ENAP registra utilidades por US$1.112 millones y alcanza máximos de producción

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) de Chile registró utilidades por US$1.112 millones entre enero y septiembre de 2026, lo que representa un incremento del 119% frente a los US$506 millones obtenidos durante el mismo período de 2025. Con estos resultados, la compañía estatal acumula seis años consecutivos con cifras positivas y alcanza uno de los mejores desempeños financieros de su historia reciente.

De acuerdo con los estados financieros publicados ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el EBITDA consolidado llegó a US$1.875 millones, un crecimiento del 83% respecto de los US$1.023 millones registrados un año antes. La empresa atribuyó este desempeño principalmente a las condiciones favorables de los márgenes internacionales de refinación y al aumento de las ventas de producción propia, especialmente de gasolinas, diésel y kerosene de aviación.

Producción acumulada alcanza los 9 millones de metros cúbicos

En el ámbito operacional, ENAP informó que su producción acumulada llegó a 9 millones de metros cúbicos durante los primeros nueve meses de 2026. Este resultado se enmarca en una tendencia de crecimiento registrada durante los últimos años: la producción pasó de 9 millones de metros cúbicos en 2022 a 10,4 millones en 2023, 11 millones en 2024 y 12 millones en 2025.

La evolución refleja el fortalecimiento de las operaciones de refinación y producción de combustibles de la compañía, así como los avances en sus distintas unidades de negocio. La mayor disponibilidad de productos propios también ha permitido mejorar la composición de sus ventas y responder a la demanda del mercado energético.

Márgenes de refinación impulsan los resultados financieros

El contexto internacional tuvo un papel importante en el crecimiento de las utilidades. Los mejores márgenes de refinación elevaron la rentabilidad de los productos derivados del petróleo, mientras que la mayor comercialización de combustibles producidos por la propia empresa contribuyó al resultado del período.

El negocio de Refinación y Comercialización concentró buena parte del desempeño positivo, favorecido por el comportamiento de los precios internacionales de gasolinas y diésel. A ello se sumaron los avances operacionales y una mejora en la combinación de productos vendidos.

El gerente general de ENAP, Julio Friedmann, destacó que los resultados responden tanto al escenario internacional como a los avances sostenidos en la gestión de las operaciones, la reducción de la deuda financiera y la mejora del mix de ventas.

ENAP cumple con el calendario de dividendos al Estado

La compañía también informó que durante los primeros nueve meses de 2026 cumplió con el calendario de pago de dividendos solicitado por su accionista, el Estado chileno. Estos desembolsos corresponden al 70% de las utilidades obtenidas durante 2025, de acuerdo con lo establecido en la junta de accionistas de abril de este año.

Este aporte representa una fuente de recursos para las finanzas públicas y refleja el impacto de los resultados de la empresa estatal en el patrimonio del Estado. Asimismo, ENAP reafirmó su compromiso de mantener una gestión enfocada en la eficiencia operacional, la reducción de costos y la disminución de su deuda financiera.

La empresa apunta a fortalecer su eficiencia operacional

De cara al cierre de 2026, ENAP mantendrá como prioridades el fortalecimiento de sus operaciones, el control de gastos y la reducción de sus obligaciones financieras. La compañía busca sostener los avances registrados en sus unidades de negocio y consolidar una gestión que permita responder a las condiciones cambiantes del mercado internacional de hidrocarburos.

Los resultados del tercer trimestre muestran el impacto de los márgenes internacionales en la rentabilidad de la estatal, aunque también reflejan mejoras en su desempeño operacional. La evolución de la producción, las ventas y los costos será determinante para evaluar la sostenibilidad de estos resultados durante los próximos períodos.

Codelco nombra a Felipe Lagno como nuevo gerente general de División Salvador

La Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) informó el nombramiento de Felipe Lagno Sánchez como nuevo gerente general de División Salvador, en reemplazo de Patricio Viveros. La designación fue comunicada mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y entró en vigor el 30 de octubre de 2026.

Lagno cuenta con más de 14 años de trayectoria en la compañía estatal, donde ha ocupado distintos cargos relacionados con operaciones, proyectos, desarrollo, innovación y tecnología. Hasta antes de su nombramiento, se desempeñaba como gerente corporativo de Innovación y Tecnología, dependencia de la Vicepresidencia de Recursos Mineros, Desarrollo e Innovación.

Experiencia en operaciones y proyectos mineros

Durante su trayectoria en Codelco, Lagno también ejerció como gerente de Innovación del Distrito Norte y ocupó diferentes posiciones ejecutivas en División Radomiro Tomic. Entre ellas, estuvo a cargo de las gerencias de Proyectos, Planta y Desarrollo, funciones que le permitieron adquirir experiencia en distintas áreas de la gestión minera.

Antes de incorporarse a la corporación, desarrolló actividades profesionales en EcoMetales y en el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM), instituciones vinculadas con la investigación y el desarrollo de soluciones para la industria.

Su formación académica incluye el título de ingeniero civil químico de la Universidad de Chile, un magíster en Metalurgia Extractiva de la misma casa de estudios y un doctorado (PhD) en Metalurgia Extractiva por McGill University, en Canadá.

Nombramiento se produce tras cambios en la división

La designación se produce luego de que Codelco anunciara la desvinculación de ocho ejecutivos y profesionales de distintas áreas de la corporación, entre ellos el anterior gerente general de División Salvador. Las decisiones se adoptaron tras nuevos antecedentes identificados en las auditorías internas y externas relacionadas con inconsistencias en los registros y reportes de producción de los años 2024 y 2025.

En este contexto, la llegada de Lagno forma parte de los cambios en la estructura directiva de la estatal, mientras continúan las investigaciones y las revisiones destinadas a fortalecer los mecanismos de control y la confiabilidad de la información corporativa.

Con este nombramiento, Codelco incorpora a la dirección de División Salvador a un ejecutivo con experiencia en operaciones, proyectos y desarrollo tecnológico dentro de la propia organización. Su gestión estará vinculada a los desafíos operativos y productivos de una de las divisiones de la compañía en la Región de Atacama.

Consejo Minero impulsa alianzas para el desarrollo de las regiones mineras

El Consejo Minero de Chile destacó la importancia de fortalecer la colaboración público-privada para convertir el potencial de la actividad minera en oportunidades de desarrollo económico y social para las regiones productoras. El planteamiento fue presentado durante la Conferencia de Regiones y Ciudades Mineras 2026 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), realizada esta semana en Antofagasta.

El encuentro, organizado por la OCDE, el Gobierno Regional de Antofagasta y la Universidad Católica del Norte, reunió a representantes del sector público, empresas, comunidades y organismos internacionales. La agenda abordó el papel de los minerales críticos en el desarrollo territorial, la competitividad regional y los desafíos para avanzar hacia una minería responsable.

Desde el gremio minero se resaltó que regiones como Antofagasta tienen una posición estratégica ante el crecimiento de la demanda mundial de cobre, litio y otros minerales necesarios para la transición energética y el desarrollo de nuevas tecnologías. No obstante, señalaron que esta oportunidad debe traducirse en beneficios concretos para los habitantes de los territorios donde se desarrolla la actividad.

Antofagasta busca fortalecer su desarrollo territorial

Christel Lindhorst, gerenta de Comunicaciones del Consejo Minero, señaló que el crecimiento de la demanda internacional de minerales también representa una responsabilidad para la industria: generar mejores oportunidades y contribuir a la calidad de vida de las comunidades.

En esa línea, el gremio destacó el trabajo conjunto entre las compañías mineras, el Gobierno Regional, los municipios, las universidades y otros actores locales. Esta articulación toma como referencia la Estrategia Minera de la Región de Antofagasta 2023-2050 (EMRA), instrumento que recoge las prioridades del territorio e incorpora recomendaciones formuladas por la OCDE.

La estrategia busca establecer una visión de largo plazo para el desarrollo regional, promoviendo la coordinación entre los distintos sectores y una mayor vinculación entre la actividad minera y las necesidades de las comunidades.

Proyectos de infraestructura y servicios forman parte de la agenda

Entre los avances de la colaboración público-privada se encuentran iniciativas vinculadas con el diseño de jardines infantiles, el fortalecimiento de los servicios de salud, el acceso al agua potable, el saneamiento y la recuperación de espacios públicos y áreas verdes.

Asimismo, se han desarrollado estudios y diagnósticos relacionados con el empleo y los proveedores locales, con el propósito de identificar oportunidades para ampliar la participación de empresas regionales en la cadena de valor de la minería.

Estas iniciativas buscan que el impacto de la actividad minera no se limite a la producción y exportación de minerales, sino que también contribuya al desarrollo de infraestructura, servicios y capacidades en las localidades cercanas a las operaciones.

Empresas mineras participan en la articulación regional

El Consejo Minero destacó la participación de sus empresas socias en la conferencia, entre ellas Antofagasta Minerals, BHP, Codelco, El Abra, Sierra Gorda, SQM y Novandino. Estas compañías forman parte de los esfuerzos de coordinación con autoridades y organizaciones locales para impulsar una agenda de desarrollo regional.

Lindhorst sostuvo que la construcción de relaciones de confianza, la escucha a las comunidades y el cumplimiento de compromisos son factores relevantes para la continuidad de las operaciones mineras. También indicó que una industria con condiciones para invertir, innovar y crecer puede generar empleo y nuevas oportunidades para los territorios.

La conferencia de la OCDE se presenta así como un espacio para intercambiar experiencias internacionales y fortalecer la cooperación entre empresas, gobiernos, academia y comunidades. El desafío será convertir los acuerdos y las iniciativas de coordinación en proyectos concretos que contribuyan al desarrollo sostenible de las regiones mineras.

Codelco desvincula a ocho ejecutivos por irregularidades en reportes de producción

La Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) resolvió desvincular a ocho ejecutivos y profesionales de distintas áreas de la compañía, luego de conocer nuevos antecedentes sobre irregularidades en el registro y reporte de producción correspondientes a los años 2024 y 2025. La decisión fue adoptada por el directorio en el marco de las auditorías internas y las revisiones externas encargadas a las consultoras KPMG y EY.

Las desvinculaciones involucran a trabajadores de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y Salvador, además de la Casa Matriz. Según informó la empresa estatal, la medida forma parte de un proceso de revisión y fortalecimiento de la gestión corporativa, orientado a corregir deficiencias, reforzar los mecanismos de control y garantizar la confiabilidad de la información operacional.

Ocho cargos afectados en distintas divisiones

Entre los trabajadores desvinculados se encuentra el gerente general de la División Salvador y el gerente corporativo de Recursos Mineros y Desarrollo de Casa Matriz. También fueron separados de sus funciones los gerentes de Recursos Mineros y Desarrollo de las divisiones Ministro Hales, Salvador y Chuquicamata.

La lista se completa con el jefe de Valorización Metalúrgica de la Gerencia de Contabilidad de Casa Matriz, el superintendente de Operaciones Fundición de la División Salvador y el jefe de Calidad y Balance Metalúrgico de la División Ministro Hales.

Codelco señaló que las decisiones se adoptaron conforme a su normativa interna y a la legislación vigente. Asimismo, precisó que las desvinculaciones no excluyen la determinación de otras eventuales responsabilidades que puedan establecer los organismos competentes durante las investigaciones en curso.

Auditorías investigan inconsistencias en la producción

Las revisiones se originaron tras detectarse inconsistencias en las cifras de producción de los años 2024 y 2025. El 6 de octubre, Codelco informó sobre hallazgos preliminares relacionados con posibles duplicidades en la contabilización de material entre las divisiones Ministro Hales y Salvador, lo que habría generado un incremento artificial de la producción reportada.

Ante estos antecedentes, la compañía amplió las investigaciones y encargó a EY una auditoría externa independiente para determinar la naturaleza y magnitud de las posibles duplicidades, establecer sus efectos sobre los registros de producción e inventarios e identificar las causas y responsabilidades correspondientes.

Por su parte, KPMG continuará con la revisión de la producción de las divisiones durante el período 2024-2025. Las investigaciones también consideran eventuales efectos económicos, incluidos aquellos relacionados con el cálculo y pago de incentivos variables.

Codelco anuncia medidas para reforzar sus controles

La estatal indicó que continuará con las investigaciones internas y externas, además de colaborar con el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y otros organismos competentes. La empresa también dejó abierta la posibilidad de emprender acciones legales para proteger sus intereses, dependiendo de los resultados de las indagaciones.

En paralelo, Codelco comunicó el nombramiento de Felipe Lagno Sánchez como nuevo gerente general de la División Salvador, en reemplazo de Patricio Viveros. El ejecutivo cuenta con 14 años de trayectoria en la compañía y ha ocupado cargos vinculados con operaciones, proyectos, innovación y tecnología.

Con estas medidas, la corporación busca fortalecer sus procedimientos de control y recuperar la confiabilidad de sus reportes de producción. No obstante, las investigaciones continúan en desarrollo y todavía deberán determinar el alcance total de las irregularidades y las eventuales responsabilidades administrativas, económicas o legales.

Sungrow presenta proyecto solar y BESS de US$40 millones para Minera Spence

La empresa Sungrow Renewable ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de Chile la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Parque Fotovoltaico y Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) Cenit, una iniciativa que contempla una inversión estimada de US$40 millones. El proyecto se desarrollará en la comuna de Sierra Gorda, en la Región de Antofagasta, y estará destinado al suministro eléctrico de Minera Spence.

La propuesta considera la construcción y operación de una central fotovoltaica con una potencia de 20 megavatios en corriente alterna (MWac), integrada con un sistema de almacenamiento energético de 100,3 megavatios hora (MWh). La infraestructura permitirá almacenar parte de la electricidad generada durante las horas de mayor radiación solar para disponer de ella en períodos de menor generación o cuando aumente la demanda energética.

Central fotovoltaica contará con 20 MW de potencia

El parque solar estará compuesto por módulos fotovoltaicos instalados sobre estructuras con seguimiento solar de un solo eje, tecnología que permite orientar los paneles para aprovechar mejor la radiación durante el día. La iniciativa ocupará una superficie aproximada de 31 hectáreas y contempla una demanda máxima de 131 trabajadores durante su etapa de construcción.

La electricidad generada será transportada mediante una línea de media tensión de 23 kilovoltios (kV), con una extensión aproximada de 3,8 kilómetros, que conectará la central con las instalaciones eléctricas de Minera Spence. De esta manera, el proyecto busca incorporar generación renovable directamente al abastecimiento de la operación minera.

Sistema BESS almacenará 100,3 MWh de energía

Uno de los componentes principales de la iniciativa será el sistema de almacenamiento en baterías (BESS), que estará integrado por 20 unidades con una capacidad individual de 5.015 kilovatios hora (kWh). En conjunto, alcanzarán una capacidad instalada de 100,3 MWh.

Esta tecnología permitirá gestionar la energía solar más allá de las horas de generación, almacenando electricidad durante los períodos de mayor disponibilidad para utilizarla posteriormente. Su incorporación busca aportar flexibilidad al suministro y mejorar el aprovechamiento de la energía renovable en una operación minera que requiere abastecimiento continuo.

Construcción está prevista para 2028

El proyecto es desarrollado por Sungrow a través de la sociedad Parque Apolo I SpA, que tendrá a su cargo las etapas de desarrollo, construcción y operación de la infraestructura. Según los antecedentes presentados, la iniciativa contempla una vida útil estimada de 21 años y cuatro meses, mientras que el inicio de las obras está previsto para julio de 2028.

Actualmente, la Declaración de Impacto Ambiental se encuentra en etapa de admisión ante el Servicio de Evaluación Ambiental. Esta fase corresponde a la revisión de los requisitos formales de presentación y no implica que el proyecto cuente con aprobación ambiental.

La iniciativa se suma al desarrollo de soluciones de generación renovable y almacenamiento energético para la industria minera en la Región de Antofagasta. Su implementación permitiría incorporar nueva capacidad solar al abastecimiento de Minera Spence y contribuir a una gestión más flexible del consumo eléctrico, aunque su ejecución dependerá del avance y resultado de la evaluación ambiental.

ProInversión prepara concesión privada para la Refinería de Talara de Petroperú

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) prepara un modelo de concesión para la Nueva Refinería de Talara, uno de los principales activos de Petroperú. La propuesta contempla la participación de un operador privado que aporte capital y asuma la administración de las instalaciones, con el objetivo de mejorar su eficiencia operativa y generar recursos para la empresa estatal.

El anuncio fue realizado por Luis del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, durante su participación en el encuentro inPERU 2026. El funcionario explicó que, debido a la dimensión y complejidad técnica de la refinería, se requiere un esquema que permita incorporar inversiones significativas y contar con una gestión especializada.

La modernización de la infraestructura demandó una inversión superior a los US$ 6.000 millones. Bajo el nuevo planteamiento, el capital privado tendría que contar con mecanismos que permitan recuperar los recursos aportados, mientras Petroperú podría participar de las ganancias generadas por la operación.

Operador privado asumiría la gestión de la refinería

Del Carpio señaló que el modelo en evaluación contempla que una empresa privada no solo aporte financiamiento, sino que también se encargue de administrar la refinería. La finalidad es incorporar capacidades técnicas y operativas especializadas para mejorar el desempeño del complejo industrial.

El esquema podría desarrollarse mediante una concesión u otra modalidad de asociación público-privada, cuya estructura deberá adaptarse a las características del activo y a las necesidades de inversión.

El titular de ProInversión indicó que Petroperú participará en la definición del modelo, buscando que Talara mantenga su función estratégica dentro del abastecimiento de combustibles del país y genere flujos económicos que contribuyan a atender las obligaciones financieras de la empresa.

Asimismo, explicó que Petroperú podría recibir parte de las ganancias obtenidas por la administración privada, bajo un mecanismo comparable con los modelos aplicados en concesiones de infraestructura portuaria y aeroportuaria.

Plan específico se presentaría en enero de 2027

ProInversión estima presentar el plan de promoción de la Refinería de Talara en enero de 2027. A partir de ese momento, los potenciales inversionistas podrán realizar sus propios procesos de evaluación o due diligence, que comprenden revisiones técnicas, financieras, legales y operativas antes de comprometer capital.

Según Del Carpio, este análisis tomará varios meses y permitirá establecer las condiciones definitivas de participación privada. La entidad espera completar durante 2027 la estructuración de un modelo de gestión para la refinería.

El funcionario también señaló que, por las dimensiones del complejo, el proceso podría atraer a grandes operadores internacionales, incluidos inversionistas de Estados Unidos y otros mercados.

No obstante, todavía no se han definido el monto de inversión privada requerido, las condiciones económicas de la concesión ni el plazo contractual. Estos aspectos deberán precisarse durante la estructuración del proyecto.

Refinería forma parte de la reorganización de Petroperú

La iniciativa se enmarca en el proceso de reorganización patrimonial y operativa de Petroperú que impulsa ProInversión. La estrategia contempla dividir los principales activos y unidades de negocio de la petrolera en bloques independientes para facilitar la incorporación de capital y operadores privados.

Entre los activos considerados se encuentran las refinerías, terminales de almacenamiento, instalaciones de distribución y operaciones petroleras. Cada unidad tendrá un esquema de participación privada acorde con sus características y necesidades financieras.

En el caso de Talara, su complejidad técnica y magnitud de inversión justifican un proceso específico, separado de otros activos de la empresa estatal.

Trabajadores petroleros expresan su rechazo

El anuncio también generó cuestionamientos por parte de la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol), que manifestó su rechazo a la eventual concesión.

El gremio considera que entregar la administración de la refinería a un operador privado podría comprometer el control de una infraestructura estratégica para el abastecimiento de combustibles, así como la autonomía operativa de Petroperú y la seguridad energética nacional.

La organización también cuestionó que una infraestructura cuya modernización demandó más de US$ 6.000 millones sea incorporada a un esquema de participación privada sin un debate nacional sobre sus implicancias.

Por ahora, el modelo continúa en etapa de estructuración. La presentación del plan en enero de 2027 permitirá conocer las condiciones de participación, los requerimientos de inversión y los mecanismos mediante los cuales Petroperú conservaría una participación económica en la operación de la refinería.

IIMP advierte que la minería ilegal produce 110 toneladas de oro al año en Perú

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) advirtió que la expansión de la minería ilegal representa una amenaza para la estabilidad del Estado, debido a su impacto económico, ambiental y social. La alerta fue presentada por Gustavo De Vinatea Bellatin, gerente general del instituto, durante una mesa técnica organizada en el Congreso de la República para analizar medidas contra esta actividad ilícita.

Durante su intervención, De Vinatea señaló que la producción ilegal de oro en el país se estima en aproximadamente 110 toneladas anuales, volumen que supera las exportaciones de oro de la minería formal, calculadas en alrededor de 100 toneladas. Según el representante del IIMP, esta situación evidencia la magnitud que ha alcanzado la actividad fuera del marco legal y los desafíos que enfrenta el Estado para controlar la cadena de comercialización del mineral.

El especialista también advirtió que el crecimiento de estas operaciones pone en riesgo el desarrollo de la minería formal y está asociado con problemas de violencia, contaminación ambiental y vulneraciones de derechos humanos.

Impacto ambiental y social de la minería ilegal

Uno de los principales riesgos señalados por el IIMP es la contaminación por mercurio en las fuentes de agua y en las poblaciones expuestas a este metal. La utilización de sustancias contaminantes durante la extracción y procesamiento del oro genera consecuencias para los ecosistemas y representa un problema para la salud pública.

De Vinatea también hizo referencia a la relación entre la expansión de la minería ilegal y el incremento de la violencia en determinadas zonas del país. Según las cifras expuestas por el instituto, en los distritos con mayor presencia de esta actividad los homicidios por cada 100.000 habitantes pueden alcanzar niveles hasta 45 veces superiores al promedio nacional.

Frente a este escenario, el representante del IIMP destacó el aporte económico de la minería formal, que representa alrededor del 10 % del producto bruto interno, concentra más del 66 % de las exportaciones y genera aproximadamente 290.000 empleos directos formales, además de más de un millón y medio de empleos indirectos.

Trazabilidad del oro y control de las plantas procesadoras

Entre las medidas planteadas por el IIMP figura fortalecer la trazabilidad del oro desde su extracción hasta su comercialización. Para ello, De Vinatea propuso utilizar las plantas de procesamiento de minerales como puntos de control que permitan verificar la procedencia del material, identificar a los proveedores y supervisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

La propuesta busca cerrar los canales mediante los cuales el oro de origen ilegal puede incorporarse a la cadena comercial formal y llegar a los mercados de exportación.

El representante del instituto también planteó que, ante el vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), previsto para el 31 de diciembre de 2026, se avance hacia la aplicación de la Ley General de Minería y de las disposiciones vigentes para la pequeña minería y minería artesanal, sin extender indefinidamente los mecanismos temporales de formalización.

Congreso reúne propuestas para combatir las economías ilícitas

La mesa técnica denominada “Minería ilegal: Trazabilidad de oro, control de explosivos, Reinfo” fue organizada por el Grupo de Trabajo sobre Economías Ilícitas, vinculado a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso y coordinado por el congresista Jaime Abensur Pinasco.

Durante la sesión participaron representantes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), el Comité de Fabricantes de Explosivos y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Desde la Sunat se abordó la importancia de mejorar la trazabilidad en las operaciones de exportación. Por su parte, el Minem explicó los procedimientos de formalización vigentes y las acciones de depuración del Reinfo, mientras que representantes de la Sucamec y de los fabricantes de explosivos expusieron alternativas para reforzar el seguimiento y control de estos insumos.

La SNI presentó propuestas orientadas a fortalecer la trazabilidad del oro a lo largo de la cadena productiva, desde la extracción hasta su comercialización.

Formalización minera y coordinación institucional

El IIMP sostuvo que el combate contra la minería ilegal requiere una estrategia coordinada entre las instituciones públicas y el sector privado. La fiscalización de las operaciones, el control de los insumos utilizados en la extracción y la verificación del origen de los minerales son algunos de los aspectos considerados prioritarios.

La discusión también se desarrolla en medio del debate sobre el futuro del Reinfo y la propuesta de una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). Las decisiones que adopten las autoridades serán determinantes para establecer las condiciones de formalización y supervisión de los pequeños productores mineros.

Por ahora, las propuestas presentadas en el Congreso forman parte del debate técnico y legislativo. Su implementación requerirá definir responsabilidades institucionales, mecanismos de control y recursos para fortalecer la capacidad de fiscalización del Estado.

MINEM destaca seguridad jurídica para atraer inversiones mineras al Perú

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) destacó la importancia de fortalecer la seguridad jurídica y la predictibilidad regulatoria para atraer nuevas inversiones mineras al Perú. El planteamiento fue expuesto por la viceministra de Minas, Mayra Figueroa Valderrama, durante su participación en la Conferencia Internacional de Minería y Recursos (IMARC 2026), realizada en Australia.

La funcionaria intervino en un panel de alto nivel organizado por el Australia-Latin America Business Council (ALABC), junto con representantes gubernamentales de Chile, Argentina, Brasil y México. El encuentro permitió intercambiar experiencias sobre las oportunidades de inversión, la cooperación internacional y los desafíos para fortalecer la competitividad de la industria minera latinoamericana.

Durante su presentación, Figueroa resaltó el potencial geológico del Perú y las posibilidades de atraer capitales internacionales, especialmente de empresas mineras junior interesadas en desarrollar proyectos de exploración.

Simplificación de trámites para impulsar nuevos proyectos

Uno de los principales aspectos abordados fue la necesidad de mejorar las condiciones administrativas para el desarrollo de inversiones. La viceministra señaló que el MINEM impulsa medidas orientadas a simplificar procedimientos, reducir barreras burocráticas y optimizar los tiempos de evaluación de los proyectos mineros.

Estas acciones buscan facilitar el avance de las iniciativas de inversión y fortalecer la confianza de las compañías nacionales y extranjeras. No obstante, el ministerio indicó que la agilización de los procedimientos debe mantenerse dentro del cumplimiento de las disposiciones legales, ambientales y sociales correspondientes.

La seguridad jurídica y la estabilidad de las reglas también fueron presentadas como elementos importantes para que las empresas puedan planificar sus inversiones a largo plazo, particularmente en actividades de exploración, que requieren capital y periodos prolongados de evaluación.

Perú y Australia buscan fortalecer la cooperación minera

Otro de los temas centrales fue la posibilidad de ampliar la cooperación entre Perú y Australia en exploración minera, innovación tecnológica, transferencia de conocimientos y servicios especializados para la industria, conocidos como METS.

La experiencia australiana en tecnología y servicios mineros representa una oportunidad para fortalecer las capacidades del sector peruano, mejorar la eficiencia de las operaciones y promover el desarrollo de soluciones especializadas.

En ese contexto, Figueroa identificó tres fortalezas del Perú para atraer empresas australianas: su potencial geológico y las oportunidades de inversión; la seguridad jurídica y predictibilidad para los inversionistas; y las posibilidades de cooperación tecnológica y empresarial para desarrollar una minería moderna y competitiva.

Cartera minera supera los US$ 64.000 millones

La participación del MINEM en IMARC también permitió destacar la cartera de proyectos de inversión minera 2026, integrada por 66 iniciativas distribuidas en 19 departamentos del país, con una inversión estimada de US$ 64.075 millones.

A esta cartera se suma la de exploración minera, conformada por 57 proyectos que representan inversiones estimadas en US$ 672 millones. Estas cifras reflejan el potencial de desarrollo del sector y las oportunidades que el país busca presentar ante los inversionistas internacionales.

La cartera comprende iniciativas en distintas etapas de desarrollo, por lo que los montos proyectados no representan inversiones ejecutadas ni garantizan que todos los proyectos lleguen a construcción y operación. Su materialización dependerá de los resultados de los estudios técnicos, la viabilidad económica, los permisos correspondientes y las decisiones de inversión de las empresas.

Promoción internacional y competitividad minera

El encuentro en Australia forma parte de los esfuerzos del MINEM por posicionar al Perú como destino para nuevas inversiones y fortalecer sus vínculos con mercados internacionales. La cooperación en tecnología, exploración y servicios especializados constituye uno de los ejes para ampliar las capacidades de la industria.

Con este mensaje, el sector busca promover un entorno de inversión basado en reglas claras, procedimientos eficientes y cumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales. El desafío será convertir el interés internacional y el potencial de la cartera minera en proyectos concretos que contribuyan al desarrollo productivo y económico de las regiones.

Bancada Obras propone ampliar la vigencia del Reinfo hasta diciembre de 2028

El grupo parlamentario Obras presentó un proyecto de ley para ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2028 o hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero. La iniciativa, impulsada por el diputado Raúl Camargo Porta, busca evitar una interrupción de los procedimientos de formalización minera ante el próximo vencimiento del registro, previsto para el 31 de diciembre de 2026.

La propuesta plantea modificar el artículo 6 del Decreto Legislativo 1293 y mantener la continuidad de los procedimientos administrativos en trámite. Según los argumentos de sus promotores, existe el riesgo de que se genere un vacío normativo entre la finalización del Reinfo y la entrada en funcionamiento del nuevo marco legal para la pequeña minería y minería artesanal.

¿Qué cambios plantea el proyecto de ley?

La iniciativa establece que las inscripciones vigentes en el Reinfo no perderán validez únicamente por el vencimiento del plazo general del proceso de formalización. De esta manera, los operadores que cumplan con los requisitos y obligaciones establecidos en la normativa podrían continuar sus procedimientos durante el periodo de ampliación.

El proyecto también precisa que la prórroga no permitirá abrir nuevas inscripciones ni reincorporar automáticamente a los operadores que hayan sido excluidos del registro. Tampoco contempla levantar las suspensiones previamente impuestas.

Entre las medidas adicionales, la propuesta plantea que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) coordine con los gobiernos regionales para simplificar los procedimientos administrativos, brindar asistencia técnica y fortalecer la supervisión ambiental y social de las actividades mineras.

Asimismo, establece un plazo de 30 días calendario para adecuar las disposiciones reglamentarias y dispone que el Minem presente informes semestrales ante el Congreso sobre los avances del proceso, las dificultades identificadas y las medidas implementadas.

Sinceramiento de operaciones y trámites administrativos

Otro componente de la iniciativa está relacionado con la actualización de la información sobre las actividades mineras comprendidas en el proceso de formalización.

El proyecto plantea que los operadores realicen el sinceramiento de la ubicación de sus actividades mediante información georreferenciada, con el propósito de precisar dónde se desarrollan las operaciones registradas.

También incorpora disposiciones vinculadas con la obtención de la Opinión Técnica Sectorial requerida para el uso de explosivos, al proponer la aplicación del silencio administrativo positivo en este procedimiento.

Los autores de la propuesta sostienen que estas medidas permitirían reducir las dificultades administrativas y facilitar la continuidad de los expedientes que todavía se encuentran pendientes de evaluación.

Gobierno plantea cerrar el Reinfo y avanzar con la Ley MAPE

La iniciativa parlamentaria se presenta en un escenario de diferencias entre el Congreso y el Poder Ejecutivo sobre el futuro del proceso de formalización minera.

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, ha reiterado que el Gobierno no promoverá una nueva ampliación del Reinfo y mantiene como fecha de cierre el 31 de diciembre de 2026.

En su lugar, el Ejecutivo impulsa la Ley MAPE, que contempla un régimen temporal de consolidación de 18 meses, desde el 1 de enero de 2027 hasta el 30 de junio de 2028. Este mecanismo permitiría que los operadores comprendidos en el proceso vigente completen los requisitos necesarios para incorporarse al régimen ordinario.

La propuesta gubernamental también contempla la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Formape), una entidad especializada adscrita al Minem que asumiría funciones relacionadas con la formalización, evaluación y supervisión del sector.

Dos propuestas para el futuro de la formalización minera

Mientras el Ejecutivo plantea concluir el Reinfo y reemplazarlo por un nuevo esquema de consolidación, la bancada Obras busca extender la vigencia del registro por dos años adicionales o hasta que entre en vigor la Ley MAPE.

La diferencia entre ambas iniciativas se concentra en el mecanismo que permitirá continuar los procedimientos de formalización y en las condiciones que tendrán que cumplir los operadores mineros durante la transición.

Por ahora, el proyecto presentado por Obras constituye una propuesta legislativa y no una ampliación aprobada. Su avance dependerá de la evaluación y el debate correspondiente en el Congreso, donde también deberá definirse el futuro de la iniciativa gubernamental para regular la pequeña minería y minería artesanal.

Perú destina S/ 1.038 millones para garantizar la continuidad de obras públicas

El Congreso de la República aprobó un crédito suplementario de S/ 8.228 millones propuesto por el Poder Ejecutivo, que contempla recursos para garantizar la continuidad de obras públicas, financiar inversiones prioritarias y fortalecer la prestación de servicios esenciales en el país. De este monto, S/ 1.038 millones estarán destinados a compromisos de pago y proyectos de infraestructura que se encuentran en ejecución.

La aprobación se realizó el 28 de octubre de 2026 durante la sesión del Pleno del Congreso. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la medida busca evitar interrupciones en las inversiones en marcha y fortalecer la capacidad del Estado para responder a necesidades prioritarias, incluidas las emergencias relacionadas con el fenómeno El Niño.

Metro de Lima y corredores viales entre las obras financiadas

Dentro de los recursos asignados al sector Transportes y Comunicaciones se encuentran intervenciones vinculadas con la Línea 2 del Metro de Lima, la Vía Expresa Santa Rosa, el puente Chulucanas, el puente San Francisco y concesiones ferroviarias.

La asignación permitirá atender compromisos financieros y dar continuidad a los trabajos que forman parte de la cartera de infraestructura nacional. Estas intervenciones son relevantes para mejorar la conectividad, reducir las brechas de transporte y fortalecer la integración entre distintas regiones.

Entre los proyectos considerados también figuran obras y acciones a cargo de Provías Nacional, así como intervenciones relacionadas con infraestructura concesionada. La disponibilidad de los recursos permitirá atender obligaciones vinculadas con la ejecución y continuidad de estas inversiones.

Recursos para agua, saneamiento y sistemas de riego

El crédito suplementario también incorpora partidas para infraestructura básica y desarrollo productivo. En el sector de agua y saneamiento se contemplan S/ 380 millones para inversiones destinadas a mejorar el acceso a estos servicios.

Asimismo, se asignan S/ 247 millones al mantenimiento de infraestructura de riego menor y otras intervenciones del sector agrario. Estos recursos buscan fortalecer los sistemas utilizados para la distribución de agua y contribuir a la continuidad de las actividades agrícolas.

La inversión en estos servicios resulta fundamental para reducir las brechas de infraestructura, especialmente en localidades que requieren mejorar sus sistemas de abastecimiento y capacidad de producción.

Infraestructura educativa y de salud

Entre las principales asignaciones del crédito suplementario también destacan S/ 762 millones para el mantenimiento de 12.054 locales educativos, con el objetivo de mejorar sus condiciones y reducir su vulnerabilidad ante posibles eventos climáticos.

En materia de salud se contemplan S/ 691 millones para financiar prestaciones y acciones de atención integral, incluida la prevención y atención de la anemia.

Adicionalmente, se consideran S/ 516 millones para la adquisición de kits escolares destinados a más de 1,2 millones de estudiantes en situación de pobreza. Estas partidas forman parte de las intervenciones orientadas a garantizar la continuidad de los servicios públicos.

S/ 581 millones para prevención ante el fenómeno El Niño

Otro componente importante del crédito suplementario corresponde a los S/ 581 millones destinados a acciones de prevención y atención de emergencias ante el fenómeno El Niño.

Los recursos permitirán financiar intervenciones para reducir vulnerabilidades, fortalecer la capacidad de respuesta de las entidades públicas y atender las necesidades que puedan surgir ante eventos climáticos adversos.

En este contexto, el mantenimiento de infraestructura educativa, sistemas de riego y servicios básicos adquiere especial importancia para disminuir los riesgos de afectación y garantizar la continuidad de las actividades en las zonas expuestas.

¿Cómo se financiará el crédito suplementario?

De acuerdo con el MEF, el 46,2 % del financiamiento provendrá de recursos ordinarios, principalmente asociados a una mayor recaudación tributaria vinculada al incremento del precio del cobre y al dinamismo de la actividad económica.

El 53,8 % restante corresponderá a operaciones oficiales de crédito mediante la emisión de bonos soberanos.

Con esta aprobación, el Gobierno busca mantener el avance de las inversiones públicas y atender compromisos en sectores estratégicos. La ejecución efectiva de los recursos será determinante para evitar retrasos en las obras y asegurar que los proyectos continúen desarrollándose conforme a sus necesidades financieras y cronogramas.