Uno de los megaproyectos clave que tendrá la ciudad de Barranquilla es la estructuración de la concesión que busca garantizar la navegabilidad en el río Magdalena para asegurar condiciones estables para el sector portuario.

Henry Cáceres, quien es el secretario de Desarrollo Económico de Barranquilla, explicó en entrevista, que la iniciativa surge como respuesta a una problemática histórica relacionada con el dragado del río.

Según indicó, durante años las discusiones sobre la asignación de recursos para estas labores han generado incertidumbre para los puertos, empresarios y distintos actores económicos de la región.

En ese contexto, la administración distrital comenzó a analizar alternativas que permitan dar mayor estabilidad al mantenimiento del canal navegable. La propuesta contempla entregar la operación mediante un esquema de concesión y alianza con privados, con el objetivo de asegurar calados de entre 10 y 12 pies que permitan el ingreso de embarcaciones de mayor tamaño y fortalezcan la competitividad del puerto de Barranquilla.

Cáceres señaló que el proyecto busca consolidar las condiciones necesarias para mantener el dinamismo económico de la ciudad y potenciar la actividad portuaria.

En ese sentido, aseguró que ya se han adelantado conversaciones con la Sociedad Portuaria de Barranquilla y otros actores del sector, quienes han manifestado inquietudes frente a los posibles costos que implicaría la concesión.

De acuerdo con el secretario, una de las principales preocupaciones de los empresarios es que las tarifas futuras puedan afectar la competitividad del puerto frente a terminales como las de Santa Marta o Cartagena. Por ello, afirmó que el Distrito trabaja en un modelo que permita garantizar tarifas equilibradas y sostenibles para todas las sociedades portuarias.

“El objetivo es trabajar de la mano con el sector portuario para que las condiciones económicas sean viables y no terminen afectando la competitividad de la ciudad”, explicó el funcionario.

El secretario destacó además el comportamiento reciente de la actividad portuaria en Barranquilla. Según indicó, durante el primer trimestre del año se movilizaron 3,2 millones de toneladas, la cifra más alta registrada para un periodo similar. Solo en marzo se alcanzaron 1,2 millones de toneladas movilizadas.

Para la administración distrital, estos resultados reflejan la importancia del sector portuario dentro de la estrategia de desarrollo económico de Barranquilla, que no solo contempla apuestas ligadas al turismo, los eventos o el Carnaval, sino también el fortalecimiento de la infraestructura logística y comercial.

¿Cuándo se espera que se defina el inicio de la concesión?

Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de estructuración. Cáceres explicó que el Distrito adelanta conversaciones con Cormagdalena y ya solicitó el acompañamiento del Gobierno Nacional para que participe en el proceso relacionado con la recuperación y mantenimiento del río Magdalena.

Aunque todavía no existe una fecha oficial para el inicio de la concesión, el funcionario aseguró que la meta es cerrar este año con una hoja de ruta definida y una estructuración avanzada del proyecto. La expectativa de la administración es que hacia 2027 pueda concretarse la salida de la Asociación Público-Privada (APP).

La iniciativa contaría con participación de inversionistas privados internacionales, entre ellos un grupo de origen danés, aunque el secretario evitó revelar nombres debido a que el proceso aún se encuentra en construcción.

El modelo contempla un esquema similar al de las concesiones viales, en el que se aplicarían tarifas para garantizar el mantenimiento de la navegabilidad.

Sin embargo, el Distrito insiste en que dichos cobros deberán construirse de manera concertada con el sector portuario para evitar impactos negativos sobre la operación de las terminales marítimas.

Finalmente, Cáceres indicó que el componente financiero todavía está siendo evaluado y dependerá del modelo de negocio definitivo. Esa estructuración determinará cuánto aportará el sector privado y cuál será la participación económica del Distrito y otras entidades públicas para hacer viable el proyecto.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reveló el cronograma actualizado para los megaproyectos de nuevos aeropuertos El Dorado Máx y Bayunca, que a futuro servirá a Cartagena.

A cargo de esto estuvo Julián Rueda, vicepresidente de estructuración de la entidad, quien entregó detalles de la iniciativas privadas (IP) en el evento ‘Proyectos estratégicos para el desarrollo de la Infraestructura social y de transporte’ de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

En su presentación, el funcionario presentó los cronogramas actualizados para las dos terminales, que fueron radicadas por Odinsa Aeropuertos como IP, es decir, no implican que el desembolso de recursos públicos por parte del Gobierno.

¿En qué van los megaproyectos de nuevos aeropuertos El Dorado Max y Bayunca?

De acuerdo con el directivo, los procesos tomarán más tiempo para ser adjudicados frente a las estimaciones previas, que apuntaban que quedarían contratadas para finales de 2026 o inicios de 2027.

La razón es que las firmas que los están evaluando han tenido que revisar miles de documentos y realizar observaciones a los mismos, lo que ha implicado un retraso frente al cronograma inicial.

De esta forma, los cronogramas institucionales han reprogramado las fechas de adjudicación hacia el segundo semestre de 2027 o incluso para el primer trimestre de 2028.

El caso de El Dorado Max para Bogotá

Entrando en detalle, Rueda explicó que el megaproyecto El Dorado Max, que está en factibilidad y cuenta con una inversión cercana a $23 billones, se ha extendido debido a que se recibieron casi 9.000 observaciones por parte del evaluador, las cuales están siendo atendidas entre el originador (Odinsa Aeropuertos) y el evaluador.

Asimismo, las partes tienen pendiente concluir algunos procesos con la Aeronáutica Civil relacionados con la operación de los equipos de la torre de control y los pasivos de la licencia ambiental, entre otros.

Si todo sale como se espera, el nuevo cronograma apunta a que la evaluación del proyecto termine en septiembre de este año y que el informe definitivo quede listo antes de terminar el 2026.

Posteriormente, se proyecta obtener las aprobaciones institucionales antes de finalizar marzo de 2027, realizar la fijación de condiciones con el originador entre abril y mayo de 2027, y proceder a la adjudicación entre los meses de agosto de 2027 y enero de 2028. Todo dependerá de si hay o no terceros interesados.

El proyecto prevé pasar de casi 68 a 85 por operaciones por hora (salidas y llegadas), ampliar en 800 metros la torre de control en el lado norte, construir un edificio de seis pisos en la zona actual de parqueaderos, así como conectar la terminal con TransMilenio y el futuro Regiotram de Occidente.

También se prevé la extensión de la Avenida Mutis (Calle 63) en casi 5 kilómetros y realizar obras en la Calle 26 para mejorar los accesos a la terminal ampliada.

El nuevo aeropuerto para Cartagena

Por su parte, el aeropuerto de Bayunca en Cartagena, que lleva más de siete años en estructuración, tendrá un plazo de concesión de 22 años, una demanda estimada de 17 millones de pasajeros y una inversión cercana a los $8,5 billones.

Actualmente, también se está evaluando los estudios definitivos de este megaproyecto y la finalización de dicha etapa se plantea para noviembre de este año.

Una vez esto se consiga, se podrá continuar con las aprobaciones ante el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte y Planeación Nacional, que se estima quede culminado para mayo de 2027, dando paso a la fijación de condiciones con el originador.

Finalmente, la adjudicación del proyecto quedó programada para ejecutarse entre octubre de 2027 y marzo de 2028, según la concurrencia de terceros interesados.

La IP para el Caribe incluye un edificio terminal de 103.637 m2, mientras que la pista de aterrizaje tendrá unas dimensiones de 3.100 m por 45 m. Asimismo, se dispondrá de una plataforma de aviación comercial de 78.010 m2 y un total de 14 puentes de abordaje para la operación.

En cuanto a las instalaciones de soporte y servicios, la infraestructura incluirá una torre de control de 2.360 m2 y un edificio administrativo de 2.300 m2. Adicionalmente, habrá una Estación de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI), una terminal de carga y un centro de acopio.

El Gobierno presentó este jueves los resultados de los estudios iniciales del tren interoceánico, una de las iniciativas del presidente Gustavo Petro para conectar el Atlántico y el Pacífico mediante un corredor férreo y dos puertos.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, dio a conocer la alternativa seleccionada por la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT).

La propuesta -que inicialmente debió estar lista a finales de 2024- plantea un corredor férreo de 222,3 kilómetros de longitud ubicado en el departamento del Chocó, diseñado para conectar el océano Pacífico y el mar Caribe.

El trazado estará articulado con dos puertos situados en las localidades de Juradó y Titumate, y conectará directamente a los municipios chocoanos de Juradó, Nuevo Belén de Bajirá, Riosucio, Unguía y Acandí, junto con el municipio de Turbo, en Antioquia.

“Este proyecto tiene el potencial de fortalecer nuestra competitividad, ampliar las capacidades logísticas del país y generar nuevas oportunidades de desarrollo para el Chocó y para Colombia”, afirmó la funcionaria.

Detalles técnicos y componente digital del tren interoceánico de Petro

La alternativa identificada, que tendría un costo de más de $54 billones, contempla una línea férrea en trocha estándar, la cual está preparada desde su diseño para la implementación de futuras soluciones de electrificación.

Debido a las complejas condiciones geográficas de la región, la infraestructura requerirá de obras de alta complejidad, compuestas por 27,9 kilómetros de túneles, 121,5 kilómetros de viaductos y 72,9 kilómetros de vía construida sobre terreno.

De acuerdo con el Gobierno, estas estructuras fueron proyectadas para proteger las zonas inundables del río Atrato, facilitar la conectividad ecológica a través de pasos de fauna y reducir las afectaciones sobre ecosistemas estratégicos.

Además, incorporan criterios de protección ambiental en las áreas cercanas al Parque Nacional Natural Los Katíos, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco.

El proyecto de tren interoceánico de Petro incorpora una dimensión tecnológica. El Gobierno contempla que las siguientes etapas de estructuración evalúen en detalle el desarrollo de infraestructura digital asociada.

Esto incluye el despliegue de redes de fibra óptica a lo largo del corredor férreo con el objetivo de potenciar las telecomunicaciones, la conectividad y las oportunidades de la economía del conocimiento en el territorio.

Impacto social y estudios de factibilidad pendientes

Eso sí, la iniciativa también prevé un componente social para el litoral Pacífico. Los estudios iniciales estiman que cerca de 258.000 personas de municipios como Bahía Solano, Bojayá, Carmen del Darién, Riosucio, Acandí y Juradó podrían beneficiarse de manera directa por los impactos económicos y sociales del corredor.

“Este proyecto no puede medirse únicamente en kilómetros de vía o en toneladas de carga. Su verdadero valor está en la capacidad de generar oportunidades, fortalecer las economías locales y cerrar brechas históricas que durante décadas han afectado al Chocó”, señaló la ministra Rojas.

La fase de prefactibilidad también incluyó un componente de participación territorial, reconociendo la presencia de 19 consejos comunitarios afrodescendientes y 13 resguardos indígenas pertenecientes a los pueblos Katío, Embera y Cuna, con quienes se adelantaron espacios de diálogo para identificar riesgos y oportunidades.

Con el cierre de la prefactibilidad, el proyecto pasa a manos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que tendría que contratar una consultoría especializada para ejecutar los estudios definitivos o de factibilidad, los cuales -en todo caso- toman meses o años en ejecutarse.

Bogotá atraviesa una etapa clave para definir el rumbo de su desarrollo urbano y fortalecer su sistema de movilidad, en medio de una agenda de infraestructura que integra proyectos estratégicos para la capital y la región metropolitana. La discusión cobró relevancia durante el informe “Infraestructura a Fondo: Es momento de Bogotá”, promovido por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), en el que participaron entidades distritales, nacionales y regionales para presentar las iniciativas que buscan mejorar la conectividad y la competitividad de la ciudad.

La capital enfrenta desafíos históricos asociados a la congestión vial, el crecimiento urbano acelerado, el acceso eficiente al transporte público y la integración con los municipios vecinos. En este contexto, el debate se enfocó en la necesidad de acelerar la ejecución de obras, fortalecer la planeación regional y garantizar mecanismos de financiación que permitan desarrollar proyectos de largo plazo con impacto estructural.

Entre las iniciativas prioritarias se encuentran los corredores estratégicos de movilidad y las nuevas apuestas urbanas destinadas a mejorar la conexión entre Bogotá y Cundinamarca. Durante el encuentro participaron representantes del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y organismos multilaterales vinculados a la estructuración y financiación de proyectos.

¿Cuáles son los proyectos de transformación de movilidad en Bogotá?

Uno de los principales temas abordados fue la modernización de corredores viales fundamentales para el ingreso y la salida de la ciudad. En ese escenario, Bogotá avanza en la renovación de la Calle 13, un proyecto que contempla la construcción de nuevas estaciones, puentes peatonales, infraestructura vehicular y espacios destinados a la movilidad sostenible.

La intervención está dividida en varios tramos y contempla inversiones millonarias. El objetivo es optimizar el tránsito de carga y pasajeros hacia el occidente de la capital, una de las zonas con mayor presión vehicular y crecimiento logístico.

A esta iniciativa se suman las obras del Metro de Bogotá, considerado uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del país. De acuerdo con los reportes más recientes, la ejecución general supera el 77.53 % mientras continúan los trabajos de construcción de viaductos, estaciones y adecuaciones urbanas a lo largo del trazado.

Especialistas en movilidad han señalado que, aunque las obras generan afectaciones temporales para comerciantes y residentes, el impacto esperado será significativo en términos de productividad, reducción de tiempos de desplazamiento y reorganización del sistema de transporte masivo.

El desarrollo urbano también ocupa un lugar central dentro de la discusión sobre el futuro de la ciudad. Algunas zonas industriales tradicionales de Bogotá comenzaron procesos de revitalización orientados a transformar antiguos espacios fabriles en sectores con vivienda, comercio, servicios y actividades culturales. Estas intervenciones buscan recuperar áreas estratégicas y promover modelos urbanos con mayor integración territorial y mejores condiciones de movilidad.

Otro de los retos identificados está relacionado con la infraestructura ambiental y el abastecimiento de agua. El Distrito destacó avances en materia de seguridad hídrica y recuperación de embalses, aspectos considerados fundamentales para garantizar la sostenibilidad de Bogotá frente al crecimiento poblacional y los efectos del cambio climático.

Las autoridades y expertos coincidieron en que la articulación entre Nación, Distrito y región será determinante para consolidar proyectos capaces de responder a las necesidades de movilidad, competitividad y calidad de vida de millones de habitantes durante las próximas décadas.

El gobierno de Gustavo Petro se alista para tomar una de las decisiones más importantes para el sector de infraestructura en Colombia: aprobar o no el nuevo megaproyecto de $7 billones que busca transformar el Eje Cafetero para las próximas tres décadas.

Se trata de la iniciativa privada (IP) Conexión Centro, con la cual se completarían inversiones clave en la ruta Armenia – Pereira – Manizales, que hoy en día están a cargo de la concesión Autopistas del Café, pero, a futuro, podrían quedar en manos de otro concesionario.

 

Detalles del nuevo megaproyecto de $7 billones que se busca construir en el Eje Cafetero

En plata blanca, son 77 kilómetros de construcción de vía nueva, intersecciones, puentes y viaductos, al igual que nuevos beneficios y especificaciones acordes con los estándares de una vía de quinta generación (5G).

Además, incluye el mejoramiento y nuevas obras en los corredores viales de Armenia – Pereira – Manizales y Calarcá – La Paila, para un total de 317 km, así como otras iniciativas que han sido incluidas por los empresarios tras diálogo con las comunidades.

De hecho, los ajustes realizados contemplan obras adicionales como la construcción de la doble calzada en La Manuela- La Trinidad, una intersección en La Trinidad, rectificación de puntos críticos en La Trinidad-La Uribe, la segunda variante Condina en Altagracia-La Consota, entre otras.

Sumado a lo anterior, Odinsa Vías, que es la empresa que presentó esta iniciativa, ha planteado nuevos escenarios para los peajes, que incluye tener menos casetas e incluso tarifas más bajas para quienes se movilizan por la región.

Igualmente, prevé inversiones para infraestructura social, programas de fortalecimiento de capacidades, cuidado ambiental y la generación de más de 54.000 empleos en la región.

Todo lo anterior permitirá que el nuevo megaproyecto de $7 billones redunde en mayor competitividad para el país, sobre todo porque sus obras incluyen un tramo clave para conectar en doble calzada al puerto de Buenaventura con el centro del país, así como con el Eje Cafetero y Antioquia.

Respaldo a Autopistas del Café y llamado para Conexión Centro

Con esto en mente, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y Odinsa Vías le hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se tome una decisión técnica y legal, sobre todo ahora que está en riesgo por el ambiente electoral.

María Consuelo Araújo, presidenta de la CCI, aseguró este jueves que parte de lo transmitido a las campañas y candidatos es que se requieren reglas de juego estables, seguridad jurídica para que los privados puedan invertir en infraestructura.

“Nuestro llamado es a respetar las reglas de juego y a no politizar la infraestructura, porque vemos que hay una coyuntura electoral de la cual se quiere sacar partido”, indicó.

Sobre el tema puntual de Conexión Centro, la dirigente gremial dijo que la evaluación se debe hacer “en el marco de la ley colombiana, de la Constitución y que sea una discusión técnica y respetuosa, que es lo que ha caracterizado a la ANI siempre”.

 

El llamado desde Odinsa Vías para Conexión Centro

Por su parte, Odinsa Vías anotó en un comunicado que, a la fecha, la IP Conexión Centro no cuenta con una decisión administrativa definitiva y se encuentra en proceso de evaluación de factibilidad por parte de la ANI como entidad competente, por medio de experto independiente, bajo la normatividad contemplada en la Ley de APP 1508 de 2012.

“Su evaluación es una etapa institucional prevista en la ley, en la que corresponde determinar, con criterios técnicos y jurídicos, si el proyecto es viable, conveniente y ajustado al interés público”, explicó.

Y dijo que una decisión anticipada desconocería el proceso técnico y legal en curso: “Rechazar la iniciativa antes de culminar su evaluación integral podría sustituir el análisis técnico, jurídico, financiero y social por una decisión coyuntural en un contexto político, debilitando la planeación de largo plazo en infraestructura”.

La empresa también cuestionó que la discusión actual, que ha generado bloqueos, “no representa a todos los territorios y grupos de interés impactados, como lo han manifestado mediante comunicados y publicaciones otros actores de la región y nacionales que han indicado su interés continuar bajo el modelo de concesión con un proyecto beneficioso para la región”.