El avance de actividades vinculadas a la minería ilegal hacia espacios políticos genera preocupación por sus posibles efectos sobre la institucionalidad y la gobernabilidad del Perú. El abogado y analista político Fausto Salinas advirtió sobre la presencia de intereses relacionados con actividades ilícitas en el escenario de las próximas elecciones regionales y municipales.
En declaraciones a la Red de Comunicación Regional (RCR), Salinas sostuvo que la influencia de actividades ilícitas no estaría limitada a los gobiernos locales y regionales, sino que también alcanzaría instituciones nacionales. El analista afirmó que esta situación podría incrementar la presión sobre las autoridades y dificultar el control estatal en los territorios donde se desarrolla minería ilegal.
Alertan sobre impacto en las instituciones
Según Salinas, la expansión de la minería ilegal podría debilitar progresivamente las instituciones del Estado si no se implementan medidas coordinadas para enfrentar sus redes de financiamiento y operación.
El analista planteó que la respuesta debería involucrar a distintos sectores políticos y trascender las posiciones partidarias. Desde su perspectiva, el problema requiere una estrategia que combine el control de las actividades ilícitas con mecanismos que permitan ordenar el desarrollo de la actividad minera.
La preocupación se produce en un contexto en el que el oro de origen ilegal ya habría superado al de procedencia legal en las exportaciones peruanas durante el primer semestre de 2026, según estimaciones citadas por el Instituto Peruano de Economía (IPE).
Proponen una reforma integral del sector
Frente a este escenario, Salinas planteó evaluar una reforma integral de la actividad minera que permita ordenar el sector y generar alternativas para determinados segmentos de la minería que actualmente operan fuera de la formalidad.
El analista sostuvo que cualquier reforma debería mantener el respeto por las concesiones existentes y las normas ambientales, al mismo tiempo que genere mecanismos para incorporar a sectores emergentes dentro del marco legal.
La propuesta también contempla fortalecer la presencia del Estado en las zonas afectadas y establecer una estrategia de largo plazo que combine formalización, fiscalización y control de las actividades ilícitas.
Minería ilegal entra en el debate político
La advertencia se produce en un momento de creciente atención sobre la relación entre minería ilegal, recursos económicos y política. En paralelo, distintos representantes del sector minero han señalado la necesidad de fortalecer la institucionalidad y mejorar los mecanismos de formalización y trazabilidad del oro.
El desafío planteado es evitar que los recursos provenientes de actividades ilegales tengan influencia sobre decisiones públicas y, al mismo tiempo, generar condiciones para que los operadores que puedan incorporarse a la legalidad cuenten con mecanismos claros de formalización.
El debate sobre la minería ilegal adquiere así una dimensión que trasciende la actividad extractiva y alcanza ámbitos relacionados con gobernabilidad, control territorial, institucionalidad y desarrollo económico.
