Minvu O’Higgins anuncia la construcción de 2.515 viviendas a través del Programa de Integración Social y Territorial

Desde el conjunto habitacional Portal El Abra I en la comuna de Requínoa, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Óscar Muñoz Lara, presentó la lista de los nuevos proyectos del Programa de Integración Social y Territorial del MINVU para la región. Estos comprenden un total de 13 complejos que suman 2.515 viviendas en las comunas de Rancagua, Rengo, Machalí, Chimbarongo y la ya mencionada Requínoa. Durante el evento, se contó con la presencia del director de Serviu O’Higgins, Omar Gutiérrez Messina, y el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Rancagua, Guillermo Carbacho Becerra.

Este hito marca el inicio del Mes de las Ciudades Justas, una iniciativa destinada a recobrar la importancia de las ciudades como espacios de convivencia social y oportunidades para el desarrollo de proyectos de vida tanto para individuos como para comunidades.

El Programa de Integración Social y Territorial del MINVU facilita a familias de diversas realidades socioeconómicas, que buscan adquirir su primera vivienda con el respaldo del Estado, el acceso a proyectos de viviendas en barrios bien ubicados y cercanos a servicios, que cumplen con altos estándares de calidad en diseño, equipamiento y áreas verdes. Esto se alinea con el Plan de Ciudades Justas del ministerio, una amplia agenda que busca centrar la discusión territorial en el corazón de los temas urbanos y nacionales, poniendo un énfasis en los desafíos que la sociedad chilena y sus territorios deberán enfrentar en el futuro.

El seremi destacó que «presentar estos nuevos proyectos en colaboración con la Cámara Chilena de la Construcción es una noticia alentadora por dos razones fundamentales. Primero, contribuye significativamente a alcanzar nuestra meta en el Plan de Emergencia Habitacional para la región, que consiste en 14.667 viviendas, de las cuales ya hemos entregado 4.225. Además, este hito marca el inicio del Mes de las Ciudades Justas, un enfoque que va más allá de la mera construcción de viviendas, ya que también se busca mejorar la calidad de vida urbana y la sostenibilidad ambiental».

El director de Serviu O’Higgins añadió que «la integración es un mandato estratégico para nuestras ciudades. El objetivo es dejar atrás la segregación de barrios y recuperar el espíritu original de las políticas públicas, un esfuerzo que el Estado ha mantenido de forma constante desde 2016. Por lo tanto, este programa es uno de los pilares del Plan de Emergencia Habitacional, en el que desarrollamos proyectos integrados que involucran a familias con diferentes capacidades financieras».

De las 2.515 viviendas anunciadas, cerca del 60%, es decir, 1.187 viviendas, estarán a cargo de empresas asociadas a la Cámara Chilena de la Construcción. El presidente de la CCHC de O’Higgins, Guillermo Carbacho, señaló que «estamos profundamente comprometidos con estos proyectos, ya que creemos que esta alianza público-privada es clave para abordar de manera exitosa el actual déficit habitacional. Además, la creación de ciudades más justas a través de la vivienda se relaciona estrechamente con la agenda 2023 de las Naciones Unidas, que subraya la importancia de las viviendas como parte de un entorno adecuado. No debemos limitarnos únicamente al espacio habitable, sino que debemos considerar el desarrollo sostenible y el bienestar de las ciudades que heredarán las futuras generaciones».

Los proyectos por comuna

En cuanto a los proyectos por comuna, Rancagua se beneficia con siete iniciativas que suman 1.328 viviendas. Estos son Parque Pehuén I y II de Inmobiliaria Monte San Lorenzo, Barrio Pinares IV de Sociedad Constructora de Viviendas Económicas Pocuro, Samuel Román Rojas de Inmobiliaria PY S.A y Parque Las Alamedas I, II y III de Inmobiliaria Casanova Sesenta.

Rengo contará con Alto San Martín Etapa 2 de Inmobiliaria e Inversiones Baker y Villa Renku II de Constructora Malpo, sumando un total de 447 viviendas. Requínoa albergará dos proyectos con 360 viviendas en conjunto: Portal El Abra II de Inmobiliaria e Inversiones Baker y Molinos del Abra 3 de Inmobiliaria Gamero.

Machalí tendrá el proyecto Parque Los Quilos 2, a cargo de Inmobiliaria Gamero, que beneficiará a 96 familias. Finalmente, en Chimbarongo se construirá el conjunto habitacional Historiador Guillermo Feliú Cruz, con 284 viviendas a cargo de Conavicoop.

Colombia presenta plan de US$18.000mn para expansión de generación

Colombia necesitará al menos US$18.000 millones en inversiones para garantizar el suministro eléctrico durante los próximos 15 años, según el borrador de un plan de expansión de la generación que ideó el Ministerio de Minas y Energía.

En el mejor de los casos, que supone la finalización oportuna del proyecto de 2,4GW Hidroituango y de la línea de transmisión de 500kV Colectora, el país andino requeriría más de 10GW de potencia nueva, de acuerdo con el informe.

La cifra incluiría 4,7GW adicionales de energía eólica, 2,5GW solar, 1,9GW hidroeléctricos y 1GW de energía a gas. La inversión total rondaría los US$18.000 millones, o US$1,8 millones por megavatio.

En un escenario que considere nuevos retrasos en Hidroituango, Colombia tendría que desarrollar proyectos de generación adicionales por un total de 11,8GW: 6,0GW de energía eólica, 4,2GW solares, 0,8GW hidroeléctricos y 0,8GW a gas. La inversión se acercaría a los US$20.500 millones.

Un tercer escenario que contempla retrasos continuos en Hidroituango y Colectora, además de un impuesto al carbono para las generadoras que utilizan combustibles fósiles, llevaría a Colombia a necesitar casi 14GW de nueva capacidad.

Esto incluiría 6,5GW de energía solar, 6GW eólicos, 0,7GW hidroeléctricos y 0,6GW de energía a gas. La inversión en ese escenario se calcula en US$24.000 millones.

En su conclusión, el ministerio dice que el informe muestra la necesidad de «adoptar medidas» para evitar un suministro deficitario de electricidad para septiembre u octubre de 2028. También advirtió sobre el impacto de los retrasos de los proyectos sobre el costo marginal de la expansión de la capacidad.

Según el documento, un impuesto al carbono sobre las generadoras a carbón, por implementarse de forma gradual entre 2025 y 2028, no dejaría obsoleta la fuente energética.

«Aunque la aplicación del impuesto aumenta los costos de operación asociados al carbón, frente al gas natural siguen siendo menores», indica el documento. «Este comportamiento es producto del modelo de optimización, pues garantiza la atención de la demanda al mínimo costo posible».

De acuerdo con las últimas cifras publicadas por el operador de la red eléctrica y coordinador del mercado eléctrico mayorista XM, la capacidad instalada de Colombia asciende a 19,9GW, de los cuales el 66% es hidroeléctrica, un 31% térmica y menos del 2% es renovable no convencional.

Una versión preliminar del plan de expansión de la generación para el período 2023-2037, que puede consultarse aquí, estará disponible para formular comentarios hasta el 16 de noviembre.

Colombia y Perú suministran energía a Ecuador por crisis energética

Colombia y Perú suministran energía eléctrica a Ecuador, en el contexto de una crisis energética en ese país como consecuencia de una sequía que afecta la producción hídrica, según reportó el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso.

El mandatario ecuatoriano señaló en su cuenta oficial de X (ex Twitter) que “desde el martes el país recibe de Perú entre 30 y 35 MW diarios hasta un máximo de 50 MW, que es la capacidad de la red de transmisión”. Asimismo, indicó que Colombia, por su parte suministra entre 350 a 450 MW.

Desde el 26 de octubre, comenzó en Ecuador un programa de racionamiento de electricidad hasta por cuatro horas diarias ante el déficit provocado por los bajos caudales de los ríos que alimentan a varias centrales hidroeléctricas, informó la agencia AFP.

Se trata de “bajos caudales en los ríos de la zona amazónica, donde están la mayoría de las hidroeléctricas”, a lo que se suma un “retraso en la llegada de la temporada de lluvias por el impacto del fenómeno de El Niño”.

Esta situación deriva en una crisis energética que “ya deja pérdidas por unos 400 millones de dólares en el sector comercial del país”, según la Cámara de Comercio de Quito

A la gasolina corriente de Colombia todavía le quedan dos subidas más

El precio de la gasolina en Colombia, con el alza decretada para el mes de noviembre, quedó en el promedio nacional con un valor del orden de los $14.564, luego de los $600 que subió para seguir quitándole peso al déficit del fondo que subsidia a los combustibles en el país.

De acuerdo con el gobierno del presidente Petro, las alzas deben continuar pues el peso fiscal que representó la medida tomada en el gobierno del expresidente Iván Duque es una de las urgencias más inmediatas del país.

De hecho, el mismo Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda de Colombia, ha sentenciado que cerrar esa brecha con el valor internacional es el reto macroeconómico más complejo del país, de allí la urgencia de mantener el alza en el precio de la gasolina.

Sobre todo cuando, de acuerdo con Bonilla, el déficit ya se comió lo que iba a recaudar la reforma tributaria aprobada por el Congreso de la República durante el año pasado.

Así, la idea del gobierno del presidente Petro es que, de momento, Colombia vea otras dos alzas en el precio de la gasolina.

¿Qué tanto va a subir el precio de la gasolina en Colombia?

Respecto a los niveles sobre los que podrían ser esos incrementos, desde mediados de año el ministro Bonilla asevera que cada alza, por mes que hace falta en las cuentas del gobierno, corresponde a un incremento mensual del orden de los $600.

Es decir que, para inicios del año entrante, la gasolina corriente en Colombia valdría $1.200 más y esto llevaría a que el precio promedio se acerque a los $15.760, siendo el nivel al que estima el gobierno se saneará esa parte del déficit en el subsidio a los combustibles.

Por cuenta de esto último, la inflación en Colombia no ha podido ver una desaceleración mucho más en firme que pueda llevar a que el nivel de precios en el país se parezca más a lo que están viendo algunos pares regionales.

El tema está en que el incremento en el precio de los combustibles seguirá el año entrante.

Ahora pasa a manos del gobierno el estudio que dé cuenta del incremento del ACPM, que se ha mantenido congelado para no ponerles más presión a los transportadores del país y una eventual transmisión al bolsillo de los hogares colombianos.

Así cambiaría el predial en Colombia con proyecto del gobierno Petro; podría subir hasta 300 %

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y la ministra de Agricultura de Colombia, Jhenifer Mojica, radicaron un proyecto de ley en el Congreso de la República que busca imponer límites en los aumentos que pagarían los dueños de bienes y terrenos por el impuesto predial.

Desde el Gobierno Petro se está buscando establecer límites para los aumentos que se han venido dando en algunos municipios y ciudades del país para el pago del impuesto predial.

Como antecedente, los concejos y alcaldías de varios municipios de Colombia tomaron decisiones de aumentos desmedidos para los dueños de bienes y terrenos debido a la mala interpretación o cálculos débiles con base en dos leyes que rigen el tema: la Ley 44 de 1990 y el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011.

Uno de esos casos se presentó en el municipio de Choachí, Cundinamarca, en donde hay casos de aumentos de hasta 2.500 % debido a la desactualización de los avalúos catastrales.

En la exposición de motivos, los ministros explicaron que esa mala práctica de los mandatarios regionales está llevando a la violación de los topes máximos para el aumento del impuesto predial que pagan los colombianos.

¿Subirá el predial para los dueños de bienes y predios con proyecto de gobierno Petro?
El texto radicado en el Congreso por parte de los ministros del presidente Gustavo Petro deja abierta la puerta para que haya incrementos de hasta 300 % en algunos de los predios.

Ese aumento se definirá en si el predio es urbano o rural, en cuál es su vocación de uso (ya sea habitacional, institucional, agropecuaria o comercial), así como su avalúo catastral.

Dentro del texto del proyecto de ley se detallan todos los topes de esos aumentos en el impuesto predial unificado que inician en:

– Aumento de hasta el 50 % en el predial frente al año inmediatamente anterior para bienes que tengan un avalúo catastral menor o igual a 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), es decir, que ese avalúo sea máximo de $156.600.000.

Aumento de hasta el 150 % en el predial frente al año inmediatamente anterior para bienes y predios que tengan un avalúo catastral entre 250 SMMLV y 350 SMMLV. Es decir, precios con avalúo entre $290.000.000 y $406.000.000.

– Aumento de hasta el 200 % en el predial frente al año inmediatamente anterior para bienes y predios con avalúos entre 350 SMMLV y 500 SMMLV. Es decir, bienes con avalúo entre $406.000.000 y $580.000.000.

– Aumento de hasta el 300 % en el predial frente al año inmediatamente anterior para bienes y predios con avalúos sea superior a los 500 SMMLV. Es decir, con un avalúo superior a $580.000.000.

Producción promedio de petróleo de Frontera en Colombia cayó en el tercer trimestre de 2023

La producción promedio de petróleo de Frontera Energy en Colombia disminuyó 3 % en el tercer trimestre de 2023, de acuerdo con los resultados presentados por la compañía.

La producción fue de 40.809 boe/d (barriles de equivalente de petróleo por día) frente a los 41.033 boe/d del mismo periodo en el año pasado. De manera discriminada, la producción trimestral de Frontera se distribuyó así:

24.097 bbl/d de petróleo crudo pesado.
13.964 bbl/d de petróleo crudo ligero e intermedio.
5.250 mcf/d de gas natural convencional.
1.820 boe/d de líquidos de gas natural.

Frontera explicó que esa disminución se dio, en parte, por “la renuncia de los bloques Neiva y Orito (que produjeron aproximadamente 587 boe/d netos a Frontera) a Ecopetrol”. Este contrato finalizó en el segundo trimestre del año.

Sin embargo, esta fue compensada por una mayor producción de petróleo crudo pesado por una producción trimestral récord de CPE-6 de 5.803 bbl/d. Esto, por la perforación de desarrollo positiva y por la reactivación del bloque Sabanero el 1 de julio de 2022, así como la estimulación del pozo Jandaya-1 en Ecuador.

“Aumento de peajes elimina incertidumbre en el sector de infraestructura”: Grupo Argos

En diciembre de 2023 y enero de 2024 habrá dos aumentos a los peajes en Colombia. La medida, según Grupo Argos, beneficiará al sector de la infraestructura y manda buenas señales para su reactivación.

Así lo dijeron Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos, y Mauricio Ossa, presidente de Odinsa, durante una conferencia con inversionistas, luego de dar a conocer los resultados trimestrales.

“Lo entendemos como la señal que hacía falta para continuar financiando proyectos de infraestructura en Colombia, eliminando la incertidumbre. Se reconoce el valor del peaje como fuente de pago y la indexación del ajuste de la tarifa derivada”, dijo Ossa.

Ossa recordó que, de acuerdo con el decreto conocido esta semana (y que Valora Analitik anticipó en primicia), el aumento de los peajes en Colombia será gradual, y busca cubrir la suspensión de la medida a comienzo de 2023.

Por qué aumento de peajes en Colombia beneficia al sector de infraestructura
En diciembre, aumentará según la inflación anual de 2022, que fue del 13,2 %. En enero, el aumento de acuerdo con la cifra del IPC de en 2023 en Colombia. La expectativa, explicó Ossa, es que en julio ya estén normalizadas las tarifas.

Sobre el impacto del aumento de los peajes en la inflación, Jorge Mario Velásquez aseguró que no hay preocupación. “Quiero resaltar las declaraciones del ministro de Hacienda (Ricardo Bonilla) y también las de Luis Fernando Mejía (director ejecutivo de Fedesarrollo), que estiman que el efecto de los peajes no va más allá del 0,01 % de la inflación”.

Y, en la misma línea de Ossa, aseguró que “es una señal clara de restablecimiento de las condiciones contractuales que tiene la industria. Es una señal muy positiva para el ánimo inversionista”.

México es el único país de la OCDE y el G-20 sin fecha para el net zero

El próximo 30 de noviembre inicia la Conferencia de las Partes 28 (COP-28), que se realizará en Dubai y México será el único país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y del Grupo de los 20 (G-20) que llegue a la reunión sin una fecha definida para alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

De acuerdo con la Ruta de Emisiones Netas Cero para México 2050 desde la Sociedad Civil, elaborado por Iniciativa Climática de México (ICM), la economía nacional es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, especialmente para las personas en situación de pobreza.

Uno de los sectores más complejos para impulsar la descarbonización es el petrolero. Para corregir esta situación, ICM plantea cinco medidas que en conjunto reducirían 36 por ciento las emisiones de dióxido de carbono hacia 2060.

Medidas
Entre las medidas para reducir la huella de carbono del sector petróleo y gas, ICM recomendó la implementación de quemadores eficientes en campos de producción de crudo para reducir el venteo de gas.

En segundo término, sugirió implementar la cogeneración en las refinerías de Tula, Cadereyta, Salina Cruz y Minatitlán, así como en el centro procesador de gas Cactus.

Además, se debe implementar la instalación de plataforma de compresión en el activo Ku Maloob Zaap para reducir la quema de venteo y gas, los cuales generan 54 por ciento de las emisiones de Petróleos Mexicanos.

La plataforma deberá instalarse en 2027, y funcionará hasta el final de la vida útil del activo en 2044.

En cuarto término, se propone la instalación de plantas de eliminación de nitrógeno en el campo Akal y sustituirla por el aprovechamiento de gas, lo cual evitará la quema y venteo de este combustible.

Finalmente, la organización sugirió sustituir de manera paulatina el uso de gas por sistemas neumáticos de aire comprimido en dispositivos de control de procesos, como válvulas y actuadores, con el fin de evitar emisiones fugitivas de metano en plataformas marinas, campos terrestres, estaciones de compresión y centros procesadores de gas.

Mayor apertura apuntala a Brasil sobre México en IED

Brasil mantiene una mayor atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) en comparación con México, porque tiene una economía más grande y más abierta a la entrada de estos flujos de capital, indicó Gregorio Canales, director general de la consultoría North America Investment Solutions.

De enero a septiembre de 2023, Brasil captó 41,631 millones de dólares de IED, una caída interanual de 39.5%; mientras que las llegadas a México fueron de 32,926 millones de dólares, un aumento de 2.4 por ciento.

Exdirector general de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía, Canales refirió que Brasil ofrece a las empresas una mayor libertad de invertir en la industria petrolera, donde los proyectos involucran grandes capitales, con casos a nivel mundial que pueden incluso alcanzar montos de 10,000 millones de dólares.

Otros sectores destacados son el agropecuario, en el que Brasil es una potencia global, y el de la minería, en donde tiene depósitos de clase mundial.

Canales dijo que, en contraste, el gobierno federal de México suspendió las rondas de licitaciones upstream pendientes desde diciembre de 2018 y no ha anunciado planes para reiniciar las subastas; ni tampoco ha dado desde entonces nuevos permisos para concesiones mineras. En cuanto al sector agropecuario, la atomización de la propiedad de la tierra desincentiva la llegada de grandes flujos de IED al país.

Manufactura, la fortaleza de México
A su favor, México atrae gran parte de sus inversiones extranjeras directas a la industria manufacturera (53% de enero a septiembre del año actual), lo que permite un mayor desarrollo económico y tiene un impacto sobresaliente en el empleo.

En todo 2022, Brasil recibió IED por 90,573 millones de dólares, con proyectos enfocados sobre todo al mercado doméstico, y México por 36,396 millones, a menudo con la dualidad de destinarse a producciones tanto para el mercado local como el de exportación, según datos de la UNCTAD.

De acuerdo con un informe de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Brasil sigue abierto a la entrada de IED y la promueve; la IED es habitual en todos los sectores de la economía a pesar de ciertas prohibiciones que afectan a la propiedad extranjera (por ejemplo, servicios postales y energía nuclear) o de las limitaciones o los requisitos de autorización/aprobación previa en ciertos sectores (por ejemplo, servicios de salud, adquisición de tierras rurales, medios de difusión e industria editorial, pesca, minería y exploración de hidrocarburos).

Brasil adoptó varias medidas para mejorar el entorno empresarial mediante la introducción de cambios reglamentarios (por ejemplo, la nueva Ley del Entorno Empresarial de 2021), institucionales (por ejemplo, la creación del Ombudsman de Inversiones Directas) y de procedimiento, así como para facilitar la participación de la inversión extranjera en el transporte aéreo (eliminación de las restricciones a la propiedad extranjera) y en los servicios financieros.

En México, el Estado es propietario de las salinas y de los yacimientos minerales, cuya exploración y explotación requieren una concesión. Para obtenerla, los extranjeros deben establecerse en México y firmar un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mediante el cual aceptan ser considerados como nacionales y renuncian a la protección diplomática de su país de origen (“Cláusula Calvo”); en caso de controversia con el Estado mexicano, esta se puede resolver únicamente en los tribunales mexicanos.

México tiene 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI); 12 tratados de libre comercio con cláusulas sobre inversión; un Acuerdo de Cooperación y Facilitación de las Inversiones (ACFI); y 60 acuerdos sobre doble tributación.

México comunica a Japón su intención de retirarse de la Expo de Osaka 2025, según medios

México comunicó a Japón su retirada de la Exposición Universal de Osaka, que se celebrará en 2025 en esta ciudad japonesa, según los medios locales, convirtiéndose en el primer país en tomar esta decisión, en un evento marcado por los retrasos en la construcción y las trabas burocráticas.

México trasladó esta decisión el jueves a los responsables del evento, según informaron hoy varios medios japoneses, después de haber expresado su intención de construir un pabellón propio, también conocido como de tipo A, y cuya construcción y mantenimiento corren a cargo del país invitado.

Esta decisión se habría visto motivada por las elecciones presidenciales mexicanas previstas para junio de 2024, que ponen en cuestión el presupuesto previsto para el encuentro, además de los retrasos generalizados en las obras y los obstáculos burocráticos que ya vienen afectando al evento.

Al ser preguntado hoy en rueda de prensa sobre la retirada de México y otros países, el portavoz del Ejecutivo nipón, Hirokazu Matsuno, afirmó que «no hay ningún hecho» confirmado al respecto y evitó dar más detalles «por tratarse de un asunto que entra en las relaciones diplomáticas».

El Ministerio nipón de Exteriores tampoco quiso confirmar lo publicado por medios locales, aunque señaló que «está en comunicación con el Gobierno de México» y que «tiene en cuenta la situación interna del país», según dijo un portavoz a EFE.

Matsuno añadió que el Ejecutivo y otras partes implicadas en la organización de Osaka 2025 «van a hacer todo lo posible para que el evento sea una oportunidad especial de transmitir el afecto de Japón a todo el mundo», y destacó también los esfuerzos para sacar adelante la construcción de los pabellones de los países participantes.

La Embajada de México en Japón no ha querido pronunciarse por el momento sobre la supuesta retirada del país de la Expo.

Algunos medios apuntan a que Japón podría sugerir al país latinoamericano formar parte de los pabellones de tipo X, más pequeños y fáciles de construir y que el país asiático proporciona a aquellos estados que no pueden construir su propio pabellón.

Numerosos países participantes en la próxima Expo de Osaka 2025 han trasladado su inquietud por vías diplomáticas a Japón por los retrasos en la construcción de sus pabellones nacionales, derivados de las dificultades administrativas y de los problemas para conseguir empresas locales que ejecuten los proyectos, entre otros motivos.