Más del 80% de los corredores de propiedades no responde o acoge quejas del Sernac

Promesas confusas, contratos mal redactados o garantías que no se devuelven. Todos, problemas que pueden escalar ante negligencias o malas prácticas de corredores de propiedades en el proceso de compra, venta o arriendo de una vivienda. Según datos del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), en 2025 se registraron 774 denuncias a este gremio.

Solo cinco corredoras concentran más del 51% de los casos, y la primera de ellas cuenta con el 39% de los eventos ocurridos en el año. Ninguna dentro del top 5 está inscrita en ACOP (Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios), entidad que aparece solo con una tasa de 6,8% en el informe.

El informe destaca que en solo 18% de los casos el corredor cuestionado acoge el reclamo para tratar de resolverlo. El 81% no lo acoge y, en su mayoría (60%) ni siquiera responde. Frente a este escenario, desde ACOP subrayan la importancia de preferir corredores miembros de la asociación gremial. “Es una forma de exigir un estándar. Por ejemplo, contamos con un comité de ética que revisa denuncias y puede actuar ante malas prácticas de sus socios”, destaca Soledad Gate, presidenta de la entidad.

El 86% de las quejas ante el Sernac contra corredores de propiedades son de carácter contractual. En la mayoría de los casos (47%) se trata de formalidades de contrato, mientras que un 15% se asocia con dificultades para darle término.

A juicio de Gaete, estas cifras evidencian una debilidad en la asesoría legal que reciben los usuarios al momento de cerrar transacciones, producto de la falta de profesionalización de algunos actores. «No basta con facilitar el encuentro entre oferta y demanda en un portal; la seguridad jurídica de las partes es lo que hoy el consumidor está demandando con mayor fuerza», añade

Para Gaete, es una buena práctica transparentar las cifras del Sernac. “Son señales que nos impulsan como actividad a mejorar los estándares y entregar una asesoría integral, que incluya por ejemplo temas jurídicos», concluye Gaete.

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