La investigación concluye que el apagón masivo del 25 de febrero de 2025 tuvo un impacto económico y social equivalente al valor anual de los pagos por potencia del sistema eléctrico chileno, reforzando la necesidad de invertir en resiliencia de la red.
Un estudio elaborado por el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) para Enel Foundation estimó que el blackout nacional del 25 de febrero de 2025 generó pérdidas económicas cercanas a US$984 millones, convirtiéndose en uno de los eventos con mayor impacto sobre el sistema eléctrico chileno en los últimos años. La investigación, titulada “Estimación de Impactos de Blackouts en Chile”, fue presentada durante un seminario técnico y analizó las consecuencias económicas y sociales derivadas de la interrupción masiva del suministro eléctrico.
El informe tomó como caso de estudio el apagón que dejó sin servicio eléctrico a gran parte del país el 25 de febrero de 2025. Según los investigadores, el evento implicó una interrupción aproximada de 81.430 MWh de energía no suministrada. A partir de la metodología basada en el Valor de la Energía No Suministrada (VoLL), utilizada internacionalmente para cuantificar el costo económico de los cortes de energía, se determinó que las pérdidas alcanzaron un monto similar al orden de magnitud de los pagos anuales por potencia del sistema eléctrico nacional.
El estudio destaca que el costo de un apagón no depende únicamente de la cantidad de energía que deja de suministrarse, sino también del tipo de actividades económicas afectadas y de las interdependencias entre los distintos sectores productivos. Para ello, la investigación incorporó diferencias entre industrias, hogares e instituciones, permitiendo una estimación más precisa del impacto económico y social generado por una interrupción de gran escala.
Entre sus principales conclusiones, los autores plantean la necesidad de incorporar de forma explícita el concepto de resiliencia sistémica en la planificación y regulación del sistema eléctrico chileno. En ese sentido, sostienen que las inversiones destinadas a fortalecer la infraestructura, mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias y prevenir fallas deben evaluarse considerando no solo su efecto sobre las tarifas eléctricas, sino también las pérdidas económicas que pueden evitar frente a eventos extremos como el blackout de 2025.
La investigación busca aportar evidencia técnica para la toma de decisiones en un sistema eléctrico cada vez más complejo, integrando aspectos técnicos, económicos y regulatorios relacionados con la continuidad del suministro. Sus resultados refuerzan la importancia de desarrollar políticas que prioricen la confiabilidad de la red y reduzcan el riesgo de interrupciones con elevados costos para la economía y la sociedad chilena.
