Cartera minera enfrenta riesgos sociales y regulatorios
El desarrollo de la cartera de proyectos mineros del Perú, valorizada en US$64.075 millones, enfrenta desafíos relacionados con la minería ilegal e informal, los conflictos sociales y las demoras en los procedimientos administrativos. Estos factores pueden incrementar la incertidumbre sobre la ejecución de las inversiones y condicionar las decisiones de financiamiento de las empresas, en un contexto en el que el país cuenta con 66 proyectos distribuidos en 19 departamentos.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo correspondientes a agosto de 2026, el país registró 188 conflictos sociales, de los cuales 92 fueron socioambientales. De este último grupo, el 66,3% estuvo vinculado con actividades mineras. Estas cifras reflejan la importancia de fortalecer la gestión de los conflictos y las relaciones con las comunidades para reducir los riesgos que pueden afectar el desarrollo de las operaciones.
Riesgos regulatorios condicionan el financiamiento
La evaluación de un proyecto minero no depende únicamente de su potencial geológico o de la rentabilidad esperada. Las entidades financieras también consideran aspectos como la situación regulatoria, los derechos sobre los activos, los pasivos existentes y la capacidad de las compañías para gestionar los compromisos sociales y ambientales.
Nydia Guevara, socia de Banca y Finanzas, Mercado de Valores y Fintech de Hernández & Cía., explicó que la identificación de los riesgos regulatorios y operativos influye directamente en la estructura del financiamiento y en las condiciones contractuales. También destacó la importancia de contar con información clara sobre los activos, los flujos económicos y las obligaciones de cada proyecto.
Estos elementos adquieren especial relevancia en una industria que requiere inversiones de largo plazo y compromisos financieros elevados. La falta de claridad sobre las condiciones legales, ambientales o sociales puede modificar la percepción de riesgo de los inversionistas y afectar las posibilidades de concretar nuevos desembolsos.
Demoras en permisos elevan la incertidumbre
A los riesgos sociales y propios de cada operación se suman las dificultades administrativas para obtener autorizaciones. Aunque el Perú dispone de un marco legal consolidado para la actividad minera, los procedimientos prolongados, las exigencias redundantes y la falta de coordinación entre instituciones pueden generar retrasos en los cronogramas de los proyectos.
Sergio Cueva, socio de Minería de Hernández & Cía., señaló que las principales dificultades se presentan durante la ejecución de los procedimientos, debido a las demoras en los permisos y a la falta de articulación entre las entidades públicas. En ese sentido, planteó mejorar la eficiencia administrativa y reducir los plazos sin debilitar los estándares ambientales y sociales.
La predictibilidad regulatoria constituye un factor relevante para las empresas que deben planificar etapas de exploración, construcción y operación. Cuando los tiempos de autorización son inciertos, también pueden aumentar los costos asociados a la preparación y ejecución de las inversiones.
Minería ilegal y conflictos afectan la competitividad
La expansión de la minería ilegal e informal, los bloqueos y la conflictividad social también representan desafíos para la imagen del Perú como destino de inversión. Estas condiciones pueden generar interrupciones operativas, dificultades para desarrollar proyectos y mayores exigencias en los procesos de evaluación de riesgos.
Shawn Doyle, principal de la práctica de América Latina de McCarthy Tétrault, destacó que el país mantiene fortalezas por su trayectoria minera y su marco regulatorio, aunque identificó la minería ilegal, la informalidad y los conflictos sociales como aspectos que deben ser atendidos para conservar su atractivo ante los inversionistas internacionales.
En este escenario, la gestión temprana de los riesgos sociales y una respuesta articulada del Estado resultan relevantes para prevenir situaciones que puedan comprometer la continuidad de las operaciones. La coordinación entre autoridades y empresas también puede contribuir a generar condiciones más estables para el desarrollo de las iniciativas mineras.
Predictibilidad para concretar nuevas inversiones
La cartera minera de US$64.075 millones representa una oportunidad de inversión para distintas regiones del país, pero su desarrollo dependerá de condiciones que permitan avanzar desde la planificación hasta la ejecución de los proyectos. La simplificación de trámites, la coordinación institucional y el fortalecimiento de la gestión social forman parte de los factores necesarios para mejorar ese proceso.
El desafío consiste en reducir las barreras administrativas y atender los problemas de informalidad y conflictividad sin disminuir las exigencias ambientales y sociales. Para una industria que demanda capitales significativos y horizontes de inversión prolongados, contar con reglas claras y procedimientos previsibles resulta fundamental para facilitar el financiamiento y promover el desarrollo de nuevos proyectos.
