Autor: Construnoticias Central

Durante el Consejo de ministros de este miércoles, el presidente Gustavo Petro aseguró que Colombia habría perdido cerca de 18 mil millones de dólares entre 2020 y 2026 por cuenta de operaciones relacionadas con la exportación ilegal de oro.

Según el primer mandatario, se trataría de exportaciones que “se realizaron, pero no se registraron”, presuntamente vinculadas con oro robado.

Además, el jefe de Estado anunció que este jueves hará público un documento sobre el negocio del oro en Colombia.

El presidente afirmó que el conflicto armado actual en el país ya no está motivado principalmente por diferencias ideológicas, sino por economías ilícitas asociadas al narcotráfico y al comercio ilegal de oro.

“El conflicto armado de Colombia ahora se basa no en la política o la diferencia ideológica como antaño, sino en las economías ilícitas que fundamentalmente son cocaína y oro”, aseguró el primer mandatario.

Una reforma minera para controlar comercialización del oro

El jefe de Estado reiteró la necesidad de impulsar una reforma minera para que el Banco de la República se convierta en el comprador exclusivo del oro proveniente de la pequeña minería.

De acuerdo con el presidente Petro, esta medida buscaría debilitar las finanzas de las organizaciones criminales que controlan el comercio ilegal del metal en distintas regiones del país.

Asimismo, el primer mandatario explicó que el oro adquirido por el Estado podría convertirse en un activo soberano que respalde el ahorro pensional de los colombianos.

Antioquia, una de las regiones más afectadas

El jefe de Estado señaló que la propuesta tendría especial importancia en Antioquia, donde existe una fuerte presencia de economías ilegales relacionadas con el oro.

Por ello, el presidente insistió en que el Banco de la República compre directamente el mineral de la pequeña minería a precio internacional.

La formalización minera y el control de la comercialización del oro han sido temas recurrentes en la agenda del Gobierno nacional.

Presidente Petro denunció daños ambientales por minería ilegal

En publicaciones recientes en la red social X del presidente, el primer mandatario aseguró que organizaciones narcotraficantes y estructuras armadas ilegales utilizan el oro para lavar activos provenientes del narcotráfico.

Además, el jefe de Estado advirtió sobre las afectaciones ambientales derivadas de la explotación ilícita en regiones como el nordeste antioqueño, el Bajo Cauca y Chocó, donde ríos y ecosistemas han sido “literalmente destruidos” por la minería ilegal.

Desde hoy 14 hasta mañana 15 de Mayo, se celebra el Congreso Camacol Verde en Medellín y, en el marco del evento, Guillermo Herrera, presidente del gremio, expuso algunas de las propuesta que le presentarán al próximo Gobierno que llegue a la Casa de Nariño.

Y es que según se ha revelado, Colombia enfrenta un déficit habitacional de 2,07 millones de hogares, lo que según Camacol, requiere construir cerca de 465.000 viviendas anuales entre 2025 y 2035.

En conversación con Valora Analitik, Herrera mencionó cuáles son esas propuesta que serán presentadas el próximo 20 de mayo en Bogotá, justo unos días antes de la primera vuelta presidencial.

Como dato adicional, el libro de propuestas cuenta además con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Así, la primera se relaciona con facilitar a los hogares de menores ingresos el acceso para la adquisición de vivienda nueva, es decir, recuperar Mi Casa Ya. “Fue un programa que siempre había funcionado muy bien y que permitió que más de 360.000 familias en Colombia pudieran comprar vivienda o pagando una cuota incluso un menor a lo que pagaban por un arriendo”.

A detalle, reveló que “esta va a ser una versión mucho más barata para el Gobierno Nacional, manteniendo las condiciones de focalización en los hogares más pobres”.

Lo segundo tiene que ver con impulsar diferentes condiciones para que los hogares puedan acceder a crédito hipotecario, sobre todo los hogares jóvenes y los hogares de la clase media.

En ese orden, considera relevante “recuperar el ahorro y los beneficios que tenía el ahorro en Colombia para comprar vivienda, como las cuentas Ahorro para el Fomento a la Construcción (AFC), que desafortunadamente hoy ya no son atractivas para que los colombianos ahorren para comprar vivienda”.

Adicionalmente, el presidente de Camacol afirmó que es hora de pensar en nuevos esquemas de vivienda y negocios inmobiliarios, es decir, que no solamente estén diseñados para que los hogares compren, sino para que también puedan arrendar.

Y, finalmente, aprovechar las ventajas o las oportunidades que se genera con el ingreso de remesas al país. “Ya con la evidencia que tenemos de que por lo menos el 10 % de las viviendas que se venden en el país, las están comprando o colombianos que viven por fuera, o extranjeros que no residen en Colombia”.

Así las cosas, el gremio se muestra optimista, considerando que “la mayoría de los candidatos a la Presidencia de Colombia coinciden en la necesidad de reactivar el sector constructor por lo que representa en términos de progreso para las familias, desarrollo social, pero también en la generación de ingresos, empleo y multiplicador de la economía”, concluyó Guillermo Herrera, presidente de Camacol.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) aprobó un nuevo acuerdo que establece condiciones más estrictas para el desarrollo urbanístico en zonas rurales y suburbanas de los municipios bajo su jurisdicción.

La decisión busca enfrentar el crecimiento urbanístico descontrolado que en los últimos años ha incrementado la presión sobre el agua, las áreas agrícolas y la sostenibilidad ambiental del territorio.

Con esta aprobación, la CAR fija condiciones y variables que deberán ser incorporadas por los municipios y el Distrito Capital durante los procesos de revisión y actualización de sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) y Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT).

¿Qué cambia la CAR para la construcción en zonas rurales?

El acuerdo establece umbrales máximos de suburbanización más restrictivos y nuevas densidades para el suelo rural suburbano, con base en criterios técnicos, ambientales y climáticos que responden a las actuales dinámicas de ocupación del territorio y a los efectos derivados del cambio climático.

La nueva reglamentación se sustenta en disposiciones de la Constitución Política, la Ley 99 de 1993, la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015, que facultan a las autoridades ambientales para definir determinantes orientadas al desarrollo sostenible.

“Para la construcción de la metodología técnica, la CAR trabajó de manera conjunta con el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, desarrollando un modelo que permite evaluar las condiciones ambientales particulares de cada municipio y estableciendo criterios diferenciales para la ocupación del suelo rural”, afirmó el director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros.

Entre las variables consideradas dentro de la metodología se encuentran la vulnerabilidad hídrica, el riesgo por cambio climático, la sobreutilización severa del suelo, la fragmentación ecológica, la presión sobre ecosistemas estratégicos y el impacto potencial sobre la calidad del agua.

El funcionario precisó además que, “los estudios técnicos adelantados por la Corporación evidenciaron que el 25,5 % del territorio presenta índices de vulnerabilidad hídrica altos o muy altos; 15 municipios registran riesgo alto asociado al cambio climático; y 28 municipios presentan niveles de ocupación rural que ya afectan su capacidad de carga y sostenibilidad ambiental.”

Uno de los principales alcances del acuerdo es el fortalecimiento de la protección del suelo rural y de las áreas con alta capacidad agrológica, consideradas fundamentales para la seguridad alimentaria y el equilibrio ambiental del territorio. En este sentido, la norma incorpora restricciones y condiciones orientadas a evitar procesos de suburbanización desordenada y ocupación inadecuada de zonas rurales estratégicas.

Asimismo, el acuerdo incorpora el principio de conservación establecido en la Ley 99 de 1993, determinando que al menos el 70 % del área de los proyectos suburbanos deberá destinarse a conservación y restauración de vegetación nativa, fortaleciendo la protección del recurso hídrico, el suelo y la biodiversidad.

Para ilustrar el alcance del acuerdo, el director citó como ejemplo los topes de viviendas en suelo campestre, indicando que: “se reduce de 8 a 2 viviendas, haciendo más restrictivas las condiciones en los suelos suburbanos, porque no podemos seguir sobrepasando la capacidad de nuestros ecosistemas”.

“El propósito del acuerdo no es frenar el desarrollo, sino garantizar que este ocurra de manera ordenada, responsable y compatible con la capacidad ambiental del territorio y la sostenibilidad de largo plazo” precisó el director general de la CAR.

En la llamada con inversionistas del primer trimestre, Cementos Argos confirmó que la nueva recompra de acciones de la compañía comenzará “en breve”, luego de que la Asamblea de Accionistas la aprobara en marzo de este año.

Según Natalia Ochoa, nueva vicepresidenta financiera de la compañía, esta iniciativa irá por $450.000 millones y es una muestra más “de nuestra confianza en el valor a largo plazo de nuestra estrategia”.

Además, indicó que este mes comenzará una estructura de doble formador de liquidez en el mercado, con el fin de profundizar los volúmenes de negociación del título en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).

Sprint 4.0 y las claves de Cementos Argos con su acción

En la llamada, la ejecutiva también se refirió a aspectos clave de Sprint 4.0, que es un programa a dos años enfocado en consolidar una presencia relevante en el mercado de EE. UU. e incrementar la liquidez de la acción.

Según indicó, el margen del trimestre de Cementos Argos se situó en el 22,2 %, impactado por la parada operativa del molino de cemento en República Dominicana.

A pesar de lo anterior, Ochoa afirmó: “Seguimos siendo positivos y firmemente comprometidos con nuestro rango de guía para todo el año del 24 % al 26 %”.

En tanto, sobre el ROCE (Retorno sobre el Capital Empleado) explicó que alcanzó el 17 % sobre una base de los últimos 12 meses, por encima del objetivo de más del 16 %.

El próximo 19 de mayo, expertos técnicos, entidades públicas y actores clave del ecosistema de vivienda se reunirán para conversar sobre el presente y futuro de este mercado en el país.

El foro ‘Colombia Fintech 2026-2030: El futuro de la vivienda usada en el país’ se llevará a cabo en la Universidad EAN, en Bogotá, a las 8:00 a. m. El espacio es convocado por Colombia Fintech y Habi, en colaboración con ANIF y con Valora Analitik como media partner.

Durante el evento se presentarán los resultados del primer gran estudio sobre el impacto de la vivienda usada en el país, como insumo para enriquecer el debate con evidencia, datos y propuestas de largo plazo.

Además, de poner el foco en cómo este segmento se está consolidando como uno de los motores claves del desarrollo económico y del bienestar financiero en el territorio nacional.

En esa misma línea, el espacio busca poner sobre la mesa los retos y oportunidades del sector inmobiliario, el papel de las plataformas digitales y el impacto que este mercado tiene sobre el crecimiento de la economía y la inclusión financiera.

Para hacer parte del evento, regístrese en el siguiente enlace: https://form.typeform.com/to/IxHQyRVW

En la llamada con inversionistas de este 13 de mayo, Cementos Argos confirmó que ya estableció relaciones comerciales activas con Venezuela, tras los cambios políticos y económicos que se vienen presentando en el país vecino desde comienzos de año.

Natalia Ochoa, vicepresidenta financiera de la empresa, explicó que ese mercado lo ven con un “gran potencial a largo plazo y lo estamos abordando con disciplina”.

Por lo anterior, añadió: “Hemos establecido relaciones comerciales activas y estamos en camino hacia nuestra meta de 2026 de exportar 5.000 toneladas por mes con una ruta de escalamiento ligera en capital, respaldada por nuestra infraestructura logística y las asociaciones de distribución ya establecidas”.

Eso sí, también recordó que la empresa sufrió una expropiación en Venezuela hace 20 años, para lo cual dijo: “Nuestra reclamación de expropiación pendiente por ventas de activos sin compensación nos posiciona de manera constructiva, a medida que el panorama político y económico del país continúa evolucionando”.