Las comercializadoras internacionales de oro han sido un pilar fundamental en la formalización del sector minero colombiano y gracias a sus buenas prácticas mercantiles, en 2024 aportaron más de $765.000 millones por concepto de regalías a departamentos y municipios para impulsar programas de educación, salud y bienestar, contribuyendo al desarrollo y cierre de brechas sociales.
Sin embargo, el proyecto de decreto que propone elevar la tarifa de retención en la fuente del 1 % al 2,5 % y establecer una autorretención del 4,5 % sobre la actividad extractiva, impactaría negativamente a las empresas formales del sector, que actúan como canalizadoras del pago de regalías que financian proyectos sociales en las regiones más vulnerables del país.
“El rol de las comercializadoras ha sido clave apoyando a los productores formales en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y contractuales, permitiendo no solo el pago oportuno de regalías, sino también impulsando la formalización de pequeños productores, la trazabilidad en la cadena de suministro del oro y el posicionamiento del país como proveedor responsable a nivel internacional”, afirmó César Díaz Guerrero, vocero de las principales comercializadoras internacionales de oro del país.
Este nuevo esquema impositivo, que representa una carga total del 7 %, sin incluir el 4 % de regalías, amenaza con reducir significativamente la liquidez de estas compañías, poniendo en riesgo su sostenibilidad y afectando directamente el mercado laboral en las zonas productoras de oro, toda vez que el sector minero colombiano genera cerca de 160.000 empleos directos.
Además, impactaría negativamente los esfuerzos de formalización que ha venido promoviendo el propio Gobierno, comprometiendo avances en materia económica, ambiental y social.
Incentivo a la minería informal e ilegal
Hoy en día, según cálculos oficiales solo el 20 % del oro comercializado en Colombia proviene de canales legales, mientras que el 80 % restante se transa en mercados informales, generando pérdidas fiscales por varios billones de pesos anuales. En este contexto, medidas como la planteada en el proyecto de decreto podrían agudizar esta problemática y debilitar el proceso de formalización.
“El modelo de retención propuesto no solo representa una carga fiscal excesiva, sino que también pone en riesgo los avances alcanzados en legalidad, transparencia y sostenibilidad del sector, favoreciendo mecanismos informales o clandestinos de comercialización”, advirtió Díaz Guerrero.
Ante esta situación, las comercializadoras hacen un llamado respetuoso al Gobierno Nacional para abrir espacios de diálogo técnico, evaluar de forma rigurosa los impactos reales de esta medida y construir una política fiscal que fortalezca —y no debilite— a los sectores que impulsan el desarrollo regional, el fortalecimiento institucional y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
