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Nuevo Hospital Militar Central será construido gracias a asociación público privada

Un nuevo y moderno Hospital Militar Central será construido y equipado bajo la modalidad de Asociación Público Privada, el cual es promovido por el Ministerio de Defensa, a través del Ejército del Perú y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

El proyecto tiene como objetivo diseñar, construir, mantener y operar un nuevo hospital de tercer nivel de atención, que contará con los aspectos más innovadores en la fase constructiva, como certificación LEED, liderazgo en energía y diseño sustentable.

La Asociación Público Privada, bajo el esquema de concesión, involucra los servicios de bata verde y bata gris.

La bata verde incluye el servicio integral de hemodiálisis y laboratorio; mientras que, la bata gris incluye el mantenimiento y conservación de las instalaciones, limpieza y desinfección, provisión de alimentos, provisión y mantenimiento del equipo médico, lavandería y ropería, seguridad, administración de almacén y estacionamientos, eliminación de residuos sólidos, entre otros.

El plazo de concesión será de 30 años, de los cuales 4 años corresponden al diseño y construcción del nuevo hospital, así como la adquisición de equipamiento y mobiliario moderno.

Asimismo, durante 26 años se realizará la operación y mantenimiento del mismo, el cual beneficiará a todos los miembros del Ejército del Perú, así como a sus derechohabientes, que suman un total de más de 270,000 personas.

La viceministra de Recursos para la Defensa, Ninoska Mosqueira Cornejo, resaltó el compromiso del sector, liderado por el ministro Jorge Luis Chavez Cresta, para llevar a cabo este nuevo hospital.

“La declaratoria de viabilidad del proyecto de inversión registrada el último 17 de agosto en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), representa un hito importante en el desarrollo del proyecto, que hará posible continuar con las siguientes fases de la Asociación Público Privada”, afirmó.

La viceministra añadió que la modalidad de inversión empleada garantizará la sostenibilidad de los servicios en el marco de un contrato riguroso, supervisado y fiscalizado. “Además, permitirá que la empresa privada incorpore conocimiento, experiencia y tecnología para brindar un mejor servicio con altos estándares de calidad por todo el periodo de la concesión”.

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Costa del Sol gana licitación de hoteles en Jorge Chávez: destinará US$ 50 millones

La cadena de hoteles Costa del Sol ganó la licitación privada para la construcción, mantenimiento y operación de dos hoteles en lo que será la ciudad aeropuerto en Jorge Chávez. En diálogo con Gestión, el CEO de la compañía, Mario Mustafá, adelantó que la edificación de ambas infraestructuras demandará la inversión de US$ 50 millones.

“Hoy es un día muy importante para nosotros y nos sentimos muy felices, ya que después de 10 meses de arduo trabajo se ve una meta cumplida, la cual es instalar como Costa del Sol dos hoteles en el aeropuerto Jorge Chávez: uno abrirá sus puertas en enero del 2025 y el otro en 2027, los que serán construidas sobre un área de 5,000 metros cuadrados″, detalló.

El primer hotel que se construirá será de cinco estrellas, con 249 habitaciones y bajo la marca Wyndham, para la cual se destinará US$ 35 millones. Luego, se desarrollará un segundo hotel de tres estrellas con 338 habitaciones y como Costa del Sol, que costará US$ 20 millones.

Así, la cadena hotelera apunta a contar con 13 sedes en Perú en cuatro años.

“Ambos hoteles estarán instalados frente a las salidas nacionales e internacionales, con lo cual, damos los dos conceptos de servicio: a un público más exigente que pedirá un full service que brinda un hotel cinco estrellas y otro de tres estrellas, con todos los estándares de calidad. Entrará a funcionar primero el de cinco, en 2025, y el de tres, el 2027″, acotó.

Los futuros hoteles, agregó el ejecutivo, estarán diseñados bajo un concepto de peruanidad, tomando como base la cultura Paracas.

“Acordémonos que el Jorge Chávez es la puerta de entrada para los pasajeros internacionales a Perú por lo que vimos una oportunidad, junto a LAP, de desarrollar el concepto de peruanidad tomando como base los mantos Paracas que serán la inspiración para el diseño de los hoteles”, apuntó.

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MTC informó que Proyecto del Puente Tarata en Juanjuí ya cuenta con nuevo cronograma

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones llegó a la provincia de Mariscal Cáceres para informar a las autoridades locales y representantes de los frentes de defensa y sociedad civil sobre el nuevo cronograma del proceso de selección del Proyecto de Construcción del Puente Tarata.

Representantes de Provias Descentralizado anunciaron que el nuevo cronograma del proceso de selección del proyecto, se publicará oficialmente este viernes 8 de setiembre.

La comitiva del MTC ratificó que esta importante infraestructura que dinamizará la economía de la región San Martín se materializará, tal como lo ha señalado la ministra Paola Lazarte. El presupuesto para su ejecución está asegurado y aprobado.

El cronograma del proceso de selección está a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el MTC estuvo presente en la zona para informar a la población de Juanjuí y Pajarillo, de forma directa y transparente, todas las acciones y alcances del proceso.

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Codelco ofrece bonos a 10 y 30 años para ambicioso plan de inversiones

La estatal chilena Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, colocó el martes bonos por US$ 2,000 millones en tramos a 10 y 30 años para financiar su multimillonario plan de inversiones.

El papel a 10 años por US$ 1,300 millones tuvo rendimiento de 5.966%, o 170 puntos básicos sobre el bono comparable del Tesoro estadounidense, mientras que el de 30 años fue por 700 millones con un rendimiento del 6.331%, o un diferencial de 195 puntos.

“Esta acción de financiamiento busca asegurar la disponibilidad de recursos para el desarrollo de su exigente cartera de inversiones que para este año demandará un total de US$ 4,100 millones”, señaló Codelco en un comunicado al anunciar la operación.

“Esta magnitud de capital tiene concordancia con el mayor nivel de actividad de sus proyectos estructurales, que están retomando su ritmo constructivo y que contribuirán a incrementar el nivel productivo de la compañía hasta alcanzar 1.7 millones de toneladas en 2030″, agregó.

Tras la colocación, Codelco detalló que el libro de órdenes alcanzó su nivel histórico, superando los US$ 9,000 millones, con una sobresuscripción de 4.7 veces, dado el interés de más de 250 inversionistas.

El proceso fue liderado por BNP Paribas, Citi, JPMorgan, Santander y Scotiabank.

En enero, la compañía había colocado bonos por US$ 900 millones a 10 años, con una demanda que alcanzó los US$ 7,600 millones.

En 2022, la estatal vio caer su producción propia a su menor nivel en 25 años afectada por el retraso en sus “proyectos estructurales”, con los que busca compensar la caída en las leyes minerales de sus depósitos.

Para este año, la empresa ajustó a la baja su meta de producción a entre 1.31-1.35 millones de toneladas.

La minera agregó que desde 2020, “la escasez de mano de obra e insumos provocada por la pandemia impactó el avance de los proyectos estructurales, los cuales están retomando los niveles requeridos”.

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Minería en Perú: hay 38 proyectos sin fecha de construcción

Un importante grupo de 38 proyectos mineros en Perú no tienen fecha de inicio de construcción, lo que representa un monto de inversión total de US$ 48,024 millones, según la última actualización de la cartera del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Es decir, del portafolio de inversión minera hasta julio de este año, que contempla 46 proyectos por US$ 53,130 millones, solo ocho figuraban con su plazo para empezar la obra.

Se observa que aunque cuatro proyectos mineros de cobre no tienen fecha de construcción, sí cuentan con su inicio en marcha. Se trata de Ampliación Ilo (Moquegua), Los Chancas (Apurímac), Trapiche (Apurímac) y Michiquillay (Cajamarca).

Estos son los proyectos sin fecha de construcción

Entre los proyectos sin fecha de inicio de construcción figuran: la Ampliación Bayóvar (Piura), Cañón Florida (Amazonas), Conga (Cajamarca), Tía María (Arequipa), El Galeno (Cajamarca), La Granja (Cajamarca), Ampliación Cuajone (Moquegua), Ariana (Junín), Cañariaco (Lambayeque), Cotabambas (Apurímac) y más.

El Minem señala que estos proyectos se encuentran etapa de prefactibilidad, factibilidad, conceptual e ingeniería de detalle.

Además, refiere que no tienen fecha de construcción, principalmente, por el grado de avance de los proyectos que se encuentran en etapas tempranas, aspectos sociales, decisiones del inversionista (financiamiento, priorización de activos de acuerdo al retorno de capital, entre otros).

Las trabas

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Víctor Gobitz, explica a Gestión que existen tres grandes trabas para sacar adelante los proyectos: la burocracia en los permisos, el acceso a tierras y no tener infraestructura pública adecuada.

En esa línea, Gobitz señala que tenemos atributos mineros que siguen siendo atractivos, pero hay competencia.

“Los proyectos compiten y hay algunos que son más rentables en otras jurisdicciones, así que si Perú quiere ganar esa partida debe darles predictibilidad a los permisos, porque si demora cuatro años tiene un impacto en la valorización muy significativa y esa es la competitividad con lo cual se miden los proyectos cuando forman parte de un portafolio”, comenta.

Precisa que lo mismo pasa con la compra de tierras, porque si es engorroso, largo o impredecible en tiempos los proyectos mineros no avanzan.

“El tercer elemento que se debe considerar si el país quiere ser más competitivo y no solamente en minería, es una urgencia para invertir en nuestra infraestructura pública. Si es que no tengo esa claridad de inversión en carretera, aeropuertos, puertos, eso nos pasará factura”, asevera.

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Altamesa Energy se asociará con Petroperú para el Lote 192

Perupetro informó que la empresa Altamesa Energy Canadá recibió su calificación para ser el socio operador de Petroperú en la explotación conjunta del Lote 192, el más importante del país. Esta calificación era clave, ya que será la firma privada la que asumirá todas las inversiones.

En diálogo con La República, la presidenta de Perupetro, Isabel Tafur Marín, señaló que la calificación positiva de Altamesa tuvo lugar la última semana de agosto, y que actualmente se está trabajando la cesión de participación contractual.

“Petroperu tiene que trabajar con nosotros y confirmar que está cediendo parte de su participación en favor de Altamesa. Luego, tiene que salir un nuevo decreto supremo donde se apruebe la cesión y autorice la suscripción de contrato”, explicó la titular de Perupetro.

Actualmente, Petroperú es titular del exlote 1-AB, en Loreto, donde desarrolla algunas actividades que no involucran de manera directa su explotación. Según el reglamento, el decreto que autorice la sociedad entre la petrolera y Altamesa deberá ser publicado en los siguientes 60 días a su calificación positiva.

Sin embargo, desde Perupetro se espera tener el proceso culminado en las próximas semanas, al punto que el Lote 192, considerado el más grande del Perú, estaría produciendo crudo nuevamente “en noviembre, o máximo la primera o segunda semana de diciembre”.

Tafur aclaró que, al inicio, el yacimiento tendrá una producción mínima porque, al igual que el Lote 8, se encontró “abandonado a su suerte, con pozos cerrados y muchos equipos sustraídos”. No obstante, aún no se aclara si será Perupetro o Petroperú quien asuma las pérdidas.

“Todavía no tenemos un avance de eso, porque hay cosas que mirar bien y valorizar. Creo que el ingreso de Altamesa nos ayudará mucho“, resaltó Tafur.

Yacimiento tiene 127 millones de barriles

El 28 de febrero de 2023, Petroperú y Perupetro suscribieron el contrato de licencia para la explotación del Lote 192 por 30 años.

Este yacimiento tiene reservas estimadas en 127 millones de barriles y una producción de campo de 12.000 diarios.

La producción del Lote 192 se destinará a la Nueva Refinería Talara.

También asegurará la operación económica del Ramal Norte del Oleoducto Peruano (ONP).

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Atentos: Camacol estima que tasas de interés para comprar vivienda bajarán entre 0,5 y 1% para final de año

El ministro de Hacienda se sumó a las voces de los gremios para pedir al Banco de la República que inicie la senda de la reducción en el costo de los créditos.

Es cada vez más generalizada la tesis de que ya la tasa de interés del Banco de la República haya llegado al techo, por lo cual, no seguiría escalando; sin embargo, podrían retrasarse las reducciones de este indicador, que se mantiene en 13,25 %, nivel que ha estado haciendo estragos en la venta de vivienda por lo caro de los créditos hipotecarios.

La reducción de las tasas de interés es prácticamente un clamor al unísono, pues desde los mismos bancos, el Gobierno y los usuarios del servicio financiero, están afectados por ese freno de mano que el Banco de la República les puso a los créditos, a través de la aplicación de una política monetaria que consiste en subir el interés a los créditos para tratar que las personas no tomen préstamos para hacer consumo de bienes y servicios.

El Emisor, que para el mes de septiembre, en el cual tiene la posibilidad de tomar decisiones en la junta directiva sobre las tasas de interés, ha dicho que mantiene el monitoreo de las señales que envía la economía antes de llegar a un veredicto. No obstante, el lunes 4 de septiembre, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no dejó de sorprender al sentarse en la mesa con la Andi y Asobancaria, para pedir al Banco Central que iniciara las rebajas.

Y así como se fueron incrementando las tasas de interés, a través de 14 incrementos aplicados desde octubre de 2021, cuando este indicador era de 1,75 %, hasta llevarlas al nivel en el que se encuentra ahora, de 13,25 %, ahora tendrán que empezar a reducirse. El objetivo de lo que los economistas llaman ‘enfriar la economía’ parece haberse cumplido y los distintos sectores que están en desaceleración dicen encontrarse ya con el oxígeno demasiado bajo.

Muestra de ello es la rama de la vivienda que, según los datos más recientes, tuvo una fuerte caída en ventas, al pasar de 155.316 unidades habitacionales entre enero y julio de 2022, a solo 75.414 viviendas. Por supuesto, el segmento más golpeado es el de la vivienda de interés social (VIS), el cual ni con activación de subsidios ha levantado cabeza.

Un informe elaborado por el gremio de constructores (Camacol) llama la atención sobre la necesidad de reactivar la construcción, ya que el mercado hipotecario puede tener una fuerte incidencia en el desempeño económico y el bienestar de los hogares.

Aunque aún existen riesgos para que la inflación se devuelva desde el camino bajista que tomó hace unos meses, el gremio de la construcción calcula que, “de materializarse las reducciones en la tasa de referencia durante el segundo semestre del año, se esperaría que las tasas de interés hipotecarias promedio se reduzcan entre 0,5 y 1,0 % finalizando 2023 y que se estabilicen en niveles cercanos al 11,5 % en 2024″.

Hay que recordar que las tasas del Emisor llegan a la economía causando un freno y, en el caso del crédito hipotecario, es un pare que le pasa una onerosa factura al empleo y las posibilidades de incremento en la produción.

Una bola de nieve

En el caso del crédito hipotecario, según el informe de Camacol, la consecuencia es que las empresas, al experimentar los incrementos en los costos de financiación de sus proyectos, empiezan a aplazarlos, con los consiguientes efectos sobre la contratación de mano de obra y el gasto en materiales. Ambas situaciones de hondas repercusiones para la economía.

Por el lado de los hogares, los que tenían la expectativa de volverse propietarios ahora lo piensan dos veces, porque los altos intereses les indican que deben destinar más recursos para el pago mensual de sus obligaciones financieras. Es decir, ni el uno puede construir, ni el otro puede comprar y la economía necesitando de inversión y consumo.

“La relación entre la tasa de interés de política monetaria y las tasas de interés para adquisición de vivienda, es un determinante para de las ventas en el corto plazo, y por lo tanto de la dinámica de la actividad edificadora futura”, concluye Camacol.

Camacol recordó que la reacción del Banco de la República, con las tasas de interés en general, tuvo efectos directos sobre las tasas de interés para adquisición de vivienda.

Tanto así que “las tasas hipotecarias fueron incrementándose rápidamente, alcanzando el 18 % para No VIS y 16,5 % para VIS en febrero de 2023. Estas son las tasas de interés hipotecario más altas de los últimos 15 años”, concluye el informe.

Toda esa población es la que está a la expectativa de lo que sucederá este 7 de septiembre con el dato de inflación que revelará el Dane, y lo que pasará al final de mes, cuando llegue la hora cero para la reunión del Banco.

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Habría un “cartel de licencias urbanísticas en Cartago”: así lo denuncia el concejal Víctor Pineda

En el municipio se están realizando construcciones en áreas prohibidas.

La Administración Municipal de Cartago estaría presentando diversas irregularidades con las licencias urbanísticas que está otorgando en este municipio, así lo denunció ante SEMANA Víctor Alfonso Pineda, concejal de Cartago por el partido Liberal.

Según Pineda, estos hechos vienen presentándose desde el 1 de enero de 2020 al 16 de agosto de 2022. “Eso es cuando llega la curaduría a Cartago y toma posesión, justo entre este periodo de tiempo es que Planeación Municipal otorga 2.324 licencias, de las cuales hay varias que ni siquiera cuentan con un trámite respectivamente desde planeación”, indicó.

Igualmente, fue enfático en decir que “estas irregularidades se están presentando en el suelo urbano y el área de expansión urbana, donde hay suelos protegidos debido a que son ricos en agua, pero esto no les importó a algunas autoridades y otorgaron esas licencias, donde actualmente hay construcciones que superan el 80% de su ejecución”.

El concejal denunció que una de estas irregularidades está en el sector de Villa Juliana, que hace parte de la sentencia T-974 del 2009, donde se indica que “esta es zona prohibida, por lo cual no se puede expedir ninguna licencia urbanística en el sector, sin embargo, lo han hecho, así comprometiendo el patrimonio de quienes con esfuerzo compran una vivienda. Estas zonas están prohibidas y tras de eso corren riesgo por el fenómeno de la niña, no podemos permitir que nuestra comunidad llegue a perderlo todo y les toque salir corriendo con el colchón al hombro”.

Igualmente, denunció la ilegalidad del “proyecto ‘Reservas del Limonar’ que se lleva a cabo por la ‘Constructora A&M’, quien habría pedido el permiso de construir el pasado 6 de junio del 2022 y de forma increíble la Secretaria de Planeación, en cabeza de Jaime Aurelio Escobar, expide dicho permiso y licencia el 8 de junio del 2022, así violando todos los debidos procesos para expedir dicho permiso y sobre todo, conociendo que no se podía dar esta licencia urbana debido a que estaba en zona rural y afectaba las Colinas Bocajabo. Desde ahí ya vemos el negocio del cartel de las licencias”, indicó el Concejal.

Ante este panorama, la CVC expidió la resolución 0770 número 0771 el pasado 23 de agosto del 2022, justo un mes después de dicha autorización por parte de Planeación Municipal. En esta se le ordenaba a dicha constructora parar sus obras de forma inmediata de actividades de “movimiento de tierra y tala de árboles, en el sector aledaño al Barrio Limonar, veredas de Flor de Dama, del municipio de Cartago”.

“A pesar de esto, las obras siguieron y tienen un gran avance de ejecución, es necesario que las autoridades competentes miren lo que está ocurriendo aquí, están afectando el medio ambiente, pues cortaron 16 especies de árboles, entre los que hay samanes de más de 100 años. Además, juegan con los recursos de la gente, pues un lote y una vivienda en este sector está costando entre 140 y 160 millones de pesos, siendo una ilegalidad jurídicamente”, dijo.

Igualmente, indicó que varios sectores del municipio tendrían problemas similares, como lo son:

  1. La Nueva Colombia.
  2. Lote contiguo centra recreacional Comfandi.
  3. Construcción Monasterio.
  4. Detrás de las Palmas.
  5. Detrás de los Chorros.
  6. Finca la Vitrina.
  7. Vías y loteo rural.
  8. Construcción al lado del río La Vieja.
  9. Casas de la Carrera 20 norte.
  10. Urbanización Villa Mariana.

Ante estas situaciones, el concejal pide “suspender las obras y que reparen a las personas, es decir, que les devuelvan el dinero y les den una indemnización, pues les están vendiendo algo que no es legal. Asimismo, pido que se repare el daño ambiental realizado en estos sectores”, finalizó.

Cabe mencionar que SEMANA se comunicó con Planeación Municipal y los encargados de la Constructora A&M para conocer sus versiones a dichas irregularidades.

Por parte de la constructora solo indicaron que “noto que les han informado mal, todo esto se trata de un ataque político, por parte de Germán González Osorio que es jefe de Pineda, es un señor que tiene detención domiciliaria, ya hay 10 personas condenadas por 30 mil millones de pesos que se perdieron en su administración. A nosotros no nos negaron ninguna licencia, es más, tenemos permiso de construir 80 viviendas y parcelar 90 lotes campestres”, manifestó Benjamín Agrado, socio de la constructora A&M.

Igualmente dijo: “Lo que quiero manifestar, es que el señor por su jefe me comienza a atacar a mí a (benjamín) para ser aspirante a la alcaldía y tener mayor aspiración de voto. Si tanto alega por las licencias porque no dice nada de la terminal de Cartago que está a cargo de mis opositores y la cual la CVC suspendió. Yo no soy el representante legal de la constructora, sino mi socio. Nosotros tenemos la licencia y todo legal, lo que el concejal quiere hacer es un show mediático tratando de dañar mi aspiración a la alcaldía. Tenemos los documentos que demuestran que estamos actuando de forma legal y se presentarán ante la autoridad competente cuando sea necesario”.

Se espera que en las próximas horas los demás involucrados den sus declaraciones sobre estos hechos.

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ANI seleccionó consultor para conexión férrea entre Bogotá Región y La Dorada – Chiriguaná

Con este proceso licitatorio, ya son 3 los que el Gobierno, en la meta de reactivar la red férrea.

Con una inversión superior a los $19.267 millones, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) seleccionó al equipo consultor ‘Consorcio PYE Corredor Férreo Central’, quienes adelantarán la estructuración integral a nivel de prefactibilidad de la conexión férrea entre la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca y el Corredor Férreo Central (La Dorada – Chiriguaná).

“En la última década, la destinación presupuestal para el modo férreo no supera el 1,8% del total de la inversión pública anual del sector. En el primer año de Gobierno del Cambio firmamos más de $216.000 millones en contratos de obra pública y estructuración”, explicó Jonathan Bernal, vicepresidente de Estructuración

Esto “nos permitirá desarrollar una red de infraestructura intermodal y de servicios de transporte con una eficiencia logística que implique para los empresarios, una reducción de los costos de hasta el 26% y la generación de condiciones óptimas en la operación”, agregó el funcionario.

El Consorcio tendrá 12 meses para definir la mejor alternativa que garantice una conexión férrea eficiente, bajo el precepto del mejor costo – beneficio, teniendo en cuenta los componentes técnico, económico, financiero, jurídico, predial, social, ambiental y de riesgos.

Actualmente, existen tres grandes corredores férreos: La Dorada – Chiriguaná (en operación), Bogotá – Belencito (en operación) y la Red Férrea del Pacífico (en estructuración) que requieren conectarse eficientemente, para así integrarse con la red de infraestructura carretera, fluvial, portuaria y aeroportuaria del país.

Una vez se implemente esta conexión férrea, la movilización de carga de industria pesada y de alto volumen, que se realiza desde los centros de producción al interior del país, podrá llegar hasta los puertos marítimos ubicados en los océanos Atlántico y Pacífico.

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¿Cuánto aumentaría la tarifa de energía con la propuesta del presidente Petro para subsidiar el transporte público?

Este tema sigue en el centro del debate para todos los colombianos.

Siempre que se acercan propuestas de subsidios y cambios en las políticas públicas, es importante analizar detenidamente su impacto en la economía y en los bolsillos de los ciudadanos, puesto que más allá del populismo o lo bueno o malo que pueda sonar, es necesario revisar a fondo todas las implicaciones que pueda tener en el día a día, así como su viabilidad desde la óptica técnica y financiera.

En este contexto, la reciente idea del presidente Gustavo Petro, de subsidiar el transporte público a través de la factura de la luz, ha generado un intenso debate en el país, puesto que sugiere que los usuarios de electricidad asuman parte del costo del transporte masivo, particularmente en Bogotá, donde opera el sistema de TransMilenio, con el fin de acabar el pago que se hace actualmente y garantizar la democratización de este servicio.

Sin embargo, esta iniciativa plantea preguntas cruciales entre los expertos, especialmente frente a quién realmente pagaría este subsidio, cuánto aumentaría la tarifa de energía y si es una solución viable para el problema del transporte público.

En una declaración reciente, el director del Centro de Estudios Económicos Anif, Mauricio Santa María, sostuvo que “es obvio, pero parece que algunas veces se olvida, es que no existe ningún servicio o bien cuyo consumo sea ‘gratis’. El transporte público no es la excepción. Proveer ese servicio tiene un costo elevado y se enfrenta a una demanda variable, y esas cosas forman un precio que alguien paga. Entonces, la pregunta NO es si es gratis, sino quién lo paga: los usuarios por medio de una tarifa o todos a través de algún impuesto o contribución extra”.

“En este sentido, lo que parece proponer de manera improvisada el presidente es hacerlo con el segundo método, utilizando una contribución extra en la electricidad, lo cuál, en principio suena inviable. El incremento en la cuenta de la luz sería demasiado grande y, además, se distorsiona el mercado de energía de manera irreparable”, agregó.

Para entender mejor esta propuesta, es fundamental analizar los números y las implicaciones económicas que conlleva. Según expertos en transporte público, el costo de llevar a cada pasajero en el sistema de TransMilenio es de 3.821 pesos por cada viaje, mientras que el precio del pasaje es de 2.950 pesos. Esto significa que el pasaje no cubre el costo total del servicio, y la diferencia se subsidia con impuestos. En otras palabras, el sistema de transporte masivo ya está subsidiado en cierta medida, y la propuesta de Petro busca ampliar esta cobertura a través de las facturas de electricidad.

“Si lo que se quiere es subsidiar el transporte de personas de bajos ingresos, lo cuál en mi opinión es una buena idea (aunque ya hoy está subsidiado, es decir, hoy la tarifa no cubre los costos de operación), hay que estudiar bien cómo se financia ese subsidio, cómo se focaliza para que no lo usen personas de ingresos altos y cómo sería el esquema presupuestal entre la nación y la entidad territorial”, dijo Santa María.

Adicional a ello, hay que resaltar que, de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) correspondientes al segundo trimestre de este año, Bogotá cuenta con 3′779.341 pasajeros que utilizan el transporte público a diario, razón por la cual, para llevar a cabo la propuesta del presidente Petro, se necesitaría calcular cuánto deberían pagar los hogares en su factura mensual de la luz para cubrir el costo del servicio de transporte masivo, independientemente de si lo utilizan o no.

Este monto se determinaría dividiendo la cantidad de dinero necesaria para cubrir el costo del transporte público, que mensualmente supera los 433 mil millones de pesos entre los usuarios del servicio de electricidad en Bogotá, que actualmente rondan los tres millones. Con esto queda claro que si se quisiera que este subsidio fuera financiado a través de las facturas de electricidad, cada hogar debería pagar un adicional de 144.000 pesos mensuales para cubrir el costo total del servicio.

Luego de esto, vale la pena decir que Mauricio Santa María, director del Centro de Estudios Económicos Anif resalta que la propuesta de Petro podría distorsionar el mercado de energía de manera irreparable, ya que el incremento en la cuenta de la luz sería significativo, y esto podría afectar negativamente a los hogares y a las empresas, especialmente en un momento en que el costo de la electricidad en Colombia ya es uno de los más altos de América Latina.

Según datos del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), la electricidad en Colombia es la tercera más cara de la región. En relación con el salario mínimo, los colombianos destinan un 7 % de su ingreso a pagar la factura de la luz, una proporción que supera la de países como Perú y Brasil.