Colombia debe revisar si oferta de energía alcanzará a cubrir la demanda a mediano plazo

A raíz de la publicación de los resultados de la subasta de Cargo por Confiabilidad realizada el 15 de febrero de 2024, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) considera que el hecho de que no toda la demanda haya sido asignada implica desafíos que el Gobierno de Colombia debe atender con urgencia.

“Desde Acolgen vemos oportuno compartir nuestra preocupación gremial frente a ellos, pues la coyuntura de precios, la cual es de suma importancia, ha desenfocado la atención de un tema aún más crítico y que se relaciona con la suficiencia de oferta para atender el crecimiento de la demanda en el mediano y largo plazo”, manifestó la Asociación.

Es por ello que Acolgen expuso tres puntos clave que deben tenerse en cuenta en esta coyuntura con la demanda y oferta de energía en el país:

  1. Es fundamental que el Gobierno, en cabeza de la CREG, evalúe nuevamente el balance entre oferta y demanda, incluyendo los resultados que en materia de energía firme van a traer los nuevos proyectos para, de ser el caso, realizar una nueva subasta para la energía que se necesitarán hacia 2028, que cubra la demanda no asignada en este proceso.
    Lo anterior con mayor razón cuando en promedio, solo seis de diez megavatios (MW) de las asignaciones en subastas previas entraron en operación y menos de tres de cada 10 MW lo hicieron en la fecha programada.
  2. Debe revisarse la energía firme que aportarán los nuevos proyectos solares y entender que la operación enfrentará condiciones de mayor intermitencia, que exigen retomar las discusiones de temas como los servicios complementarios, la generación distribuida (incluyendo las comunidades energéticas), la modernización del mercado mayorista y la ampliación de la oferta con tecnologías como el almacenamiento donde sea económicamente viable.
  3. Si bien las leyes y la regulación deben evolucionar y ajustarse en función de los cambios tecnológicos y de entorno, es fundamental que las iniciativas de reforma no atenten contra los principios fundamentales que han permitido los avances y logros del sector en los últimos 30 años como son: la existencia de un equilibrio entre consideraciones políticas y técnico-económicas para la toma de decisiones en el sector, y la certidumbre de que las empresas podrán recuperar sus inversiones.

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