés hídrico.
La normativa, promulgada en mayo de 2026 y cuya entrada en vigencia está prevista para noviembre de 2027, establece un marco regulatorio integral para los proyectos de desalación y busca entregar mayor certeza para las inversiones destinadas a producir agua a partir del recurso marino.
Uno de los principales desafíos será mejorar la eficiencia de las plantas desaladoras. Actualmente, la ósmosis inversa es la tecnología predominante y tiene una presencia importante en la minería chilena, donde ya existen más de 20 plantas desaladoras en operación y una cartera de proyectos que supera los US$24.000 millones.
La especialista Bárbara Soto, Project Manager de Recursos Hídricos de GHD en Chile, señaló que el reto no consiste únicamente en aumentar la capacidad de desalación, sino también en optimizar el consumo energético e integrar estas instalaciones con sistemas hídricos de mayor alcance.
La ósmosis inversa requiere entre 3 y 4 kWh por metro cúbico, por lo que la incorporación de energías renovables puede contribuir a reducir los costos operativos y las emisiones asociadas al proceso. A ello se suma la necesidad de avanzar hacia una economía circular del agua, especialmente en industrias intensivas en consumo hídrico como la minería.
Nuevas tecnologías para la desalación
Aunque la ósmosis inversa continuará siendo la principal alternativa en el corto y mediano plazo, existen otras tecnologías que podrían complementar el desarrollo de la industria. Entre ellas se encuentran la ósmosis directa, la destilación por membranas y la electrodiálisis, alternativas que buscan reducir el consumo energético y mejorar el aprovechamiento de fuentes renovables.
La gestión de la salmuera también será un elemento relevante. El desarrollo de sistemas que permitan reducir los impactos ambientales asociados a su descarga será fundamental para que la expansión de la desalación pueda realizarse bajo criterios de sostenibilidad.
La nueva legislación incorpora además un componente de beneficio para las comunidades. Los proyectos cuya finalidad principal no sea el consumo humano o el saneamiento podrán estar obligados a destinar hasta 5% de su capacidad de producción de agua desalada a estos usos. Esto podría favorecer el desarrollo de proyectos multipropósito que combinen una demanda industrial con el abastecimiento de territorios cercanos.
Infraestructura para conectar costa y territorios
Otro elemento de la ley es la creación de un régimen especial de servidumbres para la conducción de agua de mar, agua desalinizada y salmueras. Esta medida busca facilitar la construcción de infraestructura necesaria para conectar las plantas ubicadas en zonas costeras con los centros de consumo situados tierra adentro.
La medida adquiere especial importancia para la minería, actividad que concentra buena parte del impulso a la desalación en Chile. Las proyecciones del sector apuntan a un incremento sostenido del uso de agua de mar en la minería del cobre durante la próxima década.
Según estimaciones citadas por GHD, cerca del 70% del agua utilizada por la minería chilena podría provenir del mar en los próximos años, lo que convertiría a la desalación en un componente cada vez más relevante de la seguridad hídrica del sector.
El desafío será avanzar hacia una infraestructura hídrica compartida y escalable, capaz de atender las necesidades de la industria y, al mismo tiempo, generar beneficios para las comunidades. Bajo este escenario, la nueva Ley de Desalación podría convertirse en un punto de partida para ampliar la disponibilidad de agua y desarrollar soluciones tecnológicas adaptadas a las nuevas condiciones climáticas de Chile.
