Arequipa: Ministerio de Vivienda refuerza prevención ante lluvias en 22 zonas vulnerables

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) intensificó las acciones de prevención frente a posibles desbordes e inundaciones en la región Arequipa, mediante el despliegue de maquinaria pesada en sectores identificados como vulnerables. Las intervenciones buscan proteger a la población, viviendas, vías de acceso y servicios básicos ante eventuales emergencias por lluvias.

A través del Programa Nuestras Ciudades (PNC), el sector ejecutó ocho trabajos preventivos en los distritos de Alca, Caravelí, Chaparra y Mariano Melgar. Las labores incluyeron limpieza, descolmatación de cauces y reforzamiento de taludes en 5,66 kilómetros de ríos y quebradas, con un alcance estimado de 5.800 pobladores.

Las intervenciones buscan reducir la acumulación de sedimentos, rocas y material vegetal que puede obstaculizar el flujo natural del agua durante períodos de lluvias intensas. El reforzamiento de taludes también permitirá disminuir el riesgo de erosión y desbordamiento en puntos críticos próximos a zonas pobladas.

Como parte de las acciones de respuesta ante emergencias, el PNC atendió además 13 casos en los distritos de Alca, Cayma, Chaparra, Chiguata, Santa Isabel de Siguas y Toro. Estos trabajos comprendieron la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, la conformación de diques y la recuperación de vías de acceso en aproximadamente 39,98 kilómetros de zonas vulnerables, beneficiando a 24.350 vecinos.

El Ministerio también tiene programadas nuevas intervenciones preventivas en 2,73 kilómetros de zonas críticas de Caravelí y Chaparra, con el objetivo de reducir la exposición de unas 2.600 personas. La programación se desarrolla en coordinación con los gobiernos locales y prioriza los sectores donde existe mayor riesgo para la población.

Infraestructura y gestión del riesgo

Las acciones en Arequipa reflejan la importancia de realizar intervenciones preventivas antes de que ocurran emergencias. La limpieza de cauces, construcción y reforzamiento de diques y recuperación de vías permiten reducir potenciales daños sobre la infraestructura urbana y mejorar la capacidad de respuesta de las localidades.

Para el sector construcción, este tipo de trabajos representa una demanda constante de maquinaria pesada, movimiento de tierras, obras hidráulicas, mantenimiento de cauces, construcción de defensas y rehabilitación de vías. Asimismo, requiere la participación de empresas especializadas capaces de intervenir rápidamente ante situaciones de riesgo.

La prevención también adquiere mayor relevancia frente a escenarios climáticos caracterizados por lluvias intensas y eventos extremos. La incorporación de infraestructura resiliente y sistemas adecuados de protección puede disminuir los costos económicos y sociales asociados a la atención de emergencias.

El despliegue de maquinaria constituye, además, una herramienta de respuesta inmediata para atender puntos críticos. Sin embargo, la reducción sostenible del riesgo requiere complementar estas acciones con planificación territorial, mantenimiento periódico de cauces y una adecuada identificación de las zonas expuestas.

La experiencia de Arequipa evidencia que la gestión de riesgos debe mantenerse como una actividad permanente y no limitarse a períodos posteriores a un desastre. La intervención anticipada permite proteger inversiones públicas, infraestructura básica y, principalmente, a las poblaciones asentadas cerca de ríos y quebradas.

Con estas acciones, el MVCS busca fortalecer la prevención y capacidad de respuesta de Arequipa frente a posibles inundaciones, combinando maquinaria, trabajos de infraestructura y coordinación con los gobiernos locales para reducir la vulnerabilidad de las zonas más expuestas.

SKIC proyecta nuevo ciclo de inversión minera hacia 2027 y refuerza capacidades para megaproyectos de cobre

SKIC proyecta un nuevo ciclo de crecimiento para la industria minera, impulsado por la reactivación de grandes inversiones y el avance de proyectos de cobre que podrían comenzar a desarrollarse con mayor intensidad hacia 2027. La compañía busca fortalecer sus capacidades técnicas y operativas para participar en esta nueva etapa de expansión de la minería.

El escenario se encuentra marcado por una mayor demanda mundial de cobre y otros minerales críticos, asociada principalmente a la electrificación, las energías renovables, la expansión de las redes eléctricas y el desarrollo de nuevas tecnologías. En este contexto, el cobre mantiene un papel estratégico para la transición energética y el crecimiento de la infraestructura global.

SKIC identifica oportunidades especialmente relevantes en los megaproyectos de cobre, cuyas dimensiones requieren importantes capacidades de ingeniería, construcción, montaje, gestión de equipos y ejecución de obras especializadas. La preparación anticipada de las empresas proveedoras será determinante para responder a los nuevos requerimientos de inversión.

La compañía también apunta a fortalecer sus recursos humanos y técnicos, con el objetivo de atender proyectos de mayor escala y complejidad. Esto incluye la incorporación de conocimientos especializados, herramientas de gestión y capacidades para ejecutar obras bajo altos estándares de seguridad, productividad y calidad.

El posible inicio de un nuevo ciclo de inversiones hacia 2027 podría generar un efecto positivo sobre toda la cadena de valor minera. Los grandes proyectos requieren la participación de empresas dedicadas a ingeniería, movimiento de tierras, infraestructura, montaje electromecánico, transporte, maquinaria, mantenimiento y servicios industriales, además de una amplia red de proveedores especializados.

El desarrollo de nuevos proyectos de cobre también plantea desafíos asociados a la disponibilidad de infraestructura, energía y agua. Las futuras operaciones deberán incorporar soluciones que permitan optimizar el uso de estos recursos y reducir los impactos sobre los territorios donde se desarrollen.

La transformación tecnológica será otro componente relevante. La automatización, digitalización, monitoreo de equipos y optimización de procesos están adquiriendo mayor importancia dentro de la minería, especialmente en proyectos de gran escala. Estas herramientas permiten mejorar la productividad, anticipar fallas y elevar la eficiencia de las operaciones.

El escenario regional muestra además un importante potencial de crecimiento. En Perú, por ejemplo, la cartera oficial del Ministerio de Energía y Minas contempla numerosos proyectos mineros en distintas etapas de desarrollo, mientras que una parte significativa de las inversiones corresponde al cobre.

Este contexto refuerza la necesidad de que las empresas proveedoras preparen sus capacidades antes de que los grandes proyectos entren en sus principales etapas de construcción. La anticipación permitirá disponer de personal especializado, equipos y recursos suficientes para responder a procesos de contratación que podrían concentrarse en períodos relativamente cortos.

Para SKIC, el fortalecimiento de capacidades también representa una oportunidad para consolidar su participación en proyectos de infraestructura minera de largo plazo. La experiencia acumulada en grandes obras puede convertirse en una ventaja para competir por contratos asociados con nuevas minas, ampliaciones y proyectos de procesamiento.

El nuevo ciclo de inversión también podría impulsar una mayor especialización dentro de la industria. La ejecución de megaproyectos demanda proveedores capaces de integrar distintas disciplinas y cumplir simultáneamente con exigencias técnicas, ambientales, laborales y de seguridad.

De concretarse el aumento de inversiones previsto hacia 2027, la minería del cobre podría convertirse nuevamente en uno de los principales motores de actividad para la industria de construcción y servicios especializados vinculados al sector minero.

Para las empresas de ingeniería y construcción, el escenario representa una oportunidad para anticiparse a la demanda y fortalecer sus capacidades antes de la llegada de los principales contratos. La disponibilidad de talento, tecnología y equipos será un factor decisivo para aprovechar el crecimiento esperado.

Así, SKIC apuesta por prepararse para una nueva etapa de expansión minera, en la que los megaproyectos de cobre tendrán un papel central. El desafío será transformar las expectativas de inversión en proyectos ejecutados de manera eficiente, segura y sostenible, fortaleciendo al mismo tiempo la capacidad de la cadena de proveedores para acompañar el crecimiento de la minería.

Enami y UMAG impulsan laboratorio de análisis de oro para fortalecer la pequeña minería en Magallanes

La Empresa Nacional de Minería (Enami) y la Universidad de Magallanes (UMAG) firmaron un convenio de colaboración para avanzar en la implementación de un laboratorio especializado en análisis de oro en Punta Arenas, iniciativa que busca fortalecer las capacidades técnicas de la pequeña minería aurífera de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El proyecto contempla generar capacidades regionales para realizar la determinación de leyes de oro, análisis de muestras y control de calidad, elementos fundamentales para conocer con mayor precisión el contenido mineral de los materiales extraídos por pequeños productores. Esta infraestructura permitirá contar con herramientas analíticas más cercanas a las operaciones mineras de la zona.

La iniciativa forma parte de la estrategia de Enami para ampliar su presencia a distintas regiones del país y generar nuevas oportunidades de negocio para la pequeña minería. Uno de sus objetivos es establecer mecanismos para la compra de oro aluvial producido por mineros de pequeña escala en Magallanes, para lo cual disponer de un laboratorio de análisis constituye una etapa clave.

El convenio establece además un marco de cooperación para la transferencia de conocimientos, metodologías y buenas prácticas relacionadas con el análisis de muestras auríferas. La Universidad de Magallanes aportará sus capacidades académicas y de laboratorio, mientras que Enami contribuirá con su experiencia vinculada al fomento y desarrollo de la actividad minera.

Uno de los principales impactos esperados es el fortalecimiento de la formalización de la pequeña minería aurífera. Contar con procesos técnicos de análisis y mecanismos formales de comercialización puede entregar mayor certeza a los productores respecto del valor de sus minerales y facilitar su incorporación a canales comerciales establecidos.

La alianza también permitirá desarrollar capacidades profesionales y técnicas en una región donde la minería aurífera representa una actividad con potencial de crecimiento. La participación de la universidad abre oportunidades para impulsar investigación aplicada, capacitación y difusión de conocimientos relacionados con la actividad minera.

Para la cadena de proveedores, el desarrollo de estas capacidades puede generar oportunidades en áreas como equipamiento de laboratorio, servicios analíticos, instrumentación, mantenimiento, capacitación y soluciones tecnológicas aplicadas a la minería. A medida que aumente la actividad aurífera regional, también podrían crecer las necesidades de servicios especializados.

La iniciativa adquiere relevancia especialmente para los pequeños productores, quienes requieren acceso a infraestructura y conocimientos técnicos para mejorar sus procesos y avanzar hacia una actividad más formalizada. El establecimiento de mecanismos confiables para determinar la ley del mineral puede contribuir a transparentar las operaciones de compra y comercialización.

La colaboración entre Enami y UMAG también refleja la importancia de la vinculación entre instituciones públicas, universidades y sectores productivos para desarrollar nuevas capacidades regionales. En este caso, la cooperación busca convertir infraestructura y conocimiento especializado en herramientas concretas para impulsar una actividad económica con potencial en Magallanes.

Durante su visita a Punta Arenas, representantes de Enami participaron además en la Jornada de Minería Magallánica, organizada por la Seremi de Minería y Sernageomin, instancia que permitió abordar distintos aspectos relacionados con el desarrollo de la actividad minera regional.

El proyecto representa así un paso hacia la construcción de una red regional de capacidades analíticas y técnicas para la minería del oro. La disponibilidad de información confiable sobre la calidad y contenido de los minerales será fundamental para fortalecer la productividad, formalización y comercialización de la pequeña minería.

Con esta alianza, Enami y la Universidad de Magallanes buscan sentar las bases para fortalecer la minería aurífera de pequeña escala en el extremo austral de Chile, combinando infraestructura especializada, conocimiento académico y experiencia minera para generar nuevas oportunidades productivas en la región.

Acenor valora exclusión de septiembre del período de control de punta

La Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor A.G.) valoró la decisión del Ministerio de Energía de Chile de excluir septiembre de 2026 del período de control de punta, medida que entregará mayor flexibilidad a empresas industriales, clientes libres y MiPymes para gestionar su consumo eléctrico durante ese mes.

El período de control de punta se aplica actualmente entre abril y septiembre, de lunes a viernes, entre las 18:00 y las 22:00 horas, y permite determinar la demanda máxima de electricidad de las empresas sujetas a este mecanismo. Los consumos registrados durante esas horas tienen incidencia en el cargo por potencia que las compañías deben pagar durante el año.

La exclusión de septiembre permitirá que las empresas puedan utilizar electricidad de la red durante las horas de mayor demanda sin que ese consumo sea considerado dentro de la medición correspondiente al período de control de punta. Para las industrias, esto representa una mayor capacidad para mantener sus operaciones sin tener que modificar necesariamente sus turnos o reducir el consumo eléctrico en determinados horarios.

La medida adquiere especial relevancia para actividades productivas que requieren continuidad operacional. En algunos casos, las restricciones durante las horas punta pueden llevar a las empresas a reducir temporalmente su producción, reorganizar jornadas laborales o recurrir a sistemas de autogeneración para evitar un incremento de sus costos asociados a la potencia.

Según antecedentes de una encuesta realizada por Acenor en 2024, un 24 % de los clientes consultados señaló que reducía su producción durante estos períodos, mientras que un 23 % indicó que recurría a la autogeneración mediante combustibles fósiles. La exclusión de septiembre podría contribuir a disminuir la necesidad de aplicar estas medidas y favorecer un uso más flexible de la infraestructura eléctrica.

La solicitud para revisar el período de control de punta había sido planteada formalmente en marzo por Acenor junto con Asimet, Asiquim, Chilealimentos y Pescadores Industriales del Biobío. Los gremios argumentaron que el esquema vigente genera efectos sobre la productividad, los costos energéticos y la organización de las operaciones de distintos sectores industriales.

Para la industria, contar con mayor flexibilidad en la gestión de la demanda eléctrica puede contribuir a mejorar la planificación de las operaciones y reducir costos. Esto resulta especialmente relevante para sectores intensivos en energía, como la metalurgia, minería, industria química, alimentos y manufactura, donde la continuidad del suministro constituye un elemento fundamental para mantener la productividad.

La decisión también plantea un desafío para la gestión del sistema eléctrico: compatibilizar la necesidad de controlar los períodos de mayor demanda con las condiciones operativas de las empresas. El diálogo entre autoridades y consumidores industriales será relevante para evaluar futuras modificaciones que permitan mejorar la eficiencia del sistema sin generar impactos innecesarios sobre la actividad productiva.

Desde Acenor destacaron que la medida constituye un avance para los clientes libres y refleja la importancia de la coordinación entre los sectores productivos y las autoridades. La asociación señaló que el análisis técnico de las necesidades de las empresas permite avanzar hacia medidas que consideren tanto las condiciones del sistema eléctrico como sus efectos sobre la producción y el empleo.

Para el sector industrial chileno, la exclusión de septiembre representa una oportunidad para operar con mayor libertad durante un mes que anteriormente formaba parte del período de control. Además, puede reducir los incentivos para recurrir a fuentes de generación más contaminantes durante las horas de mayor demanda.

La medida constituye así un nuevo antecedente en el debate sobre la gestión de la demanda eléctrica y los costos energéticos de la industria chilena. Su impacto durante septiembre permitirá evaluar los beneficios de una mayor flexibilidad y aportar antecedentes para futuras decisiones sobre el funcionamiento del período de control de punta.

Comisión de Minería analiza impacto de reforma de patentes en la pequeña minería chilena

La Comisión de Minería y Energía del Senado de Chile profundizó el análisis del proyecto de ley que busca modificar y simplificar el sistema de patentes mineras, con especial atención a los efectos que los cambios podrían generar sobre los pequeños y medianos productores. La discusión busca determinar si la nueva estructura de cobros permitirá aliviar la carga financiera de la pequeña minería o si será necesario incorporar medidas específicas para este segmento.

La iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional y propone reemplazar el actual esquema de cobro progresivo por un sistema con tasas más claras. El proyecto contempla una patente de 0,1 UTM por hectárea para productores que acrediten trabajo y de 0,4 UTM para quienes no acrediten actividad, además de eliminar requisitos relacionados con el límite de 500 hectáreas, parentesco y tipos societarios para acceder a la patente rebajada.

La reforma busca simplificar un régimen que actualmente establece distintos niveles de cobro dependiendo de si las concesiones acreditan trabajos u obras. Bajo la normativa vigente, las concesiones de explotación que no demuestran actividad pueden quedar sujetas a una patente progresiva que aumenta desde 0,4 UTM hasta 4,8 UTM por hectárea, mientras que quienes acreditan trabajos pueden acceder a una tarifa de 0,1 UTM.

Preocupación por los pequeños productores

Durante la discusión parlamentaria, senadores han planteado que la propuesta podría no entregar suficiente protección a la pequeña minería debido a que algunos de sus beneficios se aplicarían de manera general, sin diferenciar adecuadamente entre empresas de distintos tamaños y capacidades económicas. El debate se concentra especialmente en evitar que el nuevo sistema termine generando una carga desproporcionada para productores con menor capacidad financiera.

La Comisión acordó solicitar al Ejecutivo información detallada sobre el impacto de la reforma. Entre los antecedentes requeridos se encuentran el efecto fiscal neto, el número de concesiones que quedarían en cada tramo de pago, la cantidad de pequeños mineros actualmente morosos y el número de pertenencias que han sido llevadas a remate debido al incumplimiento del pago de patentes.

También se busca conocer quiénes están adquiriendo las concesiones rematadas y determinar si existe una tendencia hacia una mayor concentración de la propiedad minera. La Comisión solicitó además a la Biblioteca del Congreso Nacional un estudio comparativo sobre los sistemas de patentes mineras de Perú, Ecuador, Australia y Canadá.

Impacto sobre la actividad minera

El debate adquiere especial importancia debido a la situación que enfrenta actualmente la pequeña y mediana minería. Según antecedentes entregados por Sonami, el 79 % de las concesiones de la pequeña y mediana minería se encontraría en condición morosa, mientras que las concesiones morosas abarcarían una superficie considerablemente mayor que aquellas que se mantienen al día. El gremio también señaló que se han perdido alrededor de 24.000 hectáreas como consecuencia del régimen vigente.

Estas cifras han reforzado la preocupación por los efectos que el sistema actual puede tener sobre la continuidad de pequeños productores. Para este segmento, el costo de mantener concesiones durante períodos de exploración o baja actividad puede representar una presión financiera importante, particularmente cuando no existe todavía producción que permita compensar esos gastos.

La discusión también está vinculada con el objetivo de incentivar la exploración minera. El proyecto incorpora una nueva causal de rebaja asociada a actividades de exploración, con el propósito de evitar que los productores tengan que realizar postulaciones anuales para acceder al beneficio.

Una reforma con impacto en la inversión

La modificación del régimen de patentes forma parte de una agenda más amplia orientada a entregar mayor certeza regulatoria y facilitar el desarrollo de la actividad minera en Chile. La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo como una herramienta para reducir trámites y establecer reglas más previsibles para pequeños y medianos productores.

Sin embargo, el debate parlamentario muestra que la simplificación administrativa deberá equilibrarse con mecanismos que eviten que las concesiones de pequeños productores queden expuestas a una mayor presión financiera o a procesos de remate que favorezcan la concentración.

Para el sector minero, contar con un régimen de patentes previsible resulta relevante tanto para las operaciones existentes como para nuevos proyectos de exploración y desarrollo de recursos minerales. La estabilidad de las concesiones permite planificar campañas de perforación, estudios geológicos, inversiones en infraestructura y futuras etapas productivas.

La discusión en el Senado será determinante para definir si el proyecto requiere modificaciones antes de continuar su tramitación. El desafío será establecer un sistema que reduzca la burocracia, incentive el trabajo efectivo sobre las concesiones y, al mismo tiempo, entregue condiciones adecuadas para la pequeña minería y la minería artesanal.

La reforma de patentes mineras se convierte así en un elemento relevante para el futuro de la actividad minera chilena. Su resultado podría influir en la permanencia de pequeños productores, la disponibilidad de concesiones para exploración y el nivel de concentración de la propiedad minera en el país.

Maule rechaza proyecto de interconexión eléctrica Los Cóndores–Río Diamante por impactos ambientales

La Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Maule rechazó el proyecto Interconexión Internacional de Interés Privado Los Cóndores–Río Diamante, iniciativa presentada por Enel Generación Chile para conectar el sistema eléctrico chileno con Argentina. La decisión se fundamentó en discrepancias relevantes relacionadas con biodiversidad, bienes protegidos, paisaje y turismo en la zona de emplazamiento, ubicada en la comuna de San Clemente.

La iniciativa ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en octubre de 2021 y contempla la construcción y operación de una nueva subestación eléctrica de 220/500 kV, denominada Nueva S/E Los Cóndores. El proyecto también considera una línea de transmisión de circuito simple de 500 kV que se extendería hasta la frontera con Argentina.

En total, la infraestructura proyectada comprende aproximadamente 26,7 kilómetros de tendido eléctrico y 72 estructuras, las cuales se ubicarían en un territorio caracterizado por su alto valor ambiental y paisajístico. Entre las áreas consideradas dentro del entorno de influencia se encuentran sectores asociados a la Laguna del Maule y Potrero Lo Aguirre.

Evaluación ambiental

La Comisión determinó que las medidas de mitigación propuestas por el titular no resultaban suficientes para abordar adecuadamente los impactos identificados. Entre las principales preocupaciones se encuentran los efectos potenciales sobre ecosistemas, bienes protegidos y el valor paisajístico y turístico de San Clemente.

La autoridad regional enfatizó que el rechazo no representa una oposición al desarrollo de infraestructura o a la inversión, sino una exigencia para que los proyectos sean compatibles con la protección del patrimonio natural y con las características del territorio donde pretenden instalarse.

Otro elemento considerado durante la evaluación fue el carácter del proyecto. La línea de transmisión no forma parte de los Planes de Expansión del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que no corresponde a una obra estratégica definida dentro de la planificación energética pública. Se trata, en cambio, de una iniciativa de carácter privado destinada a la interconexión internacional.

Impacto en empleo y actividad regional

El proyecto contemplaba un período de construcción de aproximadamente dos años, durante el cual se estimaba un promedio de 90 puestos de trabajo. Sin embargo, durante su operación la infraestructura requeriría una dotación permanente muy reducida, debido principalmente a la posibilidad de gestionar las instalaciones de manera remota.

La operación habría requerido principalmente labores periódicas de inspección y mantenimiento preventivo, con dos cuadrillas de aproximadamente cuatro personas cada una y una frecuencia estimada de una intervención anual. Por ello, la Comisión consideró limitado el impacto permanente del proyecto sobre el empleo regional.

Desafíos para la infraestructura energética

El rechazo del proyecto pone nuevamente sobre la mesa el desafío de compatibilizar el desarrollo de nueva infraestructura eléctrica con la protección de territorios de alto valor ambiental y turístico. La expansión de las redes de transmisión requiere cada vez mayor planificación territorial para definir trazados que reduzcan conflictos con ecosistemas, comunidades y actividades económicas locales.

Para el sector de la construcción y la ingeniería, este tipo de iniciativas también demuestra la importancia de incorporar desde las primeras etapas los estudios ambientales, paisajísticos y territoriales. La identificación temprana de impactos puede resultar determinante para reducir modificaciones, retrasos y riesgos durante la evaluación de los proyectos.

La decisión del Maule evidencia además que la viabilidad de una infraestructura energética no depende únicamente de sus características técnicas. La localización, los beneficios económicos para el territorio y la capacidad de mitigar los impactos ambientales son factores cada vez más relevantes para determinar la factibilidad de grandes inversiones.

El caso de Los Cóndores–Río Diamante refleja así uno de los principales desafíos que enfrenta Chile para ampliar su infraestructura energética: avanzar en nuevas conexiones y capacidad de transmisión sin comprometer zonas de alto valor ambiental, paisajístico y turístico.

La resolución representa un nuevo antecedente para futuros proyectos de transmisión e interconexión en el país, particularmente aquellos que pretendan desarrollarse en territorios con restricciones ambientales o con una elevada sensibilidad territorial.

Capstone Copper presenta proyecto Santo Domingo a proveedores de Atacama

Capstone Copper presentó los principales alcances del proyecto Santo Domingo ante cerca de 80 empresas proveedoras de Atacama y socios de Corproa, en un encuentro destinado a acercar a la cadena de valor regional las oportunidades que generará una de las principales iniciativas mineras actualmente proyectadas en la región.

La instancia permitió a las empresas locales conocer de manera anticipada los requerimientos, estándares y oportunidades de participación asociados al desarrollo de Santo Domingo. La compañía destacó la importancia de establecer desde las primeras etapas una relación de largo plazo con los proveedores regionales y generar las condiciones para que puedan prepararse para futuras demandas de bienes y servicios.

De acuerdo con Capstone Copper, el vínculo temprano con las empresas de Atacama permitirá fortalecer las capacidades productivas locales y ampliar la participación regional en la cadena de suministro minera. La estrategia busca que el desarrollo del proyecto genere efectos positivos no solo durante su construcción, sino también durante toda su etapa de operación.

El encuentro también abordó el desarrollo del talento regional. La compañía señaló que será necesario fortalecer las capacidades técnicas de la población de Atacama para facilitar su incorporación a las oportunidades laborales que genere el proyecto. La formación de trabajadores especializados será un componente relevante para responder a las necesidades de una futura operación minera de gran escala.

Santo Domingo corresponde al primer proyecto greenfield de Capstone Copper en Chile y contempla una inversión estimada de más de US$2.300 millones. La iniciativa estará ubicada en la Región de Atacama y contempla una vida útil proyectada de 19 años, con producción de cobre, hierro y cobalto.

La magnitud de la inversión tendrá además un impacto significativo sobre la actividad económica regional. Durante su etapa de construcción, el proyecto proyecta generar alrededor de 8.000 empleos, mientras que durante su operación se estiman cerca de 1.500 puestos de trabajo.

Para el sector de la construcción y los servicios mineros, el proyecto representa una oportunidad para empresas dedicadas a ingeniería, obras civiles, movimiento de tierras, transporte, mantenimiento, suministro de equipos, servicios industriales y soluciones especializadas para minería. La preparación anticipada de los proveedores será fundamental para cumplir con los estándares técnicos y operacionales que exigirá la futura operación.

La iniciativa también refuerza la importancia de desarrollar una cadena de suministro regional competitiva. La participación de empresas de Atacama puede contribuir a reducir brechas de capacidades, generar nuevas especializaciones y aumentar el impacto económico de la inversión dentro del territorio.

Desde Corproa destacaron que Santo Domingo representa una oportunidad relevante para la diversificación productiva de Atacama y que espacios de diálogo como el encuentro con proveedores permiten conectar las necesidades de la gran minería con las capacidades existentes en la región.

El proyecto forma parte además del desarrollo del distrito minero Mantoverde-Santo Domingo, cuya integración busca aprovechar sinergias entre ambas operaciones e infraestructura asociada. Capstone Copper ha señalado anteriormente que Santo Domingo tiene potencial para producir cobre a bajo costo y convertirse también en un importante productor de cobalto fuera de la República Democrática del Congo.

La presentación ante los proveedores marca así un paso relevante en la estrategia de vinculación territorial de Capstone Copper. La preparación de empresas, trabajadores y proveedores desde las etapas tempranas permitirá que la región pueda responder de mejor manera a las necesidades de una futura operación minera.

Con una inversión superior a US$2.300 millones, una vida útil estimada de 19 años y miles de empleos asociados a sus distintas etapas, Santo Domingo se perfila como un proyecto estratégico para el futuro productivo de Atacama. El desafío será convertir la magnitud de esta inversión en mayores capacidades locales, oportunidades para proveedores regionales y un impacto económico sostenible durante todo el ciclo de vida de la operación.

ANLA acredita cumplimiento ambiental y da nuevo impulso al megaproyecto Accesos Norte Fase II en Bogotá

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) acreditó el cumplimiento de una de las condiciones ambientales establecidas para el desarrollo de Accesos Norte Fase II, un proyecto estratégico para ampliar y mejorar la infraestructura vial del norte de Bogotá. La decisión permite avanzar con mayor certeza en la ejecución de las obras a cargo de la Concesionaria Ruta Bogotá Norte.

El proyecto cuenta con licencia ambiental otorgada mediante la Resolución 29 del 7 de enero de 2026, en la que se establecieron diferentes obligaciones que el concesionario debe cumplir durante el desarrollo de las obras. La nueva determinación de la ANLA se concentró particularmente en las condiciones relacionadas con la denominada franja condicionada.

Accesos Norte Fase II contempla la intervención de la Autopista Norte entre las calles 191 y 245, en un tramo de aproximadamente 5,8 kilómetros por cada calzada. La iniciativa busca ampliar la capacidad del corredor, que actualmente cuenta con tres carriles por sentido, para alcanzar entre cinco y seis carriles, incluyendo infraestructura destinada al transporte masivo.

El proyecto también incorpora andenes, ciclorrutas y mejoras en las obras hidráulicas, además de intervenciones sobre los carriles existentes. La construcción está proyectada para desarrollarse durante aproximadamente 5,5 años, convirtiendo a esta iniciativa en una de las principales obras de movilidad previstas para el norte de la capital.

Uno de los aspectos más relevantes de la intervención corresponde al entorno ambiental del corredor, particularmente en sectores próximos a los humedales Torca y Guaymaral. Por esta razón, el proceso de licenciamiento incorporó condiciones específicas para garantizar que la ampliación vial pueda ejecutarse bajo medidas de manejo, seguimiento y protección ambiental.

La decisión de la ANLA representa un avance importante para la continuidad del proyecto, al confirmar que el concesionario cumplió con las exigencias ambientales establecidas para esta etapa. El acto administrativo deberá ser comunicado a entidades como el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la CAR, la Secretaría Distrital de Ambiente y la Alcaldía de Bogotá.

La ampliación de este corredor tendrá además un impacto directo sobre la movilidad entre Bogotá y los municipios de la Sabana Norte, una zona que concentra una importante actividad residencial, empresarial e industrial. La mejora de la capacidad vial busca reducir los niveles de congestión y fortalecer la conectividad regional.

Para el sector de la construcción y la infraestructura, la ejecución del proyecto representa oportunidades para empresas de ingeniería, construcción vial, movimiento de tierras, infraestructura hidráulica, montaje, transporte, materiales y servicios especializados. La duración y magnitud de las obras permitirán movilizar una amplia cadena de proveedores durante las diferentes etapas de ejecución.

La iniciativa también evidencia la importancia de integrar criterios ambientales desde las primeras fases de los grandes proyectos de infraestructura. La evaluación de las condiciones del territorio, especialmente en zonas con ecosistemas estratégicos, resulta fundamental para garantizar que las nuevas obras puedan desarrollarse de manera compatible con la protección ambiental.

La infraestructura para peatones y ciclistas constituye otro componente relevante. La incorporación de espacio público, ciclorrutas y andenes permitirá complementar la ampliación de la capacidad vehicular con alternativas para otros modos de transporte, contribuyendo a una movilidad más integrada.

Con la acreditación del cumplimiento de la condición ambiental, Accesos Norte Fase II avanza hacia una nueva etapa de ejecución, manteniendo como desafío principal garantizar que las obras cumplan simultáneamente con los objetivos de movilidad, los estándares técnicos y las obligaciones ambientales establecidas durante el proceso de licenciamiento.

El proyecto se consolida así como una de las intervenciones de infraestructura más importantes para la conexión del norte de Bogotá con la Sabana. Su ejecución permitirá ampliar la capacidad de uno de los principales corredores de acceso a la capital y fortalecer la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento urbano y económico de esta zona del país.

CCI prepara hoja de ruta para reactivar infraestructura en zonas afectadas por el sismo

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) puso en marcha una hoja de ruta para apoyar la recuperación de las zonas del occidente de Colombia afectadas por el reciente sismo y facilitar la coordinación entre las autoridades y el sector privado. La estrategia busca poner a disposición de los gobiernos regionales y locales las capacidades técnicas, operativas y empresariales de sus afiliados.

La iniciativa contempla tres frentes principales: atención humanitaria, apoyo operativo y acompañamiento técnico para evaluar las edificaciones y obras de infraestructura que pudieron resultar afectadas por el movimiento sísmico. El objetivo es que la participación de las empresas del sector responda a las necesidades identificadas directamente en los territorios y se desarrolle en coordinación con las entidades responsables de la emergencia.

Uno de los componentes estará a cargo de las seccionales de la CCI, que funcionarán como puntos de articulación entre las autoridades locales y las empresas privadas. Entre las acciones previstas se encuentra el apoyo para la remoción de escombros, cuando sea solicitado por las autoridades competentes, así como la conformación de un banco de maquinaria con equipos disponibles de empresas afiliadas.

La gestión de los materiales generados por los daños también será un aspecto relevante. La CCI contempla colaborar en la identificación de espacios adecuados para la disposición de escombros, considerando criterios técnicos, ambientales y de seguridad para reducir los riesgos asociados al manejo de estos residuos.

Comité técnico evaluará infraestructura afectada

El tercer frente de trabajo estará enfocado en la evaluación de las estructuras que hayan sufrido daños. Para ello, la CCI conformó un Comité Técnico junto con Camacol, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural, el CEER y la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica.

Esta instancia reúne especialistas de diferentes disciplinas vinculadas con la ingeniería, arquitectura y evaluación estructural. Su labor estará orientada a apoyar a las autoridades en la identificación de riesgos, determinar las condiciones de las edificaciones y aportar recomendaciones para las siguientes etapas de recuperación.

La participación de especialistas será especialmente importante para determinar qué estructuras pueden ser reparadas o reforzadas y cuáles requieren intervenciones de mayor alcance. Esta evaluación permitirá establecer prioridades y orientar de manera más eficiente los recursos destinados a la recuperación de infraestructura.

Infraestructura y reconstrucción

La emergencia también plantea nuevos desafíos para el sector de la construcción. Además de atender los daños inmediatos, la recuperación requerirá intervenciones en viviendas, vías, puentes, edificaciones públicas y otras instalaciones esenciales, lo que podría generar una importante demanda de servicios de ingeniería estructural, construcción, maquinaria, materiales, transporte y gestión de residuos.

La creación de un banco de maquinaria representa, en este contexto, una herramienta para agilizar las primeras labores de recuperación. Excavadoras, cargadores, volquetas y otros equipos pueden ser movilizados hacia los puntos donde las autoridades determinen que existe una necesidad prioritaria.

La experiencia también refuerza la importancia de incorporar criterios de resiliencia y gestión del riesgo en la planificación de infraestructura. Más allá de reparar los daños, la reconstrucción ofrece la oportunidad de mejorar las condiciones de las edificaciones y obras para reducir su vulnerabilidad ante futuros eventos naturales.

Para la industria de la infraestructura, el proceso representa además una oportunidad para fortalecer la cooperación público-privada. La coordinación entre autoridades, gremios, empresas constructoras y especialistas permite aprovechar capacidades existentes y acelerar la respuesta en momentos de emergencia.

La CCI señaló que mantendrá la articulación con las entidades territoriales para conocer las necesidades específicas de cada zona y conectar esos requerimientos con los recursos disponibles dentro del sector privado.

La hoja de ruta se suma a los esfuerzos de recuperación tras el sismo y busca que la capacidad técnica y operativa de la industria contribuya a una respuesta más rápida y organizada. La evaluación de las estructuras será determinante para definir las obras que deberán ejecutarse en las siguientes etapas.

Con esta estrategia, la CCI busca convertir las capacidades del sector de infraestructura en una herramienta de apoyo para la emergencia y la posterior reconstrucción, fortaleciendo la coordinación institucional y sentando las bases para una recuperación que incorpore mejores estándares de seguridad y resiliencia en las zonas afectadas.

Ventana al Mundo de Barranquilla celebra ocho años como ícono de infraestructura y turismo

La Ventana al Mundo, uno de los principales íconos urbanos de Barranquilla, celebró ocho años desde su inauguración, consolidándose como un referente arquitectónico, turístico y cultural de la ciudad. La estructura fue inaugurada el 14 de agosto de 2018 y, desde entonces, ha recibido cerca de 6 millones de visitantes provenientes de diferentes partes del mundo.

La iniciativa nació en 2017, a partir de una propuesta para transformar una rotonda ubicada en las inmediaciones del polígono industrial de Tecnoglass, en la Circunvalar de Barranquilla. El espacio, que anteriormente se había convertido en un punto de acumulación de escombros y basura, fue planteado como escenario para desarrollar una nueva obra de infraestructura urbana.

Para definir el diseño se organizó un concurso digital impulsado por Christian Daes, COO de Tecnoglass, junto con el presidente de la Sociedad de Arquitectos de Atlántico, Alfredo Reyes. La convocatoria superó ampliamente las expectativas iniciales: se esperaban alrededor de 10 propuestas y finalmente fueron recibidos más de 100 proyectos. El diseño seleccionado fue elaborado por la arquitecta Diana Escorcia.

La estructura representa mediante sus dos grandes columnas conceptos asociados con la cultura y la industria, mientras que su corona incorpora una ventana orientada hacia Norteamérica. La obra se convirtió así en un elemento arquitectónico destinado a representar la identidad productiva y cultural de Barranquilla.

Desde el punto de vista constructivo, la Ventana al Mundo destaca por sus dimensiones y materiales. La estructura pesa más de 300 toneladas y está revestida con aproximadamente 3.000 metros cuadrados de vidrio de alta calidad. Además, incorpora aluminio arquitectónico fundido en los propios hornos de Tecnoglass, integrando materiales y capacidades industriales locales en su construcción.

El proyecto también demuestra cómo una intervención puntual puede transformar un espacio urbano y convertirse posteriormente en un atractivo turístico. Durante sus ocho años de funcionamiento, la Ventana ha sido escenario de conciertos y diferentes actividades públicas, ampliando su función más allá de la arquitectura y convirtiéndose en un punto de encuentro para residentes y visitantes.

A la estructura se sumó posteriormente otro elemento de gran escala: un árbol de Navidad de 78 metros de altura, que incorpora una pantalla LED y aproximadamente 700.000 lámparas. La instalación se ensambla cada diciembre y complementa el atractivo visual del complejo urbano.

La experiencia de la Ventana al Mundo evidencia además el potencial de las alianzas entre empresas privadas, profesionales de la arquitectura y actores institucionales para recuperar espacios y convertirlos en nuevos referentes urbanos. Este tipo de proyectos puede contribuir a fortalecer la identidad de las ciudades y generar nuevos puntos de atracción turística.

Para el sector de la construcción y la arquitectura, la obra representa un ejemplo de cómo la infraestructura urbana, el diseño arquitectónico y la actividad empresarial pueden integrarse para generar proyectos con impacto cultural y económico. La utilización de materiales producidos localmente también refleja la capacidad de la industria colombiana para participar en obras de alto componente arquitectónico.

Ocho años después de su inauguración, la Ventana al Mundo forma parte de la imagen contemporánea de Barranquilla y se suma a otros espacios emblemáticos como el Malecón del Río. Su elevada afluencia de visitantes demuestra el impacto que una intervención urbana bien planificada puede generar sobre la actividad turística y la proyección de una ciudad.

La historia de este proyecto muestra que la infraestructura no se limita a grandes carreteras, puentes o edificios públicos. También puede convertirse en una herramienta para transformar espacios, fortalecer la identidad urbana y generar nuevos atractivos para las ciudades.

Con más de 300 toneladas de estructura, cerca de 3.000 metros cuadrados de vidrio y alrededor de 6 millones de visitantes acumulados, la Ventana al Mundo celebra ocho años como uno de los principales símbolos arquitectónicos de Barranquilla y como un ejemplo de cómo la inversión privada puede contribuir a transformar el paisaje urbano.